Los merolicos de los medios informativos al servicio de Madrid insisten en que la demanda libertaria del pueblo vasco frente al régimen colonialista español no tiene cabida puesto que "España es una democracia". Estos mismos merolicos se encargan de ocultar a la opinión pública las acciones por parte del gobierno de Juan Carlos Borbón que dejan claro que el estado español dista mucho de ser una democracia.
Abundemos, una de las características de un estado democrático es la separación de poderes, misma que en el caso del estado español no existe pues cuando el círculo de poder que dirige Borbón decide algo, automáticamente el legislativo y el judicial operan en base a lo dictado por el ejecutivo. Pero el ridículo al que pueden llegar los españoles con su torpe y anacrónica visión de lo que significa la democracia queda en evidencia en esta nota publicada por Gara, donde un tribunal que supuestamente debe velar por los derechos y garantías civiles de la ciudadanía (recordemos que para ellos los vascos son ciudadanos españoles y por tanto receptores de todos y cada uno de los derechos de los que gozan el resto de los españoles) no hace mas que legitimar lo decidido por un tribunal de excepción, que opera exclusivamente para atacar sistemáticamente los derechos de los vascos, esta vez sí, por ser vascos.
Aquí tienen la nota:
Recordemos que estas aberraciones no sucederían sin la silente complicidad de estados democráticos y organizaciones internacionales avocadas a la defensa de los derechos humanos.
Abundemos, una de las características de un estado democrático es la separación de poderes, misma que en el caso del estado español no existe pues cuando el círculo de poder que dirige Borbón decide algo, automáticamente el legislativo y el judicial operan en base a lo dictado por el ejecutivo. Pero el ridículo al que pueden llegar los españoles con su torpe y anacrónica visión de lo que significa la democracia queda en evidencia en esta nota publicada por Gara, donde un tribunal que supuestamente debe velar por los derechos y garantías civiles de la ciudadanía (recordemos que para ellos los vascos son ciudadanos españoles y por tanto receptores de todos y cada uno de los derechos de los que gozan el resto de los españoles) no hace mas que legitimar lo decidido por un tribunal de excepción, que opera exclusivamente para atacar sistemáticamente los derechos de los vascos, esta vez sí, por ser vascos.
Aquí tienen la nota:
El Supremo confirma las condenas a los procesados por el movimiento pro-amnistía
El Tribunal Supremo (TS) confirma las condenas que impuso la Audiencia Nacional española a veinte personas juzgadas en el juicio contra el movimiento pro-amnistía y la absolución de Aitor Jugo.
MADRID-. La sentencia del Supremo, notificada hoy, se produce tras la vista celebrada el pasado 23 de setiembre en el alto tribunal español ue Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna eran «organizaciones terroristas» e impuso penas de entre ocho y diez años de cárcel para 21 de los acusados.
Asimismo, seis de los procesados inicialmente fueron absueltos, a pesar de que todos los imputados en el sumario renunciaron a la defensa jurídica por parte de sus abogados desde el inicio del juicio al entender que la sentencia estaba escrita de antemano.
En la vista del recurso, la Fiscalía pidió al Supremo la confirmación de la «ilicitud y disolución» de ambos organismos y el mantenimiento de todas las condenas impuestas por la Audiencia Nacional. El abogado del AVT también defendió la misma postura y apeló al tribunal para que «extienda el concepto de terrorismo» con el fin de mantener las condenas.
Al contrario que en el recurso del 18/98, donde la propia Fiscalía pidió una rebaja de las penas al considerarlas excesivas, la representante del Ministerio Público aseguró que las penas de cárcel reclamadas en esta sentencia no son desproporcionadas y señaló que hay pruebas suficientes para fundamentarlas.
Por su parte, las cuatro abogadas que defendieron los intereses de los condenados -Arantza Zulueta, Ainhoa Baglietto, Amaia Izko y Haizea Ziluaga- resaltaron que Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna no pueden ser consideradas como «organizaciones terroristas» ya que desarrollaban una actividad pública «lícita», además de pública. Explicaron que realizaron un trabajo político denunciando la represión y en solidaridad con los represaliados.
Según indicaron, en las funciones que atribuye la Audiencia Nacional a estos organismos no se puede establecer ninguna responsabilidad acerca de acciones violentas o vinculadas con la organización ETA. Y recordaron que el propio tribunal especial reconoció que no existía una vinculación directa entre la organización armada vasca y los citados organismos.
Asimismo, las letradas exigieron la libre absolución de todos los condenados ya que, como señalaron en los recursos, ni siquiera hay proporcionalidad entre las penas impuestas y los hechos declarados como probados.
Las defensas denunciaron que no se han individualizado las penas como exige la legislación, ya que la sentencia no atribuye actuaciones delictivas concretas a ninguno de los imputados. En el caso de Aitor Jugo, hasta la Fiscalía reconoció que no había suficientes motivos en su contra, pero dejó en manos del tribunal la decisión y mantuvo la condena de diez años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional.
Trece días después, recuperó su libertad.
Recordemos que estas aberraciones no sucederían sin la silente complicidad de estados democráticos y organizaciones internacionales avocadas a la defensa de los derechos humanos.
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