La "Batasuna" Ana Urchuegia

La infausta doctrina del "todo es ETA" de Baltasar Garzón ha terminado por meter en la red a una ONG denominada Euskal Fondea, misma que es dirigida por una sociata y administrada por una pepera. Esperemos que esto haga entender a ambas que no importa que tan asimilado tengas el relato españolista, para ellos, los españoles, sigues siendo vasco y por lo tanto, enemigo de la Sacrosanta Unidad de la España Una Bajo Dios.

O como se dice desde tiempos inmemoriales; Roma no paga traidores.

Aquí la información que traemos a ustedes desde La Jornada:

ONG rechaza acusaciones del juez Garzón

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El auto judicial que emitió el pasado 26 de agosto el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que permitió la suspensión de actividades de la coalición nacionalista vasca Batasuna -desde el cierre de sus locales al embargo de cuentas bancarias- vinculó además a decenas de asociaciones y personas al supuesto entramado de la organización armada ETA. El magistrado trabaja en este macrosumario desde hace más de cinco años, cuando se convirtió en el juez que asumió la mayoría de los procesos judiciales relacionados con el conflicto vasco.

El documento de 375 páginas menciona entre las entidades presuntamente pro ETA a Euskal Fondea, organización no gubernamental que realiza trabajos humanitarios en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, pero que para Garzón se trata de una tapadera que sirve al grupo armado para el "sostenimiento de sus militantes en Latinoamérica y, concretamente, en Nicaragua".

Lo insólito de esta acusación es que la vicepresidenta de Euskal Fondea es Ana Urchuegia, la alcaldesa socialista de Lasarte, quien ha sufrido amenazas de ETA; mientras la tesorera de la organización es militante del conservador Partido Popular, al que pertenece el presidente del gobierno español José María Aznar. En cambio, el auto judicial señala que ambos cargos son de Batasuna.

La propia Urchuegia compareció este martes en San Sebastián ante la prensa para rechazar la acusación, ofreciendo a Garzón que "revise las cuentas para evitar cualquier posible desconfianza por parte de los ayuntamientos, miembros y ciudadanos sobre el destino del dinero" que recauda Euskal Fondea.

La edil socialista, quien recientemente fue objeto de un atentado fallido por parte de un comando etarra, explicó que esa ONG agrupa a 70 entidades locales de diferentes vertientes políticas con el único objetivo del "desarrollo de la cooperación internacional", pero con la acusación de Garzón el esfuerzo "de convencimiento para que los ayuntamientos destinen 0.7 por ciento de sus presupuestos a la cooperación, se puede caer". 

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"Meteduras de Pata"

La Jornada le da seguimiento al proceso de criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna, hecho vergonzante que ocurre en el seno de la Unión Europea sin que nadie se escandalice de que en un estado como el español, donde una criminal dictadura campaba a sus anchas hasta no hace mucho, persista una clase política dispuesta a poner coto a las libertades y derechos de quienes no comparten la visión españolista de la política, misma que fue la piedra angular sobre la que la derecha construyese en su momento los principios del naciona-catolicismo.

Adelante pues con la lectura:

Presentan el fiscal y el ministro de Justicia de España la demanda para proscribir a Batasuna

La prohibición de manifestaciones en favor del partido, "metida de pata", dice el PNV

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el ministro de Justicia español, José María Michavila, presentaron hoy ante el Tribunal Supremo las respectivas demandas en las que solicitan, el primero por parte de la Junta de Fiscales de Sala, y el segundo en representación del Ejecutivo español, la prohibición de la coalición de la izquierda nacionalista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de ETA.

Estas medidas se suman a las acciones judiciales emprendidas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que la semana pasada ordenó la suspensión de todas las actividades de la coalición y luego declaró "ilegal" cualquier manifestación "apoyada o inspirada" en ella.

Las demandas presentadas ante el órgano judicial, la del fiscal -85 folios que citan 15 supuestos hechos delictivos de Batasuna- y la del gobierno -más de 10 mil folios que aportan "más de mil hechos" que demostrarían la presunta "doble militancia" entre ETA y Batasuna-, ahora serán analizadas por el Tribunal Supremo, órgano que finalmente decidirá si declara ilegal a la coalición, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

El fiscal Cardenal, jurista conservador nombrado por Aznar cuando llegó al poder en 1996, se encargó de entregar la demanda, que incluye un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna acusados de estar implicados en acciones terroristas, así como fotografías de los ayuntamientos gobernados por la coalición, en las que se puede ver en las fachadas de las sedes públicas imágenes de miembros de ETA.

En alusión a las declaraciones del parlamentario y dirigente de la suspendida Batasuna, Arnaldo Otegi, quien sostuvo que "el País Vasco se está convirtiendo en el Stalingrado político de Aznar", Cardenal dijo ante la prensa que a lo que "venimos hoy al Tribunal Supremo es a liberar a esa parte de España (País Vasco) del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna".

La demanda presentada por el Ejecutivo, que también se basa en la nueva legislación de partidos políticos creada ex profeso para prohibir a Batasuna, incluye fotografías y actas de los plenarios en los que parlamentarios o concejales de la coalición se negaron a condenar el último atentado mortal de ETA, que a principios de agosto dejó dos muertos, entre ellos una niña.

Asimismo se incluyeron 194 expedientes de dirigentes o militantes de Batasuna, con los que se pretende demostrar su vinculación al grupo armado.

El titular de Justicia sostuvo que esta demanda pretende acabar "con la impunidad de los que utilizan la democracia contra la democracia y se pone fin a la impunidad de los que usan los privilegios de los partidos políticos".

La tesis del gobierno es que Batasuna es "la prolongación del terrorismo en la política, por tanto la ley no manda a la clandestinidad a un proyecto político o a sus defensores, porque la ley defiende el derecho de cualquiera a defender sus ideas pero sin pistolas ni bombas".

Michavila sostuvo además que a raíz de los atentados del 11 de septiembre "hemos alcanzado la comprensión de todas las democracias. No hay terrorismo bueno y malo. Todo el que usa el terrorismo es un criminal".

Por su lado, el ministro del Interior, Angel Acebes, aseguró que el gobierno demostrará ante el Tribunal Supremo que los dirigentes de Batasuna "son o han sido dirigentes de ETA".

Ahora Batasuna deberá comparecer en un plazo de ocho días ante el tribunal. Si esta instancia acepta las demandas presentadas hoy, como se espera, podría declarar la "disolución del partido político" en un plazo de entre cuatro y seis meses. La medida será de ejecución inmediata y ante esta sólo cabrá presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Mientras se da curso a estas querellas, el gobierno del País Vasco, presidido por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), estudia cómo aplicar la última orden del juez Garzón, que decretó ilegales todos las manifestaciones "públicas o privadas impulsadas o inspiradas" en Batasuna. El Departamento del Interior informó que a partir de ahora analizará "cada convocatoria o cada comunicación" para realizar actos de apoyo a la coalición.

