Esta información que nos han enviado desde Udalbiltza la compartimos con ustedes para que tengan información de los extremos a los que llega el estado español en su afán por negar a los vascos el derecho a organizarse y trabajar en aras de su autodeterminación:
Desde Udalbiltza, Asamblea de Electos Municipales de Euskal Herria, nos ponemos en contacto con vosotras y vosotros ante una situación difícil: un nuevo intento de criminalizar nuestro trabajo por parte del Estado español. Un intento que ya tiene antecedentes, y que demostró que de nada sirve si lo que busca es detener el imparable proceso de construcción nacional en Euskal Herria.
Durante los últimos 16 meses hemos enfrentado diferentes vicisitudes, pero hemos sabido seguir adelante, y seguiremos. ¿Por qué? Porque el pueblo vasco, vosotras y vosotros, nos demostráis con vuestro apoyo que nuestro trabajo tiene sentido, y que si el Estado español se preocupa en montarse historias falsas para encarcelarnos, bloquear nuestras cuentas y cerrar nuestras oficinas, es porque somos una piedra incómoda en su zapato. Madrid no quiere que vascas y vascos trabajemos unidos bajo una única institución nacional, porque sabe que el proceso de liberación de este pueblo nada ni nadie lo podrá detener.
En abril de 2003 el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, emitió un auto en el que decretaba la ilicitud de Udalbiltza “como parte integrante de la organización terrorista ETA-Ekin”. Las pruebas presentadas por el magistrado no eran más que un nuevo montaje político-jurídico-policial del Estado español con el objetivo de golpear el proceso de construcción nacional en Euskal Herria. No obstante, numerosas personas fueron detenidas y encarceladas por su vinculación con la institución nacional. Algunas de ellas continúan en prisión, mientras que otras recuperaron la libertad durante los últimos meses tras el pago de fianzas que oscilaron entre los 30 y los 60 mil euros.
El ataque del Estado español intentó truncar los distintos proyectos que se habían definido desde la Asamblea de Electos con el objetivo de potenciar el proceso de construcción nacional. Así, por ejemplo, el magistrado Baltasar Garzón se incautó del dinero destinado a financiar proyectos económicos, sociales y culturales en Zuberoa -el herrialde más deprimido de Euskal Herria-, que había sido recogido mediante la solidaridad del pueblo vasco. También fueron bloqueadas las cuentas corrientes y cerradas las oficinas ubicadas en Hegoalde.
A pesar de todas las dificultades impuestas desde Madrid, Udalbiltza prosiguió con sus trabajos para dinamizar Euskal Herria. De esa manera, la institución vasca emprendió un proceso de reactivación que quedó reflejado en la asamblea efectuada el pasado 26 de junio en el Getxo Antzokia. Allí, unos 350 electos de todos los herrialdes vascos aprobaron una declaración en la que se estableció la necesidad de “impulsar la primera institución de ámbito nacional de la época contemporánea en Euskal Herria”. Precisamente, el Foro de Debate Nacional, nueva instancia plural que busca aunar esfuerzos para, por un lado, impulsar el proceso de construcción nacional y, por otro, buscar una salida dialogada y democrática al conflicto político, ha considerado “imprescindible” el papel que en esos puntos debe jugar Udalbiltza.
En ese marco, la Audiencia Nacional española ha citado a once personas por su vinculación con la institución nacional. Todos ellos deberán declarar ante el juez Baltasar Garzón los próximos días 1 y 2 de septiembre. Ante esta nueva afrenta contra la única institución vasca con implementación en todos los herrialdes, hemos decidido iniciar una ronda de contactos con diferentes agentes de la vida política y social de este país para alertarles que el Estado español prepara otro golpe contra quienes trabajan por la construcción nacional de Euskal Herria. Entre esos contactos ubicamos también a la diáspora, considerada por muchos el octavo herrialde, pero habitualmente apartada a la hora de formar parte del proceso de edificación de nuestro país.
Desde Udalbiltza llamamos a la diáspora a estar alerta ante lo que pueda suceder en Madrid con los once compañeros y compañeras citados por la Audiencia Nacional. Vosotras y vosotros, diasporeras y diasporeros dispersos por todo el planeta, formáis parte de este pueblo, y por lo tanto tenéis el derecho de estar informados sobre lo que aquí sucede, y también de hacer vuestros aportes. Por eso os escribimos: para que este nuevo intento de criminalización contra todo lo que huele a defensa de los derechos de Euskal Herria no pase por alto, como si fuera normal que en un Estado que se jacta de democrático once personas tengan que declarar ante un juez por el simple hecho de defender un proyecto político y trabajar consecuentemente para su desarrollo.Agur bero bat,Loren Arkotxa | Presidente de Udalbiltza
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