El Contubernio de Álvaro Miranda

Y sí, lo del escándalo de la CAN es un saqueo colonial en toda regla. Unos metían mano en las arcas mientras quienes estaban a cargo de impedirlo volteaban para otro lado.

Solo miren lo que nos reporta Gara:

Miranda presume de no haber hecho inspecciones en la CAN

El que fuera número dos de Sanz y Barcina asume la existencia de este precepto legal, pero alega ante la jueza que «no es de aplicación». Argumenta que esa falta de supervisión por parte del Gobierno de Nafarroa, que puede estar en el germen del cohecho, se prolonga desde el año 1976.

Aritz Intxusta

El exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, declaró ayer ante la juez para aclarar las dietas que percibió de la Permanente y, sobre todo, para explicar por qué el Gobierno navarro no inspeccionó a la caja durante su mandato al frente del Departamento de Economía. Miranda aseguró conocer las leyes y los Estatutos de la caja, en los que se recoge esta obligación de realizar inspecciones a CAN, pero declaró ayer que la ley «no es de aplicación», a pesar de estar vigente. Posteriormente declaró que él «no es jurista».

La declaración de Miranda como imputado cierra la ronda de interrogatorios sobre la causa que se sigue sobre CAN en los juzgados de Iruñea a raíz de la denuncia de Kontuz. La juez también ha tomado declaración a Miguel Sanz y Enrique Maya. Los tres estuvieron en la Permanente de la Junta de Entidades de CAN, un organismo donde se cobraron suculentas dietas (de entre 3.434 y 5.360 euros por reunión) pese a que no tenía ninguna función. La actual presidenta navarra era el cuarto miembro de la Permanente, pero no puede ser citada ni imputada por su aforamiento.

El interrogatorio de Miranda se alargó unas cuatro horas, como el de Sanz (Maya estuvo hora y media). El punto más relevante del mismo eran la falta de inspección a Caja Navarra, puesto que era una labor que dependía del Departamento de Economía. El Gobierno de Nafarroa era el competente para realizar la inspección ordinaria de la entidad, pero aun así no lo hacía. La juez María Paz Benito y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco entienden que esto puede constituir un delito de «prevaricación por omisión». Si además de faltar a su deber recibieron prebendas por ello como dietas o financiación para sí o para sus amigos, el delito sería de cohecho.

La juez le preguntó si conocía las leyes que obligan al Gobierno a inspeccionar la entidad (Ley Foral 7/1987, el decreto foral 244/1992 y las Órdenes Forales 642 y 643 de 1992) y Miranda contestó que sí. Sin embargo, el exconsejero «considera que no es de aplicación a Caja Navarra» aludiendo a una sentencia del TSJN y un dictamen del Consejo de Navarra. Dos documentos que su defensa no ha aportado a la causa, pero que GARA pudo consultar ayer, y que no hacen referencia específica a las inspecciones, sino que versan sobre incompatibilidades.

A raíz de esta respuesta, la juez le recordó que algunos de los preceptos de estas leyes «de no aplicación» sí que se llevaban a cabo. Miranda le respondió que él no es «jurista». En realidad, aunque fue consejero, tampoco es economista, sino ingeniero de caminos.

Al margen del marco legal general, aún queda la obligación estatutaria. Los estatutos de la caja recogen que es el Gobierno de Nafarroa quien debe realizar las inspecciones, porque es el «garante» del dinero de los ahorradores navarros. Miranda reconoció ayer haber participado activamente en la redacción de los Estatutos de 2004 y de 2010, en los que se especifica el régimen de inspecciones. Es decir, aunque los conocía perfectamente, Miranda no los ejecutó.

El exconsejero trató de eludir su responsabilidad asegurando que él se limitó a no hacer nada. «Cuando llegó al Departamento, la administración funcionaba y no dependía de él aquello que no cambiaba», reza el acta de su declaración. Miranda hizo hincapié en que el Gobierno no inspeccionaba la caja desde 1976. Y además, quiso dejar constancia en su declaración de que «no ha dado instrucciones a nadie para que no se inspeccione a CAN».

