El Caso de Patxi Gómez

Después de leer este texto publicado en Deia podrán ustedes entender el extremo al que lleva el estado español su encono en contra del pueblo vasco:

Con Patxi, ¿justicia o venganza?

Juan Ignacio Rodríguez

En los próximos días, el vecino de Ortuella Patxi Gómez López ingresará de nuevo en prisión. Aunque parezca extraño lo hace por tercera vez para cumplir la misma condena. Desconozco los detalles con exactitud, pero a grosso modo la rocambolesca historia de Patxi es la siguiente. En el mes de abril de 1989, cuando tenía treinta y dos años de edad, fue detenido junto a otro vecino de su localidad y juzgados y condenados ambos por pertenencia a banda armada, posesión de armamento e intento de asesinato, a cuarenta y ocho años de cárcel cada uno de ellos. A partir de ese momento fue rotando por varios centros penitenciarios de la península hasta que recayó en la cárcel de Basauri. Allí, la jueza de vigilancia penitenciaria de la Audiencia de Bilbao, la señora Ruth Alonso, le aplicó algunos beneficios penitenciarios y en el mes de julio de 2003 salió a la calle al haber cumplido las tres cuartas partes de su condena y después de permanecer preso algo más de catorce años.

Sin embargo, un tiempo después la Audiencia Nacional anuló todas las redenciones penitenciarias otorgadas por la jueza vizcaina y Patxi tuvo que ingresar nuevamente en presidio en noviembre de 2004 para cumplir el tiempo redimido. En esa ocasión, entraba en prisión con fecha fija de salida, esa fecha era el 14 de julio de 2006, momento en el que cumpliría completamente la condena impuesta y podría salir de nuevo a la calle para iniciar una nueva vida. Mientras Patxi se encontraba en prisión durante esa segunda etapa, su compañero de juicio cumplió la condena impuesta y salió de la cárcel convirtiéndose en un ciudadano más.

Pero durante ese período de tiempo ocurrieron varios acontecimientos políticos que iban a cambiar por completo el final de esta historia. En los ámbitos legislativos se gestó y en los judiciales se empezó a aplicar lo que se ha dado a conocer como la doctrina Parot mediante la cual todos los condenados por delitos de terrorismo debían cumplir íntegramente la pena impuesta con un máximo de permanencia en la cárcel de treinta años, según recoge la legislación española. Así las cosas, en junio de 2006, con diecisiete años cumplidos de cárcel y cuando le faltaba aproximadamente un mes para ser puesto en libertad, se le aplicó la nueva doctrina y quedó anulada la excarcelación prevista, al tiempo que se le comunicaba que aun debía de permanecer en prisión 13 años más.

El abogado defensor de Patxi entendió que no era correcto, en este caso, aplicar con carácter retroactivo la citada doctrina y presentó recurso ante la instancia competente, el cual fue resuelto por un tribunal formado por tres magistrados de la Audiencia Nacional cuando el pasado 28 de abril de 2009 decidieron la excarcelación definitiva de Patxi por entender que después de veinte años preso ya había cumplido la pena impuesta.

Pero no ha quedado así el asunto, pues poco tiempo después el fiscal de la citada Audiencia recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo y ahora ese alto tribunal ha dictado sentencia mediante la cual anula la decisión tomada por el tribunal de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril y obliga a Patxi a ingresar de nuevo, y por tercera vez, en prisión para cumplir otros diez años de cárcel. El nuevo encarcelamiento de Patxi es cuestión de días, lo que tarde en llegar la orden a la Ertzaintza y ésta en hacerla efectiva.

No soy jurista y no entiendo de artimañas legales, pero mi sentido de la lógica me dice que algo no funciona bien, que no es normal ni lógico que una persona ingrese por tres veces consecutivas en prisión para cumplir la misma pena. Si no fuera por el drama humano que subyace detrás de todo este asunto, no pasaría de ser un caso curioso e incluso gracioso; sin embargo, parece ser que se trata de un hecho insólito, único en el mundo, más propio de repúblicas bananeras que de países civilizados. No tiene precedente ni siquiera en la Uganda de Idi Amin Dada.

Tampoco soy político, no me debo a ninguna sigla y no quisiera por nada del mundo que se tuviese como político este escrito. Tan sólo quiero tratar y analizar el asunto desde un punto de vista estrictamente humano.