Esta medida del magistrado fue acogida con cautela por algunos dirigentes políticos y medios de comunicación, incluido el rotativo pro gubernamental El Mundo. Entre las voces más críticas destacó la del vocero del PNV, Joseba Egibar, que la calificó de "metedura de pata, ya que la sociedad siempre necesita vías de expresión y ese derecho en el futuro lo van a ejercer otros particulares o nosotros mismos".

Según Egibar, el juez Garzón va "por encima de todo en nombre de la justicia" y el "Estado está poniendo en marcha casi todos sus instrumentos y ha demostrado que está dispuesto a estropear la convivencia de esta sociedad".

El líder de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, coincidió al sostener que la medida decretada por Garzón "vulnera el derecho de manifestación, un derecho democrático fundamental que no estamos dispuestos a que ningún juez recorte".

En Estrasburgo, finalmente, el Parlamento Europeo pidió a Koldo Gorostiaga, el único eurodiputado de Batasuna, rembolsar parte de sus dietas, tras una investigación interna que mostraría que "las utilizó de manera inadecuada", según dijo el vocero del parlamento, David Harley, citado por Afp. 

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Batasuna "Inspira"

La embestida en contra de las libertades y derechos políticos del pueblo vasco continúa.

Ahora, el juez estrella Baltasar Garzón ha exigido al gobierno de la CAV que prohíba cualquier manifestación convocada en favor de Batasuna. Dicha prohibición le da la oportunidad a Garzón de ordenar la acción directa de las fuerzas represivas del estado español presentes en la CAV en contra de los manifestantes, asegurando con ello la posibilidad no solo de reprimir brutalmente con todo el arsenal a civiles de a pies, sino que permite el arresto, incomunicación, tortura y encarcelamiento de ciudadanos que serán acusados de "pertenencia a banda terrorista", solo por manifestar su rechazo a una medida draconiana.

Claro que todo lo anterior le puede importar menos a Vázquez Montalbán pues los "batasunos" se merecen lo que les hagan por no "condenar específicamente los muertos que causa" el "nacionalismo vasco".

Aquí la información:

Prohíbe Garzón la convocatoria o asistencia a manifestaciones "inspiradas" en Batasuna

El líder de Izquierda Unida asegura que el juez "se extralimita en sus funciones"

Armando G. Tejeda

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, prohibió hoy la convocatoria o asistencia a manifestaciones que estén "impulsadas o inspiradas" en Batasuna, la coalición de la izquierda nacionalista vasca cuyas actividades el magistrado suspendió hace una semana, acusándola de ser el brazo político de ETA.

Poco después de conocerse esta orden, el gobierno regional vasco prohibió las manifestaciones previstas para el 7 y el 8 de septiembre contra la suspensión y eventual proscripción de Batasuna, según se conoció de fuentes del Departamento de Interior vasco.

La orden de Garzón se emite un día después de que varios miles de personas se manifestaron en San Sebastián, con autorización de las autoridades regionales, para condenar la suspensión de Batasuna. Pero al término de la concentración hubo violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.

El magistrado, que el pasado 26 de agosto suspendió de todas sus actividades a la formación abertzale, emitió este lunes una nueva providencia en la que comunica al gobierno vasco, del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, que "no tendrá carácter legal o lícito cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente que de hecho se refiera a Batasuna".

Además pidió a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) española que le prepare un informe en el que se detalle "si existen convocatorias de manifestaciones realizadas por Batasuna directa o indirectamente", al tiempo que informa a la jefatura de la policía autonómica vasca, Ertzaintza, de la "suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos."

Garzón también precisó a la Conserjería de Interior del gobierno vasco que su auto judicial incluye la suspensión de "actividades que estén impulsadas o inspiradas" por Batasuna o "por sus miembros o dirigentes y que persigan la finalidad de apoyar o coadyuvar la actividad de aquella organización cuya actividad ha sido suspendida".

La medida afecta, asimismo, la "utilización de símbolos, logotipos y cualesquiera otros medios, pancartas, caravanas, anuncios o similares que se refieran a dicha organización terrorista", en alusión a la coalición nacionalista.

El delegado del Ministerio del Interior español en el País Vasco, Enrique del Villar, anunció que mantendrá una denuncia que presentó contra el gobierno vasco por haber permitido las manifestaciones celebradas ayer ya que, según él, "reúnen alimañas que apoyan el terrorismo y se defienden a mordidas".

El líder de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, consideró en cambio que estas medidas de "excepción" ordenadas por Garzón significan una "extralimitación en sus funciones, y además de ilegalizar de facto a una formación política, impide que los ciudadanos que no están de acuerdo con esta medida puedan expresarse y manifestarse libremente."

Calificó de "gravedad extrema que un juez actúe como mamporrero de los sistemas de libertades, salpicando a todo el Poder Judicial", por lo que pidió a la sociedad vasca "no caer en este tipo de provocaciones que se firman en un despacho a 500 kilómetros de nuestra tierra."

En tanto, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, se reunió con la dirección de su Partido Popular, a la que explicó que las iniciativas para promover la proscripción de Batasuna por medio de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Partidos Políticos "no garantizan el final inmediato de ETA". Sin embargo, sostuvo que sin esta iniciativa "nunca se terminará con la banda terrorista".

Aznar habló la víspera de que el Tribunal Supremo reciba dos pedidos para declarar ilegal a Batasuna, uno por parte del gobierno, que cuenta con el apoyo del Congreso de los Diputados, y otro procedente de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, durante la primera sesión del Parlamento navarro tras el receso por vacaciones se aprobó, con los votos de conservadores y socialistas, la "paralización" de actividades de los representantes de Batasuna, al menos hasta que se entregue a la Cámara un informe jurídico que estudiará las incidencias del auto de Garzón en la actividad de estos diputados. El diputado abertzale Pernando Barrena, respondió señalando que esta serie de medidas "están creando una indefensión absoluta, ya que a los efectos se trata de una situación de suspensión de derechos".

En el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, el representante de Batasuna, Koldo Gorostiaga, lamentó el último atentado mortal de ETA, que el 4 de agosto provocó dos muertos, entre ellos una niña, aunque no lo condenó. Además dijo sentirse amenazado por la representante de los socialistas, españoles en el Parlamento, Rosa Diez, quien señaló que la "impunidad" de Gorostiaga "está tocando fin", según consignó Dpa. Esta respondió entonces que "gente como yo llevamos escolta, somos asesinados por personas que se manifiestan con Gorostiaga en las calles y que gritan: ETA mátalos".

Este enfrentamiento verbal ocurrió después de que el presidente del Parlamento Europeo, Patrick Cox, condenase "firmemente" aquel atentado y manifestase el apoyo de la Cámara a las medidas que tomen los países de la Unión Europea "en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo". 

