Es cosa de defender los derechos humanos y las garantías individuales de seis personas amenazadas por la sed de poder de un juez de pacotilla.
En juego también están la dignidad y la soberanía de los mexicanos.
Es un mandato expreso de la ley, asegura la defensora Bárbara Zamora
Alfredo Méndez Ortíz
Asier Arronategui, José María Urquijo, Félix Salustiano García y Juan Artola, en el Reclusorio Norte de la capital del país FOTO Francisco Olvera La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está obligada jurídicamente a resolver el juicio de garantías que los seis ciudadanos de origen vasco perdieron en primera instancia, porque así lo establece la ley de amparo y porque se trata de un tema de extradición en el que está en juego la pérdida de los principios de política exterior que había tenido el gobierno mexicano durante más de 70 años en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional, que están siendo "aniquilados" por la administración panista, señalaron abogados litigantes consultados por este diario.
Bárbara Zamora -defensora de los seis vascos, presuntos miembros de la organización ETA, a quienes una juez federal negó la protección de la justicia contra la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de extraditarlos a España- aseguró que ni siquiera se trata de que la SCJN ejerza su facultad de atracción, sino de un "deber procesal" que la obliga a resolver un juicio de amparo en revisión, porque "estamos hablando de problemas de inconstitucionalidad que compete resolver" a ese tribunal.
Precisó que "la ley de amparo ordena que en asuntos de inconstitucionalidad de tratados que se hayan alegado en una demanda de garantías, como es el caso de los vascos, la Corte debe resolver sobre estos temas. No se trata de un acto discrecional o facultativo (de la SCJN), sino de un mandato expreso de la ley (...) el artículo 92 refiere que cuando en la revisión concurran materias que sean competencia de la Corte y de un tribunal colegiado, se remitirá el expediente a la primera, y una vez que esto ocurra la SCJN resolverá el aspecto que corresponda a su competencia".
A su vez, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), consideró que para evitar su "inmediata extradición" los ciudadanos vascos deben solicitar la revisión del amparo, "y probablemente en un mes o dos se resuelva, por la prontitud con que el Poder Judicial quiere resolver el asunto; tal parece que hay un compromiso político por encima de la función jurisdiccional de jueces y magistrados, y que el gobierno mexicano pretende desembarazarse de estas personas y enviarlas al patíbulo sin estudiar a fondo su condición jurídica partiendo del principio de igualdad que corresponde a todas las personas que entren y estén en territorio nacional; es decir, hay una violación constitucional" en perjuicio de los vascos.
Agregó que "las organizaciones no gubernamentales y la sociedad podemos jugar un papel muy importante si solicitamos que se excuse de conocer del asunto el tribunal colegiado al que corresponda la revisión, y que lo conozca directamente la SCJN , para ver si es posible que el máximo tribunal tenga la sensibilidad para no terminar en una política de fast track en materia de extradiciones con tintes políticos, ajena a lo que ha sido históricamente nuestra política exterior".
Acerca de la negativa de la juez itinerante Rafaela Reyes Franco Flores de amparar a los vascos, tras analizar el expediente en menos de dos meses y sin revisar varias pruebas presentadas por los quejosos, con el argumento de que ya las había revisado la SRE, el abogado opinó que "todo parece indicar que no hubo cumplimiento cabal de las funciones que tiene asignadas la juez, porque su deber es analizar el fondo del asunto y no darlo por terminado sobre la base de las consideraciones previas que hizo una autoridad de carácter administrativo, como es la cancillería, porque la interpretación y aplicación de la justicia es función exclusiva del Poder Judicial".
Refirió que en este caso es claro que "hay una violación al principio que establece el artículo 17 constitucional, que dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por un tribunal, en este caso por un juzgado, que sea imparcial y otorgue una justicia completa y gratuita; entonces, da la impresión de que hay una acción y una resolución parcial en favor de autoridades administrativas (SRE)".
No hay voluntad para resolver el caso, afirman
Víctor Ballinas
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, y Gilberto López y Rivas, manifestaron ayer que la resolución de la juez undécima itinerante Rafaela Reyes Franco Flores, de negar el amparo a los seis ciudadanos de origen vasco, presos en el Reclusorio Norte, contra su posible extradición a España, muestra que no hay voluntad política para resolver este caso y que se actúa por consigna.
Eréndira Cruz Villegas, directora del Cencos; Edgar Cortés, secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, y López y Rivas, por separado, manifestaron que a pesar de que hay fallas de origen en el proceso y que se cometieron aberraciones jurídicas, "no se nota voluntad política para resolver el problema y evitar la extradición de los ciudadanos de origen vasco".
López y Rivas aseveró que "esta decisión es un eslabón más en la larga cadena de aberraciones jurídicas que se han cometido en el proceso contra los seis ciudadanos de origen vasco, presos en el Reclusorio Norte y sujetos a un proceso de extradición acusados de pertenecer a la organización separatista ETA".
Esto, abundó, "muestra que el sistema de justicia está politizado, y que es correcta la decisión de la abogada de los vascos, Bárbara Zamora, de recurrir al tribunal colegiado e incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise el caso".
Agregó que "la decisión estaba prácticamente anunciada, porque el juez quinto de distrito A, Rafael Zamudio Arias, ya había negado otros amparos a los ciudadanos de origen vasco, y esto sólo abunda en la falta de legitimidad y credibilidad de la justicia en el país".
Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que "el caso de los ciudadanos vascos es muy preocupante; sin duda, hay que mejorar muchísimos aspectos en materia de justicia para contar con un recurso eficaz para la defensa de todos los habitantes".
Al igual que López y Rivas, Cortés consideró acertado que la abogada Bárbara Zamora, defensora de los seis ciudadanos de origen vasco, recurra al tribunal colegiado y a la SCJN para revisar el caso, porque "lo que tendría que esclarecerse son las reglas y los límites que deberían tener estos tratados de extradicción para que no vulneren las garantías de estos ciudadanos en particular, pero también de ningún otro ciudadano que esté sujeto a proceso de extradicción".
La directora del Cencos, Eréndira Cruz Villegas, aseveró que "la decisión (de la juez) muestra una más de las atrocidades del sistema de administración y procuración de justicia, y si la abogada Bárbara Zamora recurre a la atracción del proceso por la SCJN, esta instancia tendrá la posibilidad de reivindicarse, como lo ha hecho en otros casos, y actuar de manera independiente y autónoma".
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