La Jornada ha publicado este artículo con el que se da seguimiento al Caso Batasuna:
Presenta Batasuna el alegato final ante la justicia contra ilegalización
Los jueces españoles tienen 20 días para deliberar
La coalición nacionalista vasca Batasuna presentó este martes su alegato final ante el Tribunal Supremo español, que el jueves comenzará sus deliberaciones para decidir si declara ilegal o no esa formación, cuyas actividades políticas están prohibidas desde agosto pasado.
El escrito de Batasuna, de 150 páginas, presentado por el abogado de esa formación radical vasca, Iñigo Iruín, considera en sus alegaciones que "no haber adherido mediante el silencio o la abstención a comunicados o documentos de condena de atentados de ETA" no constituye "una conducta ilícita" para determinar la ilegalización de un partido político.
Afirma que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un partido puede ser disuelto cuando realice un apoyo o invitación expresa a la violencia y el terrorismo.
Además, plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos, al entender que "vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, ideológica o de participación política".
A partir del jueves próximo los 16 jueces que integran el pleno de la sala especial del Tribunal Supremo tienen 20 días para deliberar y dar a conocer su sentencia, aunque ese lapso puede ser prorrogado.
Si el tribunal dicta la disolución de Batasuna como partido político, éste no podrá presentarse en las elecciones municipales de mayo próximo. La sentencia sólo podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional de España.
El procedimiento judicial que busca la ilegalización de la formación radical vasca comenzó el 3 de septiembre de 2002, cuando la Fiscalía General del Estado y el gobierno español presentaron al Tribunal Supremo dos pedidos para proscribir a Batasuna por su "integración en el entramado terrorista de ETA".
El 26 de agosto pasado, en el contexto de una ofensiva político-judicial, el juez español Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal del país, suspendió por tres años las actividades políticas de Batasuna, considerada brazo político de la organización separatista armada.
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