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domingo, 15 de septiembre de 2002

La Ilegítima Legalidad Española

Les presentamos el editorial que La Jornada dedica a lo ocurrido en Bilbo en recientes horas, donde las fuerzas policíacas han reprimido duramente una manifestación convocada por representantes de la sociedad civil en favor de los derechos civiles del pueblo vasco dentro del contexto de la criminalización e ilegalización de Batasuna por parte de Madrid.

Adelante con la lectura:


País Vasco: lo legal y lo legítimo

Decenas de miles de vascos independentistas desfilaron ayer en Bilbao en una marcha pacífica, considerada legítima por el gobierno autónomo vasco pero declarada "actividad terrorista" por el juez español Baltasar Garzón. Esa marcha fue reprimida violentamente por la policía vasca justo cuando los manifestantes se retiraban. La manifestación había sido convocada por intelectuales de diversas posiciones y orígenes políticos, unidos para protestar por la embestida judicial y gubernamental contra el independentismo radical, y el auto del juez Garzón se apoyó sólo en la muy discutible tesis de que la decisión de participar en la misma de Arnaldo Otegi, líder del partido Batasuna, ilegalizado por ser acusado, sin pruebas, de ser el brazo político de ETA, transformaba la marcha y a todos los manifestantes en instrumento de esa organización terrorista.

Este caso plantea diversas preguntas: ¿es posible borrar de un plumazo los derechos civiles de 10 por ciento de los electores de un país (pues tantos son los que votaron por Batasuna y eligieron concejales y diputados de esa organización)?; ¿es posible prohibir el derecho constitucional a manifestar y a circular?; ¿ la asistencia de una persona a un lugar o un acto público o el llamado de una organización declarada ilegal a asistir a los mismos convierte automáticamente en ilegal dicho acto o dicho lugar, por ejemplo, hasta los cines, los conciertos, las procesiones?; ¿lo legal puede entrar en contradicción con lo legítimo, pues las autoridades vascas consideraron legítima la marcha que el juez Garzón declaró "terrorista", o sea, ilegal y subversiva?; ¿se combate el terrorismo poniendo fuera de la ley a 10 por ciento del electorado, que con el mismo criterio podría ser el 70 o 90 por ciento, y empujando a la vía ilegal y clandestina a quienes actuaban legalmente y ocupaban cargos en las instituciones parlamentarias?

El repudiable terrorismo de un puñado de nacionalistas vascos, en este caso los miembros de ETA, ¿autoriza el terrorismo del Estado español contra todos los nacionalistas vascos, al extremo de pasar por sobre las decisiones del gobierno autónomo y de la justicia del País Vasco, aunque el Partido Nacionalista Vasco sea independentista, sí, pero moderado, conservador, antiterrorista? ¿Tiene razón el consejero vasco de Vivienda, perteneciente al estatal partido Izquierda Unida -y adversario del terrorismo y de ETA- cuando sostiene que el juez Garzón carece de pruebas solventes para disolver ese tipo de manifestaciones y podría haber incurrido por lo tanto en prevaricación y abuso del poder? Además, la total sincronía entre José María Aznar y la camarilla belicista encabezada por el dúo Dick Cheney-George W. Bush en lo que se refiere a la construcción mediática de un "eje del mal", ¿significa el fin de la soberanía del Estado español y la aceptación de la falsa y fatal amalgama entre los nacionalismos y el terrorismo, y entre los diversos tipos de terrorismo y Al Qaeda? ¿Todos los nacionalismos son terroristas, salvo el que promueve Bush? ¿No hay terrorismos explicables, como el que luchaba contra los franceses por la liberación de Argelia, contra los franceses y los estadunidenses por la liberación de Viet Nam, contra los fascistas blancos sudafricanos para suprimir el apartheid en Sudáfrica? ¿No eran acaso terroristas, para las monarquías respectivas, los que lucharon por la Independencia, incluida la de Estados Unidos? Es evidente que el pretexto del terrorismo está siendo utilizado, en España como en Estados Unidos, para golpear fuertemente los derechos civiles. Pero eso sólo ayuda al terrorismo pues cierra las vías legales de la expresión del disenso y de la búsqueda de soluciones políticas. Por el contrario, la democracia quita justificación a la violencia. Por consiguiente, no sólo por razones éticas y democráticas la violencia de Estado es intolerable: lo es también porque empuja al caos, a la ley del Talión, a la dictadura o la anarquía.

 

 

 

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