lunes, 23 de junio de 2008

Savateres Contra el Euskera

Vascófobo y racista como pocos, el pseudo-filósofo Fernando Savater se coloca a la cabeza de una pandilla de xenófobos que han firmado un documento en que exigen que el castellano sea la única lengua de el Estado Español en detrimento de las demas lenguas. Parece ser que el grupúsculo de inadaptados quiere verse más intolerante que la Academia de la Lengua Francesa.

Aquí está la información al respecto:


Fernando Savater y otros intelectuales piden modificar la Constitución en defensa del castellano

Mario Vargas Llosa, Albert Boadella y Fernando Savater, entre una veintena de escritores, artistas y políticos, han promovido un manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España. Para Savater, "no se trata de una mera queja o de la denuncia de un hecho sino de proponer al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contempla una posible modificación de la Constitución y de algunos Estatutos Autonómicos".

"Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios ni mucho menos las lenguas", aseguró hoy el filósofo impulsor del documento, durante su presentación en el Ateneo de Madrid.

José Antonio de la Marina, Roberto Blanco, Sosa Wagner, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Alvaro Pombo, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Ramón Rodríguez, así como profesores de las universidades de Santiago, Cantabria y Rey Juan Carlos de Madrid, completan, por ahora, la lista de firmantes.

El castellano, "Única lengua obligatoria"

Entre los puntos de cambio propuestos, se encuentra el "asegurar el derecho (NO LA ÚNICA IMPOSICIÓN !!!) de todos los ciudadanos a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna, así como elincluir, entre los planes de estudio, opciones que contemplen a las lenguas cooficiales autonómicas, pero nunca como lenguas vehiculares exclusivas".

"La base sobre la que partimos es que no puede discriminarse políticamente al castellano lo que, según consideramos los firmantes, acaba afectando a los más desfavorecidos, dañando sus posibilidades laborales y sociales y recortando sus alternativas", sentenció Savater.

La académica Carmen Iglesias resaltó su preocupación por "las consecuencias de la marginación del castellano en los planes educativos" y recalcó la importancia de lograr una movilización de la sociedad civil y de los políticos "para garantizar el derecho y deber del aprendizaje del castellano".

Asimismo, defendieron "el derecho de todo ciudadano a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales, lo que no significa que todo funcionario esté obligado a emplear ambas". Por otro lado, apuntaron como recomendable el que la rotulación de calles y edificios públicos sea bilingüe, "pero que nunca se emplee exclusivamente la lengua autonómica".

El quinto de los puntos suscritos se refiere al uso del castellano que deben hacer los políticos, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, "en sus funciones de alcance estatal, tanto dentro como fuera de España".

El que fuese cabeza de lista al Senado por Madrid en UPyD, Alvaro Pombo, consideró que seguramente su partido "presente una iniciativa parlamentaria que recoja lo esencial del manifiesto".


Aquí el texto íntegro:

Manifiesto por la lengua común
Desde  hace  algunos  años  hay  crecientes  razones  para preocuparse  en  nuestro  país por  la  situación  institucional  de  la lengua  castellana,  la  única  lengua  juntamente oficial  y  común  de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en  el  mundo  entero,  sólo  superada  por  el chino  y  el  inglés-  sino  de  una inquietud estrictamente política:  se refiere  a  su  papel  como  lengua  principal  de  comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación. Como  punto  de  partida,  establezcamos  una serie  de premisas:

1) Todas  las  lenguas  oficiales  en  el  Estado  son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza  del  deber  constitucional  de  ser conocida  y  de  la  presunción consecuente  de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implicainjusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas  realidades culturales  pero  sólo  una  de ellas  es  universalmente  oficial  en  nuestro  Estado democrático.  Y  contar  con    una  lengua  políticacomún es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en elmundo entero como el castellano.

2) Son  los  ciudadanos  quienes  tienen  derechos lingüisticos,  no  los  territorios  ni  mucho  menos  laslenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera  de  las  lenguas  co-oficiales  tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el  derecho  de  conseguir  coactivamente  hablantes ni  a  imponerse  como  prioritarias  en  educación, información,  rotulación,  instituciones,  etc...  en detrimento  del  castellano  (y  mucho  menos  se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).

3) En  las  comunidades  bilingües  es  un  deseo encomiable  aspirar  a  que  todos  los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la  obligación  de conocer la  común  del  país  (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos).  Pero  tal  aspiración  puede  ser solamente  estimulada,  no  impuesta.  Es lógico suponer  que  siempre  habrá  muchos  ciudadanos que  prefieran  desarrollar  su vida  cotidiana  y profesional  en  castellano,  conociendo  sólo  de  la lengua autonómica  lo  suficiente  para  convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de  las  manifestaciones  culturales  en  ella.  Que ciertas  autoridades autonómicas  anhelen  como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica  decretar  la  lengua  autonómica  como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar  que  este tipo  de  imposiciones  abusivas daña  especialmente  las  posibilidades  laborales  o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución   establece   que   “las distintas modalidades  lingüísticas  de  España  son  un patrimonio  cultural  que  será objeto  de  especial respeto  y  protección”.  Nada  cabe  objetar  a  esta disposición  tan generosa  como  justa,  proclamada para  acabar  con  las  prohibiciones  y  restricciones que    padecían    esas    lenguas. Cumplido sobradamente  hoy  tal  objetivo,  sería  un fraude constitucional  y  una  auténtica  felonía  utilizar  talartículo   para   justificar   la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por  consiguiente  los  abajo  firmantes  solicitamos  del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en  su  caso  puede  exigir  una  modificación constitucional  y  de algunos  estatutos  autonómicos)  para  fijar  inequívocamente  los siguientes puntos:

1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio   nacional,   siendo   la única   cuya comprensión  puede  serle  supuesta  a  cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2) Todos  los  ciudadanos  que  lo  deseen  tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual  fuere  su  lengua  materna.  Las  lenguas  co-oficiales  autonómicas deben  figurar  en  los  planes de  estudio  de  sus  respectivas  comunidades  en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular  exclusiva.  En  cualquier  caso, siempre debe  quedar  garantizado  a  todos  los  alumnos  el conocimiento final de la lengua común.

3) En  las  autonomías  bilingües,  cualquier  ciudadano español   tiene   derecho   a   ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual  implica  que  en  los centros  oficiales  habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas,  las  comunicaciones  administrativas,  la información  a  la  ciudadanía,  etc...en  dichas comunidades  (o  en  sus  zonas  calificadas  de bilingües)  es  recomendable  que  sean  bilingües pero  en  todo  caso  nunca  podrán  expresarse únicamente en la lengua autonómica. 

5) Los   representantes   políticos,   tanto   de   la administración  central  como  de  las autonómicas, utilizarán   habitualmente   en   sus   funciones institucionales  de  alcance estatal  la  lengua castellana  lo  mismo  dentro  de  España  que  en  el extranjero,  salvo en  determinadas  ocasiones características.  En  los  parlamentos  autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmas (orden alfabético): Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos  Castilla  del  Pino,  Luis  Alberto  de Cuenca,  Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo,  Ramón  Rodríguez,  Jose Mª  Ruiz  Soroa,  Fernando Savater


Es curioso como a pesar del contenido retrógrada del manifiesto quien escribió el artículo describiera a estos imbéciles como "intelectuales".









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