domingo, 28 de abril de 2019

7 Años de Harrera

Mientras el Estado Español se convulsiona a la espera de los resultados finales en las urnas, desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes información sustancial acerca de un tema aún por resolverse tras la culminación del DDR de ETA.

Lean ustedes:


La asociación asistencial celebra en Elgeta su asamblea general anual

J. Arretxe y Javi Colmenero

La asociación Harrera, cuyo objetivo es “ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel o el exilio”, ha atendido a unas 350 personas y, tras el adiós definitivo de ETA en mayo de 2018, aborda una nueva fase en la que exiliados y huidos regresan a Euskal Herria tras décadas en otros países. En el último año han sido siete las personas que han regresado regularizando su situación jurídica y 36 las que han salido de prisión.

Son datos del balance que la asociación asistencial, que cuenta con unos 3.000 socios y preside Sebastian Barinagarrementeria, ofreció ayer en su octava asamblea anual, que se celebró en Elgeta. Junto a esas cifras, también subrayaron que Harrera ha ayudado a 19 personas a encontrar trabajo (diez de ellas con empleo fijo, siete con temporal y dos en prácticas) y ha contribuido económicamente a la situación de 35 personas, de las que 21 no contaban con recurso económico alguno al salir de prisión.

La asociación se puso en marcha en 2012 y desde entonces ha abordado la situación de unos 350 expresos condenados por delitos vinculados con ETA. El vicepresidente de Harrera, Juan Karlos Ioldi, considera que estos siete años de andadura evidencian que “la asociación ha ganado la solidez y el respeto de la sociedad, y en concreto con las instituciones como el Gobierno Vasco, con las que tenemos relación para afrontar los problemas que se nos presentan”.

En los últimos años asoma una nueva casuística entre las que gestiona Harrera. “Sobre todo en el último año estamos viendo que vienen personas que han estado en el exilio o deportadas”, describe Ioldi “una situación novedosa” para la asociación.

“Una vez regularizan su situación jurídica en las embajadas, llegan aquí y lo hacen por lo general en una situación bastante precaria;en algunos casos sin familiares, en otros casos sin ningún apoyo... Harrera tiene que ayudarles en el día a día: desde buscarles una pensión primero, luego un piso de alquiler, para lo que hace falta un trabajo o una nómina...”, describe Ioldi un proceso que empieza por lo más básico: sacarse el DNI, porque no tienen nacionalidad.

Tras pedir el certificado de nacimiento en el registro civil, acuden a hacerse el DNI. “Cuando vamos con la persona que ha vuelto, ven a agentes uniformados, lo que les genera incertidumbre”, reconoce Ioldi, que asegura que desde Harrera les explican que “después de presentar el expediente, lo mandan a Madrid y pasados unos tres días nos llaman para volver y recuperar el DNI. Ahí se genera una situación de nervios, y cuando salimos, lo primero que hacen es llamar a casa para decir que ya está todo bien y que tienen DNI”. A partir de ahí, lograr la tarjeta sanitaria, un empleo, el carnet de conducir o un piso en alquiler son las necesidades en las que ayuda Harrera.

Ioldi reconoce las “dificultades” de este colectivo “para integrarse en el mundo laboral, porque tienen entre 59 y 68 años. Valoramos su situación y si han cotizado en los países de origen, con los que puede haber algún tratado, pues a ver qué cotización puede quedar”.

Más allá de estos huidos y deportados, el vicepresidente de Harrera se muestra preocupado por los expresos “que están cerca de jubilarse. Vamos a realizar un análisis a ver cómo les podemos ayudar”.






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