Un blog desde la diáspora y para la diáspora

miércoles, 29 de enero de 2025

Pueblo de Acogida

La movilización social y la solidaridad le han complicado las cosas a quienes quieren imponer medidas draconianas en contra de quienes trabajan con ahínco en favor de los derechos de los migrantes.

Aquí lo que se nos informa desde las páginas de El Salto:


Aplazado el juicio contra los activistas por el paso de migrantes durante la Korrika

La vista se retrasa al 7 de octubre para que el tribunal pueda responder a las preguntas de los abogados. Los acusados han presentado más de 3500 autoinculpaciones recogidas con la campaña “J'accuse” 

Javi Julio

A pesar de la lluvia y el frío, decenas de personas se agolparon en el Juzgado de Baiona antes de las 13h del pasado martes para mostrar su solidaridad con los siete activistas por los derechos de los migrantes a los que se pretendía juzgar. Se les acusa de ayudar a 36 personas a cruzar la frontera entre Irun y Hendaia durante el paso de la Korrika entre estas localidades en la edición de 2024. Finalmente el juicio ha sido aplazado al 7 de octubre.

Momentos antes de entrar en los juzgados, Eñaut Aramendi, uno de los encausados, apuntaba el numero 3513 en las cajas donde se encontraban las autoinculpaciones de personas que como muestra de solidaridad con los imputados. Semanas anteriores habían firmado el apoyo que iba acompañado de un texto que denunciaba “las políticas migratorias racistas y asesinas” y pedía la retirada de la acusación a los activistas.

El juicio se ha aplazado para que el tribunal pueda responder a las preguntas planteadas por los cuatro abogados de los acusados. Salieron del juzgado entre aplausos y cánticos que coreaban “Euskal Herria, herri harrera da” (Euskal Herria, pueblo de acogida). “Para nosotros esta ha sido una primera victoria”, declaró, sonriente, la activista Argitxu Dufau en nombre de sus compañeros.

Agradecieron el apoyo recibido durante estas semanas con la campaña “J'accuse”, con las autoinculpaciones recogidas y por la manifestación del domingo 26, donde una multitud de personas protestó contra las “políticas racistas” y manifestó su solidaridad con los encausados.

Se acercaron a mostrar sus apoyo con los activistas el diputado de EH Bai en el parlamento francés, Peio Dufau, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu y miembros de La France Insoumise, entre otros. Numerosos medios de ambos lados de la muga acudieron también a las puertas del juzgado para hacerse eco de la noticia.

 

 

 

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«De Manera Ipsofacta»

Una vez más Marruecos prueba su músculo en contra del pueblo saharaui - tal cual hacen los sionistas en contra del pueblo palestino - impidiendo que una delegación vasca se presentara en el Sahara Occidental.

Aquí la información:


Marruecos impide la visita y expulsa a tres parlamentarios vascos del Sahara ocupado

Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Amets Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar), miembros de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento de Gasteiz, han viajado al Sahara ocupado. Sin embargo, ni siquiera han podido bajar del avión y han sido expulsados por Marruecos.

Marruecos ha impedido que tres parlamentarios vascos visiten los territorios del Sahara ocupado, al que querían acceder para conocer la situación de sus habitantes, ha denunciado la Cámara de Gasteiz. Aunque ha sido una operación que se ha mantenido con discreción, un grupo de Euskal Fondoa ha intentado entrar en el Aaiun ocupado como observadores y han sido devueltos.

Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Amets Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Mixto-Sumar), miembros de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento de Gasteiz, junto con representantes de Euskal Fondoa, han volado con la intención de visitar el Sahara ocupado, pero no han podido bajar del avión en El Aaiun.

Villalba lo ha denunciado en redes sociales. «Marruecos ha impedido que entremos al Sahara Occidental. No hemos podido ni bajar del avión. No quieren testimonios de como vive la población saharaui en territorio ocupado, de la vulneración de derechos humanos. Denunciamos la actitud de Marruecos y pedimos el fin de la ocupación».

No es la primera vez que Marruecos impide una visita de este tipo. Según los miembros de la delegación parlamentaria, han sido devueltos «de manera ipsofacta y sin ninguna explicación», por lo que han denunciado «la actitud vergonzosa e inaceptable de Marruecos».

El viaje de esta representación del Parlamento gasteiztarra, con Euskal Fondoa, tiene como objetivos reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, denunciar las «constantes» violaciones de los derechos humanos y celebrar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegales los acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y Marruecos, según el Legislativo autonómico.

Está previsto que los expulsados lleguen este miércoles al mediodía al aeropuerto de Noain.