El Gobierno, a ciegas con la CAN

Miranda no solo reconoció que no se inspeccionaba, sino que además aseguró que, como consejero de Economía, no tenía ni idea de los informes de seguimiento del Banco de España (BdE). El BdE, que ejecutaba una labor de inspección somera -la denominada «alta inspección»- emitía informes, pero esos documentos se remitían únicamente a la dirección de la caja. A tal punto llegó la desinformación que el consejero afirma haberse puesto en contacto con la Dirección del Banco de España con motivo del suspenso de Caja Navarra de los test de estrés. Miranda «prefirió» no trasladar lo que le dijeron desde el BdE, pero aseguró que «no fue preocupante».

El exvicepresidente de Sanz y de Barcina (abandonó el Ejecutivo tras la ruptura del Gobierno de coalición UPN-PSN) declaró que no sabía siquiera con qué periodicidad el Banco de España supervisaba Caja Navarra. Tampoco recibió información cuando era miembro del Consejo de Administración de la entidad. Esos informes eran trimestrales.

En concreto, la juez le preguntó por dos informes del BdE de 2008 «en los que se hacía constar que estaban empeorando los ratios de morosidad, cobertura y liquidez y se mantenían gastos de estructura por encima de la media por la política de expansión». Miranda aseguró que la dirección de la caja (dirigida por Enrique Goñi) les trasladó esa «situación coyuntural».

Informalidad en los consejos

Miranda se acogió a las declaraciones de Sanz para explicar el funcionamiento de la Permanente. La estrategia parece ser culpar de todo al secretario general de CAN, Alberto Pascual, y, en menor medida, a la asesora jurídica, Amaya Rández. La tesis es que, si hubo algo irregular, el responsable es el secretario, que era el que debía de velar por esos asuntos. Pascual declaró el primero e identificó a Sanz como el artífice de las reuniones dobles y la puesta en marcha de la Permanente un año antes de de existir de forma oficial (funciona desde mediados de 2010 y se regulariza en junio de 2011).

Miranda confirmó que las reuniones se convocaban a través del teléfono y que no existía ningún orden del día. En consecuencia, no queda constancia de nada. Los días de reunión dependían de las agendas de los miembros de la misma y ese fue el motivo de que las reuniones fueran dobles, ya que como altos cargos del Gobierno eran personas muy ocupadas. Esto contrasta con el hecho de que se reunieran para ser informados de que no se había tomado ninguna decisión.

Más allá de eso, Miranda reveló que no solo no existía un orden del día, tampoco se les enviaba información para trabajar las reuniones y, lo más grave, tampoco se llevaban papeles a casa para analizarlos después. Y esta práctica no solo se circunscribía a la Permanente, sino que tampoco había orden del día en el Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración y «en ningún órgano de gobierno al que ha pertenecido en la caja». Alegó que no se llevaban trabajo a casa por «seguridad».

La juez pregunta por la venta de oficinas a Barcina y los VIP

La juez se interesó por la venta de oficinas de CAN a una serie de clientes selectos de la caja a través de sociedades, entre los que se encontraba la presidenta Barcina. En concreto, preguntó a Maya a ver si tuvo noticia como consejero de Economía de estas operaciones y de las dos cartas que el BdE remitió a la caja desaconsejando las operaciones. Miranda contestó que «no se le dio traslado puesto que se trataba de una cuestión que afectaba al ámbito estrictamente interno de la caja y, aunque se trataba de las mismas personas, el Gobierno de Navarra y Caja Navarra han actuado como ámbitos totalmente separados».

Hasta ahora, el caso de Navarra Building (la sociedad a través de la cual Barcina y un familiar cercano adquieren oficinas de CAN y la caja se compromete a pagarles un alquiler, al menos durante 10 años) no había aparecido en la causa que lleva la juez María Paz Benito, aunque sí fue denunciado ante la Fiscalía por Kontuz, por un presunto uso de información privilegiada. El fiscal archivó la demanda y Barcina respondió con una querella contra Kontuz, que aún no ha sido admitida a trámite.

Después de los avances realizados por la juez, la inversión de Barcina puede entenderse también como una prebenda vinculada a la falta de inspecciones, es decir, como un cohecho. En todo caso, Barcina sigue ajena al caso, refugiada en su fuero como presidenta.

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