«Parafraseando a la presidenta madrileña, habéis invitado a un autobús de kale borroka», suelta Martxelo Otamendi, exdirector de ‘Egunkaria’ y ‘Berria’, bromeando con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre La Vuelta en Madrid. El auditorio se ríe y el periodista deja el prólogo cómico para adentrarse en un tema delicado e intenso como es la tortura a manos del Estado.
El marco era el primer día de las Jornadas contra la Tortura que se desarrollan estos días en el Teatro del Barrio, la emblemática sala y centro cultural del madrileño Lavapiés, el mismo sitio en el que se anunciaba la fundación de Podemos hace once años.
Junto a Otamendi, sentados en el centro del escenario, también Laura Pego, especialista del Instituto Vasco de Criminología; Ainara Gorostiaga, miembro de la Red de Personas Torturadas en Nafarroa; y Juan Kruz Aldasoro en representación de Mikelatxo Urbi Taldea, impulsor del documental recientemente estrenado en Zinemaldia ‘Arg(h)itzen: torturaz argi hitz egiten, tortura argitzen’.
De hecho, anoche fue el estreno de ese documental en Madrid y antes de los ponentes se exhibió al público su relato, que pone el foco en los 149 casos de tortura y malos tratos sufridos por personas del valle de Sakana y explica el proceso de reconocimiento a las víctimas de la Policía española y la Guardia Civil.
«Queríamos contar la realidad que se había vivido en nuestro valle, contribuir a la memoria colectiva de nuestro pueblo, y somos conscientes de que el relato que se construya no puede ser solo en base a nuestros testimonios, debe ser plural, un relato inclusivo que sirva para construir la convivencia», comenzó diciendo. «Si nuestra historia se quedaba en un relato local no alcanzaba, ahora se ha convertido en referencia para el conjunto de Euskal Herria», añadió.
El director pidió no hablar de la tortura «en pasado» porque «lamentablemente hay cuatro ciudadanos de Sakana que siguen en prisión después de 25 años de cárcel en base a condenas sustentadas en elementos probatorios obtenidos bajo tortura. La tortura sigue operativa al día de hoy».
Seguidamente tomó la palabra Gorostiaga. «Para muchos de nosotros, Madrid es recuerdo de tortura, de pasar por la Audiencia Nacional, el ingreso en prisión...pero estamos agradecidos de venir aquí y proyectar este documental». Recalcó que el trabajo «es esclarecedor» y explicó el proceso de reconocimiento en Nafarroa de los casos de tortura y el origen en 2022 de la Red de Personas Torturadas, impulsada con el objetivo «del reconocimiento, la reparación y las garantías de no-repetición, las tres ‘R’».
«Hemos conseguido en poco tiempo varias cosicas pero ni las leyes ni las investigaciones hablan de los responsables. Detrás de todo esto también están los médicos forenses, los jueces, y algunos medios de comunicación que han hecho la vista gorda. Hay mucho trabajo por hacer en este campo y creo que vamos a ir pudiendo abrir más puertas», concluyó.
Luego fue el turno de Laura Pego. La académica contó con un power point y de pie los dos informes hechos en Euskal Herriko Unibertsitatea a pedido de Lakua, en el marco del Plan de Paz y Convivencia. Explicó desde el origen (la estimación de 5.500 denuncias) hasta el resultado final a la hora de publicar los informes (en un primer bote 4.113 casos de tortura y malos tratos a 3.415 personas, algunas de las cuales denunciaron más de uno). En breve contacto con NAIZ añadió que se sigue trabajando en la investigación y que hay decenas de nuevos casos que se podrían agregar en un nuevo informe.
Cambios de ley
«Voy a divagar después de la clase magistral de Laura, es más propio de periodista hacer eso», bromeó Otamendi, último en coger la palabra. Tras agradecer a los activistas madrileños liderados por Pedro Casas «todo lo que han hecho en Madrid» para dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos de detenidos vascos (Casas estaba en el auditorio), el periodista fue directo: «Aprovecho que hay dos legisladores en la sala [el diputado de Sumar y líder del PCE, Enrique Santiago, y el senador Mario Zubiaga de EH Bildu]; voy a proponer dos cambios legales».
«Entiendo que un detenido tenga que tener incomunicación para no avisar a compañeros, pero no entiendo por qué hay incomunicación judicial, por qué dejamos cinco días de impunidad a la Policía, un túnel sin derechos humanos en el que hará todo lo posible para que el detenido declare lo que no ha hecho. Por qué nos empeñamos en dejar en manos de la Policía a un detenido que no quiere declarar, y en muchos casos ni se le permite el aseo, a mí no me dejaron asearme por cinco días», detalló Otamendi.