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Vázquez Montalbán y los "Batasunos"

Manuel Vázquez Montalbán, catalán por nacimiento pero español por decisión propia, ya recientemente nos había sorprendido con un texto en el que habla en favor de la experiencia que tiene Madrid lidiando con el fundamentalismo islámico, despachándose con una perla del revisionismo españolista como pocas; la reconquista.

Y decimos que nos había sorprendido porque supuestamente el señor es de izquierda y la izquierda no comulga con mitologías fundacionales de ningún tipo de nacionalismo decimonónico pues tiene el antídoto para ello; el  materialismo histórico.

Pero es que tristemente, y como nos demuestra con este otro texto publicado en la sección Opinión de La Jornada, a Vázquez Montalbán se le han ido por completo las cabras al monte en su apuesta por la imposible equidistancia, salpicada aquí y allá con manidas y facilonas frases supuestamente de izquierda.

En el texto, como funambulista, Vázquez Montalbán dispara lo mismo a diestra que a siniestra. Sus enemigos son por igual los gerifaltes del bipartidismo del PP-PSOE y los "batasunos", para él, ambos amenazan la grandeza de España.

Ojo, porque lo de "batasunos" no lo hemos inventado nosotros, así lo escribe, tal cual, para referirse a quienes se atreven a expresar sus ideales políticos depositando la boleta de Batasuna en una urna.

Ya había mostrado su desdén hacia la izquierda abertzale cuando junto a Saramago apoyase la candidatura de Izquierda Unida en el reciente proceso electoral de la CAV, solo para que ese partido terminara por engancharse como furgón de cola al tren del Partido Nacionalista Vasco.

En su celo españolista, Vázquez Montalbán asegura lo que ni Garzón con su neolenguaje se atreve a hacer; que Batasuna es el brazo político dependiente de ETA. O sea, este señor que en sus años mozos pasó su tiempo en las mazmorras del franquismo y que militó en organizaciones radicales, sin tiento alguno, compra y revende la hipótesis con la que Garzón actualemente sofoca todo tipo de expresión política e identitaria vasca, convirtiéndose así en valedor del "todo es ETA", sin importarle que muchos vascos y vascas hayan terminado detenidos, torturados y encarcelados como resultado de esa estrategia represiva. A lo Pepe Carvalho.

Más adelante, después de supuestamente haber cuestionado tanto al PP como al PSOE incluyendo por ahí una referencia a la Guerra Santa desencadenada por George W. Bush vuelve a las andadas, insistiendo en que como estado democrático -después de que él mismo ha señalado la ausencia de división de poderes así como la incapacidad para confrontar con herramientas políticas el complicado escenario presentado por Batasuna - Madrid debe explorar otras rutas.

Pero ahí, precisamente está el quid del asunto pues Vázquez Montalbán termina por convertirse en voluntarioso valedor del "atado y bien atado" de Francisco Franco. El régimen transmutó, llevó a cabo cambios cosméticos exigidos por las potencias occidentales tras la muerte del dictador, pero el estado español, como en tiempos de Franco, dista mucho de ser una democracia, pues los restos de decenas de miles de víctimas de la brutalidad españolista inspirada en los principios del nacional-catolicismo... continúan en fosas comunes.

Adelante con la lectura:

España: entre la democracia y la ilegalización

Manuel Vázquez Montalbán

Sorprende, y a mí me asusta, la aplastante mayoría con la que el Parlamento español ha secundado el obsesivo empeño de José María Aznar de ilegalizar a Batasuna, como brazo político dependiente de ETA. Esa mayoría parlamentaria no se debe sólo al vicio del seguidismo, sino que tiene también especial importancia la carencia de nuevas expectativas políticas para el problema vasco. La falta de opciones favorece la impresión de que la ilegalización de Batasuna es una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) deben ocultar su incapacidad política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o disuasorio.

Inquietante que el discurso ilegalizador del PP y del PSOE sea prácticamente el mismo, los primeros porque son depositarios de una idea de unidad patriótica característica de la derecha española y los segundos porque originalmente parten del esquema estatista de la clase obrera única, Estado unificador. Sin embargo, los socialistas catalanes, tal vez debido a ciertos niveles de colaboración entre comunistas, socialistas y nacionalistas en la lucha antifranquista, corrigen el axioma mecanicista y asumen las posiciones del austromarxismo ante la cuestión nacional. Curioso que el tiempo empleado por el jefe del socialismo catalán, Pascual Maragall, ante la ilegalización haya sido breve, y más amplio el dedicado a reclamar negociación para obtener resultados políticos.

Los problemas de los socialistas españoles para despegar su política vasca de la del PP no sólo son ideológicos, cuestión menor en unos tiempos en los que cualquier formación política coloca el pragmatismo por encima de sus principios originales. El terrorismo de ETA ha asesinado a militantes y dirigentes socialistas, por lo que es muy difícil distanciar y enfriar cualquier respuesta política, pero lo cierto es que el PSOE hasta ahora no ha demostrado una lectura diferenciada del nacionalismo vasco ni ha diseñado su propio proyecto. Si al PSOE lo condicionan estas carencias, el PP espera que la ilegalización de los batasunos le permita maquillar el fracaso de su estrategia para modificar la lógica del problema. Buena parte de la Europa democrática está sorprendida de que una de las más importantes razones para expulsar a Batasuna a las tinieblas exteriores sea que nunca ha condenado a ETA, ni siquiera específicamente los muertos que causa, sean civiles o militares, mujeres o niños. En un sistema democrático las razones para la pérdida de los atributos políticos han de ser menos emocionales y no deberían ser las mayorías parlamentarias quienes ilegalicen, medida necesariamente judicial y basada en una interpretación legal de los delitos contra la democracia cometidos por el partido a sancionar. Es fácil ilegalizar a Batasuna desde unos criterios democráticos cuantitativos y sería imposible hacer lo mismo con Haider o Le Pen en el parlamento austriaco o francés, no por carecer de grupo armado adlátere, sino por ser partidos de tal instalación que sería catastrófico dejarlos fuera de la ley.

La orgía antiterrorista cósmica de Bush ha envalentonado a Aznar, activado también porque la ilegalización de Batasuna le trae votos en el resto de España entre la clientela más opuesta a los separatismos o la más horrorizada por la brutalidad de ETA y la insensibilidad crítica de Batasuna. También sabe Aznar que las posiciones contrarias a la poscripción apenas tendrán cauce en los medios de comunicación, telecontrolados por el gobierno o instalados en la lógica de lo informativamente correcto por encima de lo políticamente democrático.

