Así que Fox anda prometiendo pisotear la soberanía mexicana.
Y además se pasa la división de poderes por el Arco del Triunfo.
Promesas de cambio, si como no.
Lean esta editorial que apareció hoy en La Jornada:
Y además se pasa la división de poderes por el Arco del Triunfo.
Promesas de cambio, si como no.
Lean esta editorial que apareció hoy en La Jornada:
Las declaraciones del presidente Fox en Madrid, mostrando su disposición a colaborar ampliamente con la pronta extradición de ciudadanos vascos a solicitud del reino de España, confirman el carácter político de los procesos que hasta ahora se han seguido contra vascos residentes en el país, entre ellos los seis que actualmente se encuentran presos.
Al comprometerse a "proceder a la búsqueda rápida de procesos de extradición", ofrece algo que en un Estado de derecho, con una real división de poderes, sería inaceptable, pues dependería del Poder Judicial, que no se sometería a las indicaciones o premuras del Ejecutivo. Es decir, Fox prometió algo que legalmente no puede cumplir.
La presunción de inocencia, los principios de legalidad y del debido proceso parecen no importar con tal de satisfacer oportunamente las solicitudes de la corona española.
Así puede entenderse que se vengan practicando desde hace años detenciones como la de Miguel Etxandía Meabe (La Jornada, 6/07/03), quien igual que otros ciudadanos vascos (por lo menos 27 casos documentados) fue enviado mediante extradición sumaria, o sea, entregado de policía a policía, simulando una expulsión o deportación por motivos administrativos, operación coordinada con policía española actuando en nuestro territorio nacional, según testimonio de familiares.
Mediante estas entregas, totalmente al margen de la ley y sin pasar ante el juez, se eluden deliberadamente los requerimientos jurídicos y dilaciones que implica salvaguardar los derechos de los detenidos y que constituyen las características y tiempos propios de todo proceso de extradición que, además, el Estado solicitante podría ganar o perder.
Las entregas de vascos avecindados en México han sido recibidas en España como muestras de colaboración del gobierno mexicano con aquél. De ahí la preocupación de que las autoridades mexicanas subordinen no solamente la política exterior, sino también el cumplimiento de las leyes, a las necesidades e intereses extranjeros, mediante argumentos que no resisten un serio análisis legal.
Familiares de quienes han sido entregados aseguran que fueron incomunicados desde su detención en México y sometidos a torturas durante varios días en territorio español.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Estado español que todo detenido cuente con abogado desde su aprehensión, garantías para entrevistarse en privado, y ser sometido a un examen médico.
Por su parte, Amnistía Internacional, en su Informe al comité de la ONU contra la tortura, recomendó derogar el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en España, que permite ampliar el plazo de incomunicación, así como el 527, que establece restricciones especiales para los acusados de terrorismo.
Al entregar a ciudadanos vascos el gobierno de México incurre en grave violación del derecho interno y del derecho internacional, pues el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes establece que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Los tiempos de una política exterior, orgullo de los mexicanos y admiración de otros pueblos, observante rigurosa del derecho de asilo y protectora de los derechos de quienes eran perseguidos por los gobiernos de sus respectivos países, parecen haber quedado en el olvido.
De cumplirse la promesa presidencial se puede augurar un ascenso en la práctica de estas entregas; con ello se cometería una sistemática violación de derechos humanos y otras garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia, vigentes con carácter de ley suprema de toda la Unión.
Por otra parte, las irregularidades y resultados del proceso contra los seis vascos presos actualmente muestran que es ineludible y urgente una reforma a fondo del Poder Judicial, propuesta desde hace tiempo por defensores de derechos humanos interesados en la legalidad y la vigencia del Estado de derecho.
* Defensor de derechos humanos
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