Hace unos días el referente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi daba a conocer pormenores de la tortura a la que fue sometido por los esbirros del españolismo:
Hoy, día contra la #tortura, quiero relatar las que me practicaron en Intxaurrondo y en la dirección general de la Guardia Civil en Madrid.
Día 1. Me ponen una camisa de fuerza y me sumergen una y otra vez en la bañera. Me la practican continuamente hasta perder el conocimiento.
Día 2. Siguen con la bañera, pero la acompañan de la utilización de descargas eléctricas. Durante todo el día.
Día 3. Ahora se suman los golpes y continuan los largos interrogatorios con amenazas hacia mi hijo y mi familia. Amenazas de muerte.
Día 4: Sigue el calvario. Picana electrica, la bañera y amenazas. Ese cuarto día me dejan una pistola en la mesa y me animan a cogerla y fugarme.
Día 5. Declaración con abogado. No se si es abogado o Guardia Civil. Me dicen que lo firme todo o que luego volvemos a empezar. Niego todo y no firmo.
Día 6. Ingreso en prisión y denuncio torturas. Mi denuncia llega a las Naciones Unidas.
En esta ocasión, les compartimos este texto dedicado precisamente a la tortura, de la pluma de Iñaki Egaña, quien lo ha compartido en su perfil de Facebook:
Tortura: de Bilbao a Estambul
Iñaki EgañaEn 1957 y 1959 se produjeron en Bilbo razias policiales con maltratos a los detenidos, con el objetivo de detener a jóvenes de EGI que salían del cascaron y llegaban a un escenario en blanco y negro, donde por gritar “Viva Rusia” o “Gora Euskadi”, al margen de una buena somanta de ostias, arriesgaba a dos años de prisión. “Era lo habitual”, han reconocido los defensores de esa “Transición modélica”, entonces en la oposición, y que a partir de la llegada de la monarquía parlamentaria dijeron que aquellas malas prácticas desaparecieron. Me ha recordado cuando hace poco más de una década la nefasta Yolanda Barcina, presidenta del Ejecutivo foral navarro y luego a su dimisión consejera de Movistar, fue acusada de cobrar dietas por valor de 68.500 euros de reuniones que no había asistido, y se defendió con aquella mítica frase: “era lo que se venía haciendo”.
Al parecer, la tortura había desaparecido, pero la corrupción, al menos en 2013, no. Esta semana, ya metidos en 2025, hemos conocido el informe anual de Transparency International (TI, “The global coalition against corruption”) que adjudica a España en el tema de la corrupción un papel activo en su desarrollo. Estados como Ruanda, Qatar, Cabo Verde o Arabia Saudí son menos corruptos que España que se coloca a la cola de Europa, con el consuelo de que más atrás está la Italia de Goirgia Meloni. Para afianzarse, la derecha española señala que la corrupción se ha elevado a niveles de la época de Felipe González. ¿Y la tortura? Hoy, gracias a los informes de la Fundación Euskal Memoria y el IVAC para los gobiernos de la CAV y la Comunidad Foral Navarra, hemos logrado varias conclusiones. Una de ellas que la tortura en comisarias y cuarteles no se relajó, como dijeron los adalides de la Transición democrática. Que incluso incorporaron a su uso a cuerpos de creación reciente, como la Ertzaintza. Y que el pico más alto de malos tratos y torturas se ejerció en las legislaturas de Felipe González.
Hoy aún persiste esa negacionismo, quizás en ambos casos. La corrupción y la tortura son esporádicos, como en cualquier otro lugar del área occidental. Saltaron casos especiales, mediáticos, como los de Egunkaria, Unai Romano, Kepa Urra, Sandra Barrentxea o el de Patxi Arratibel que logró firmar su declaración con aquel Aztnugal (laguntza, leído en sentido contrario). Los esporádicos que dirán los del Régimen del 78. Pero el trabajo del IVAC nos va contando que ya van más de 6.000 los torturados. Un escándalo en la Piel de Toro, tan cerca de Abu Ghraib y Guantánamo. Y, para su defensa, con la complicidad de jueces, medios de comunicación, lideres de formaciones políticas, instituciones y, huelga decirlo, de fuerzas policiales que inventaron manuales y textos, con una literatura barata, mientras el “Manual del torturador español” de Xabier Makazaga era prohibido en bibliotecas y foros de debate.
La última andanada fue la de la Audiencia Nacional contra Iratxe Sorzabal. En diciembre de 2017, por orden de la justicia francesa, varios expertos confirmaron que el relato que Sorzabal sobre las torturas sufridas en 2001 por parte de la Guardia Civil era verídico. Lo hicieron aplicándole el Protocolo de Estambul, la prueba del algodón. Dicho protocolo fue elaborado por la ONU. El 9 de agosto de 1999 fue presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, denominado Protocolo de Estambul. La versión revisada del Protocolo de Estambul presentada en Ginebra el 29 de junio de 2022 mostraba el papel fundamental que cumplían los expertos forenses en la investigación de la tortura y del maltrato. España lo rubricó con su firma. Pero prevaricó. A pesar de las recomendaciones y las firmas, el Protocolo de Estambul no fue aceptado por la mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional. En el caso de Iratxe no se hizo, ya en Madrid, prueba pericial, ni se tramitó el realizado en París. Simplemente se rechazó. Usos y costumbres, “era lo que se venía haciendo”.
Hoy, se presenta en el Kursaal de Donostia la recién creada “Euskal Herriko Torturatuen Sarea”, que acoge a cientos, miles de torturados en las últimas décadas. Una iniciativa que tiene como sustento ese reconocimiento en la CAV y en la CFN de que la tortura ha estado generalizada entre nosotros, por encima de negacionismos y justificaciones. Son tiempos convulsos también, pero tiempos de reconocimientos, sobre todo de aquellos que hicieron un trabajo intenso, contra viento y marea. No sólo de los torturados, que parecieron predicar en el desierto, sino incluso de comisionados especiales de Naciones Unidas como Theo Van Boven que fueron tachados de marcianos, por incidir en la culpa de España. En 2021, Amnestý International recordaba que España -el entonces monarca Juan Carlos Borbón lo avaló con su firma- había rubricado la declaración contra la tortura en 2006, pero que 15 años más tarde no la cumplía.
Y este tiempo de reconocimiento, también, de aquellos pioneros, que a la sombra de la firma en Nueva York, organizaron en diciembre de 2006 en Elorrio, el Torturatuen I. Nazio Batzarra, con la participación de 421 afectados. La asamblea derivó a una primera organización de torturados, con comités locales en 20 eskualdes, que comenzaron a formarse en febrero de 2007. Sus conclusiones las englobaron en siete puntos, cuyos dos primeros decían: “Somos personas torturadas y como tales nos reivindicamos dignamente. La tortura está amparada y tiene responsables que viven con total impunidad”. Hacían un “llamamiento a todos los torturados para unir fuerzas y luchar de manera conjunta”. Bienvenido sea, porque entonces, recordarán, todos los movimientos relacionados con la solidaridad con los presos o la defensa de los derechos humanos, fueron criminalizados y la mayoría ilegalizados. Efectivamente, nuevos tiempos. Pero para todos.
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