Hace apenas una semana, un periodista de ‘El Periódico’ y dos activistas de CEAS también fueron expulsados de los territorios ocupados.

Denuncia en Canarias: «Atropello»

Según han referido los parlamentarios en una rueda de prensa este martes tarde en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria, la actitud que tuvieron las autoridades marroquíes tras aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún ha sido «totalmente inaceptable», ya que han reiterado que su visita estaba correctamente informada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español, y hasta que el avión llegó a su destino nadie les había puesto ninguna pega.

La parlamentaria autonómica de EH Bildu ha señalado que en la anterior ocasión que intentaron entrar en el Sáhara Occidental y tampoco les dejaron hacerlo, sí que se presentó una denuncia formal, y en esta ocasión «todavía es muy pronto, porque los hechos acaban de suceder»

Sí que han instado Hernández, Arruabarrena y Villalba a que el Ministerio de Asuntos Exteriores «demande cuantas explicaciones sean necesarias» del Reino de Marruecos ante lo que han considerado «un atropello».

«El gobierno de ocupación marroquí tiene mucho que ocultar, y por ello no nos permitieron entrar (al Sáhara)», ha asegurado el parlamentario de Sumar.

Ya lo temían


El Parlamento de Gasteiz ha confirmado en una nota que Mikel Arruabarrena Amancay Villalba y Jon Hernández habían viajado como miembros de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento Vasco, junto con representantes de Euskal Fondoa, «al objeto de constatar la situación de los derechos humanos en la zona, en concreto en lo concerniente a la población saharaui».

«Confiamos en que esta vez podamos acceder a El Aaiún y desarrollar los objetivos del viaje, y que no ocurra lo mismo que en anteriores ocasiones, cuando las autoridades marroquíes ni siquiera dejaron bajar del avión a diversos representantes institucionales», habían declarado los miembros de la delegación antes de tomar el avión a El Aaiún.

Recuerda la Cámara que en esta legislatura, concretamente los días 17 a 22 de octubre de 2024, una delegación de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo ya realizó una visita a los campamentos de refugiadas y refugiados saharauis en Tindouf, para incorporarse al seguimiento de la situación de dichas personas y de los proyectos de cooperación desarrollados por las instituciones vascas.

«Estos dos viajes forman parte de la actividad que desde hace años lleva a cabo el Intergrupo Paz y Libertad para el Sáhara, y que en esta ocasión se traslada como representación institucional de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, que trabaja en la reivindicación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la denuncia y seguimiento de las constantes violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos en los territorios ocupados y la cooperación con los campamentos de refugiados», añade.

El viaje de esta representación tenía como objetivos concretos «reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, denunciar las constantes violaciones de los derechos humanos y celebrar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegales los acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y Marruecos, y exhortamos enérgicamente a las partes al cumplimiento íntegro de la misma».




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domingo, 26 de enero de 2025

El Matiz Religioso

Les recomendamos este texto aclaratorio publicado en el portal Religión Digital.

Disfruten la lectura:


A propósito de un comentario sobre el conflicto vasco 

Pedro J. Larraia Legarra

En el artículo de Religión Digital:

https://www.religiondigital.org/non_solum_sed_etiam-_el_blog_de_txenti/Rotos-enteros-mirada-diferente-restauracion_7_2743595615.html

Aparece el siguiente comentario:

«[…] La sociedad vasca en particular, que es el entorno más cercano en el que se mueve Krisare, lleva procesando desde 2011 un nuevo clima social con el fin de la banda (el resaltado es mío) terrorista ETA […]».

Acerca del conflicto vasco se ha extendido, mayoritariamente, un relato, el relato del Estado español y el de la “España constitucional”, que se repite sistemáticamente sin ningún tipo de análisis crítico ni valoración contextual y, por supuesto, sin escuchar las razones de la otra parte.

El asunto de las nacionalidades es un tema muy complejo, porque trata del encaje en el Estado español de los diferentes pueblos que lo conforman y que no encuentran en él su lugar. De ahí el conflicto. Un conflicto esencialmente político y de reconocimiento del derecho de los pueblos a desarrollar su propio proyecto colectivo. El conflicto vasco es un caso que viene de muy lejos, y que, precisamente por eso, debería cuidarse mucho más su tratamiento y no despacharlo de la manera tan reduccionista y tópica con la que se suele aludir a él.

Vendrá una generación de historiadores -está apareciendo ya- que cuestionará el enfoque de buenos y malos dado hasta ahora al conflicto vasco, pero, mientras tanto, no estaría de más tomar en consideración el artículo que hace quince años (noviembre de 2010) publicó Pascual Serrano en Le Monde diplomatique en español sobre la manera de informar acerca de este conflicto, y que tituló “Banda terrorista u Organización armada. ‘Terrorismo’ en los medios”.

