sábado, 24 de marzo de 2012

Víctimas de Primera...


... víctimas de segunda.

Los mandamás del estado español no se andan por las ramas cuando se trata de dejar bien en claro que las víctimas de la violencia generada por sus políticas tendrán a bien callarse pues todo está atado y bien atado.

La nota que les presentamos a continuación, misma que ha sido publicada en Gara, debiera de escandalizar a los activistas de derechos humanos de todo el orbe, deja claro que en el estado español existe lo que claramente puede ser considerado como apartheid:

Su reconocimiento político y las indemnizaciones previstas están por debajo de las otorgadas por ley a las víctimas de ETA
Iñaki Iriondo
Las víctimas de la violencia estatal seguirán estando por debajo de las víctimas del «terrorismo» en la consideración del Gobierno de Lakua. Las modificaciones introducidas en el decreto que prepara el Ejecutivo no han corregido muchas de las diferencias de trato evidentes que se dan entre unas y otras víctimas.
El propio grado de la iniciativa marca una diferenciación de base, puesto que mientras la cuestión de las de ETA se aborda en una ley integral, para las víctimas de la violencia estatal se reserva un decreto.
Junto a ello, se observa que mientras las instituciones autonómicas muestran un «reconocimiento» público a las primera, e incluso se detalla que «el futuro de nuestra convivencia deberá ser construido ineludiblemente sobre la memoria a las víctimas», cuya reparación se presenta como «un acto de justicia», en el caso de las víctimas de la violencia estatal todo se reduce a la fijación de trámites administrativos para la obtención de una compensación económica y una descripción de la vulneración de derechos padecida, sin identificación de los victimarios.
La Ley de Víctimas del Terrorismo establece con nitidez, sin ahorrar calificativos y con una innegable intencionalidad política, quiénes han sido los causantes de las vulneraciones de derechos que pretende reparar. Por contra, el «decreto de reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de derechos humanos producida en al CAV en el contexto de la violencia de motivación política vivida», huye de fijar responsabilidades incluso desde alambicado y casi inescrutable título del mismo.
Frente a quienes solicitaban el reconocimiento de la responsabilidad del Estado español en la violación de derechos humanos en Euskal Herria, tanto antes como después de 1978, el Gobierno de Lakua aduce que no es competente para dar un paso de esas características.
Indemnizaciones más bajas
Las compensaciones económicas fijadas en la última revisión que el Congreso de los Diputados hizo en setiembre de 2011 de la Ley de Víctimas del Terrorismo están muy por encima de lo que el decreto de Lakua fija para las de la violencia estatal. Desde el Ejecutivo aseguran que las cantidades que se reflejan en la ley no están siendo abonadas todavía porque faltan los reglamentos que las desarrollen.
Sucede, sin embargo, que las indemnizaciones previstas en este decreto que se aprobará en 2012 están también por debajo de las contempladas en la Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo aprobada en el Congreso en 1999.
Desde 1960
La consejera de Justicia, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y Manuela Carmena, asesora encargada de la redacción del decreto, informaron ayer a la «Ponencia de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política» de los cambios introducidos en el borrador.
Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, entre las alegaciones admitidas se encuentra la de retrotraer la fecha de inicio de reparación de las víctimas hasta 1960. El borrador inicial arrancaba en 1968, de acuerdo con la ley autonómica de «víctimas del terrorismo». Sin embargo, la última revisión de la ley estatal amplió el plazo hasta 1960 para acoger a la familia de la niña Begoña Urroz, muerta en una bomba colocada en Donostia en aquel año y reivindicada por el DRIL.
Esta ampliación de plazo conllevaría poder reparar también como víctimas de la violencia estatal a José Rey, Javier Batarrita, Lorenzo Sarasola, José Álvarez, María Mercedes Antxeta, Vicente Lertxundi y Manuel Thomas. Estos casos se sumarían a los más de sesenta que se contabilizan entre 1968 y 1978.
Tortura
Lakua contempla que este decreto pueda estar aprobado para mayo o junio. Para más adelante quedaría otro que contemplará las violaciones de derechos comprendidas entre 1978 y la actualidad. El Ejecutivo autonómico se niega a unificar todos los casos en un mismo decreto.
Los representantes gubernamentales avanzaron a los integrantes de la ponencia que están recabando información sobre casos de tortura que se han producido en este periodo. El trabajo ha sido encargado a una firma externa y está todavía en una fase todavía muy poco definida.
