Traemos a ustedes más acerca de la corrupción institucional a la española involucrada en el 'Caso CAN' por medio de este artículo en Gara:
La juez toma declaración hoy a Roberto Jiménez, José Iribas, Samuel Caro, Carlos García Adanero, Alberto Catalán y Javier Caballero en calidad de testigos por las dietas de la CAN. Con estos testimonios, intentará despejar las dudas y resolver las contradicciones de lo declarado por Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya, que siguen imputados. Una vez termine el capítulo de las dietas, se podrán activar nuevas líneas de investigación del presunto cohecho.Aritz IntxustaLa juez que investiga el «caso CAN» ha preparado para hoy una sesión maratoniana de interrogatorios para escuchar a seis de los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF), que acuden como testigos. Se trata de la tercera ronda de interrogatorios centrada en el cobro de dietas por parte de miembros de la Permanente de la JEF (Enrique Maya, Álvaro Miranda y Miguel Sanz), que ya pasaron por el juzgado en calidad de imputados. Los testimonios hasta ahora recogidos por la juez siguen dejando varias dudas en el aire que necesitan aclararse. De todos modos, el esclarecimiento de las dietas solo es el primer episodio de una instrucción más amplia, que es previsible que continúe en Iruñea.Los llamados a declarar son Roberto Jiménez (líder del PSN), Samuel Caro (parlamentario del PSN), José Iribas (consejero de Educación), Alberto Catalán (presidente del Parlamento), Carlos García Adanero (portavoz de UPN) y Javier Caballero (parlamentario de UPN). Los seis formaron parte desde el primer momento de la JEF, donde se cobraban dietas igual de altas que en la Permanente y en varias ocasiones fueron triples.Las diferencias entre la JEF y su Permanente (compuesta por el presidente y los dos vicepresidentes de la JEF) son fundamentalmente dos. La primera es que la Permanente funcionó un año antes de existir oficialmente y la JEF siempre estuvo reconocida. El segundo motivo es que la JEF tenía una atribución, que es la aprobación y elaboración de informes no vinculantes, mientras que la Permanente no tenía ninguna función.La juez intentará descubrir si los miembros de la JEF sabían que la Permanente se reunía y cobraba antes de existir. En este punto, los dos representantes del PSN han asegurado en varias ocasiones que desconocían de su existencia. Sin embargo, el resto de miembros no se han pronunciado públicamente con la misma rotundidad.Por otro lado, el imputado Miranda (exconsejero de Economía y número dos de Sanz y de Yolanda Barcina) aseguró que no se realizaban convocatorias de las reuniones, sino que se quedaba a través de llamadas de teléfono. Y además, que no existían órdenes del día y que nadie se llevaba documentación a casa para estudiar los temas a tratar. Ni antes, ni después reunirse.Estas pautas de trabajo tan informales constituirán, a buen seguro, el nudo gordiano de los interrogatorios de esta mañana. En particular, porque el sistema de dietas garantizaba que todos los miembros de la JEF cobraran (aunque en una cuantía menor) a pesar de que no acudieran a las reuniones. El líder del PSN ha defendido el cobro de dietas por el trabajo previo que se realizaba antes de las reuniones, pero si no se llevaron ningún documento ni tenían datos para preparar las sesiones, resulta muy complicado realizar cualquier labor preparatoria.Actualmente, lo que se investiga en los juzgados es un presunto delito de cohecho, que se sustenta en la no inspección de la caja por parte del Gobierno navarro. Las dietas constituirían una de las prebendas a cambio de esta falta de supervisión.Debido a la complejidad del caso, la juez parece que busca ir cerrando capítulos. Puede que con tras las declaraciones de hoy, decida empezar un capítulo nuevo con prebendas de otro tipo. Aun así, no son descartables nuevas citaciones antes de terminar con las dietas, debido a la incongruencia de los testimonios de Sanz y Miranda con el del secretario de la CAN.Jiménez dice que UPN compra simpatías con fondos de la cajaEl líder del PSN, Roberto Jiménez, protagonizó ayer un duro cruce de acusaciones con la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Jiménez acusó al Gobierno navarro de usar los fondos de CAN para «hacer clientelismo político de carácter tardofranquista». El secretario general del PSN denunció que el dinero de la venta de CAN (ahora gestionado por la fundación) se ha destinado a «2.000 viajes para mayores, viajes a Peñíscola, Salou, Lanzarote o cruceros por Turquía». «La gente no tiene para comer y viajecitos aquí, viajecitos allá, ¿le parece normal? ¿No será más importante las líneas de empleo», preguntó Jiménez.Actualmente, la Fundación CAN está dirigida por tres funcionarios designados a dedo por el Gobierno. En principio, estas tres personas tienen el cometido de redactar unos nuevos estatutos que transformen a CAN en una Fundación de carácter especial. Por ello, Jiménez entiende que se han extralimitado al destinar parte de los recursos a estos viajes.La consejera Goicoechea salió en defensa de los viajes. «Usted ha estado en los órganos de esta entidad y sabe que este tipo de viajes se han organizado siempre», replicó la número dos de Yolanda Barcina. Goicoechea afirma que los viajes fueron programados por el equipo que conforma la fundación y que los tres gestores que nombró el Gobierno no han interferido ni tomado parte en la organización de esas actividades. La consejera consideró que la acusación era algo «inconcebible» y una «frivolidad» de Jiménez.
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