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sábado, 15 de julio de 2006

Acerca del Caso "Egin"

Esta nota acerca de como el régimen franquista que gobierna al estado español está en contra del derecho de opinar ha sido publicada en Gara

La injusticia llega a los tribunales ocho años después del cierre de «Egin»

Esta pasada madrugada se han cumplido ocho años desde que, bajo el pomposo nombre de «Operación persiana», Baltasar Garzón enviara a cientos de policías a cerrar «Egin» y Egin Irratia. Ocho años ha tardado la Justicia española en celebrar el juicio correspondiente, y éste ha permitido que acusados y testigos hayan denunciado de viva voz la injusticia cometida con un proyecto popular que no olvidan.

En la noche del 14 al 15 de julio de 1998, secundado por cientos de policías españoles y encaramado a la estrategia del «todos a la cárcel» lanzada por el Gobierno de José María Aznar, Baltasar Garzón echó el cierre a “Egin” y Egin Irratia ­también hizo todo lo posible por hundirlos definitivamente­ e hipotecó la vida de muchas personas relacionadas con aquel proyecto periodístico nacido de la sociedad vasca dos décadas antes.

Han tenido que pasar ocho años para que aquella operación político-policial tuviera continuidad en forma de juicio, y éste no ha hecho sino acentuar la sensación de rabia e impotencia que causó aquella injusticia.

En la Casa de Campo de Madrid han declarado los procesados en esta causa, cuyas peticiones de cárcel son las más altas del macrosumario 18/98, y han comparecido también personas que desde dentro y desde fuera conocieron qué fue realmente “Egin”.

Tampoco han faltado testimonios claves como el del administrador judicial del diario o el del responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social de Gipuzkoa.

Frente a la tesis de la Fiscalía, que sostiene que “Egin” era un periódico controlado por ETA, que decidía incluso su línea informativa y los relevos en la dirección, y que tenía una financiación «irregular», acusados y testigos han dado cuenta con conocimiento de causa del nacimiento y desarrollo de aquel proyecto «popular, legítimo y legal» surgido en 1976.

«Todos los periódicos que había entonces eran franquistas, eran de quienes habían apoyado a Franco. En Euskal Herria estábamos asfixiados, y entre todos los proyectos populares que surgieron entonces estaba “Egin”, un proyecto plural con el objetivo de ser un periódico de toda Euskal Herria, la voz de los sin voz». José Luis Elkoro fue uno de los eginzales que se sacudió el bolsillo para fundar el diario y relató a la Sala cómo se gestó el proyecto.

Parecidas palabras han utilizado para describir aquella época quien fuera el primer director de “Egin”, Mariano Ferrer, y el catedrático de la UPV Iñaki Zabaleta, que participó junto a otros compañeros en la distribución del primer número y que colaboraron en la gestación del diario.

Otros ex directores como Xabier Oleaga y José Félix Azurmendi han rechazado que durante su etapa al frente del periódico alguien les hubiera impuesto directrices de ningún tipo o hubiera fijado la línea informativa que debían seguir.

Asimismo, colaboradores de “Egin” han hecho especial hincapié en la absoluta libertad que tuvieron siempre a la hora de elegir temas y redactar sus escritos, explicando que nunca fueron censurados, ni siquiera interpelados, por sus opiniones, algo que a algunos no les ha sucedido en otros medios.

El dramaturgo Alfonso Sastre, el filósofo Javier Sádaba, el periodista Iñaki Berazategi o la cantante Amaia Zubiria han dado fe de ello. «‘Egin’ era un periódico abierto y democrático, donde tenía libertad para escribir lo que quisiera, más libertad que en otros medios», evocó Sádaba.

Sindicalistas como Txutxi Ariznabarreta (LAB), Juan Antonio Korta (ELA) y Jesús Uzkudun (CCOO), o la ex directora de Emakunde, Txaro Arteaga, también han relatado el especial tratamiento que “Egin” daba a la lucha de los trabajadores y de las mujeres.

Acuerdo con la TGSS

La Fiscalía imputa a varios de los imputados un delito de «fraude a la Seguridad Social», sin embargo, al igual que hicieron antes los acusados, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, ha confirmado que el diario alcanzó un acuerdo con esta institución para pagar la deuda. Trecet expresó su convicción de que, si no se hubiera producido el cierre, la deuda hubiera sido saldada. Garzón impidió que sucediera, y meses después de aquel acuerdo ordenó cerrar el periódico.

También el boicot institucional que de forma expresa sufrió “Egin” ha sido denunciado ante el tribunal especial.

“Egin”, en cualquier caso, sigue estando en la memoria de mucha gente en Euskal Herria, como demuestra el apoyo que los procesados recibieron en Madrid de los organismos sociales que tuvieron voz en el periódico. Con el mismo objeto han acudido a la Casa de Campo ex trabajadores del diario. Como hicieron los directores de GARA, Josu Juaristi, y de “Berria”, Martxelo Otamendi, entre otros periodistas.

En el interior del pabellón, resuena la denuncia que jueces y acusación han tenido que oir de testigos y acusados: «“Egin” era un periódico de izquierdas, comprometido, la voz de los sin voz, y por eso lo cerraron».

La confesion del administrador judicial

Cuando en julio de 2003, cinco años después del cierre de “Egin”, responsables del periódico pudieron acceder por primera vez a las instalaciones precintadas, se encontraron ante una deprimente visión que en nada se parecía a lo que recordaban.

La humedad y el moho ocupaban lo que tiempo antes había sido su lugar de trabajo. Pasillos inundados, techos derrumbados, maquinaria inservible y, además, claras evidencias de que los locales habían sido saqueados por sus supuestos guardianes.

El pasado 23 de mayo, el administrador judicial nombrado por el juez Garzón, Antonio López, reconoció que, a pesar de ser «muy consciente» del deterioro de aquellos bienes, no hizo nada para ponerle remedio.

De hecho, ni siquiera había echado un vistazo al video y a las fotografías que entregó la defensa hace tres años y que guardaba en su despacho.

Explicó que fue el propio Baltasar Garzón quien, con sus medidas cautelares, impidió que se pudiera hacer nada para poder salvar el periódico.



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