sábado, 17 de marzo de 2012

Por el Derecho a la Educación


Hay un enorme cisma entre lo que se entiende por institucionalidad hoy en día alrededor del mundo y lo que se practica en el estado español. En la mayoría de los estados modernos se entiende que los presos va a la cárcel para ser rehabilitados, la oligarquía de Madrid en cambio, extraña las mazmorras y los calabozos en donde se encerraba a la gente para que no volviese a ver la luz del día.

Una muestra es su negativa a que los presos vascos puedan continuar sus estudios, tal como le está permitido a los demás presos, lo cual es considerado como una medida de excepción, y si se toma en cuenta que la razón para esta excepcionalidad es precisamente la militancia de estos presos en colectivos que defienden los derechos civiles, políticos, culturales y lingüísticos de Euskal Herria entonces tenemos que los españolazos por acción y por omisión convierten a estos presos en presos políticos.

Así pues, les compartimos esta nota acerca de la iniciativa para permitir a los presos políticos vascos a continuar su educación, misma que ha sido publicada en el Diario Vasco:

El rector Goirizelaia ha solicitado una reunión con el director de Prisiones. Necesita firmar un convenio para que los encarcelados en España puedan estudiar en la universidad vasca 
J. Artola
El rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, ha pedido mantener una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para tratar de acordar un convenio que permita a los presos de ETA encarcelados en España estudiar en la UPV/EHU. La consejera vasca de Educación y Universidades, Isabel Celaá, realizó ese anuncio ayer durante el pleno de control que celebró el Parlamento autonómico en respuesta a una interpelación de EA.
El parlamentario de Eusko Alkartasuna, Juanjo Agirrezabala, había preguntado a la consejera sobre los pasos que piensa dar para facilitar que los presos recluidos en prisiones del Estado español puedan estudiar en la UPV. En la actualidad, cualquier preso encarcelado en España puede estudiar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). No obstante, para poder estudiar en cualquier otra universidad, la Ley General Penitenciaria establece como requisito previo la firma de un convenio entre Instituciones Penitenciarias y el centro de educación superior correspondiente.
Por el contrario, y después de que una sentencia del Tribunal Constitucional avalase esta posibilidad a finales del pasado año, los presos encarcelados en otros países -entre ellos los reclusos de ETA que permanecen en prisiones francesas- pueden cursar estudios a distancia en cualquier universidad española.
Agirrezabala defendió la posibilidad de que los presos de la organización puedan estudiar en la UPV y destacó que limitar sus posibilidades a la UNED les cierra la puerta a «muchas carreras» y a estudios en euskera que no oferta esta universidad. Por todo ello, reclamó al Gobierno Vasco que trabaje para acabar con esta situación.
El representante de EA criticó la falta de «respuesta» por parte de Instituciones Penitenciarias a las reiteradas peticiones que le ha cursado la UPV para firmar un convenio sobre esta materia.
Por su parte, la consejera defendió la «autonomía» universitaria y aseguró que el Ejecutivo vasco no es «parte competente» en esta cuestión. Según explicó, la legislación actual establece que son Instituciones Penitenciarias y las universidades que lo deseen las instituciones que han de suscribir un convenio que permita estudiar a los reclusos encarcelados en España.
«Elemento proactivo»
De todas formas, la consejera mostró su «disposición» a colaborar en esta materia si así se lo demanda alguna de esas dos instituciones. El Gobierno Vasco será un «elemento proactivo y coadyuvante» en la negociación entre la UPV e Instituciones Penitenciarias, declaró la consejera en la Cámara vasca.
La consejera, en su intervención, defendió la «autonomía» universitaria y aseguró que el Ejecutivo vasco no es «parte competente» en esta cuestión. Según explicó, la legislación actual establece que son Instituciones Penitenciarias y las universidades que lo deseen las instituciones que han de suscribir el convenio.
Asimismo, Celaá recordó también que «las penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social», para lo cual, recordó la consejera, la oferta de poder cursar sus estudios universitarios es fundamental.



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