¿Cómo interpretar la coincidencia de tiempos entre la ilegalización de Garzón, consecuencia de la lógica judicial y la del Parlamento, consecuencia de la incapacidad de encontrar otra salida política a una cuestión empantanada? Ignoro cómo se ha producido el precipitado encuentro entre las investigaciones de Garzón y las especulaciones de Aznar. Lo lógico hubiera sido que el Parlamento reservara la decisión ilegalizadora al Poder Judicial, en primera instancia representado por Garzón, con los previsibles recursos de alzada hasta llegar al Tribunal Constitucional. La coincidencia entre Garzón y el Parlamento tal vez trataba de ofrecer la imagen de una coincidencia de bloque antiterrorista formado por los tres poderes más decisivos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero dudo que la ciudadanía lo haya visto como un milagro de la razón inevitable, desde aquella perdida inocencia de los liberales ilustrados del siglo XVIII, convencidos de que la verdad es tan evidente que no puede ser rechazada. Creo que la sociedad española ha acogido la medida con escasa distancia crítica, pero convencida de que ha habido acuerdo superestructural para que la coincidencia la hiciera irrefutable. La correlación de debilidades, que no de fuerzas, sigue marcando la dialéctica entre el Estado español y el nacionalismo vasco, así como el predominio de una falsa conciencia sobre la situación. ¿Qué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ¿Qué terrorismo, insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la ilegalización de su frente político? 

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Efialtes Urquijo

No hay nada peor que un colaboracionista.

Y eso es lo que son los dirigentes y militantes del PP en Euskal Herria, vasquitos colonizados que son utilizados como cuña en contra de su propio pueblo.

Baste leer las declaraciones de Carlos Urquijo en contra de José Ignacio Ormaetxe para entenderlo, pues, su finalidad, es extender la criminalización del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco del ámbito de la izquierda hacia todo el abanico de propuestas políticas existentes en la Comunidad Autónoma Vasca.

Aquí la información que nos provee La Jornada:

Exige el PP la renuncia de jefe policíaco que calificó de ineficaz la proscripción de Batasuna

Atribuyen a jóvenes "simpatizantes de ETA" incidentes violentos en Bilbao y Pamplona

El Partido Popular (PP) del País Vasco pidió este domingo la renuncia del director de la policía criminal en el seno del gobierno vasco, José Ignacio Ormaetxe, porque estimó "ineficaz y sobre todo inútil" la proscripción de Batasuna, al tiempo que en San Sebastián, tras una manifestación pacífica de condena a la suspensión e ilegalización de la coalición abertzale, agentes antidisturbios se enfrentaron con jóvenes nacionalistas.

En declaraciones al diario francés Le Monde, Ormaetxe juzgó de "ineficaz y sobre todo inútil" para luchar contra el terrorismo la proscripción de Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de la organización armada ETA.

Ormaetxe afirmó que, desde el punto de vista policial, la ilegalidad va a suponer una dificultad añadida. "Una parte de ese mundo, que era visible, va a ocultarse en la clandestinidad. Para la policía va a ser más difícil luchar."

Ormaetxe, abogado penalista vinculado al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder regional), subrayó que esta medida puede reforzar las tesis de ETA de que "la vía política es inútil para conseguir la independencia", o la necesidad de "negociar" para dar una solución definitiva a lo que considera un problema político. Afirmó también que "de todo esto no puede salir nada bueno. La sociedad vasca, que es sana, va a sufrir mucho, pero el juez (de la Audiencia Nacional, Baltasar) Garzón (que dispuso la suspensión de Batasuna por tres años) no nos ha pedido nunca nuestra opinión".

En respuesta el diputado del PP en el País Vasco, Carlos Urquijo calificó de "inadmisible y sobre todo poco alentador que un responsable policial reconozca la insuficiencia y la ineficiencia de su trabajo".

"¿Con qué ánimo van a afrontar los ertzaintzas (policía autónomica vasca) los indudables riesgos que corren jornada tras jornada en la lucha antiterrorista, tras conocer las declaraciones del responsable de esta tarea en el cuerpo?", se preguntó el diputado del PP.

Urquijo pidió que el gobierno vasco exprese por escrito delante del Parlamento si "ha recriminado al director de la policía por sus afirmaciones" y si "sigue contando con su confianza para continuar en el puesto".

De su lado, Arnaldo Otegi, quien hasta el lunes pasado fungía como vocero de Batasuna, aseguró a título personal y como parlamentario en la Cámara de Gasteiz que no es la coalición abertzale (nacionalista) la que no tiene cabida en la democracia española, sino el pueblo vasco.

En entrevista con el diario Gara, Otegi consideró que el proceso de soberanía en el País Vasco se está acelerando. "Lo realmente preocupante para el Estado es que el conflicto ya está situado entre el pueblo vasco y el Estado. Lo que no cabe en la democracia española no es Batasuna. Lo que no cabe en la democracia española es el pueblo vasco."

San Sebastián fue escenario de otra movilización de condena a la suspensión de Batasuna. La marcha fue convocada por representatnes de diversas organizaciones y en ella participaron ediles de Sozializata Aberzaleak del ayuntamiento donostiarra. En la misma, hubo lemas contra PNV, PP, el Partido Socialista Obrero Español, el juez Garzón y en favor de Batasuna.

Tras la protesta, que se desarrolló de manera pacífica, agentes antidisturbios de la ertzaintza se enfrentaron con jóvenes enmascarados en las calles que forman el casco antiguo de la capital guipuzcoana.

La policía dijo que tuvo que disparar balas de goma después de que algunos manifestantes lanzaron cocteles molotov y botellas. Uno de los manifestantes resultó herido por el impacto de una bala de goma, informó un agente en el lugar y otra persona fue detenida, pero más tarde dejada en libertad.

Asimismo hubo diversos incidentes esta noche en el País Vasco atribuidos a jóvenes nacionalistas, señalados por la policía como "simpatizantes de ETA". En Bilbao, manifestantes enmascarados erigieron barricadas callejeras con botes de basura incendiados y atacaron un edificio judicial, mientras en Pamplona fueron atacadas oficinas bancarias. También en el País Vasco francés hubo una manifestación contra la prohibición de Batasuna.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, la ertzaintza desactivó un explosivo colocado en una camioneta estacionada en una calle de Bilbao, en la primera acción atribuida a ETA desde que se inició el proceso para instar a la proscripción de Batasuna.

El vehículo, que contenía entre 30 y 40 kilogramos de dinamita, estaba estacionado en el barrio de La Peña. Estaba previsto que explotara al paso de una patrulla de la policía autónoma, que vigila esa zona por las protestas de los vecinos ante la ubicación de un centro de rehabilitación de drogadictos en las cercanías.

Las primeras hipótesis de la ertzaintza indican que la camioneta fue robada el sábado a punta de pistola en la localidad vizcaína de Dima, y señalan que los autores del frustrado atentado forman parte del comando Vizcaya, que hizo estallar un coche bomba con 20 kilogramos de dinamita en enero, en el centro de Bilbao. 

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"Garzonada" contra Gorka Martínez

La lectura de este artículo con el que La Jornada da seguimiento a la criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna le dejará claro al visitante a este blog que lo que mueve a Baltasar Garzón no es la búsqueda de la justicia, sino la venganza.