En ese sentido, opinó que así no se va a poder conseguir «que los policías dejen de torturar, dejen de presionar, dejen de meter miedo». Y añadió que si bien comprende la necesidad de un magistrado de dejar a veces incomunicado a un detenido, criticó que se deje todo en manos policiales. «Esto creo que podría ser posible, supone una revolución y sé que los cuerpos policiales van a montar un golpe si se les quita el poder», ironizó.
En segunda instancia, propuso un cambio que apunta a las responsabilidades: «La persona de mayor alto cargo que puede ser condenada en estos casos sería el jefe del operativo, nunca se llega al general, al jefe del cuerpo. Y el detenido es del juez, no de la Policía, el juez es el que decide alterar la vida de la persona. No puede ser que a un juez le vayan presentando casos y casos y no haga nada, no es posible que se presente alguien con la cara destrozada y el juez no permite ni siquiera que se exprese, no es posible que los magistrados sean testigos directos de narración de torturas y les digan ‘hable con su abogado’. Un magistrado el primer día que le traen a un detenido torturado debería llamar inmediatamente al jefe de la Guardia Civil o Policía».
Cuando se abrió la posibilidad de preguntas al público, el primero en hablar fue el bilbaíno Juan Manuel Olarieta, que vive hace años en Madrid y es abogado penalista (fue defensor de muchos detenidos del Grapo y activistas). Recordó que sufrió unas 16 detenciones («son tantas que no recuerdo todas bien») y la última en 2006, decidida por el actual ministro Grande-Marlaska, duró tres meses y fue archivada. «Si no hay un gran cambio en el Estado y de las fuerzas represivas, que no basta con depuración, la tortura seguirá. A mí me pegaban con la Constitución en la cabeza, me colgaban de la barra con una ikurriña y una bandera de la república», comentó. También dijo haber rechazado todo reconocimiento de todas las instituciones públicas, «porque son todas cómplices».
Pego pidió responderle y dijo que si bien entiende su posición, también recordó que «hay personas que comentan que con solo haber participado del proyecto de investigación les vale, porque a mucha gente ese dictamen oficial y reconocimiento oficial ya les vale».
Antes de acabar las preguntas (que fueron en realidad comentarios) del público, Otamendi quiso citar un ejemplo que merecía atención: «En la época del tripartito en Catalunya, el entonces conseller de Interior, Joan Saura, de ICV, supo de una comisaría de los Mossos que siempre tenía denuncias de tortura y tuvo el coraje de colocar microcámaras y grabaron las torturas a una mujer rumana y las hizo públicas. Los Mossos se quejaron e hicieron una manifestación en contra que CiU apoyó».
Santiago y Zubiaga
En conversación con NAIZ al salir de la sala, el diputado Santiago recordó que viene de un partido político «con más de 10.000 fusilados y decenas de miles de torturados» y opinó que «lamentablemente la tortura ha sido una práctica generalizada en muchos sitios».
También citó el caso de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, el cual se opone a colocar una placa que recuerde la tortura acontecida allí cuando era sede de la DGS (asunto que surgió en la ronda de comentarios del auditorio). «La Ley de Memoria Democrática habilita a que haya un procedimiento para que se coloque y está en marcha. Entiendo la frustración de la gente pero una cosa es estar en el Gobierno y otra es estar en el poder. No creo que sea bueno empezar a hablar de responsabilidades porque yo por ejemplo estoy muy enfadado porque diez años después seguimos con la ley Mordaza del PP y los que votaron en contra con el PP todos sabemos quiénes fueron», dijo con algo de ironía, en alusión al voto en contra hace tres años de EH Bildu y ERC.
El senador Zubiaga, en tanto, lamentó la «pulsión autoritaria a escala global que se está trasladando de país a país, con unas derivas autoritarias que hace algunos años muchos no hubieran estado dispuestos a aceptar», y agregó en conversación con NAIZ que «el sistema de valores de las opiniones públicas de Occidente está con menor sensibilidad en derechos y libertades, lo que se puso en marcha en Guantánamo ha ido calando y ha desaparecido el Estado de Derecho a nivel internacional».
Sobre la lucha contra la tortura, opinó que «se puede volver más complicado porque lo que se define como el espíritu del tiempo, el sustrato de este tiempo, es mucho más tolerante a las vulneraciones de derechos y libertades producidas desde el Estado», y celebró que haya «espacios como estos». «Que se vea esto en el centro de Madrid significa que algo se ha movido y que el peligro que mencionaba de la pulsión autoritaria hace que sectores progresistas estén pensando en que hay que organizarse más y establecer lazos y una defensa común», concluyó.
El martes de la semana próxima habrá otra jornada en la misma sala sobre torturas en Euskal Herria, sin documental y con debate abierto. Los efusivos aplausos con los que se despidió a cada ponente y el film fueron el prólogo de conversaciones que siguieron en la calle Zurita entre abrazos e intercambio de contactos. Queda grabada la frase que eligieron para cerrar la primera jornada, con una víctima de tortura: «Nos las han hecho pasar putas, pero ellos no han ganado».
