sábado, 2 de enero de 2010

Oculto a Plena Vista

Iniciamos el 2010 del calendario gregoriano a tambor batiente. Con ustedes este texto publicado en Kaos en la Red:

Euskadi: Estado de excepción no declarado

La represión en Euskadi de la lucha popular rupturista con el pretexto de combatir el terrorismo ha agravado extraordinariamente la negación del ejercicio de los derechos constitucionales

Juan Rafael Lorenzo | PCPC

La vulneración de la ley por todos los instrumentos del aparato de Estado (Gobierno, Policía, Guardia Civil, administración judicial) para contener y reprimir la lucha del pueblo vasco por sus derechos nacionales ha sido práctica cotidiana del sistema “democrático” urdido en la Transición: torturas, desapariciones, asesinatos, GAL, espionaje, impago de las retribuciones por representación electoral, etc. Con el gobierno de Aznar, el entramado de poder monarco-centralista soluciona parte de esas vulneraciones con la Ley de Partidos, que las legaliza.

Ley de Partidos, ley de excepción

La Ley de Partidos es un monumento antidemocrático. Ella expresa la extrema debilidad ideológica de la mayoría de los sectores democráticos del Estado Español, que, ganados por la política antiterrorista estatal, quedan incapacitados para entender en toda su extensión que la Ley de Partidos implica un ataque general a cualquier concepción democrática del Estado –o sea, republicana y reconocedora del derecho de autodeterminación- y a cualquier política que pretenda ponerla en práctica. Existiendo esa base, la Ley de Partidos se aplica abusiva y groseramente contra todo el sector del pueblo vasco que no se pliega a los estrechos márgenes de la Constitución del 78, dando continuidad, con carácter legal, a la arbitrariedad e impunidad del Estado en sus actuaciones en el País Vasco, política que bebe directamente del franquismo.

18/98, Egin, Egunkaria, Segi, Otegi, Landa…

Famosa es la táctica resumida en la frase “quitarle el agua al pez”. Ella sintetiza una política de combate contra la insurgencia –pacífica o armada- del pueblo. El Ejército de Guatemala –con el exterminio de la población de aldeas enteras- y el Ejército de Colombia y los paramilitares de Uribe –con miles de asesinatos y millones de desplazados- ejemplifican a qué extremo puede llevar esa táctica. Aplicándola en otro contexto político, institucional y de correlación de fuerzas, los instrumentos del Estado español y su red socio-mediática de sustentación la emprenden contra el complejo de organizaciones políticas, sociales, culturales, educativas y recreativas creado por la lucha rupturista del pueblo vasco.

Algunos ejemplos de esa realidad son: el macroproceso 18/98 contra decenas de militantes vascos; los cierres de las publicaciones Egin, Egunkaria y otras, con la destrucción de sus instalaciones y la expropiación de sus finanzas; el reiterado encarcelamiento de la dirección de Batasuna; la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale; las redadas masivas y encarcelamiento de militantes (como en estos días con Segi); el espionaje ilegal; la vigilancia e infiltración policiales en las actividades de las organizaciones legales vascas; la criminalización y estigmatización de personas y organizaciones del resto del Estado Español que mantienen relaciones y solidaridad democrática con el pueblo vasco perseguido, etc. Gran parte de estas actuaciones represivas reciben sentencias judiciales contra el Estado (eso sí, al cabo de muchos años de iniciarse el procedimiento, con lo que la acción represiva cumplió su papel, a lo que contribuyó el aparato judicial de forma sincronizada con el resto de los instrumentos del Estado).

En caso especialmente representativo se está convirtiendo el encarcelamiento del dirigente Karmelo Landa. Su expediente ha sido sometido al dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El organismo de la o­nU ha dictaminado que “la privación de libertad de Karmelo Landa es arbitraria” en un argumentado informe, silenciado –esto también- por los grandes medios del sistema, ignorado por el Gobierno y atacado por el juez Garzón.

Continúa la guerra sucia

El 18 de abril de 2009 desapareció Jon Anza cuando se dirigía a una entrevista con miembros de su organización, ETA. Desde entonces, nada se ha sabido de Anza, que pasó 20 años en prisión y estaba gravemente enfermo. Informaciones publicadas por el diario Gara en octubre, haciéndose eco de fuentes de confianza –que, lógicamente, oculta-, apuntan a su secuestro por policías españoles cuando viajaba en tren desde Bayona a Toulouse, muriendo cuando era interrogado sometido a tortura y enterrado en suelo francés. Miles de personas se han movilizado exigiendo a Zapatero, Rubalcaba y López que respondan a estas preguntas: ¿Dónde está Jon? ¿Qué ha sucedido con Jon?.

Junto a este hecho gravísimo se dan continuas denuncias de secuestros durante unas horas de militantes de la izquierda abertzale por grupos armados surgidos de las “cloacas” del Estado para, con métodos violentos, exigirles información y colaboración.

Toda esta dinámica ha crecido exponencialmente desde que López es Lehendakari y se ha dado con brío autoritario a limpiar Euskadi de rebeldía.

Quiero terminar reclamando la aparición de Anza, la libertad de los presos políticos vascos y la lucha política y de masas por la República confederal integrada por la unión libre de los pueblos de España que así lo decidan.

Partido Comunista de los Pueblos de España

www.pcpe.es


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