En él explicaba que, a raíz de la difusión, en el mes  de septiembre de ese año, a través de la cadena pública inglesa BBC, de un vídeo de ETA donde ésta anunciaba un alto el fuego, se reavivaron en España las críticas a ese medio británico por no haber calificado a ETA de “banda terrorista” y haberla designado con la expresión de carácter más neutro: “organización separatista armada”.

Refería también que la BBC aclaró que su misión es “contar lo que pasa y dejar que las calificaciones las hagan otros”, sin que eso suponga que desconozcan o nieguen “la existencia del terrorismo, o que hay países, organizaciones y personas que sí califican a otros de terroristas". Que no se trata de una cuestión específica de la BBC con ETA, con los vascos o con los españoles, o que quieran ser benevolentes con ETA: “No, no lo utilizamos para ningún grupo de gente, organización, gobierno o Estado”. Es más, los responsables de la BBC recordaban que, a pesar de que el Estado británico es mayoritario en el capital de la BBC, en un admirable ejercicio de coherencia y profesionalidad, tampoco utilizaban el término “terrorista” para hablar del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) a pesar de que éste empleaba en su lucha contra el Estado británico técnicas y métodos terroristas.

Hay que recordar, proseguía, que el terrorismo no es una ideología política, como pueden serlo el neoliberalismo o el socialismo, por ejemplo. Es un método de lucha, usado frecuentemente por el débil contra el fuerte, aunque el fuerte también lo utiliza y se habla entonces de "terrorismo de Estado". Prácticamente todas las doctrinas políticas, de derechas, de centro y de izquierdas, en algún momento de su historia, han recurrido a procedimientos terroristas con la intención de alcanzar sus designios.

La propia BBC señalaba también que “además de tener una carga política y emocional muy fuerte, la palabra ‘terrorista’ puede cambiar en distintas épocas y momentos históricos. Hubo un tiempo en que el African National Congress (ANC) de Nelson Mándela era considerado por muchos como una ‘organización terrorista’, y hoy es el partido de gobierno en África del Sur, llegado al poder por la vía electoral”. Y cierto es que, a veces, como observa el intelectual paquistaní Eqbal Ahmad, “el terrorista de ayer es el héroe de hoy, y el héroe de ayer se vuelve el terrorista de hoy”.

Ahmad recuerda que, en los años 1930, las fuerzas clandestinas judías en Palestina eran consideradas “terroristas” por los británicos, quienes ofrecían recompensas de hasta cien mil libras esterlinas por Menahem Begin, personalidad que años después se convertiría en primer ministro de Israel. Más tarde, los “terroristas” pasaron a ser los palestinos, en especial la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). Sin embargo, cuando se iniciaron los diálogos palestino-israelíes, Yaser Arafat, jefe de la OLP, pasó de ser terrorista a ser Premio Nobel de la Paz en 1994... Y si vamos más atrás encontramos al propio George Washington acusado de ser un “terrorista” por el imperio británico.

La hipocresía de los políticos quizás pueda permitir esos bandazos, pero el periodista tiene la obligación de mantener coherencia si quiere presentarse como serio y riguroso. Que un ente respetado como la BBC no utilice la omnipresente expresión en los medios españoles de “banda terrorista” para apellidar a ETA no supone ninguna complicidad ni con el ideario ni con las acciones de la organización separatista armada. La BBC sencillamente se limitaba a exponer elementos incuestionables: informaba, por ejemplo, que ETA había puesto una bomba causante de tantas víctimas, que había asesinado a unas determinadas personas y que era un “grupo armado” que actuaba por la independencia del País Vasco. ¿No eran esos los hechos?

Y agregaba, los medios de comunicación hacen generalmente una utilización abusiva del término “terrorismo”, en especial en España, donde existe un sospechoso consenso en nombrar a ETA siempre con el calificativo de “banda terrorista”. La palabra “terrorismo” comporta tal cantidad de connotaciones que no cumple el principio periodístico de la neutralidad. Tras reducir a un bando a un mero “grupo de terroristas”, sin más elementos de análisis, la opción de la guerra contra el “malo” es la única que se presenta a la opinión pública.

Para visibilizar los “efectos colaterales” del conflicto vasco, el Instituto Vasco de Criminología ha llevado a cabo recientemente tres trabajos determinantes: “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014” (diciembre 2017); “Investigación de tortura y otros malos tratos en Nafarroa (1960-1978)-Fase I” (diciembre 2022); “Investigación de tortura y otros malos tratos en Nafarroa (1979 a la actualidad)-Fase II” (diciembre 2023).

