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jueves, 28 de noviembre de 2019

Jacobinismo Lingüístico

Desde el portal de Ikusle traemos a ustedes este análisis de las políticas públicas por parte del estado francés en contra de las lenguas de las naciones históricas como lo son el euskera y el catalán.

Lean por favor:


El 4 de junio de 1794, la Asamblea Nacional decretó la prohibición oficial de todas las lenguas habladas en Francia y que no fueran el francés con el objetivo de “unificar lingüísticamente” el país, según los criterios redactados por el sacerdote Henry Grégoire. Según los lingüistas y filólogos expertos en la materia, aproximadamente el 90% de los habitantes de Francia se expresaban diariamente en otra lengua que no fuera el francés, es decir, 25 millones de personas de un total de 28 millones.

A lo largo del siglo XIX, gobiernos de todos los colores continuaron aprobando legislaciones que imponían el francés como único idioma de la República. El ejecutivo presidido por el primer ministro Jules Ferry puso en marcha a lo largo de la década de 1880 diferentes medidas que prohibían la enseñanza en las escuelas de cualquier idioma regional que no fuera el francés. Incluso el líder socialista Jean Jaurès aseguró que hablar en Francia una lengua autóctono y no el francés suponía hacerlo “en el idioma de una nación derrotada”.

A finales de la década de 1950 del siglo pasado, se cuestionó la política lingüística adoptada por París contra los idiomas minoritarios. Sin embargo, la nueva constitución redactada en 1958 volvió a recalcar que el único idioma de la República era el francés. En 1972, el presidente Georges Pompidou ratificó las políticas en materia idiomática mantenidas por el Estado desde la Revolución Francesa asegurando que “no hay lugar para las lenguas regionales en Francia” en alusión al euskera, el bretón, el catalan, el occitano o el corso entre otras.

En 1992, el Consejo de Europa promovió y aprobó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que promovía y defendía su uso. A pesar de que Francia es miembro del citado organismo, el entonces presidente Jacques Chirac hizo caso omiso de la carta y se negó a que la carta magna reconociera que existen otros idiomas en el Estado además del francés.

Tras la negativa de París a aceptar lo aprobado en la citada carta, la Comisión Europea obligó a los Estados miembros de la Unión Europea a suscribir formalmente el tratado. Francia se negó a ratificar su contenido y se considera exenta de cumplir lo aprobado.

El 4 de agosto de 1994, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley promovida por el ministro de Cultura Jacques Toubon por la que se hacía obligatorio y exclusivo el uso del francés en publicaciones gubernamentales oficiales, anuncios, en el lugar de trabajo, en los contratos comerciales, en otros contextos comerciales, en las escuelas financiadas por el estado y en otras situaciones. Con esta medida, Toubon buscó “enriquecer la lengua, obligar a utilizar el francés y defenderlo como lengua de la República”, asegurando su hegemonía en todo el Estado.

Con la llegada de Nicolas Sarkozy al Palacio del Elíseo, diferentes analistas consideraron que su gobierno podía iniciar algún tipo de apertura lingüística. Aunque Sarkozy aseguró que su gobierno no albergaba ningún odio contra los idiomas regionales como el euskera, el occitano o el bretón, el presidente dejó claro que su ejecutivo no firmaría la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias ni propondría ninguna reforma constitucional que modifique el estatus que ostenta el francés como único idioma de Francia.

El gobierno de Emmanuel Macron no ha supuesto ningún cambio del estatus de las lenguas regionales en Francia. De hecho, tal y como informó Ikusle en su edición del pasado 22 de julio, la ministra de Trabajo Muriel Penicaud ratificó la decisión adoptada por el Registro Civil de Francia, avalada por los tribunales galos, de prohibir inscribir en el mismo a niños cuyo nombre contenga signos diacríticos como la letra eñe. Con esta polémica decisión, un buen número de niños con nombres en euskera como Begoña, Beñat, Eñaut, Garbiñe, Iñaki, Iñigo o Zuriñe entre otros no podrán ser inscritos, salvo que sustituyan la eñe por la letra ene.

Según explicó la ministra de Trabajo, el ejecutivo de Emmanuel Macron apoya por completo la decisión tomada por el Registro Civil y la Justicia a pesar de que la eñe es imprescindible para el uso de idiomas como el bretón o el euskera que son hablados por decenas de miles de personas en el Estado francés.

Y es que, como hemos podido ver, las leyes lingüísticas vigentes en Francia niegan al euskera, el bretón y otras lenguas regionales, a consideración de idiomas oficiales o cooficiales, gozando de este privilegio en exclusiva el francés.






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