Izquierda abertzale, Alternatiba, Aralar y EA rechazarán una ponencia excluyente
Representantes de la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba volvieron a comparecer ayer conjuntamente para defender que el diálogo político que permita avanzar hacia la resolución del conflicto debe incluir a todos los agentes, en igualdad de condiciones y sin ninguna exclusión, y tendrá que tener en cuenta a todos los territorios de Euskal Herria. En este contexto, las instituciones serían «un espacio para ese dialogo», pero el diálogo lo entienden como algo más amplio.
Ante la creación de una ponencia en el Parlamento de Gasteiz, propuesta inicialmente por la propia Aralar, las cuatro fuerzas que suscriben el documento hecho público ayer insisten que dicho foro no puede ser excluyente.
Atendiendo al fondo de la ponencia, aseguran que tampoco puede «repetir el guión consensuado en Madrid por PP, PSOE y PP cayendo en esquemas políticos de vencedores y vencidos que nuestro pueblo rechaza». Y, en cuando al contenido, las cuatro fuerzas defienden que tiene que tener en cuenta todas las raíces y consecuencias del conflicto, de lo contrario no constituirá un instrumento válido para la construcción de unas bases sólidas para una paz justa y duradera.
Tras la lectura del texto acordado, buena parte de las preguntas se dirigieron hacia el vicecoordinador general de Aralar, Dani Maeztu, por ser éste el partido que tomó la iniciativa de la propuesta de ponencia. Se le inquirió sobre dónde estaba el límite marcado por la formación en las negociaciones, y respondió que si en el acuerdo de creación de la ponencia por parte del Pleno no se recoge literalmente que ésta debe desarrollarse «sin exclusiones», el voto de Aralar será e n contra.
Es público que Aintzane Ezenarro, portavoz parlamentaria y persona que está llevando las negociaciones con el resto de grupos, no comparte la línea política marcada en el congreso y en la última asamblea, y también ha defendido que la ponencia arranque aunque no sea en esos términos. Se le insistió a Maeztu en si todo el grupo parlamentario iba a votar en el sentido marcado por la dirección de Aralar o podría darse una ruptura. Respondió que los cuatro parlamentarios «somos parte de un proyecto colectivo. Estamos en un partido. No vemos que vaya a haber una ruptura porque la decisión de Aralar como partido está clara». Explicó Maeztu que ya se han dado otros debates en los que las opiniones personales de los parlamentarios no coincidían pero se ha votado lo acordado por el partido.
Se le interrogó también a Maeztu sobre las consecuencias que pudiera tener una ruptura de la disciplina de voto. El vicecoordinador de Aralar explicó que «votar en contra de la decisión del partido tiene consecuencias» en el reglamento disciplinario de la formación, pero admitió no conocer las concreciones.
Las cuatro formaciones insistieron en que el diálogo sin exclusiones y que vaya al fondo de las causas y consecuencias del conflicto es la clave para la paz. 
Nafarroa hace suyo el pactdel Congreso
El Pleno de Parlamento de Nafarroa aprobó ayer una moción en la que insta al Ejecutivo español a mantener «el diálogo con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas» de la comunidad, «promoviendo la máxima unidad de acción para exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional». La resolución contó con el voto a favor de UPN, PSN, PP e Izquierda-Ezkerra y los votos en contra de Bildu y de NaBai a excepción de Manu Aierdi, próximo presidente del PNV en Nafarroa, que se abstuvo, después de que su partido firmara el texto en el Congreso.
Los promotores de la iniciativa, UPN, PSN y PP, quisieron con ella trasladar al Parlamento de Nafarroa el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados de Madrid para «institucionalizar» la «unidad de acción» en la exigencia a ETA de que dé los pasos hacia su «disolución incondicional» y en el «compromiso inequívoco» con las víctimas como «mejor fórmula» para «consolidar la convivencia» tras el «triunfo de la democracia frente al terrorismo».
Las enmiendas presentadas por Nafarroa Bai y Bildu, solicitando la constitución de un foro abierto a todos los partidos y la sociedad, fueron rechazadas por UPN, PSN y PP.
En nombre de Nafarroa Bai, Txentxo Jiménez criticó «la lógica excluyente» de los proponentes de la moción. La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, realizó la misma denuncia, a la que añadió que la moción estaba hecha desde el punto de vista del Estado. En su enmienda, Bildu pedía al Gobierno de España que adopte «las medidas necesarias para alimentar el proceso y resolver todas las consecuencias del conflicto».


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