No contento con recurrir a todo tipo de sucias argucias legaloides para privar a amplios sectores del pueblo vasco de ámbitos de expresión y de quehacer reivindicativo, Garzón no está dispuesto a dejar descansar ni a quienes ya han fallecido. De paso, Garzón criminaliza el internacionalismo y tensa las relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas que han servido como refugio a generaciones de vascos que se han desplazado de sus lugares de origen para evitar el terrorismo de estado español.

Lean ustedes:

Fallecido ex dirigente de Batasuna, acusado de ser "delegado" de ETA para apoyos internacionales

México, Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba, santuarios, según el juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El ex dirigente de Batasuna Gorka Martínez Bilbao, fallecido recientemente, figura en el auto judicial decretado el lunes por el juez Baltasar Garzón, en el que se ordenó la suspensión de todas las actividades de la coalición nacionalista, documento que señala a Martínez como "delegado" supuestamente designado por ETA para tejer apoyos y dar soporte a sus militantes ocultos en México y otros países, como República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba.

Martínez realizó varios viajes a México entre 1996 y el año pasado, época en la que fungió como responsable de las relaciones internacionales de la coalición, que entonces se conocía como Herri Batasuna (HB).

Era, además, miembro de la Mesa Nacional y estaba en la asociación Xaki, a la que Garzón consideró posteriormente como "el aparato de relaciones exteriores" de ETA.

Gorka Martínez murió el pasado 16 de junio en Bilbao, a los 54 años, debido a un padecimiento cardiaco por el que fue intervenido en dos ocasiones. Desde joven militó en la izquierda separatista vasca y siempre lo hizo desde las organizaciones creadas en torno al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y a Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna.

Sus tareas, al menos desde 1996 hasta el año pasado, consistían en fomentar las relaciones internacionales de la coalición en países como México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Francia, así como prestar asistencia legal y sanitaria a los "deportados", y difundir en el exterior las proclamas separatistas de su formación.

En 1996 se convirtió en miembro de la comisión de deportados y responsable del área de relaciones internacionales de HB; en esta época, como miembro de la Mesa Nacional, fue detenido y condenado a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo, si bien sólo permaneció año y medio en prisión una vez que una sentencia posterior, en esta ocasión emitida por el Tribunal Constitucional español, ordenó la puesta en libertad de los 23 dirigentes de Batasuna al no encontrar razones suficientes que implicaran a estas personas con ETA.

Luego, Martínez continuó sus funciones desde una asociación creada por dirigentes y militantes abertzales, denominada Xavi, la misma que a un año de su creación fue proscrita por Garzón, quien además ordenó las detenciones de todos sus integrantes.

El juez atribuye a Martínez la autoría de un documento titulado Hacia una redefinición y reordenación de la política internacional, que supuestamente fue la base de la restructuración de las relaciones externas del MLNV y de la propia ETA.

La supuesta conexión

Esta operación ordenada por Garzón se inició precisamente a raíz de un viaje a México de otros dos miembros de Xavi, Iñigo Elkoro y Mikel Korta, quienes fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, horas antes de que fueran arrestadas en el País Vasco otras seis personas, todas ellas militantes de Xavi.

Un año después de las detenciones un nuevo fallo, esta vez emitido por la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional, rechazó las hipótesis de Garzón sobre la supuesta implicación de los detenidos con ETA, por lo que ordenó la puesta en libertad, que en el caso de Martínez Bilbao fue bajo una fianza de unos 10 mil dólares, ya que estaba acusado de "colaboración con banda armada", una vez que no se pudo probar su "pertenencia" a ETA.

El auto de la sala desestimó lo considerado por Garzón, quien sin embargo mantiene la misma hipótesis en su reciente auto, donde afirma que "es claro, y así ha de reconocerlo este tribunal, que ninguna apariencia de ilicitud presentan, en cuanto tales, los fines de la Asociación Europea Xavi, que actúa públicamente y se encuentra legalmente constituida".

Prestar asistencia legal o sanitaria "a los deportados en el extranjero, realizar actuaciones para evitar que prosperen las peticiones de extradición, criticar el sistema legal español, promover el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación e, incluso, difundir dentro y fuera de España la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, son conductas que, por sí, carecen de significación delictiva, independientemente de que se realicen por una persona individual o, conjuntamente, por varias personas asociadas a tal fin".

Gorka Martínez realizó además otros viajes como representante de relaciones internacionales de HB, entonces un partido legal, a Argelia, Santo Tomé y Príncipe, República Dominicana y Venezuela.

Según Garzón, Martínez utilizaba el alias de Zelai en los documentos del MLNV, y también viajó a El Salvador y Nicaragua.

El juez también fue corregido por los magistrados de la sala en cuanto a las tesis que tenía sobre la supuesta condición de Martínez como miembro de ETA, al sostener que "del contenido de los anteriores documentos cabe deducir que Gorka Martínez Bilbao participó en alguna reunión de la Asociación Europea Xavi, en la que se consideró su desaparición".

También, "que tal posibilidad era conocida por los miembros integrados en la organización terrorista. Pero lo que, en este momento al menos, no resulta de las actuaciones sumariales, es que fuera este procesado quien promovió, a instancia de ETA, la desaparición de la entidad asociativa". 

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Madrid Reconociendo lo Obvio

Madrid, en el paroxismo del cinismo y recurriendo a su neolenguaje, declara lo obvio, que la criminalización e ilegalización de Batasuna nada tiene que ver con la actividad armada de ETA.

Aquí el seguimiento que La Jornada hace al tema:

Con la proscripción de Batasuna no se acabará el terrorismo, reconoce el gobierno español

Impugnará presidente vasco ante tribunal de Estrasburgo la ley de partidos políticos

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El presidente del gobierno español, José María Aznar, reunió hoy a su Consejo de Ministros para comenzar los trámites para declarar ilegal a la coalición nacionalista vasca, Batasuna, considerada el brazo político de ETA.

El gobierno español presentará el próximo martes ante el Tribunal Supremo "más de mil pruebas" que documentan la supuesta vinculación de este partido político con el grupo terrorista, entre las que destacan "actas notariales y videos", la mayoría previas a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, en la que se fundamenta, precisamente, la petición de disolución de la agrupación.

Una vez que el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó el pasado lunes un auto judicial en el que ordenó la suspensión de las actividades de Batasuna, el gobierno español dio un nuevo paso para disolver a la coalición de izquierda abertzale mediante la nueva ley de partidos, aprobada el pasado 27 de junio en el Congreso y creada por el Partido Popular y la oposición socialista para ese efecto.

Sin embargo, el informe que presentará el Ejecutivo ante el tribunal, órgano que finalmente decidirá sobre la supuesta vinculación de Batasuna con ETA, se basa, sobre todo, en acciones o documentos previos a la aprobación de la nueva norma, que contiene además una cláusula específica que rechaza una hipotética aplicación retroactiva de la ley, y en las sesiones de ayuntamientos e instituciones públicas posteriores al reciente atentado mortal de ETA, una vez que Batasuna se negó a "condenar" esa acción criminal, en la que murieron una niña de seis años y un hombre de 57.

