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viernes, 22 de abril de 2005

Testimonio de una Abogada Argentina en Madrid

Esta entrevista nos ha sido enviada por correo electrónico:

Sofía CARAVELOS | Abogada argentina

«Desde la dictadura que mató a mis viejos no había oído cosas semejantes»

La abogada argentina ha seguido de cerca el desarrollo de este juicio desde su inicio. El pasado lunes y martes tuvo la oportunidad de presenciar «in situ», en la Audiencia Nacional, la lectura de las conclusiones de las acusaciones. En esta entrevista con GARA, subraya que «desde la dictadura argentina no había oído cosas semejantes».

Hija de padres desaparecidos durante el régimen militar de Argentina y miembro durante una década de la organización pro derechos humanos H.I.J.O.S., la abogada Sofía Caravelos ejerce en la actualidad la defensa de los movimientos sociales de su país. También forma parte de Euskal Herria Watch, y en calidad de observadora asistió a las vistas del lunes y el martes. En esta entrevista, realizada antes de que las defensas comenzaran a exponer sus concluciones, Caravelos analiza desde un prisma jurídico lo que oyó por parte del fiscal Enrique Molina y del letrado Pedro Cerracín.

­¿Qué le ha motivado a realizar un seguimiento de este juicio?

Me une un interés personal y también político-jurídico. Personal porque conozco a algunos de los procesados en este parajuicio, y jurídico-político porque este proceso viene a ratificar la tendencia a la aplicación de la legislación «antiterrorista» tan contraria al Estado de Derecho. Se trata de una legislación con tipos penales en blanco, arbitrarios y donde las conductas no están estipuladas como prohibidas sino regidas por la estimación subjetiva. Por tanto, dependendiendo de quién juzgue, se considerarán que pueden ajustarse a una conducta «terrorista» y así condenar.

Pero noy hay una clara expresión de cuáles son las conductas penables, y no se pueden conocer de antemano como se supone que debería de ocurrir en un Estado de Derecho. Acá, todo es una gran indefinición.

Me siento preocupada porque esta legislación se está convalidando cada vez más a través de la Unión Europea, con la aplicación de tratados que distan bastante de ser garantía de los derechos humanos y que convalidan el estado policial y de excepción. Se está tratando de insertar esta misma legislación en América Latina y, con el gran conflicto social que hay debido a la desigualdad que genera el sistema capitalista, seguramente será aplicada a los movimientos que se oponen a los modelos económicos que tanto están haciendo sufrir en nuestros países. En Argentina, no tengo duda de que esta legislación será aplicada a los pobres y piqueteros.

­¿Cómo valora las conclusiones del fiscal Molina y de la AVT?

Estoy muy asombrada por esta caza de brujas contra los jóvenes vascos. Soy hija de padres que fueron muertos por la dictadura, y desde la dictadura que mató a mis viejos no había oído cosas semejantes; como por ejemplo, que una estrella roja de cinco puntas sea ejemplo de la peligrosidad de un documento que estaba en poder de tal o cual y que eso, junto con otra serie de pruebas irregulares e ilegales, demuestre para la Fiscalía la participación en una organización sobre la cual hace una elucubración basada en las fuerzas de seguridad. En Argentina, es impensable que las fuerzas de seguridad comparezcan como peritos.

El primer día pensé que iba a presenciar una elaboración jurídica y lo que oí fue un parlamento político. Me parece muy interesante que los conflictos políticos se discutan en términos políticos, pero no en un juicio.

El fiscal versó la mayor parte de su informe en una interpretación acerca de lo que para él significa ETA. Cuando pasó a hablar sobre lo realmente importante, las imputaciones individuales, únicamente se refirió a seguimientos, registros y escuchas telefónicas, declaraciones policiales...

He visto un absoluto menosprecio al concepto de tortura; a un delito de lesa humanidad. El delito, aunque en términos de lesiones sea mínimo, en términos sociales, éticos, políticos, institucionales e históricos es terrible. Tenía la sensación de que se burlaba abiertamente de las denuncias. La tortura no es un delito cualquiera.

En cuanto al representante de la AVT, en Argentina no se hubiera permitido una intervención de ese tipo. Supuestamente, lo que se debe hacer en un informe es valorar los elementos de prueba y, en consecuencia, reafirmar la petición de pena. Todo lo demás en términos jurídicos es impertinente. Es la palabra que le tenía que haber puesto el Tribunal para no permitir una intervención en ese tono. Más que impertinente, personalmente me pareció patético. Dado que no tuvo ni un sólo elemento para probar una conducta reprochable a estos jóvenes, tuvo que recurrir a todo su arsenal intuitivo para decir que se trata de «gente mala». Si los procesados han cometido toda esa sarta de delitos que argumentó, asesinato, lesiones graves..., ¿por qué no lo probó en un juicio?

­¿Como abogada, qué impresión se lleva a Argentina?

Lo que he escuchado en la Audiencia Nacional se parece más a una conversación que alguien puede mantener en una comida familiar o en un bar que a un juicio. De hecho, antes de venir repasé figuras penales, el Código y algunas cuestiones más técnicas. No me sirvió para nada porque las acusaciones no hablaron de derecho.


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