sábado, 20 de septiembre de 2008

Semana Negra

Más que semana, fueron 48 horas de auténtico infierno. Aquí les presento un par de escritos al respecto publicados en Rebelión.

Un comentario de Javier Ortiz:



Prohibir la realidad

Javier Ortiz


Se declara contento el presidente del Gobierno porque, en aplicación de las últimas sentencias judiciales ilegalizadoras, dejará de haber miembros de la izquierda abertzale que estén presentes en las instituciones “representando a siglas” (sic) inaceptables.

En este caso me coinciden la objeción jurídica y la política.

Objeción jurídica: las actas que reciben los electos les son otorgadas a título personal, con independencia del partido al que pertenezcan (si es que pertenecen a alguno), de modo que su cargo no depende de la situación legal de ninguna organización política. Precisamente por eso pueden cambiar de bando o crear el suyo propio y seguir ocupando su escaño. Ilegalizados ANV y el PCTV-EHAK, quienes resultaron elegidos en sus listas seguirán ocupando sus cargos hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Objeción política: los electos no representan a siglas, sino a votantes. Los partidarios de la izquierda abertzale no asientan sus reales en un buen puñado de ayuntamientos de Euskal Herria y en el Parlamento de Vitoria porque tal o cual sigla esté inscrita en el registro del Ministerio del Interior, sino porque decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos los han respaldado con sus votos.

Y ahí está el fondo de la cuestión. Lo que el Estado español está haciendo a través de todos sus poderes, incluido el cuarto, no es sólo prohibir siglas, sino también tratar por todos los medios de dejar sin representación política a una parte de la sociedad vasca (cada vez más difícil de cuantificar, precisamente por las prohibiciones). ¿Qué demócrata puede felicitarse por haber contribuido a tapar la boca al 10%, al 12% o al 15% de una sociedad?

Un refrán francés dice: “Chassez le naturel, il revient au galop”. Traducido a nuestro lenguaje coloquial: no te empeñes en negar la realidad; te volverá al instante.

El generalísimo Franco sacó un decreto por el que prohibió la lucha de clases. Como no le gustaba que existiera, decidió encarcelarla. Su actitud parece que no deja de hacer prosélitos. Siguen siendo muchos los que se empeñan en cambiar la vida por decreto.

Una curiosidad: a veces lo consiguen.


La editorial de Gara:

Nuevo réquiem por las libertades políticas


Con la misma celeridad con la que zanjó las deliberaciones sobre la ilegalización de ANV, el Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad colocar fuera de la legalidad a EHAK. Bastaron apenas unas horas para que el Alto Tribunal español decidiera la disolución de esta formación política, cubriendo sin sorpresas un nuevo capítulo de la ofensiva judicial contra la izquierda abertzale y dejando patente que la lectura y análisis de las alegaciones de los abogados -si realmente se produjo- no hizo perder horas de sueño a sus señorías. Se cumplieron, punto por punto, los augurios del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, que ayer mismo daba por segura la ilegalización y, más significativamente, los que días antes de hacerse público el fallo realizaba el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, sobre el signo de la decisión judicial.

La semana que ahora se cierra ha puesto negro sobre blanco la determinación del Estado en su estrategia para intentar hacer desaparecer del mapa político a la izquierda abertzale. No ha tenido reparos -ni democráticos ni judiciales- a la hora de ilegalizar un partido político histórico como ANV, con el que el propio PSOE llegó a compartir lucha política en aquel Bloque Antimonárquico hace más de setenta años y posteriormente trinchera en la cruenta guerra del 36. Tampoco le ha causado ningún embarazo ilegalizar el movimiento pro- amnistía y condenar a doscientos años de cárcel a 21 ciudadanos vascos que si por algo se han destacado ha sido por dedicar su labor de militancia para sacar a la luz la represión de los estados francés y español y hacer llegar su solidaridad y apoyo a centenares y centenares de represaliados políticos.

A falta de conocer los ropajes de su redacción, la sentencia de ayer no se desvía un ápice de la amplia autopista de atropellos judiciales encaminados a desbaratar la disidencia política en Euskal Herria. «Quien no acepte la Constitución quedará fuera de la vida política», manifestaban ayer fuentes del Gobierno español al valorar la ilegalización. Olvidan, omiten, de nuevo, que esa Constitución nunca fue aceptada por este pueblo. Y que el déficit democrático con el que se inició aquello a lo que llamaron transición no ha hecho sino degenerar en estas tres últimas décadas hasta desembocar en un estado de excepción que hoy apesta en Euskal Herria.


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