martes, 28 de febrero de 2006

El Topo

Aznar y los represores españoles tienen un topo en la SCJN.

Lean la nota que apareció hoy en La Jornada:


Pospone la Corte discusión sobre juicio de amparo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La permanencia en México de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte desde 2003 se ve complicada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión de su caso a partir de la propuesta del ministro Guillermo Ortiz Mayagoytia, respecto a declarar constitucional el tratado de extradición entre México y España y ratificar como legal su envío al país ibérico, donde se les acusa de tener vínculos con la organización separatista ETA.

Ayer, de manera imprevista, el ministro Ortiz Mayagoytia, encargado de la ponencia del caso, solicitó al presidente sustituto de la Corte, Juan Díaz Romero, que se pospusiera la discusión del proyecto relativo al juicio de amparo en revisión de los vascos, debido a que no se encontraba presente en la sesión el ministro Mariano Azuela.

Sin dar lectura al sentido del dictamen, el pleno acordó posponer el caso hasta el regreso del presidente titular de la Corte.

La sesión en que se iniciará la discusión de ese asunto posiblemente se efectuará el próximo 9 de marzo, revelaron fuentes judiciales de primer nivel, ya que Azuela estará ausente esta semana y la próxima los ministros estarán comisionados y suspenderán la sesión del pleno.

Según las fuentes consultadas, la propuesta que se pondrá a consideración del máximo tribunal del país, de cuyo dictamen ya tienen copia los 11 ministros, no ha alcanzado unanimidad, y se prevé que el voto de un ministro sea el que destrabe la discusión, después de varios días de sesiones sobre el caso.

El dictamen elaborado por Ortiz Mayagoytia echa por tierra los alegatos jurídicos que ofreció la abogada Bárbara Zamora, defensora de Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola, Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, José María Urquijo y Asier Arronategui.

Según el proyecto de resolución al que tuvo acceso La Jornada, el tratado de extradición firmado entre México y España -el cual prohíbe a los jueces mexicanos analizar cuestiones procesales, como el tema de la probable responsabilidad de un delincuente y el cuerpo del delito que se impute a un extraditable- es constitucional y en nada afecta las garantías de audiencia que prevén las leyes mexicanas para cualquier inculpado.

El proyecto también avala la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en agosto de 2004 autorizó la extradición a España de los acusados de ser miembros de ETA.

Entre los agravios que planteó Bárbara Zamora para frenar la extradición de sus clientes destacan: que el envío de los acusados a España es inconstitucional, porque la solicitud de extradición en su contra no fue firmada en su momento -como ordena el tratado en la materia- por el embajador del país ibérico en México, sino por un agregado comercial; que les están aplicando penas que no son homologables en nuestro país, y que el tratado de extradición respectivo establece que ésta debe negarse cuando los presuntos delitos se hubieran cometido en la jurisdicción mexicana, como sería el caso.

De acuerdo con las fuentes de la SCJN, la discusión sobre el caso, que empezará el próximo 9 de marzo, tardará varias sesiones en destrabarse.

Primero, los ministros tendrán que discutir y resolver si el tratado de extradición entre México y España viola la Constitución de nuestro país, y después revisarán si en el procedimiento de extradición a que estuvieron sujetos los ciudadanos vascos desde julio de 2003 se respetaron sus derechos procesales.

Los seis presuntos miembros de ETA fueron detenidos en julio de 2003, en diversas entidades de la República. Desde entonces permanecen detenidos en el Reclusorio Norte y en el penal femenil de Santa Marta.

En una entrevista efectuada hace tres semanas, Bárbara Zamora -quien en casi tres años de litigio en tribunales ha recibido al menos 11 negativas del Poder Judicial Federal de proteger mediante amparos a sus seis defendidos- aseguró que si sus clientes son extraditados a España podrían recibir malos tratos del gobierno español, y "eso se lo comentamos a varios integrantes del máximo tribunal del país, y el día que nos entrevistamos con el ministro Salvador Aguirre Anguiano dijo que esas eran pamplinas, porque la Organización de Naciones Unidas había venido a decir cosas a la Corte que eran increíbles".

En otro orden, durante la sesión de la Corte de ayer los ministros emitieron el criterio en materia de extradiciones de que la SRE está obligada a valorar todos los argumentos emitidos por un juez de distrito antes de resolver si procede otorgar a una persona en extradición.

Dicho criterio quedó establecido al conceder amparo a un mexicano acusado de haber incurrido en robo en Estados Unidos, para el efecto de que la cancillería mexicana revise su caso, y antes de volver a emitir un resolutivo, analice los argumentos de un juez de distrito que en su momento opinó que no procedía la extradición del inculpado, porque la petición del gobierno estadunidense no cumplió con todos los requisitos del tratado de extradición.

Este es el primer amparo que concede la SCJN de siete juicios similares que ha revisado durante las pasadas tres semanas.

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