Continúa el infierno de los detenidos en México - tanto vascos como mexicanos - por órdenes de un régimen extranjero, en este caso, uno con un muy pobre historial democrático, por no decir nulo.
Nos estamos refiriendo, por supuesto, al régimen borbónico franquista, mismo que ha aprovechado la corrupción rampante de la clase política mexicana para echarse a la bolsa lo mismo a presidentes - Ernesto Zedillo y Vicente Fox - que a procuradores o a jueces.
Este artículo de La Jornada aporta información acerca de lo que está ocurriendo tanto con Lorenzo Llona Olalde como con los nueve de la denominada Operación Donosti.
Adelante con la lectura:
Fox debe evitar la injusta extradición de Llona, reclama Bárbara Zamora
Seis ciudadanos vascos podrían quedar libres este lunes
AMOEste viernes, la defensa del ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde presentó una solicitud de amparo contra la decisión del juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo, que el pasado miércoles consideró factible su extradición a España.
La abogada Bárbara Zamora indicó en entrevista que agotará todas las instancias legales que le quedan a Llona Olalde -detenido en Zacatecas el pasado 26 de abril-, y exhortó al presidente Vicente Fox a que se manifieste en contra de la extradición de su cliente, porque "es una injusticia la que se está cometiendo con Llona".
En otro orden, el juez quinto de distrito A de amparo en materia penal, Rafael Zamudio, ordenó que si el próximo lunes las autoridades de España no presentan la petición formal de extradición en contra de seis ciudadanos vascos (a los que Madrid señala como presuntos integrantes de ETA) los ahora detenidos sean liberados de manera inmediata.
De acuerdo con el tratado de extradición entre México y España, cualquier solicitud en la materia que realicen entre sí ambos países deberá formalizarse en un periodo de 45 días naturales, a partir del momento en que sea detenida la persona requerida. Sin embargo, la norma establece que de ser necesario, y con base en argumentos jurídicos, el periodo puede extenderse otros 15 días hasta sumar un total de 60.
En el caso de los seis ciudadanos vascos detenidos el pasado 18 de julio a solicitud del gobierno español, los 45 días correspondientes vencen el próximo lunes, y según Bárbara Zamora, hasta el momento no se han presentado las pruebas necesarias para extender el plazo, por lo que si Madrid no envía antes del primero de septiembre la solicitud formal de extradición, los seis ciudadanos vascos deberán recuperar su libertad. Sin embargo, la litigante no descartó que minutos antes de que venza dicho plazo, las autoridades "nos salgan con una trastada ilegal".
Fuentes del Poder Judicial indicaron a La Jornada que el juzgado segundo de distrito en materia penal --que lleva la causa de los seis vascos presos en el Reclusorio Norte- ya tuvo conocimiento del acuerdo que emitió el juez de amparo, y agregaron que dicho juzgado no había recibido hasta el cierre de esta edición la petición formal de extradición contra José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorrtxategi. A todos ellos se les responsabiliza de integrar presuntamente una célula de ETA en México, que operaba en seis estados, y cuya misión era la constitución de fondos de inversión para allegar recursos a dicha organización.
Como se recordará, los seis detenidos gozan de una suspensión provisional que los protege de ser trasladados a España de manera inmediata; es decir, sin que haya concluido el proceso de extradición correspondiente.
Entretanto, el proceso de extradición que enfrenta Lorenzo Llona se encuentra en su etapa definitoria. Desde el pasado jueves el caso está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que deberá decidir en los próximos días si concede o cancela la extradición del ciudadano mexicano.
La abogada Bárbara Zamora dijo en entrevista que confía en que el juez de amparo que analizará si procede el recurso que interpuso ayer en favor de su cliente analice a detalle las pruebas de descargo que en su momento presentó ante el juzgado 15 en materia penal, pero que "el juez (Ranulfo Castillo) no tomó en cuenta".
Además, refirió que el titular del Ejecutivo federal tiene la última palabra, pues según el artículo 14 del tratado de extradición el Presidente de la República está facultado para impedir que un connacional sea extraditado, si así lo considera conveniente.
Llona Olalde se naturalizó mexicano en 1993. No obstante, si la cancillería decide que procede la extradición, la defensa adelantó que interpondría otro amparo contra esa determinación, y de ser necesario, recurriría hasta un tribunal colegiado.
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