"No se gana la guerra contra el terror, pero sí una batalla importante"

Después de la reunión del Consejo de Ministros, el primer vicepresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, explicó que "con la ilegalización de Batasuna no se acaba con el terrorismo, pero se le combate mejor y con mayor eficacia. No se gana la guerra contra el terror, pero desde luego se gana una importante batalla, que es terminar con la impunidad de cómplices y colaboradores".

En una reunión con los medios de información, el ministro de Justicia, José María Michavila, explicó los "fundamentos de hecho y derecho" en los que se basará la demanda de ilegalización que presentará el gobierno contra Batasuna.

"Los ejes de esta demanda son bastante sencillos, pues consisten en explicar, en términos jurídicos, lo que es una evidencia para la sociedad española: que Batasuna es la proyección del terrorismo en la política."

Esta medida, adoptada por el gobierno español, obligará a que los dirigentes de Batasuna comparezcan antes del próximo 11 de septiembre ante el Tribunal Supremo, puesto que la ley de partidos establece que la sala analizará la admisión de la demanda transcurrido este plazo.

No obstante, el tribunal puede rechazar la demanda o bien la parte afectada puede solicitar la no admisión de la misma, si concurren las siguientes causas: que se haya interpuesto por una persona "no legitimada o no debidamente representada"; que no se cumplan los requisitos "sustantivos o de forma para su admisión" o que la demanda "carezca manifiestamente de fundamento".

Asimismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez Garzón que curse comisiones rogatorias a Francia, Bélgica y Nicaragua para que las autoridades de estos países también precinten los supuestos locales y sedes que la formación política tiene en esos territorios. En concreto, el gobierno español pretende cerrar el despacho del europarlamentario de Batasuna, Koldo Gorostiaga, en Bayona, Francia; la sede de la coalición en Bruselas y otra que esta agrupación tendría en Managua, capital de ese país centroamericano.

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores belga "espera recibir a principios de la semana próxima" una comisión rogatoria de la justicia española pidiendo el cierre de la sede de Batasuna en ese país, informó la noche de este viernes la radio pública belga (RTBF). La sede de Batasuna en Bélgica, situada en Bruselas, "habría sido abandonada por sus ocupantes hace varias semanas, a excepción de un conserje", según la RTBF.

Una vez recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la demanda será enviada a las autoridades belgas, que llevarán a cabo una investigación sobre las actividades del partido vasco, añadió la radio belga.

El gobierno de Nicaragua desconoce la existencia de una sede de Batasuna en el país, pero colaborará con la Fiscalía de la Audiencia Nacional española. "El gobierno (de Nicaragua) no tiene información sobre el tema", afirmó el canciller Norman Caldera a la agencia Afp.

No obstante, manifestó la disposición de Managua de dar trámite a la solicitud para cerrar y embargar la sede de Batasuna, cuando España formalice su petición por los canales diplomáticos correspondientes.

Por su parte, en su primera comparecencia pública desde que el pasado lunes, día en el que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la suspensión "total" de las actividades de Batasuna y que el gobierno iniciara el proceso para declararla ilegal, el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, explicó que esta "ofensiva da aire a ETA" y provoca la "división entre las fuerzas democráticas" en Euskadi.

En el País Vasco "no es hora de más sacrificios", dice Ibarretxe

Ibarretxe, quien ha criticado la embestida contra Batasuna, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos. Afirmó que en el País Vasco "no es hora de más sacrificios, sino de vivir en paz", en alusión a las declaraciones del pasado jueves de Aznar, quien sostuvo que las medidas emprendidas contra la coalición implicarán "más sacrificio y dolor".

Ibarretxe explicó que su gobierno actúa con "la máxima contundencia contra ETA", pero explicó que la proscripción, propuesta por José María Aznar, lo único que pretende "es tapar su propio fracaso, el de un dirigente que dijo hace cinco años que en este lapso acabaría con ETA con iniciativas exclusivamente policiacas".

Por otro lado, a la comparecencia que estaba prevista para hoy en el Congreso vasco del ex dirigente y vocero de Batasuna, Arnaldo Otegi, fueron los también parlamentarios de la coalición Jone Goirizelaia y Antton Morcillo. Al parecer, Otegi argumentó "razones personales" para ausentarse.

Goirizelaia, como representante judicial de Batasuna, reiteró que ya se presentó un recurso de apelación al auto judicial de Garzón, una vez que éste fue quien ordenó el cierre de todos los locales y sedes sociales, incluidas las llamadas herriko tabernas, centros de esparcimiento y reunión difuminados en Euskadi y en las que se suelen reunir los simpatizantes de la coalición. 

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Entrevista a Jone Goirizelaia

Les compartimos esta entrevista que la representante legal de la asediada Batasuna, Jone Goirizelaia ha concedido a La Jornada con la que da respuesta a algunas de las cuestiones más relevantes de este particular ataque a las libertades del pueblo vasco.

Adelante con la lectura:

Pese a la ilegalización, continuaremos funcionando: Jone Goirizelaia

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Batasuna continuará con sus actividades pese a que las "siglas hayan sido ilegalizadas", explica a La Jornada Jone Goirizelaia, parlamentaria y representante jurídica de la formación vasca, pues lo que ha pasado es que se ha "dejado sin voz al movimiento independentista" en Euskadi.

Goirizelaia fue la representante judicial de Batasuna que recibió el 26 de agosto de manos del juez Baltasar Garzón el auto judicial que suspendió por un mínimo de tres años todas las "actividades orgánicas públicas y privadas" de la coalición, acusada de ser brazo político de ETA, que ha perpetrado más de 3 mil 500 acciones "terroristas" que han costado la vida a 836 personas.

-Como representante judicial de Batasuna, ¿qué respuesta darán a la suspensión de actividades de la formación?

-Yo sólo soy uno de los abogados del equipo y lo único que le puedo decir es que hemos interpuesto un recurso contra el auto antes de que venciera el plazo para presentarlo, que es este viernes, si bien sobre el contenido del recurso no vamos a decir nada ya que pensamos que en estos momentos lo más importante es la valoración política sobre lo que está ocurriendo.

"Consideramos que la decisión de Garzón es la crónica de un resultado anunciado, ya que nosotros no pensamos que esto sea una cosa nueva, pues se venía anunciando desde que se inició el sumario 18/98, y lo que se está haciendo es llevar a la práctica lo que se decía entonces. Lo que se hace en estos momentos es ilegalizar a una formación política que fue la segunda fuerza en las pasadas elecciones municipales, y esto significa dejar sin voz a una buena parte de los ciudadanos de Euskal Herria y al movimiento independentista vasco. La reunión de los fiscales celebrada hoy sólo significa la segunda parte de lo que se preveía".

-¿Cómo funciona Batasuna, ya que sus sedes y locales están cerrados?

