A los troskos mexicano Pedro Miguel, Rafael Barajas, Guillermo Almeyra y Antonio Helguera, a quienes tanto les asquea la actividad armada de los "etarras", debieran estar preocupados y ocupados por el alcance extraterritorial que se está escenificando en México en este momento, mismo que deja en claro la conculcación de derechos a los que Madrid somete a la población vasca un día sí y el otro también.
El mismo Pedro Miguel, quien en su momento festejó la razzia llevada a cabo en días recientes aduciendo la irrelevancia de ETA, para, un par de días después lamentar que cuatro renombrados chefs vascos hubiesen sido acusados de "colaboración con banda armada" sin mencionar que dichas acusaciones se habían generado a partir de confesiones por tortura extraídas a uno de los detenidos en la razzia, José Luis de Beotegi.
En el mismo texto, Pedro Miguel se mete a abogado defensor de un periodista anónimo mencionado por el propagandista de la derecha española más rancia Pedro J. Ramírez sin hacer mención de Iñaki Uria, encarcelado en el caso Egunkaria a quien se le otorgó libertad provisional después del pago de una cuantiosa suma de dinero, lo cual se puede considerar un auténtico expolio en contra del pueblo vasco.
Pues bien, para que una los puntos en el tema del expolio, invitamos a Pedro Miguel a poner bajo la lupa la miserable actuación por parte de los magistrados Guadalupe Olga Mejía Sánchez, Guillermo Velasco Félix y Horacio Amado Hernández Orozco, quienes no conformes con pisotear las garantías constitucionales de los seis vascos hoy sujetos a proceso de extradición, al más puro estilo españolista, proceden a multarlos por el atrevimiento de defenderse.
Lean ustedes esto que publica La Jornada:
Improcedente, recurso de incompetencia que promovieron los seis vascos presos
La decisión del tribunal evidencia que hay consigna de la SRE, señala la defensa
Alfredo Méndez OrtízEl tercer tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal determinó que es improcedente el recurso de incompetencia que promovieron los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte, con la finalidad de que no fuera el juez quinto de distrito A de amparo, Rafael Zamudio Arias -al que consideran de consigna-, quien estudiara y resolviera el juicio de garantías más importante para los quejosos, ya que es la última herramienta jurídica que tiene para evitar su extradición a España, informó la abogada Bárbara Zamora, defensora de éstos.
Agregó que el tribunal determinó además multar a los vascos por considerar que su petición era "ilógica" e "infundada", lo cual "nos confirma que hay una clara consigna de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que sea el juez que nos ha negado 14 amparos quien resuelva la demanda que pusimos contra la cancillería, que mantiene detenidos ilegalmente" a sus clientes.
No obstante, la litigante aclaró que los motivos fundamentales en que basó su resolución el órgano jurisdiccional, así como el monto de la multa que deberán pagar los quejosos, se conocerán en los próximos días, una vez que se firme la sentencia y se termine el engrose (análisis) del expediente.
La abogada calificó de "indigna" la resolución del tribunal, porque "ahora resulta que no pueden defenderse (sus clientes) con los recursos que prevé la ley, porque si lo hacen los multan. Eso me parece aberrante".
El recurso de impedimento fue revisado y rechazado el pasado viernes durante la sesión de los magistrados del tercer tribunal colegiado, Guadalupe Olga Mejía Sánchez, Guillermo Velasco Félix y Horacio Amado Hernández Orozco.
La abogada Bárbara Zamora interpuso el recurso en representación de sus defendidos bajo el argumento de que el juzgado quinto de distrito no debe conocer el amparo más importante para sus clientes, en virtud de que el titular de ese órgano ya tiene un criterio definido respecto a cómo actuar en cualquier juicio relacionado con la extradición de los vascos.
Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz fueron detenidos por la Procuraduría General de la República en julio de 2003, en varios estados del país.
°
No hay comentarios.:
Publicar un comentario