Los Derechos Fundamentales Vascos

Amnistía Internacional ha vuelto a pronunciarse en defensa de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco ante la intensificación en la embestida españolista contra Batasuna.

Así lo informa La Jornada:

Exige AI a los gobiernos de España y el País Vasco respetar los derechos fundamentales en Euskadi

No mediará en el conflicto, afirma el presidente de Cataluña, Jordi Pujol; pide diálogo

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al gobierno de España, presidido por José María Aznar, y a las autoridades vascas "asegurar" en Euskadi el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el de protesta pacífica, en vísperas de una manifestación convocada en Bilbao y que el juez Baltasar Garzón asegura es una actividad "orgánica de la organización terrorista ETA".

La organización de defensa de los derechos humanos señaló, además, que el auto judicial emitido el pasado 2 de septiembre por Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, "parece prohibir ese tipo de actos", pero sus alcances no quedan claros.

En el comunicado, AI se refirió por segunda vez en cuatro meses al proceso abierto para declarar ilegal a la coalición separatista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser el brazo político de ETA, y por lo tanto de formar parte de la estructura de una organización terrorista.

Mientras que en el primer pronunciamiento, en mayo pasado, AI mostró su preocupación por el contenido de la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc por el gobierno español y la oposición socialista para disolver la formación vasca, en esta ocasión manifestó su inquietud por la amenaza de que sean "socavados" los derechos básicos.

En vísperas de la manifestación del próximo sábado en Bilbao -convocada bajo el lema "Arriba el País Vasco" y en protesta por la "vulneración de los derechos civiles"- AI instó en su comunicado de este jueves a "las autoridades españolas y vascas a asegurar que los derechos fundamentales de expresión y protesta no se vean socavados por recientes iniciativas legislativas que parecen prohibir este tipo de actos".

No obstante, este mismo día Garzón comunicó al gobierno vasco del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe que "es ETA la que está, por medio de varios responsables, en la convocatoria y preparación" de la protesta, por lo que pidió que se "tomen las medidas que considere oportunas para prevenir la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

Según el magistrado, "no se trata de una manifestación para discrepar o criticar las resoluciones judiciales, ni para protestar por la fatal de libertad de expresión, reunión y manifestación", sino que es una "clara actividad orgánica de la organización terrorista" ETA.

Garzón dijo basarse en un informe realizado por el servicio de inteligencia español, si bien hasta ahora la protesta cuenta con la aprobación del gobierno vasco.

La comunicación de Garzón va en el mismo sentido de al menos dos autos previos, en los que llegó incluso a declarar "ilegal" cualquier tipo de manifestación pública o privada que estuviera "inspirada o impulsada" por Batasuna.

Es precisamente a ese auto al que hace referencia AI, al señalar que cuando Garzón declaró en agosto pasado la suspensión de todas las actividades y el embargo de las cuentas bancarias de Batasuna, se estableció "que la prohibición de celebrar manifestaciones impuesta al grupo nacionalista vasco no abarcaba los actos organizados por otros partidos o individuos".

No obstante, "no ha quedado claro el alcance concreto de las diversas medidas adoptadas y se ha censurado al gobierno vasco por permitir la celebración de una manifestación pacífica el fin de semana pasado", agregó el organismo, en alusión a la concentración popular que se celebró el domingo pasado en San Sebastián, a pesar de que no estaba autorizada, y que reunió a unas 2 mil personas.

"Las autoridades españolas y vascas deben aclarar esta cuestión y asegurar que seguirán protegiendo derechos reconocidos internacionalmente", señaló.

Sin embargo, Amnistía Internacional matizó que "reconoce que tanto las autoridades españolas como las vascas tienen derecho a adoptar medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en su territorio".

También recordó que ha condenado "en forma reiterada e inequívoca la ininterrumpida campaña de homicidios de civiles de ETA, así como los numerosos actos de intimidación políticamente motivados y los incidentes de violencia callejera que, a lo largo de los años, han venido poniendo en peligro la vida de miembros de la población".

Pero, advirtió, "los abusos cometidos por ETA no deben utilizarse como excusa para justificar la erosión de las libertades fundamentales. Cuando nos enfrentamos a graves abusos contra los derechos humanos, la defensa de estas libertades se vuelve aún más importante".

Poco después de ordenarse la suspensión de las actividades públicas, privadas e institucionales de Batasuna, AI recibió la información de que la policía autónoma vasca había clausurado las oficinas en Bilbao de Torturaren Aurkako Taldea, grupo vasco contra la tortura, así como la oficina de Etxerat, organización de familiares de presos vascos, dos hechos por los que manifestó su preocupación.

Entre tanto, en Bruselas el presidente del gobierno regional de Cataluña, Jordi Pujol, aseguró que no mediará en el conflicto en Euskadi, porque "son los vascos los que tendrán que discutir entre ellos".

Además, "los vascos tendrán que hablar con el gobierno español o el gobierno español hablar con los vascos, pero al final tendrá que haber un diálogo general", citó Dpa.

Más policías a las calles

En otro orden de cosas, el vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Interior, Angel Acebes, dieron a conocer este jueves el plan de lucha contra la delincuencia anunciado por el presidente Aznar en su reciente informe, presentado ante militantes del gubernamental Partido Popular como la herramienta que permitirá "barrer las calles" españolas de delincuentes.

El proyecto consiste en incorporar en menos de dos años a 20 mil nuevos miembros al cuerpo policial, así como aumentar la plantilla de jueces y fiscales, y dotar de mejor tecnología a los cuerpos policiales para "intensificar la eficacia policial".

El plan del gobierno español también pretende modificar la legislación para afrontar temas como la violencia doméstica o de género, así como para aumentar las penas contra delincuentes reincidentes.

Además, prevé modificar el estatuto de los extranjeros con vistas a facilitar jurídicamente su expulsión de España cuando cometan algún delito.

El titular de Justicia precisó en este sentido que los extranjeros que cometan delitos que puedan conllevar condenas inferiores a seis años serían expulsados "inmediatamente" de España. 

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