Ese españolismo que es capaz de plasmar su supremacía colonialista en una portada de revista es el mismo españolismo que busca entorpecer el reconocimiento a las víctimas de su brutal violencia.
Ya se había tocado el tema hace unos años, Naiz hace constatar que la sucia estratagema continúa.
Lean ustedes:
El sabotaje policial al reconocimiento a víctimas del Estado se estrella en los tribunales
Animadas por organizaciones de la Guardia Civil, 500 personas han intentado acogerse fraudulentamente al proceso para reconocer a víctimas de violencia estatal por parte de Lakua, trabando así el trabajo de la comisión. Los tribunales han desestimado todos sus recursos, aunque el goteo sigue.
Ramon SolaEl informe de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia estatal conocido esta pasada semana en el Parlamento de Gasteiz constata que la campaña para intentar sabotear esta ley mediante solicitudes fraudulentas sigue adelante, aunque ya con muy escaso recorrido. Y es que, además de las denegaciones por el Gobierno de Lakua de las más de 500 solicitudes presentadas, quienes han decidido recurrir a los tribunales se están topando con sentencias contrarias, sin excepción alguna.
Esta campaña fue azuzada desde organizaciones policiales, fundamentalmente relacionadas con la Guardia Civil, en el año 2021. La Comisión de Valoración encargada de analizar cada solicitud de víctima, en un proceso laborioso que incluye análisis forense, se encontró ese año con hasta 473 peticiones de guardias civiles y policías que querían acogerse a esta ley, alegando que habían sufrido «violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».
El informe de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia estatal conocido esta pasada semana en el Parlamento de Gasteiz constata que la campaña para intentar sabotear esta ley mediante solicitudes fraudulentas sigue adelante, aunque ya con muy escaso recorrido. Y es que, además de las denegaciones por el Gobierno de Lakua de las más de 500 solicitudes presentadas, quienes han decidido recurrir a los tribunales se están topando con sentencias contrarias, sin excepción alguna.
Esta campaña fue azuzada desde organizaciones policiales, fundamentalmente relacionadas con la Guardia Civil, en el año 2021. La Comisión de Valoración encargada de analizar cada solicitud de víctima, en un proceso laborioso que incluye análisis forense, se encontró ese año con hasta 473 peticiones de guardias civiles y policías que querían acogerse a esta ley, alegando que habían sufrido «violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».
Las solicitudes fueron lógicamente inadmitidas, puesto que esta ley del año 2016 tiene como objetivo reconocer y reparar a quienes han sufrido otro tipo de violencia, procedente de aparatos policiales o parapoliciales. Las víctimas de ETA ya contaban con normas propias para su situación, tanto en el marco estatal como en el autonómico, por cierto anteriores en el tiempo (2008-2011) y con mayores dotaciones económicas.
Ofensiva antes y después
El objetivo de la campaña era a todas luces intentar ridiculizar esta ley del Parlamento de Gasteiz y, junto a ello, poner trabas a su materialización. Como botón de muestra, en ese curso 2021-22 la comisión tuvo que resolver 573 expedientes y de ellos 523 fueron desestimatorios frente a 46 admitidos (los de quienes realmente eran víctimas amparables en la norma).
Organizaciones como Jupol o Jusapol atacaron frontalmente esta norma; se recordará sobre todo el enfrentamiento que tuvieron con Julen Arzuaga, portavoz de EH Bildu, en un debate en el Parlamento de Gasteiz en abril de 2019, que luego continuó en los tribunales.
Pese a la inadmisión en cascada de las solicitudes, el dato nuevo ahora es que decenas de estos agentes policiales han insistido ante los tribunales, a través de recursos administrativos. A la Comisión de Valoración le constan 86 apelaciones, de las que han sido resueltas 21 y todas en contra de los recurrentes.
La comisión reproduce los contenidos de las sentencias que está dictando la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que responden a un mismo patrón. Los jueces ‘recuerdan’ a los policías que la ley de 2016 acoge a víctimas de vulneraciones de derechos humanos con motivación política que «no han sido reconocidas ni reparadas», algo que no puede hacer referencia a las «víctimas del terrorismo» puesto que estas ya contaban con las leyes de 2008 y 2011.
Añaden que en la exposición de motivos se citan la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas. Y señalan que esta ley es continuadora del decreto de 2012, ambos «dirigidos al reconocimiento y reparación de las víctimas del ejercicio ilícito del poder, esto es, a las víctimas de abusos policiales y parapoliciales».
En consecuencia, el TSJPV deja claro a los guardias civiles y policías recurrentes (también hay algunas otras personas a tipo particular) que están fuera del marco de esta ley y en ningún caso pueden pretender acogerse a ella.
26 «fuera de ámbito» en este último curso
Pese a la claridad tanto de las denegaciones iniciales del Gobierno de Lakua como de estas sentencias judiciales posteriores, los datos de este año hacen pensar que sigue produciéndose un goteo de intentos de fraude, ya sin la intensidad de los años 2021 o 2022. Así, entre julio del año pasado y junio de este la Comisión de Valoración ha rechazado 26 solicitudes «por encontrarse fuera del ámbito objetivo de aplicación de la ley».
En el punto álgido de esta campaña hubo que desestimar unas 510 solicitudes fraudulentas, de ellas 460 correspondientes a agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles, y unas 50 de otras víctimas de ETA. Teniendo en cuenta que en el conjunto de este periodo se han resuelto 718 expedientes, cabe concluir que más del 70% de solicitudes que han llegado a la mesa de la Comisión de Valoración eran trampeadas.
Ello ha supuesto una molestia añadida a un trabajo lastrado por otras cuestiones como la falta de medios humanos (forenses y sicólogos en este momento) o la escasa colaboración de los aparatos de Justicia. En la actualidad hay 343 solicitudes pendientes de resolver. Con todo, la comisión confía en que el trabajo pueda acabarse en esta legislatura si se superan los escollos actuales, según remarcaron en el Parlamento el miércoles sus portavoces Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa.
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