-Batasuna no puede funcionar una vez que han sido suspendidas sus actividades, pero los que vamos seguir funcionando a título personal, por el cargo que tenemos, somos los parlamentarios y, sobre todo, lo que la coalición representa como algo muy arraigado en la sociedad vasca, lo que quiere decir que sabremos cómo trabajar y cómo llevar a cabo nuestras iniciativas y seguir avanzando en el proceso que al final nos lleve a que Euskal Herria pueda ser independiente.

-Ante los frentes abiertos para su proscripción, ¿ustedes contemplan, por ejemplo, un escenario en el que se haga comparecer a la Mesa Nacional de Batasuna a los juzgados?

-Lo que nosotros vemos es que Garzón va a hacer imputaciones a personas, para lo que pide a la policía que envíe algún tipo de información. Supongo que cuando esto suceda podrá pasar cualquier cosa: detenciones, citaciones y un poco de todo. Pero hasta ahora, cuando se han dado este tipo de situaciones, lo que ha sucedido es que ha habido detenciones y encarcelamientos de personas, pero no podemos saber ni cuándo ni cómo.

-La activación de tres frentes (Audiencia Nacional, vía política-jurídica con el pedido de los diputados y petición de la Fiscalía General del Estado) para declarar ilegal a Batasuna, ¿significa que el proceso de disolución se acelera, se precipita?

-Lo que creo es que la situación se aceleró a raíz del atentado de Santa Pola (en el que como consecuencia de la explosión de un coche-bomba colocado por ETA frente a una casa cuartel de la Guardia Civil murieron dos personas, una niña de seis años y un hombre de 57) y que sobre esto se ha intentado, por parte del gobierno español, buscar una solución judicial, policial y represiva. Pero, evidentemente, esta decisión o decisiones no van a terminar con los problemas que existen ni van a propiciar la paz.

"Los pasos para la ilegalización pueden ser simultáneos, porque la legalidad española vigente lo posibilita, si bien creo que el proceso legal seguirá su curso y si a final de año, como está previsto, se aprueba la ilegalización, entonces la cuestión estará en cómo el gobierno vasco garantizará que una formación tenga la posibilidad de presentarse a las elecciones. Y ahí está, en estos momentos, el debate político en Euskal Herria".

-Esto quiere decir que ustedes le exigen al gobierno vasco que incumpla el mandato de un magistrado...

-Lo que le decimos al gobierno vasco es que el Parlamento local tomó una decisión, en una sesión plenaria, en la que se dijo no a la ilegalización y no a la suspensión de las actividades de Batasuna, que fue mayoritaria, por lo que el gobierno vasco debe cumplir lo que el Parlamento le dice, pues debe cumplir lo que su controlador le manifiesta; pero hasta ahora no lo ha hecho. Lo único que nosotros hacemos es exigir que acate lo que el Parlamento vasco dice.

-¿La situación actual podría derivar en un escenario de más crispación y violencia?

-Yo creo que la sociedad de Euskal Herria no está de acuerdo con la ilegalización: hubo grandes manifestaciones en las que gente y organizaciones de todo tipo que representan a la mayoría dijeron que no a esta medida. Por lo que una vez más el gobierno español está en contra de las decisiones que Euskal Herria toma y a esto se tendrá que dar una respuesta, que yo la entiendo únicamente por la vía del diálogo, la negociación y el reconocimiento de los derechos. Esa es nuestra apuesta, pues no queremos que haya crispación ni problemas de ningún tipo; lo que deseamos es poder decidir y vivir en paz y en democracia. Lo que está muy claro es que la situación actual no va a facilitar que esto se dé, pero nuestro trabajo es seguir intentando conseguir que tengamos democracia y que vascas y vascos podamos tener voz propia en Europa. 

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La Sede en Baiona

¿Por qué teme Madrid que Batasuna elija su local en Baiona como sede central?

Sencillo.

Uno de los componentes para justificar la solución policial con respecto al diferendo político que mantiene con el pueblo vasco se fundamenta en el alegato de que dicho diferendo no existe pues de inicio, no existe un pueblo vasco, todo el tema pasa por un conflicto interno entre españoles.

Pero no es así, el pueblo vasco existe y su territorio se extiende tanto al sur como al norte de los Pirineos, habitando tres provincias que hoy están bajo ocupación francesa; Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa.

Lo anterior deja bastante claro que el conflicto vasco no es en lo más mínimo un conflicto interno del estado español sino que en realidad se trata de un conflicto que involucra a una nación histórica europea y a dos estados decimonónicos, emanados de procesos bastante recientes, si se toma en cuenta la cronología de ese continente.

Por eso desde Batasuna se le responde aclarando que su sede central continúa en Iruñea - Pamplona -, pues con ellos complica aún más el relato españolista que reduce a Euskal Herria a la Comunidad Autónoma Vasca - o Euskadi -, negando la identidad vasca de Nafarroa Garaia, origen de Euskal Herria.

Dicho lo anterior, aquí el artículo de seguimiento al caso Batasuna publicado por La Jornada:

Pretende la fiscalía española extender a otros países la orden de cierre de locales de Batasuna

Teme Madrid que la organización abertzale traslade sus oficinas centrales a Bayona, Francia

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La fiscalía de la Audiencia Nacional española busca hacer extensiva a otros países la orden de suspensión de actividades y el cierre de locales de la coalición de la izquierda nacionalista vasca Batasuna, acusada de ser el brazo político de ETA.

Hasta este jueves, un total de 24 sedes y locales han sido cerrados, en cumplimiento de la orden emitida el lunes anterior por el juez Baltasar Garzón.

Ante el temor de las autoridades españolas de que Batasuna traslade su sede central a Bayona, sur de Francia, la fiscalía anunció que pedirá a Garzón que envíe una comisión rogatoria a otros países para que la suspensión de actividades sea "eficaz".

El principal objetivo es precintar la oficina del parlamentario europeo de Batasuna, Koldo Gorostiaga, en Bayona, y la Herriko Embaxada de la coalición, en Bruselas.

Batasuna, que está registrada en Francia como una asociación en virtud de una ley aprobada en 1901, desmintió la víspera que hubiese trasladado su sede a Bayona, al sostener que "no se mueve, aunque no pueda trabajar en Pamplona. Las sedes estarán en la calle y seguirán trabajando como antes".

Para que prosperen estas eventuales peticiones de Garzón, la Unidad Central de Inteligencia española tendrá que acreditar que tanto la oficina del eurodiputado funge como sede central así como la supuesta implicación del local de Bruselas en el "aparato de relaciones exteriores" de ETA.

Del mismo modo se procederá en el caso del página web de Batasuna, que permanece activa a pesar de la orden de Garzón, ya que coloca como su dirección la de Bayona y usa servidores de Estados Unidos.

