miércoles, 22 de octubre de 2008

Garzón al Abordaje


La apatía mostrada por los dos colectivos vascos más representativos (Centro Vasco de la Ciudad de México y la asociación Vascos México de Querétaro) ha permitido que el estado español haga y deshaga a su conveniencia, exportando la represión que sufre el pueblo vasco a los países que acogieron a refugiados y exiliados que huían del clima de violencia implementado por Madrid en Euskal Herria.

Resulta extraño que justo cuando la vedette jurídica Baltasar Garzón se encuentra "defendiendo" su auto en contra de los crímenes del Franquismo se de tiempo para iniciar esta nueva cruzada en tierras mexicanas. En esta nota al respecto publicada por La Jornada he resaltado las claras violaciones a los derechos humanos de los presos políticos vascos por parte de la maquinaria represiva española en general y Baltasar Garzón en particular:

Sospecha Garzón que empresa mexicana acoge a etarras

Armando G. Tejeda

El juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón dictó hoy un auto de procesamiento en el que desliza una serie de “sospechas” sobre la supuesta actividad y “negocios” de la organización armada vasca ETA en México. Según el magistrado, ETA tendría en México “un grupo industrial maderero” para “acoger” a etarras huidos, además de acusar a “ciudadanos mexicanos” de recibir “con pleno conocimiento y voluntad” fondos del grupo armado para el mantenimiento de una “estructura estable” y “plenamente desarrollada en México”.

El magistrado español emitió un auto de procesamiento contra siete acusados por su presunta pertenencia a ETA, entre ellos los seis vascos extraditados de México en 2006, después de un largo proceso judicial y de que permanecieran encarcelados varios años.

Se trata de Juan Carlos Artola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui, José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano García. El eslabón entre ETA y el llamado “colectivo de México” era, siempre según el juez español, Juan Ángel Otxoantesana, detenido y procesado en Francia por su presunta implicación en una trama de lavado de dinero procedente de la organización armada.

Garzón dictó este auto de procesamiento a sólo unos días de que se cumpliera el tiempo límite que permite la legislación para mantener detenida a una persona antes de ser sometida a juicio por los delitos imputados, que es de dos años. El auto procesal pretende cumplir dos objetivos: evitar que sean puestos en libertad los detenidos y adelantar el argumento que defenderá el magistrado ante la sala de lo penal del mismo órgano judicial, que será la que finalmente dicte sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de los detenidos en los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El juez español desarrolla en un auto corto y sin pruebas adjuntas una teoría sobre la estancia de los seis ciudadanos vascos extraditados por México, al tiempo que da los nombres de las empresas que supuestamente todavía utiliza ETA para dar cobijo a la “estructura estable” que tiene en México, según Garzón.

El magistrado da los nombres y la sede social de las empresas bajo sospecha, que son Tableros y Chapas de Puerto Escondido, Maderería Modelo de México, Industrial Maderera Autopista de Cuautitlán y Puertas Finas de Madera Monte Albán. Desde estas empresas, siempre según Garzón, ETA desarrolló una estrategia para “legalizar” a sus miembros huidos y, al mismo tiempo, “blanquear” dinero para mantener la supuesta “estructura estable” que tendría en México.

Además otorga una función específica a los detenidos en el país, una vez que a Artola lo sitúa como el máximo responsable del colectivo para todo México, mientras que los demás eran los responsables de su región: Alberdi, en Puebla; Arronategui, en Nuevo León; Urquijo, en Quintana Roo; Gorrotxategui, en Oaxaca, y García, en ciudad de México. El juez investiga el destino dado a 200 mil dólares entre 2001 y 2002.

Pero el magistrado español va más allá, al acusar a ciudadanos mexicanos de “colaborar” con ETA, al sostener que los detenidos utilizaban cuentas bancarias en entidades financieras bajo identidades falsas, y que también depositaban el dinero en cuentas de ciudadanos mexicanos, “con pleno conocimiento y voluntad” de éstos.


Durante la campaña en defensa de los Seis de México se denunció precisamente que España iba a violar un principio jurídico denominado Juicio Expedito que obliga a la parte acusadora, en este caso al gobierno español, a llevar a juicio a los acusados en tiempo y forma. Garzón viola doblemente los derechos de los seis vascos al no tomar en cuenta en el periodo mencionado el tiempo que estos estuvieron encarcelados en México pendiente la extradición.

¿Acaso no pudo integrar el expediente este juez tan ducho durante todo el tiempo que los vascos estuvieron presos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México?

Lo que buscan los españoles al retardar los procesos es castigar añadidamente a los presos políticos vascos dándole así la vuelta a lo dictado por la propia ley española y a lo convenido en los tratados internacionales en materia de defensa de derechos humanos.

Finalmente, todo parece indicar que Baltasar Garzón prepara otra operación represiva en México, recordemos que cuenta con la complicidad del aparato implementado por Vicente Fox que incluye a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SIEDO y a la Suprema Corte de Justicia.






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