Cinco Espacios

Ramon Sola nos proporciona este detallado análisis en la estela de la multitudinaria manifestación en favor de los derechos de los presos políticos vascos y de sus familiares, estos últimos víctimas del aparato carcelario español sin haber sido procesados, juzgados y/o condenados.

Adelante con la lectura: 

Cinco frentes (o puertas) abiertos en 2025 contra la obcecación carcelaria

Tras el fin de los atentados de ETA hicieron falta dos años para anular la «doctrina Parot»,   siete para empezar a desmontar el alejamiento y nueve para iniciar el fin del aislamiento. La apuesta de EPPK por la vía legal desde 2017 ha acelerado los avances. ¿Qué cabe esperar de este 2025?

Ramon Sola

La gran manifestación por los derechos de los presos que se celebra hace décadas cada primer o segundo sábado de enero tenía antes inevitablemente un sentido solo balsámico, tanto para los encarcelados como para sus familias. Poco más se le podía pedir dado el bloqueo existente, que entre otras cosas mantuvo la dispersión casi intacta durante 33 años.

En los últimos años, por contra, ha cobrado un valor más práctico, capaz de catalizar cambios. Son estas enormes movilizaciones las que han mantenido en la agenda política y ciudadana la demanda insistente de solucionar la cuestión carcelaria, empezando por eliminar la excepcionalidad legal y la crueldad como clave de actuación, frente a quienes intentaban extender la impresión de que «los presos son solo el problema de la izquierda abertzale». Su primer logro fue doblegar ese «a quién le importa». El segundo, empujar para generar soluciones.

Con la apuesta de EPPK por la vía legal, decidida en 2017 todavía con un gobierno del PP en el Estado español, el camino se ha allanado en la medida en que han desaparecido las excusas para mantener el bloqueo. Así, en un contexto político también más propicio por el relevo en La Moncloa, han llegado en cuatro años el fin del aislamiento (2021) y luego del primer grado, el del alejamiento (2023) y la reforma del «doble cómputo» destinado a prorrogar artificialmente los encarcelamientos (2024). Sin olvidar la transferencia de la gestión carcelaria a la CAV, que permite otros modelos de cumplimiento aunque la última palabra en estos casos la siga teniendo la Audiencia Nacional.

La superación del bloqueo es evidente pero aún queda mucho camino por recorrer. Los frentes de batalla legal –así se planteó EPPK el camino– en 2025 pueden resumirse en estos bloques. Cinco espacios que pueden abrir más puertas a la solución definitiva o mantenerlas cerradas.

Doble cómputo, doble frente judicial

La reforma de la ley 7/2014 corrige sobre el papel diez años de desacato al criterio europeo de acumular cumplimiento de condena realizados en diferentes estados. Según se ha publicado, ya hay al menos tres solicitudes de aplicación presentadas en diversas salas de lo Penal de la Audiencia Nacional, que son las encargadas de revisar esas materializaciones de condena. La respuesta no debería demorarse para evitar perjuicios mayores, pero hay que insistir en ello: el partido se juega de momento en el tribunal especial español.

Otro obstáculo a la vista: Aunque en el periodo navideño haya pasado desapercibido, el 30 de diciembre se publicó que el Senado controlado por el PP ha llevado finalmente al Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso por la aprobación de esta reforma. Es sabido que el Senado trató in extremis de frenarla, pese a que legalmente ya no era posible. Finalmente ha recurrido al máximo tribunal español, que se espera que dicte alguna primera resolución en dos o tres meses. El Senado no dio publicidad alguna a este recurso, presentado el 19 de diciembre, lo que suena a indicio de que no las tiene todas consigo.

Si la reforma se despliega como debería, 52 presos y presas podrán acogerse a ella, según detalló Sare. Al menos siete de ellas habrán cumplido condena totalmente con ello. El resto tendrá cruzado el umbral preciso para la libertad condicional, el tercer grado o al menos empezar a conseguir permisos de salida. Para otras quince llegará tarde: ya están libres tras haber purgado años de más.

7/2003, sin argumentos pero vigente

Por sus efectos la anulación del doble cómputo debe asemejarse a la anulación de la «doctrina Parot», pero en el origen hay una diferencia remarcable. Esta segunda fue invalidada por Estrasburgo, mientras que la primera ha sido corregida por el propio Congreso español, consciente de la trampa hecha en su día (las diferentes instancias comunitarias, de la Comisión Europea al Tribunal de Derechos Humanos, habían declinado actuar para enmendarlo).

¿Significa eso que hay agua en la piscina para intentar derogar o modificar también la 7/2003 de Aznar, clave de bóveda de toda la excepcionalidad carcelaria? Parece complicado en la actual legislatura, por la precariedad de la mayoría en torno a Pedro Sánchez y sobre todo la furibunda reacción final de PP y Vox en favor del doble cómputo. Tras haber votado que sí hasta en cinco trámites anteriores, el PP se sometió finalmente a las asociaciones de víctimas erigidas en lobby.

