jueves, 12 de febrero de 2009

Impunidad e Inmunidad

Este escrito ha sido publicado en Gara:

Francisco Larrauri | Psicólogo

Tortura política: impunidad e inmunidad

A pesar de la inconmensurable crueldad que padeció Joxe Arregi (mañana hace 28 años de su asesinato), ningún político español ha osado enfrentarse contra esta lacra que sigue campando por las casernas y comisarías del territorio. La horrible realidad es que a nadie le ha interesado políticamente poner de manifiesto los rasgos estructurales que facilitan cruel despropósito, aunque los números de personas asesinadas, torturadas y maltratadas en las últimas décadas, todos ellos de supuesta democracia, facilitan la exploración y la descripción del corpus ideológico de los funcionarios que convierten la tortura en una acción política consubstancial con Euskal Herria.

En las diferentes ocasiones que he escuchado a políticos españoles decir que se emplearán a fondo, no se referían a que investigarían cómo emergen las lesiones en los detenidos, ahora que Naciones Unidas les ha vuelto a recordar que la tortura sigue vigente en los centros de detención. Desgraciadamente, se referían a que sus especialistas se emplearán a fondo exclusivamente para que los ciudadanos de la izquierda abertzale no puedan votar en las próximas elecciones o que los presos políticos vascos que han cumplido su condena no salgan en libertad. El emplearse a fondo para impedir que D3M o Askatasuna puedan presentarse a las elecciones va en paralelo con el discurso malicioso de encubrimiento de la tortura, lo que permite obtener a cualquier observador una valoración cualitativa de la efectividad de la persecución que desde el Gobierno español se propone hacia estos discursos aparentemente contrapuestos. Ilegalización y silencio son, pues, las dos caras de la misma moneda y con esos dineros y esos fondos el Gobierno español y sus mandatarios convierten la tortura en la única empresa humana, donde es posible con absoluta certeza que pueda zafarse de una maraña de jueces y juzgados. Este silencio real coloca esta práctica policial más allá de las capacidades del sistema, por lo que los torturadores se salvarán de aquella maraña judicial y las víctimas traumatizadas con experiencias policiales inimaginables se perderán y se ahogaran en ella. Y si la víctima con extrema voluntad consigue salir de este laberinto tramposo e identificar al funcionario torturador, la conjura entre PSOE y PP servirá para indultar lo que ha utilizado el otro.

Cuando la apuesta político-institucional frente a la tortura pasa por clandestinizar la actuación y a los actuadores con apodos al estilo mafioso, queda en evidencia que mediante «la question» en Francia o «trabajar con red» en España, equivalentes al término tortura, la corporación gubernamental española justifica y obscurece una trayectoria policial de la que fluyen prácticas malignas para toda la humanidad. Los gobiernos españoles implicados en esta clandestinidad han demostrado en las últimas décadas una desoladora pobreza ideológica al paralizar la necesidad de establecer una verdadera y efectiva legislación ética que persiga la tortura y condene la función y la mentalidad del funcionario torturador que han configurado fuerzas institucionales y económicas de nuestro entorno.

Resulta muy sospechoso que la jerarquía de las disposiciones penales que arrastra a políticos, jueces y fiscales a intentar resolver el conflicto en Euskal Herria en un gobierno que desea ridiculizar al PP en la aplicación de la democracia, sea la ilegalización de propuestas electorales populares y la tapadera en todos los ámbitos de la práctica de un tratamiento inhumano que se ha descubierto que sufren también los menores internados. Esta generalización, con un auténtico asentamiento profesional a lo largo de los años en Euskal Herria, sugiere que responde a una profunda necesidad del mismo sistema, por lo que no es de extrañar el beneficio que han recibido delincuentes y torturadores para vivir ocultando su pasado.

El discurso silenciado que merece la tortura política, junto con el de que se emplearán a fondo contra los ciudadanos que sean etiquetados de estar contaminados por la independencia de Euskal Herria, muestran el fondo de sus actitudes sospechosamente superponibles con el fascismo.

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