Si el objeto de toda pena judicial es el de castigar al reo por los delitos cometidos y a su vez el de reinsertarlo para su reincorporación a la sociedad una vez salga de la cárcel, creo que en este caso dicho objetivo ya se ha alcanzado. Patxi ya ha purgado sus penas y ahora le corresponde reintegrarse en la sociedad después de veinte años de privación de libertad. Tanto en esta ocasión como en la otra en que fue puesto en libertad, Patxi se ha esforzado en rehacer su vida familiar, laboral y de relaciones vecinales, así como en integrarse en el entramado social de su pueblo; y la sociedad ortuellana le ha aceptado y acogido como parte de ella. Muestra de todo ello son la ausencia total de incidentes y las muestras de cariño y de apoyo que en estos días está recibiendo por una muy amplia y variada parte de sus convecinos. A día de hoy, Patxi tiene cincuenta y tres años y todo el derecho del mundo a rehacer su vida dentro de una sociedad que ha mostrado aceptarle como a uno más de sus miembros.

Por otro lado, no me corresponde a mí opinar sobre si la pena impuesta a Patxi es la que corresponde al delito juzgado, pero el sentido de la equidad que todo humano posee nos puede hacer pensar acerca de si su condena es o no equivalente a la recibida por otro tipo de personas juzgadas y condenadas en este país. Así, por ejemplo, los políticos Rafael Vera y José Barrionuevo que fueron condenados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey han permanecido en prisión bastante menos tiempo que Patxi. Los militares Milans del Bosch y Tejero, que dieron un golpe de Estado e intentaron imponer una nueva dictadura, delito este que debe ser considerado como el de mayor gravedad en un Estado democrático, también salieron de prisión en pocos años. Recientemente, el asesino confeso de la joven irundarra Nagore Laffage, durante los Sanfermines de 2008, ha sido condenado a una pena de doce años y medio de prisión y, según coinciden la mayoría de los analistas, es posible que con siete años de cárcel salga en libertad con la condena ya cumplida. Después de ver estos casos comentados y otros muchos por todos conocidos, no podemos más que planteamos si la pena impuesta a Patxi es proporcional a su delito o si, en este caso, la justicia ha dejado de comportarse como tal para pasar a convertirse en una cruel venganza contra su persona y contra lo que algunos piensan que él puede representar.

El pasado 31 de diciembre un numeroso grupo de ortuellanos formado por personas de todas las edades, condiciones e ideologías nos concentramos para mostrar nuestro apoyo a Patxi y nuestro frontal rechazo a la decisión judicial tomada contra su persona. No pudo llevarse a cabo la manifestación prevista por que ésta había sido prohibida por la Audiencia Nacional al atender un recurso interpuesto por la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia. Desde mi punto de vista, no es digno de una sociedad democrática, ni mucho menos justo bajo ningún concepto, impedir a un plural grupo de ciudadanos mostrar su apoyo y calor a un convecino que se encuentra atravesando una situación delicada. Que yo sepa, a día de hoy y hasta que sea encarcelado, Patxi es un ciudadano libre con los mismos derechos y obligaciones que los demás y el hecho de que se quiera organizar un acto de arrope a su persona ante la macabra situación que está padeciendo, nunca puede entenderse como un delito y mucho menos prohibirlo y calificarlo como apología del terrorismo.

Proclamo públicamente mi apoyo a Patxi en estos duros momento que está pasando y apelo al buen hacer y a la conciencia de los políticos (los jueces ya han demostrado que carecen de estas virtudes), en especial a los de nuestro ámbito geográfico más cercano, algunos de los cuales conocen perfectamente a Patxi y la situación que está viviendo, a que no cierren los ojos ante lo que está ocurriendo y levanten su voz contra la persecución a la que está siendo sometido, a la vez que les pido que se esfuercen por resolver esta anacrónica e incongruente situación. Y no lo hago por que me una a él una amistad desde la niñez, sino porque lo considero un acto de ética y de justicia.

No me considero creyente ni creo en la reencarnación pero, por si acaso, le pido a Dios que si en otra vida tengo que saldar deudas con la justicia de este país en el que nos ha tocado vivir, no lo sea por los mismos delitos imputados a Patxi. Ser político corrupto, prevaricador, pederasta, violador, extorsionador, delincuente habitual, maltratador de mujeres, militar golpista o asesino sale bastante más rentable.

Un caso más digno de ser analizado por profesionales y estudiantes de derecho alrededor del mundo.

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