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sábado, 21 de agosto de 2004

Contra la Sumisión de Derbez

Se han jugado la última carta.

Los seis represaliados políticos vascos sometidos a grotesco proceso de extradición en México han procedido a solicitar el amparo ante la abyecta postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la figura de Luis Ernesto Derbez, el mismo que autorizó el uso de balas de goma en contra de los migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con los Estados Unidos.

Esta es la información que nos brinda La Jornada:


Vascos presos piden amparo contra extradición a España

Critican sumisión del gobierno ante Baltasar Garzón

Gustavo Castillo García

Los seis ciudadanos vascos detenidos desde hace 13 meses en el Reclusorio Norte solicitaron, mediante recursos individuales, el amparo de la justicia federal para evitar su extradición a España.

La abogada Bárbara Zamora informó que las peticiones serán analizadas en primera instancia por el juzgado tercero de distrito B en materia de amparo, aunque no descartó que el recurso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se impugna la constitucionalidad de acuerdos de extradición firmados por México y España.

En conferencia de prensa en el Reclusorio Norte, la defensa y Azier Arronategui, uno de los seis vascos presos, criticaron la sumisión de Luis Ernesto Derbez, "la cancillería y el gobierno mexicanos" ante el juez español Baltasar Garzón.

En la conferencia participó también el abogado Samuel Porras, quien aseguró que la resolución de la cancillería mexicana por la cual se aprobó la extradición de Arronategui, María Asunción Gorrochategui, su esposo Juan Artola, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García y José María Urquijo, "técnicamente no tiene fundamento legal por invocarse normas ajenas a nuestra Constitución, y se puso por encima de la Carta Magna a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, no sé si sea desconocimiento técnico o la expresión bárbara de lacayismo de México hacia España y el juez Garzón," dijo.

Azier Arronategui expuso que en los 13 meses que llevan presos "no hemos tenido oportunidad de defendernos apropiadamente y nos hemos enfrentado a un gobierno entreguista, no sé si quiera que este país se vuelva a convertir en un virreinato.

"El gobierno mexicano ha cometido muchas burradas, como el hecho de haber iniciado un seudoproceso que en realidad esconde factores políticos y acuerdos entre los dos gobiernos. Estamos seguros que si nuestro caso se analiza sin línea política alguna, vamos a salir libres.

"Después de 13 meses recluidos, tenemos un sentimiento de indignación, rabia, a veces de impotencia, porque resulta insultante para los mexicanos que el gobierno no respete la soberanía del país. Tenemos la sensación de que no hemos un solo chance de defendernos, nadie ha querido revisar nuestras pruebas, a pesar de que se nos acusa de un supuesto delito del cual nunca se ha mencionado la fecha en que se cometió", dijo Arronategui.

Bárbara Zamora expuso que los recursos de amparo contra la extradición se presentaron desde el pasado jueves y fueron turnados al juzgado tercero B para que resuelva individualmente la situación, debido a que en ningún momento se han precisado las conductas delictivas que cada uno cometió.

La litigante refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores basó su fallo en la ley orgánica del Poder Judicial de España, que permite la aplicación extraterritorial de esas leyes, aún contraviniendo artículos constitucionales y poniendo por encima de la constitución el tratado firmado entre México y España, el cual tiene puntos de inconstitucionalidad.

Señaló que la resolución de la cancillería tiene "múltiples irregularidades, 15 para ser precisos, algunas de ellas muy burdas por parte de Derbez, quien incluso al poner por encima de la Constitución la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, renunció a la soberanía nacional".

Samuel Porras dijo que desde el momento en que se privilegió la legislación española, "se invalida el acuerdo de extradición, porque no se alude al derecho mexicano".

En tanto, el presidente de la asociación catalana de derechos humanos, Rubén Zavata, expuso que no podía hablar de la decisión del gobierno mexicano, pero sí del juez Baltazar Garzón, "quien es un mal jurista, que no razona sus asuntos ni sus autos de formal prisión, pues éstos se basan en conjeturas". 




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