viernes, 30 de enero de 2004

A Donde Con Tanta Prisa

La Editorial de hoy de La Jornada:

RECLUSORIO NORTE: DIGNIDAD RESTAURADA

El juez español Baltasar Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, y los guardaespaldas de ambos fueron echados ayer del área de ingreso del Reclusorio Norte (Reno), centro en donde pretendían intervenir en una diligencia de ampliación de declaraciones de los seis vascos detenidos en esa prisión desde julio del año pasado y sujetos a un juicio de extradición promovido por el propio Garzón, quien los acusa de haber financiado a supuestos etarras prófugos.

Así, frente a la vergonzosa claudicación de la soberanía nacional protagonizada anteayer por altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron al magistrado peninsular toda suerte de facilidades para que dirigiera un interrogatorio contra tres ciudadanos mexicanos que ya habían sido exonerados de las imputaciones de colaboración con la agrupación vasca ETA, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Alejandro Encinas, el director de los reclusorios capitalinos, Héctor Cárdenas, así como la propia directora del Reno, Marcela Briseño, tuvieron una actitud digna, honrosa y cuidadosa de la legalidad.

Hasta ayer, la misión del magistrado español en nuestro país era secreta o, al menos, muy discreta, y los medios informativos de su país no habían dicho una sola palabra al respecto. Pero, tras el incidente en el Reno, y ante la obsesión de la clase política madrileña por vincular al movimiento etarra con cualquier persona o institución que no se limite a aceptar a ciegas las satanizaciones absolutas de los nacionalismos vascos, o que cuestione o se oponga a los atropellos, abusos y violaciones a los derechos humanos que el Estado español comete regularmente con el pretexto de combatir a ETA, la postura firme de las autoridades capitalinas puede dar lugar, en la otra orilla del Atlántico, a acusaciones delirantes de supuesta protección y hasta de complicidad con ese grupo separatista.

Con tal posibilidad sobre la mesa, es necesario insistir en que Encinas, Cárdenas y Briseño están defendiendo la ley y la soberanía nacionales, no encubriendo terroristas. Si las acusaciones de Madrid contra los vascos actualmente presos en el Reno resultan verosímiles o no, y si son, o no, fundamento suficiente para conceder su extradición a España, son asuntos que deben ser resueltos por jueces mexicanos, ministerios públicos mexicanos y abogados defensores mexicanos. Los funcionarios españoles tendrán que darse por satisfechos con el hecho de que sus rogatorias y solicitudes estén siendo tramitadas, entender que sus intromisiones son ofensivas para muchos sectores en el país y asumir que el servilismo que han encontrado en los altos niveles de la PGR no son, de ninguna manera, representativos del sentir nacional.

Quienes tienen a su cargo la institución encargada de la procuración de justicia en el país tendrían, por su parte, que escarmentar con el incidente de ayer y comportarse, en lo sucesivo, con decoro y, sobre todo, con apego a las normas y procedimientos legales vigentes. Garzón podrá tener mucho mérito -y lo tiene- como juez anticorrupción en su país, como promotor de un proceso penal contra Augusto Pinochet y a los ex dictadores argentinos y como solicitante de la extradición del ex torturador Ricardo Miguel Cavallo, pero ni esos episodios plausibles de su trayectoria, ni su investidura española, ni su fama mundial, ni el tratado de extradición bilateral, ni su arrogancia ni su prepotencia, le autorizan pasearse con aires de corregidor colonial por reclusorios, juzgados y ministerios públicos mexicanos. Y la que tiene obligación de hacérselo entender así, aunque sea para evitar nuevos episodios embarazosos, es su atenta anfitriona, la Procuraduría General de la República.


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