Tal vez José Fernando Olvera Sierra, mejor conocido como Fher de Maná, le tenga sin cuidado que Madrid haya privado a miles de vascos de su derecho a votar por la opción política de su preferencia, misma que anteriormente había criminalizado e ilegalizado, algo que no ocurría desde los tiempos de Francisco Franco. O tal vez le sea indiferente que en el estado español las división de poderes no sea mas que una mascareta con la que se oculta la continuidad del régimen franquista. Vaya, incluso hay la posibilidad de que no se haya enterado que en su México ahora mismo un mexicano de origen vasco está siendo sometido al tormento de la corrupción del poder judicial que ha hecho todo por privarlo de todas sus garantías constitucionales y derechos humanos para así poder extraditarlo al estado español, a solicitud del promotor de la tortura conocido como Baltasar Garzón.
El hecho es que el poder judicial español ha decidido iniciar un proceso en contra de tres diputados vascos simplemente por el hecho de hacer valer la legalidad presente, misma que los españolistas no cuidaron en modificar para armonizarla con la esperpéntica Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Y bueno, con la intención de educarlo, tal como ofreció hacer Iratxe Esparza, vecina de Irunea, la capital de todos los vascos, aquí traemos esta actualización del Caso Batasuna vía La Jornada:
Querella de la fiscalía española contra 3 diputados vascos por desobediencia
Disolver grupo abertzale, demanda Madrid
Armando G. Tejeda | Corresponsal
La Fiscalía General española presentó hoy una querella por un presunto delito de desobediencia contra tres diputados vascos, acorde con una denuncia presentada a raíz de la negativa de disolver al grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), formado por los siete legisladores de la ilegalizada coalición separatista Batasuna.
Un día después de que el Tribunal Supremo decidió ejecutar la disolución de SA y reclamar al Poder Legislativo vasco el acatamiento de esta medida, la sesión en la Cámara se desarrolló sin problemas al permitir que la parlamentaria abertzale Jone Goirizelaia tomara la palabra a pesar de las protestas de las bancadas de los partidos Popular y Socialista de Euskadi.
Esta decisión, adoptada por los máximos líderes del Parlamento, pudo haber propiciado que la Fiscalía General decidiera querellarse ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento regional, el nacionalista moderado Juan María Atutxa; el vicepresidente primero de la mesa directiva, Gorka Knorr, y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao.
Los diputados vascos han alegado que es imposible ejectuar la disolución del grupo parlamentario de acuerdo con las razones aludidas por el órgano judicial, al no estar contemplada esa posibilidad en el reglamento interno de la Cámara.
Además, afirman, se basan en sentencias previas de ese alto tribunal, pues una formación política y un grupo parlamentario son "realidades jurídicas distintas".
La fiscalía argumentó en la querella que el supuesto delito de desobediencia se basa en que existe "abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente", bajo la dirección de Atutxa, "a cumplir una resolución judicial clara y expresa -cuyo cumplimiento había sido reiterado- emanada de un órgano judicial competente".
Los abogados del Estado consideran además que la negativa a acatar la disolución de SA ha sido "voluntaria e intencional" y que, por tanto, "se ha recurrido por los querellados a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la sala".
Sostienen además que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados, por cuanto resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado".
Consideran que los preceptos constitucionales son "suficientemente claros y expresivos, pues consagran lo que es al mismo tiempo la máxima adquisición y el fundamento del Estado constitucional de derecho: la sumisión de todos -incluidos los poderes públicos directamente vinculados con el principio mayoritario- al imperio de la ley y la posición prevalente de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados para todos los ciudadanos".
Después de conocer la noticia de la querella, Atutxa manifestó su "perplejidad" por la actuación de la fiscalía, al explicar que su actuación se ha basado en tres pilares: el reglamento, la mayoría de la Cámara y su conciencia, por lo que afirmó que "seguiré haciéndolo pese a quien pese", es decir, se mantiene la postura de que la justicia española no es competente en este caso.
El presidente de la Cámara consideró que la Fiscalía General actúa con cierto "enfado" ante las contradicciones que a su juicio ha cometido la justicia: "Uno tiene que creer en los milagros, porque de lo contrario lo que se decía el 28 de noviembre y lo que hoy se ha hecho por ese ministerio fiscal es incomprensible".
Por parte del gobierno español, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, consideró "muy correcta" la querella, al apuntar que "todos los ciudadanos están sometidos al cumplimiento de la ley". Por ello, acotó, la resolución del Tribunal Supremo tendrá que ser cumplida y quien no lo haga se "tendrá que atener a las consecuencias".
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