Recordemos que Lorenzo Llona no es la única víctima del abyecto colaboracionismo por parte del presidente mexicano Vicente Fox, antes de él hubo decenas y más recientemente la cruzada represiva ha terminado por afectar a diez personas, entre ellos, cuatro vascos, dos mexicanos naturalizados y tres mexicanos, con lo cual Madrid pisotea la ya de por sí maltrecha soberanía mexicana.
Con respecto a los nueve afectados por la Operacón Donosti ordenada por el represor español Baltasar Garzón, aquí una actualización vía La Jornada:
No hay elementos: litigante
Interpone defensa de Pedro Ulises Castro Vargas amparo contra arraigo domiciliario
AMO
La defensa de Pedro Ulises Castro Vargas, uno de los tres mexicanos detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a sus presuntos vínculos con la organización vasca ETA, solicitó un amparo contra la orden de arraigo domiciliario por 90 días que enfrenta desde el 21 de julio, por orden del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio norte, mientras el Ministerio Público Federal (MPF) determina su situación jurídica.
De esta forma, será el juez sexto de distrito B de amparo en materia penal, Alejandro de Jesús Baltazar Robles, quien determinará si concede o no el beneficio a Ulises Castro, arraigado en una casa de seguridad de la PGR ubicada en el sur de la ciudad de México.
Entretanto, una fuente del Poder Judicial informó a La Jornada que los abogados de oficio de los otros dos mexicanos (María del Pilar Sosa Espinosa y Noé Camarillo Cantú) que fueron aprehendidos durante el operativo Donostia efectuado por miembros de la Agencia Federal de Investigación en varios estados de la República entre los días 18 y 19 de julio, y que también se encuentran bajo arraigo domiciliario, continúan a la espera de que el MPF les notifique si ejercita acción penal en contra de ellos.
La semana pasada, los abogados de Sosa y Camarillo interpusieron amparos en contra de la orden de arraigo, pero un juez federal se los desechó con el argumento de que fueron presentados cuando la medida precautoria ya había sido ejecutada. Por ese motivo, cabe la posibilidad de que el amparo que solicitó la defensa de Castro Vargas pueda ser rechazado bajo el mismo argumento.
Por su parte, la defensa de Pedro Ulises indicó que la PGR sólo le ha dado acceso a parte del expediente, y refirió que ''hasta donde se me permitió ver'', el MPF intenta vincular a su cliente con Ernesto Alberdi Alejalde -uno de los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en el Reclusorio Norte con fines de extradición-, debido a que ambos tenían una cuenta bancaria mancomunada que "utilizaban para los depósitos que sus clientes hacían a la empresa que tenían juntos. Eso no es un delito".
Agregó que si la PGR tuviera elementos para ejercitar acción penal contra su cliente y comprobarle que tuvo vínculos con ETA, desde que fue detenido lo hubiera consignado ante un juez federal. "Es claro que no existen elementos para acusarlo, y por ello es injusto el arraigo en su contra", puntualizó.
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