lunes, 23 de febrero de 2015

Españistán Advertida por la ONU

Les compartimos este reportaje publicado en Gara:

 

La ONU vuelve a advertir a Madrid por la incomunicación y la tortura

Nuevo varapalo de la ONU al Estado español en materia de derechos humanos y régimen de incomunicación. El examen periódico que se realizan los estados hace hincapié en la falta de garantías para los detenidos y en la escasez de vías legales para aquellos que denuncian maltrato, ya que instan a Madrid a garantizar que estas demandas puedan ser investigadas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por no hacer ninguna mención sobre la incomunicación.

Alberto Pradilla

La comunidad internacional vuelve a dar un palo al Estado español en relación a la incomunicación y la tortura. En este caso, es el examen periódico universal de las Naciones Unidas en el que diversos estados advierten a Madrid sobre la vulneración de los derechos humanos en las detenciones incomunicadas y la falta de investigación acerca de las denuncias por malos tratos que se registran en las comisarías españolas. No es un informe sorpresivo, ya que siempre que cualquier institución internacional emite un informe sobre garantías democráticas en el Estado español advierte sobre las vulneraciones provocadas en el período de incomunicación.

En este caso, los países miembros de la ONU también se fijan en la situación de los migrantres en Melilla o las denominadas «devoluciones en caliente». Sin embargo, si hay una práctica que no desaparece de las preocupaciones internacionales es la incomunicación y las denuncias de tortura. El documento, fechado a 23 de enero, resume las recomendaciones de los diversos estados en el examen sobre el cumplimiento de los derechos humanos al que son sometidos todos los miembros de la ONU. No es nuevo que Madrid se lleve un varapalo de instituciones internacionales acerca de la incomunicación y la tortura. La diferencia es que, en este caso, no es un órgano independiente el que emite el informe sino que son los propios estados los que elaboran sus sugerencias. Posteriormente, la institución internacional tiene previsto un mecanismo por el que monitorizar el grado de cumplimiento de las demandas.

Medidas contra la impunidad

En el informe centrado en el Estado español no hay novedades respecto al texto de 2010, donde ya se advertían las mismas carencias. Ahora, las propuestas de los distintos estados van desde revisar las condiciones del régimen de incomunicación para evitar el maltrato hasta eliminar directamente esta fórmula de arresto. También se hace hincapié en las denuncias sobre torturas. La mayoría de estados que analizan este punto recomiendan que Madrid ofrezca garantías para que las denuncias sean investigadas por instituciones independientes y se apliquen medidas que eviten la impunidad, poniendo en cuestión la incomunicación. Está por ver qué respuesta consechan, pues anteriormente se han producido infinidad de advertencias sobre vulneración de Derechos Humanos con los dete- nidos sin que Madrid mueva un solo dedo.

Holanda es el primer país que lanza un aviso al Estado español. Y se fija en la investigación sobre denuncias de tortura. No se puede olvidar que Madrid ha sido condenado en seis ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de maltrato. Por este motivo, el país europeo insta a adoptar «medidas legislativas, judiciales y administrativas que garanticen el derecho a una respuesta para quien denuncie haber sido víctima de tortura o malos tratos y garantizarle la cobertura administrativa y judicial». No es el único que hace referencia a que Madrid debe crear marcos para que las denuncias por tortura sean investigadas. También Australia hace mención a este asunto. En concreto, aboga porque se adopten «las medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la tutela judicial efectiva de la tortura y los malos tratos y fortalecer su marco para enjuiciar estos delitos».

El Estado francés también se suma a la crítica. Insta a Madrid a asegurar que todas las denuncias sobre torturas o malos tratos «perpetradas por los servicios de seguridad» sean investi- gados de forma «independiente e imparcial» por la «justicia ordinaria» sin demoras y «garantizando que las víctimas reciban reparaciones». En el mismo sentido, Polonia aboga por «realizar el control de los procedimientos de detención y custodia de las fuerzas del orden público».

Incluso Alemania envía un mensaje a Madrid y le insta a cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos. De hecho, insiste en que el Estado español debería establecer un «mecanismo de control de las autoridades policiales vigilanco los signos de posible tortura o malso tratos».

Madrid no dice nada

Más allá va Hungría, que hace hincapié en el régimen de incomuniación, que ha sido constantemente denunciado por diferentes instituciones internacionales como los relatores de Derechos Humanos de la ONU o Amnistía Internacional. Budapest insta al Estado español a «elaborar más medidas concretas y prácticas significativas y mecanismos eficaces para prevenir los malos tratos por la Policía y guardias de prisiones, incluyendo la posibilidad de revi- sión de la práctica de la detención incomunicada».

El régimen que permite mantener a los detenidos sin ningún tipo de garantías es duramente cuestionado por varios estados, entre los que se encuentra Irlanda, que insta a Madrid a revisar la incomunicación para que se garantice que cumple los estándares internacionales de Derechos Humanos. Entre estos países también se encuentra Austria, que considera que es necesario revisar el régimen de incomunicación «asegurando que el acceso a la asistencia jurídica a la detención no se retrasa, que los detenidos tienen la posibilidad de comunicarse con un abogado de su propia elección en privado y que son llevados ante un juez dentro de 72 horas». Básicamente, se trata de una propuesta que implicaría tumbar el actual régimen de incomunica- ción.

También la República Checa da un revés al Estado español Revisar el cumplimiento de su legislación antiterrorista que permite la detención incomunicada con las normas internacionales de derechos humanos y considerar la eliminación del régimen de incomunicación

Lo paradójico es la respuesta del Gobierno español. En su informe, y pese a la insistencia explícita sobre la incomunicación, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no menciona en ningún momento el régimen de incomunicación y se limita a asegurar que Policía y Guardia Civil tienen leyes disciplinarias para castigar a aquellos que practiquen torturas o malos tratos.

El PP se enroca para defender la expulsión de migrantes pese a la crítica

Las vulneraciones de Derechos Humanos en Ceuta y Melilla es una de las preocupaciones de la ONU a la hora de evaluar al Estado español. Diversos estados han mostrado su preocupación por el hecho de que Madrid haya construido un andamiaje legal para justifidar las denominadas «devoluciones en caliente», que van en contra de la normativa internacional y del derecho de asilo. El informe es especialmente duro con el trato que da Madrid a los migrantes que tratan de acceder a Europa a través de las vallas de las ciudades autónomas. De hecho, cuestiona el empleo de la fuerza cuando los subsaharianos tratan de acceder a la valla, así como el incumplimiento de las leyes de asilo. En concreto denuncian los procesos de devolución «sin ninguna garantía legal».

Ninguna de estas críticas ha hecho mella en la posición del PP, que sigue defendiendo la política de expulsiones masivas y criminalizando a los migrantes, asegurando que los intentos de acceso a Ceuta y Melilla son «violentos». Esto no ha convencido a los estados que elaboran el informe. De hecho, países tan distintos como Austria, Canadá, Costa Rica, Israel, Japón, Noruega, República Checa, Rusia, Suecia, Túnez, Uruguay no han aceptado esta visión e insisten en que se pongan en marcha medidas que garanticen los derechos de los migrantes.

No es la primera vez que se cuestiona la política española en la denominada «Frontera Sur». Ni tampoco la violencia empleada por al Guardia Civil en el momento en el que los migrantes tratan de acceder suelo español. El informe denuncia el régimen en el que se encuentran los migrantes una vez que llegan al Estado, dentro del Centro de Estancia Temporal de Internamiento (CETI). El informe ha sido redactado por tres estados (Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia) y Madrid tiene hasta julio para dar una respuesta.





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