Algunas voces expertas como el catedrático de la UPV/EHU Jon Mirena Landa apuntan a que cabría otro tipo de aplicación jurisprudencial de esta 7/2003 sin necesidad de derogarla. Lo que está claro es que cuando se abra el debate, sea en ámbito legislativo o judicial, no habrá un solo argumento para defender una norma también del PP pero mucho más antigua que la Mordaza en vías de anulación; absolutamente anacrónica por contexto (se justificó contra la ofensiva de ETA post-Lizarra-Garazi); y completamente indefendible en estándares europeos (40 años de cárcel total, 35 para libertad condicional y 32 para tercer grado, un disparate).

Nuevo Gobierno de Lakua y Fiscalía

Bajando a la realidad diaria, las decisiones sobre progresiones de grado y libertades condicionales competen en primera instancia al Gobierno de Lakua. El trasvase inexplicado de la cartera al PSE en el nuevo Gobierno de Pradales introducía incógnitas, más aún tras las intervenciones de la nueva consejera, María Jesús San José, poniendo énfasis en la intangible cuestión del «arrepentimiento», que contradijo incluso el hasta ahora asesor del departamento controlado por el PNV, Jaime Tapia, en NAIZ Irratia.

Tras medio año, la botella puede verse medio vacía o medio llena. Lakua ha aprobado once progresiones de grado, muchas menos de las posibles, lo que vendría a ser la cruz de la moneda. La cara estriba en que ninguna de ellas ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal. Es difícil no pensar en que ahora ambas instituciones están regidas por el mismo partido: el PSOE. Anteriormente la Fiscalía rebatió numerosas progresiones aprobadas por el Departamento de Nerea Melgosa (en torno al 75% en 2023) e incluso hizo volver a prisión a media docena de presos.

Las personas encarceladas siguen la ruta legal en términos que generalmente validan las Juntas de Tratamiento de las prisiones y presentan escritos que reflejan su compromiso con vías políticas y democráticas. Más aún que esta formulación debería pesar un dato: no hay ningún caso de «reincidencia» y eso lo sabe hasta la AN que contrargumenta hablando de este riesgo inexistente.

La vía la recorre hoy día en torno al 85% de este colectivo humano, una cota muy similar a de la votación en que EPPK aprobó esta vía legal, aunque la vía está más asentada que entonces. Hay quien lo declina por razones como no necesitarla al estar muy avanzada la condena. El resultante de esta voluntad y de la potencialidad legal es que en torno a un centenar de presos y presas tengan derecho a progresión, bastante por encima de los realmente aprobados por Lakua (32 casos entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024).

Juicios, pero solo en un lado

Aunque hayan pasado quince años desde el último atentado mortal de ETA, la agenda judicial española y francesa no acaba ni para. Por citar tres casos significativos de la situación, para octubre de este 2025 se anuncia que se volverá a sentar en el banquillo a Josu Urrutikoetxea en París, mientras Madrid espera turno para intentar juzgarlo también. Hace apenas dos meses Itxaso Zaldua ha recibido una condena de 110 años de cárcel por parte de la AN tras haber pasado ya 15 años presa. Y antes el empecinamiento con Jaione Jauregi llevó a imponerle una entrega desde Bélgica y tres años de prisión preventiva para intentar juzgarla por hechos de hace 45 años, para acabar admitiéndose que no había pruebas ni para llevarla al banquillo.

Esta ofensiva perenne se intenta sostener en que hay más de 300 atentados de ETA sin resolver, una cifra inflada y tergiversada con trucos como afirmar que había más autores que los condenados, aunque fuera a nivel de «autoría intelectual». Lo realmente cierto, y lo que no se dice, es que es la violencia estatal la que quedó impune, como muestran las apenas 20 sentencias firmes para más de 5.000 casos de tortura certificados oficialmente, o los muy escasos juicios a los GAL, o la existencia aún de desaparecidos como «Naparra», «Pertur» o Popo Larre.

Exiliados y deportados, por cerrar

A la cuestión de los presos se suma la más invisible de los exiliados y deportados. Desde el compromiso de Biarritz de 2013 en torno al 90% ha podido volver, en general tras muchos años de espera e intentos infructuosos, aunque también decenas han fallecido en tierra extraña sin lograrlo.

Hoy día quedan, según datos de Etxerat, 16 personas en el exilio y 3 en el limbo alegal de la deportación (Cuba, Cabo Verde y Venezuela). Un asunto que debería ser sencillo cerrar si no fuera por el afán de la AN en tratar de forzar nuevos encarcelamientos para personas que, con sus destierros, ya llevan realmente una larguísima condena a sus espaldas.

 

 

 

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