Continúan los desalojos

La policía continuó hoy con los desalojos y cierres de locales de la coalición suspendida en el País Vasco, donde se registraron protestas, como fue el caso de la herriko taberna (taberna del pueblo) de Durango, donde un centenar de personas se negó esta madrugada a abandonar el local, quemaron contenedores y atacaron la sede social del Partido Nacionalista Vasco (PNV). La taberna fue finalmente cerrada esta mañana, sin incidentes.

Además, la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, clausuró las sedes de Batasuna en Lezo, Galdakao, Arrigorriaga y Santurtzi, mientras que en Navarra la Policía Nacional y la Guardia Civil cerraron otros dos locales.

Desde el lunes se han cerrado 12 inmuebles en el País Vasco y otros 12 en Navarra, si bien el operativo continúa abierto y se espera en los próximos días nuevos desalojos, hasta completar los 130 locales y sedes.

En tanto, la eventual proscripción de Batasuna continúa provocando polémica entre los partidos que forman el gobierno vasco, que se ha manifestado contra esta medida al considerar que provocará más crispación y enfrentamiento en el País Vasco, al tiempo que alejará la posibilidad de diálogo.

El vocero del PNV, Joseba Egibar, sostuvo que "ETA y Batasuna no son orgánica y estructuralmente lo mismo, ya que no están entrelazadas desde el punto de vista jerárquico, como se está transmitiendo a la opinión pública", y agregó que "ni de lejos se ha probado que la formación política haya incurrido en conductas delictivas".

El líder nacionalista apuntó que no se puede disolver un partido por negarse a condenar un atentado -en alusión al cometido por ETA en Santa Pola, que dejó dos muertos-, pues esto "no es delito".

Egibar también afirmó que "Batasuna ha hecho una apuesta inequívoca por vías políticas y democráticas, aunque cuando ocurre un atentado como el de Santa Pola (sus dirigentes) se refugien en el silencio".

Angeles Maestro, diputada de Izquierda Unida, consideró por su parte "imprescindible" que se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley orgánica de partidos políticos, creada por el Ejecutivo presidido por José María Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, para lograr la prohibición de Batasuna.

Precisamente, el gobierno se prepara para aprobar este viernes en el Consejo de Ministros la petición al Tribunal Supremo para que prohíba a Batasuna.

La ley de partidos que permitió esto "hay que recurrirla por motivos político-jurídicos y de sentido común, y hay que parar la locura de los partidos Popular (PP, oficialista) y Socialista Obrero Español (PSOE), que nos pone al borde del conflicto militar", señaló.

Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna -partido que integra la coalición de gobierno en el País Vasco, encabezado por el PNV-, consideró que "nos encontramos ante la mayor ofensiva contra el pueblo y sus derechos desde la dictadura" de Francisco Franco, pues, a su juicio, "el objetivo del PP y el PSOE es generar confrontación social y división política en Euskadi para impedir mayorías abertzales que nos permitan poner en marcha de forma efectiva y definitiva un proceso soberanista". 

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Londres Desautoriza a Madrid

Insisten los españolistas en que no existen paralelismos entre el Ulster y Euskal Herria y que por lo tanto no es comparable el proceso de paz en el que participan el ERI y Sinn Fein con un posible escenario similar que incluyera a ETA y a Batasuna.

Pero la realidad no la decide ni la define la mentalidad infantiloide de los españolistas, sino las condiciones materiales que prevalecen. Y así lo ven desde Londres.

Aquí el seguimiento de La Jornada a los ecos en Europa de la embestida represiva en contra Batasuna:

Rechazo británico al deseo de España de incluir a Batasuna en la lista europea de terrorismo

Ilógico, apoyar el proceso en el Ulster y respaldar la vía policial en Euskadi: eurodiputados

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El siguiente paso del gobierno de España sería incluir a Batasuna en la lista europea de terrorismo, pero esta intención encontraría la oposición de representantes de Gran Bretaña ante el Parlamento Europeo debido a la posible incompatibilidad entre un respaldo al proceso de paz en Irlanda del Norte con un apoyo a la vía policial y judicial para resolver las diferencias políticas en el País Vasco.

Los conflictos políticos en Irlanda del Norte y el País Vasco tienen, según buena parte de la prensa internacional y analistas, muchas similitudes. Por esto, la sombra del proceso de paz del Ulster, que ha propiciado un inédito periodo de tranquilidad en una región llena de tensiones por los enfrentamientos entre católicos y protestantes, pesa a la hora en que las instituciones europeas valoran la conveniencia de declarar ilegal a Batasuna, la coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser el brazo político de la organización armada ETA.

Una vez que el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, convenció a la oposición socialista y a dos minúsculas formaciones nacionalistas, la canaria y la andaluza, de apoyar el proceso de proscripción de Batasuna, el siguiente paso previsto por el líder del Partido Popular era lograr el apoyo del Parlamento Europeo a su estrategia antietarra.

Con el respaldo de la máxima autoridad legislativa europea se puede iniciar el proceso para incluir a Batasuna en el listado de "organizaciones terroristas". La lista elaborada en diciembre pasado incluyó a la organización armada vasca ETA, pero entonces no logró que la coalición de la izquierda nacionalista fuera incluida.

La renovación de esta lista podría coincidir con la eventual prohibición de Batasuna por parte del Tribunal Supremo español, como se prevé.

Pero esto quizá no resulte tan fácil, debido a la sombra del proceso de paz en el Ulster, puesto que la prensa británica y parlamentarios europeos de ese país, tanto conservadores como laboristas, han advertido sobre una posible incompatibilidad entre apoyar la paz en Irlanda del Norte y promover la vía policial en el País Vasco.

Un editorial del influyente diario Financial Times, titulado "La lección del Ulster", sostiene que "no obstante si Batasuna es el brazo político de ETA, es mejor tratar de mantenerla dentro del ámbito democrático y persuadirla de que lleve también al juego democrático a los terroristas. Esta es la lección del Ulster. Si hay pruebas de que los miembros de Batasuna financian a los terroristas, orquestan violencia callejera o emplean la amenaza y la intimidación, debe aplicarse el formidable arsenal de sanciones de que dispone la ley. Ello ayudará a reprimir el terror de ETA. Proscribir a un partido para conseguir confort moral, no".

Debido a esta situación, los eurodiputados británicos decidieron oponerse a que se apruebe una resolución en el Parlamento Europeo contra Batasuna, impulsada por el gobierno de Madrid, pues consideran que el tema no debe ser abordado en el recinto legislativo europeo, "puesto que es una cuestión de índole nacional".

Por otro lado, varios analistas que han comparado el caso de Irlanda del Norte con el español recuerdan que el Sinn Fein sí reconoció ser el brazo político del Ejército Republicano Irlandés, y pese a ello el gobierno británico nunca lo declaró ilegal.

Además, sostienen que probablemente la proscripción de Batasuna no sólo no detendrá los atentados de ETA, sino que también podría impulsar a sus militantes a actuar en la clandestinidad, lo que podría llevar a "una victimización" de la coalición atberzale, que podría desplazar a los dirigentes moderados del País Vasco como referente del nacionalismo. 

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