El Consejo de Ministros y la Ley de Partidos

José María Aznar continúa sorteando obstáculos en su personal cruzada en contra de la izquierda abertzale llevando en la mano, cual estafeta, su modificación a la Ley de Partidos Políticos que le permitirá criminalizar e ilegalizar hoy a Batasuna, mañana a cualquier partido político que le incomode, posibilidad que no se contempló en 1978.

Esto es lo que nos reporta La Jornada:

Aznar aprueba anteproyecto de ley que proscribe a Batasuna

Es una "aberración", le responde el gobierno vasco

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, aprobó hoy en la reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de nueva ley de partidos políticos, que busca ilegalizar al considerado brazo político de ETA, Batasuna, y a la que se oponen, con matices, el resto de los grupos parlamentarios.

El gobierno vasco fue el más contundente al considerar una "aberración" la futura norma, que abre las puertas para la disolución definitiva de la coalición de la izquierda separatista vasca, una añeja pretensión de Aznar que en Euskadi fue recibida con una división de opiniones, pues la mayoría considera que esa decisión recrudecerá el histórico conflicto.

Con inusitada celeridad, el gobierno español autorizó el anteproyecto de ley después de incluir escasas modificaciones al texto original, que en esta misma semana recibió el espaldarazo de dos órganos vitales para su aprobación: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, que si bien entregaron al gobierno sendos informes sobre la futura norma, no pusieron objeción alguna a la proscripción de Batasuna, representante de 10 por ciento del electorado de la región.

Cabe destacar que el CGPJ es una institución formada por magistrados que acceden a una banca a propuesta de los partidos políticos, en función de su presencia en el electorado español. La composición del órgano judicial creado después de las elecciones generales de 2000 -en las que el Partido Popular (PP) obtuvo mayoría absoluta- cuenta con 11 jueces promovidos por la derechista formación en el gobierno, ocho por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y dos de carácter independiente. Por primera vez en más de 15 años ningún partido nacionalista, ni catalán ni vasco, pudo proponer a un magistrado.

El proyecto de ley también recibió críticas por algunos expertos constitucionalistas y penalistas españoles, que alertaron sobre todo de los riesgos de vulnerar los derechos esenciales de la libertad de expresión y de asociación política.

Una vez aprobada por el gobierno y refrendada por los órganos consultivos del Estado, la futura normativa, que sustituirá a la firmada en 1978 por todos los partidos políticos que participaron en la transición democrática que dio origen a la actual monarquía parlamentaria, el texto de la ley tendrá que ser debatido en el Congreso de los Diputados. La discusión parlamentaria, que se espera ríspida, podría realizarse la próxima semana. El único partido político que apoya sin restricciones el texto es el PP, por lo que de aprobar la ley en solitario significaría la ruptura del consenso creado a finales de los años 70 en un tema tan sensible como es la regulación de los partidos políticos.

Angel Acebes, ministro de Justicia español, defendió la norma. Adujo que "existe gran consenso social sobre esta ley y pretendemos que vaya acompañado de un gran consenso de los partidos políticos", situación que difícilmente ocurrirá, pues incluso sus socios parlamentarios se han mostrado críticos al espíritu de la ley, que prevé la proscripción de una formación que propicie la "violencia y la confrontación social" y no apoye "los valores constitucionales".

La postura contrasta con la del gobierno vasco, en manos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo vocero, Josu Jon Imaz, consideró una "aberración" esa ley, que "nos aleja de la paz", y representa, expresó, un "balón de oxígeno a ETA".

Joseba Permanch, coordinador y vocero de Batasuna, dijo por su parte que la aprobación de esa ley "es una de las decisiones más graves y erróneas tomadas por el Estado y por el PP desde que está en el Gobierno", ya que supone "pisotear los derechos civiles y políticos" de los más de 200 mil votantes de su formación.

Por su parte, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López -quien mantuvo esta mañana una reunión con Juan José Ibarretxe, presidente del gobierno vasco-, declaró que su partido está en favor de la proscripción de Batasuna, porque "el principio es que en un sistema democrático no puede haber formaciones políticas que, burlándose del propio sistema y de la legalidad, dé cobertura política al terrorismo, lo financie o busque su comprensión social".

Entretanto, la policía española detuvo hoy a dos presuntos miembros de ETA, entre ellos el histórico militante José María Zaldúa Corta, que habría formado parte del Comando Nafarroa, y a Eneko Aizpuru Giraldo, uno de los máximos responsables de la organización juvenil de ETA, Segi, sucesora de la ilegalizada Haika. Zaldúa Corta, de 52 años y quien desde 1986 se encontraba en la clandestinidad, está vinculado, según el Ministerio del Interior, en al menos seis asesinatos.

 

 

 

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