martes, 7 de agosto de 2018

Amnistía Internacional y la Tortura en Españistán

Amnistía Internacional ha decidido pronunciarse con respecto a la actitud asumida por parte del régimen español frente a las iniciativas por parte de Gasteiz e Iruñea en relación a las torturas y malos tratos sufridos por ciudadanos de esas herrialdes por parte de las diferentes fuerzas represivas del estado.

Aquí la información por vía de Naiz:


Amnistía Internacional ha dado «la bienvenida» a la retirada por parte del Gobierno español del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de abusos policiales que aprobó el Parlamento de Gasteiz y ha lamentado la anulación de la norma en Nafarroa por parte del TC. Ha reclamado asimismo un marco legislativo en el Estado que garantice «la reparación de las víctimas de torturas y malos tratos».

En un comunicado, Amnistía Internacional ha recordado que «lleva años denunciando» que estas víctimas de la tortura en el Estado español«no son atendidas de acuerdo al derecho internacional». «El Estado no investiga ni deja que se investiguen este tipo de delitos, y tampoco presenta medidas de reparación y garantías de no repetición para las víctimas», ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que, hasta ahora, cuando gobiernos autonómicos como el de Lakua o el de Nafarroa han adoptado iniciativas a favor del reconocimiento y reparación de las víctimas de estos delitos, el Ejecutivo español «las ha obstaculizado, sin proponer medidas alternativas que visibilicen y avancen en la reparación de las víctimas, contribuyendo a consolidar la impunidad ante este tipo de violaciones de derechos humanos».

La responsable de investigación de Amnistía Internacional en el Estado español, Virginia Alvarez, ha apuntado que, aunque la organización «valora positivamente la pertinencia de iniciativas autonómicas en el reconocimiento de las víctimas», considera que «debe haber un marco legislativo a nivel estatal que garantice que todas las víctimas de tortura y malos tratos disfrutan de todos sus derechos, incluido el acceso a justicia y reparación, sin limitaciones geográficas o temporales».

Además, ha manifestado que la retirada del recurso acordada en el pasado Consejo de Ministros del 3 de agosto «viene acompañada de un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco para que la ley sea objeto de una serie de modificaciones».

En este sentido, ha recordado que el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, aseguró que algunas de las modificaciones consensuadas de esta norma «pretenden garantizar que no se invaden competencias del poder judicial o salvaguardar los derechos al honor y a la presunción de inocencia».

«En cualquier caso, la reforma de la Ley del País Vasco 12/2016 debe seguir teniendo como referencia el derecho internacional de los derechos humanos y debe avanzar en la promoción de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos», ha asegurado Alvarez.

El caso de Nafarroa

Por otro lado, la organización ha lamentado la anulación parcial de la Ley Foral 16/2015, del Parlamento y Gobierno de Nafarroa, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos por el Tribunal Constitucional, «arguyendo entre otras cuestiones que esta ley invade competencias propias del Poder Judicial».

De esta forma, Amnistía Internacional ha lamentado que, «con este recurso, se impida que las comunidades autónomas tomen este tipo de iniciativas por considerar que se extralimitan en sus competencias, pero tampoco se presenten medidas de reparación y garantías de no repetición para las víctimas de este tipo de delitos».






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