Madrid Politiza la Extradición

Para dejar en claro que el tema de la detención ilegal de nueve personas en México como parte de un operativo represivo ordenado por el juez clown Baltasar Garzón es meramente político, no es el poder judicial español el que solicita la extradición de los seis vascos - dos de ellos naturalizados mexicanos - sino el ejecutivo.

Pero esa no es la única irregularidad en la nota al respecto que ha publicado La Jornada. Resulta que ahora el gobierno del entreguista Vicente Fox se quiere curar en salud y, en caso de que el juicio de extradición no proceda, busca afectar a los detenidos sea como sea, inventado sus propios cargos en contra de ellos.

Esta es la información:

Aprueban en España pedir la extradición de 6 presuntos etarras detenidos en México

La PGR también podría ejercer acción penal por supuesto lavado de dinero

Alfredo Méndez Ortíz y Agencias

El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó ayer pedir a México la extradición de seis ciudadanos de origen vasco detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en territorio mexicano, por su presunta vinculación con la organización vasca ETA.

El vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, informó sobre el acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo del país ibérico, e indicó que en las próximas horas se solicitará formalmente al gobierno mexicano la extradición de José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorrtxategi.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte -donde se encuentran presos los seis presuntos miembros de ETA- habían recibido la petición formal de extradición del gobierno español.

Como se recordará, los seis ciudadanos vascos fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación en varias entidades del país, durante el Operativo Donosti.

Las autoridades españolas los consideran responsables de pertenecer a ETA, y efectuar actos terroristas en España, así como realizar operaciones de lavado de dinero en favor de ese grupo desde México.

Además de lo anterior, la Procuraduría General de la República podría presentar cargos contra los seis ciudadanos españoles, pues la dependencia les aseguró siete cuentas bancarias con 900 mil pesos.

Respecto a los mexicanos Pedro Castro Vargas, María del Pilar Sosa y Noé Camarillo Cantú, quienes también fueron detenidos durante el citado operativo, la PGR aún no determina su situación jurídica, por lo que continuarán bajo arraigo domiciliario.

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