Anular Condenas por Tortura

Durante décadas Euskal Herria vivió el terror desatado por la estrategia de tierra quemada a la que recurrió el régimen español en contra del derecho de los vascos a su autodeterminación. Durante este periodo, los españoles secuestraban, incomunicaban, torturaban y llevaban a juicio a personas por autoinculpaciones extraídas mediante la tortura, de esto se derivaban largas condenas, dispersión y aislamiento. Las víctimas de dicha estrategia suman miles.

El caso de Iratxe Sorzabal ha puesto todo lo anterior de manifiesto.

Lo decente sería proceder a determinar cuantas personas aún en las mazmorras deben de ser liberadas inmediatamente por ser víctimas de tortura.

Pero el régimen español es indecente por antonomasia.

Dicho lo anterior, les invitamos a leer esto publicado por Naiz:

La Red de Personas Torturadas insta tras el caso Sorzabal a anular condenas basadas en tortura

La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha valorado que el fallo de la Audiencia Nacional en el que absuelve a Iratxe Sorzabal de un atentado reconociendo que fue «sometida a tratos inhumanos» debería «marcar un punto de inflexión para anular las condenas sustentadas en autoinculpaciones».

Ainara Lertxundi

En una nutrida comparecencia realizada este sábado en Donostia frente al Palacio de Justicia, la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha valorado que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional española en la que absuelve a Iratxe Sorzabal de la colocación de un artefacto en Irun en 1995 –reconociendo que «la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001» cuando fue arrestada por la Guardia Civil– debería «marcar un punto de inflexión para anular las condenas sustentadas en pruebas construidas mediante la tortura».

Y ha lanzado la siguiente pregunta-reflexión: «¿Cuántas personas hemos sido condenadas a lo largo de estas décadas y cuántas están todavía en prisión como consecuencia de autoinculpaciones forzadas bajo tortura?».

En su sentencia del pasado 8 de mayo, la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional reconoce que el manuscrito escrito posteriormente en el que venía a reconocer la autoría de los hechos es «nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban, sin que exista ninguna otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece».

Y recuerda que Sorzabal no ratificó su autoinculpación en sede judicial, en donde se limitó a declarar que las mismas habían sido bajo tortura.

«La Audiencia ha resuelto que fue torturada para conseguir su autoinculpación. En consecuencia, considera que tanto la inculpación como el resto de elementos contaminados por la tortura no pueden tener valor probatorio», han incidido Amaia Urizar y Metxe González, quienes en nombre de la Red han leído el comunicado en euskara y castellano.

«¿Cuántas de nosotras habríamos sido absueltas si se hubiera reconocido que fuimos torturadas?»

«Creemos que esta sentencia es un hecho de suma importancia, que debe marcar un punto de inflexión en el reconocimiento y reparación de la tortura», insisten, al tiempo que se preguntan «cuántas de nosotras habríamos sido absueltas si, como hace ahora esta sentencia, se hubiera reconocido que fuimos torturadas».

«Es una injusticia doble: hemos sufrido el dolor físico y psicológico ocasionado por la tortura y, además, muchas de nosotras hemos tenido que afrontar condenas de prisión a consecuencia de la tortura», han remarcado, a lo que añaden: «Hasta ahora apenas se ha tomado en consideración esta realidad que tanto dolor ha generado y que sigue generando también hoy en día».

«La propia Iratxe sigue en prisión y, como ella, muchas otras personas que han sido torturadas. Iratxe estaría en la calle si en el primer juicio en el que fue condenada se hubieran seguido los criterios que ha establecido esta última resolución, estaría en la calle si en aquel juicio se hubiera reconocido que fue torturada», han insistido.

La Red reitera que es «una buena noticia» que este tribunal que «ha negado y posibilitado la tortura durante décadas» haya reconocido «por primera vez vez el uso de la tortura contra una ciudadana vasca».

«Esta sentencia viene a confirmar lo que venimos denunciando» desde la Red de Personas Torturadas en Euskal Herria, que hace un llamamiento a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a que «abran una reflexión al respecto e intervengan en la búsqueda de vías de solución».

«Ahora que el reconocimiento de la tortura poco a poco se va abriendo camino, la sociedad vasca no puede asumir que siga habiendo gente en prisión a causa de autoinculpaciones forzadas mediante la tortura», han manifestado.

En su comparecencia, la Red también ha querido transmitir todo su apoyo a Sorzabal. «Estamos contigo, somos miles y decimos en alto y claro: esta sentencia nos refuerza en nuestra lucha por el reconocimiento colectivo de la tortura», han manifestado.

«Carácter sexista» de la tortura

Urizar y González también han puesto el foco en el «carácter sexista» de la tortura, que «se manifiesta claramente en el caso de Iratxe».

«Como Iratxe, la mayoría de las mujeres que hemos padecido tortura hemos sufrido en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado español tortura política-sexual: Incomunicación, amenazas de agresiones sexuales, interrogatorios estando desnudas, tocamientos, cuestionamiento de la orientación sexual, violaciones, torturas psicológicas y vejaciones sufridas como militantes políticas», han recordado.

Lamentan y denuncian que «todo ello sigue negado y silenciado en Euskal Herria a nivel político y público».

Consideran que «es hora de asumir responsabilidades públicas» porque «la aplicación de la tortura ha sido sistemática».

«Se ha ejecutado y justificado bajo el amparo de toda una estructura plenamente operativa, y las responsabilidades van más allá de las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Responsabilidades que abarcan, según han destacado en la rueda de prensa, a «jueces, médicos forenses, medios de comunicación, fuerzas políticas...».

Llamamiento a instituciones y a Lakua

Consideran, por tanto, que «la asunción pública de esta responsabilidad es necesaria para avanzar en el reconocimiento y reparación de personas torturadas».

Es por ello que hacen un llamamiento al Gobierno de Lakua para que «abra la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación» ampliando en la CAV su ámbito temporal para que «la personas torturadas puedan tramitar sus solicitudes de reconocimiento oficial. Para que Sorzabal y cientos de personas torturadas más podamos denunciar nuestros casos».

 

 

 

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