Los trabajos han concluido que en los cuatro territorios forales se han producido, desde 1960 y por parte de agentes de la autoridad, unos 6.000 casos de tortura - en ocasiones con el resultado de muerte- acreditados por medio del Protocolo de Estambul. El forense Francisco Etxeberria Gabilondo estima que la cifra de torturados en estos territorios, desde 1960 hasta 2014, estaría en torno a las 20.000 personas, pero que podrían ser más, porque por parte de muchos torturados existe un rechazo a pasar por un proceso -el protocolo de Estambul- que les haría revivir de nuevo situaciones enormemente dolorosas y traumáticas.

Sin embargo, de esto no se lee ni una palabra en los medios, a no ser que sean vascos, digitales marginales, o correspondan a dictámenes emitidos por organizaciones de derechos humanos.

En los últimos años, se han estrenado dos documentales claves sobre esta materia: Karpeta urdinak (Carpetas azules), de Ander Iriarte; y Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), de Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas. Su visionado resulta imprescindible para aproximarse al universo del horror y del espanto de la tortura.

Los cristianos estamos llamados a construir el Reino, a hacer humanidad, no a identificarnos con la moral del sistema. Y eso supone un compromiso político, social y económico para que la voluntad del Padre, ínsita a ese proyecto que nos desborda y al que llamamos Creación, alcance su plenitud. ¡Cuántas concesiones ha hecho la Iglesia institucional al poder y al sistema, en nombre del evangelio, que luego han resultado auténticas aberraciones! La esclavitud, la Inquisición, las actitudes ante el psicoanálisis («difícilmente se podría excusar de pecado mortal a la persona que consciente y libremente se sometiera a un psicoanálisis». Cardenal Felici. Roma 1954), las posiciones ambiguas sobre el nazismo (al comunismo y al socialismo, sin embargo, no se ha cansado de desacreditarlos hasta hace muy poco; y, con toda seguridad, que muchos comunistas, socialistas y ateos nos precederán en el encuentro con el Padre), … Y a pesar de que desde nuestra atalaya del siglo XXI estas discusiones parecen ya superadas, en cada momento histórico muy pocos fueron capaces de señalarlas y dirigirse a los que dándoselas de cristianos hacían interpretaciones interesadas, que no guardaban relación alguna con el evangelio, para decirles: por ahí no es, por ahí no va lo de Jesús. Así lo entendió José María Setién Alberro, obispo de Donostia, y por ese motivo fue denostado.

En estos momentos se están llevando a cabo iniciativas -una de ellas ante el Defensor del Pueblo- para que se reconozca la práctica de la tortura en el Estado español con el fin de emprender acciones que den voz y reconocimiento a quienes fueron víctimas de terribles abusos. Pero la resistencia de las instituciones es numantina y uno de los argumentos al que se aferran como a un ancla de salvación es la Ley de Secretos Oficiales.

Como cristianos debemos esforzarnos por llamar a las cosas por su nombre, trabajando por la verdad, la justicia y la reparación y abandonando la búsqueda de la complacencia del sistema, porque el Reino no pertenece a la dimensión del sistema. Porque ser cristiano no es ser de derechas, implica comprometerse en la gestión del bien común y “meterse en política”.

 

 

 

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Egaña | La Estrategia de las Violaciones

Cada vez que el estado español o un medio de comunicación afín habla acerca de las actividades armadas de ETA siempre reducen las estadísticas de la violencia a los muertos y heridos causados por ETA así como la de las bajas en el campo abertzale, sin mencionar la autoría de estas.

Nunca se habla de otras estadísticas, como por ejemplo, la de la cifra de los torturados.

Mucho menos se va a hablar de la violación como un arma más en el arsenal represivo en contra del derecho del pueblo vasco a su autodeterminación.

Por lo anterior es que se hacen tan necesarias voces como la de Iñaki Egaña, quien ha compartido el siguiente reporte en su perfil de Facebook:


La estrategia de las violaciones

Iñaki Egaña
Este enero se han cumplido 45 años de la violación y muerte de Ana Tere Berroeta en Loiu y en junio el mismo aniversario recordará a Mari José Bravo en Donostia. Ana Tere tenía 19 años y Mari José 16. Javi Rueda, el compañero de Bravo, fue apaleado cuando intentaba defender a la adolescente, y dejado por muerto. Revivió pero a consecuencia de las heridas falleció años más tarde. Las muertes de ambas mujeres fueron reivindicadas por el BVE, la marca estatal que en 1983 fue sustituida por la de los GAL.

En ese periodo se produjeron más violaciones en las que, en algunas de ellas, los denunciados fueron agentes policiales. Las violadas sobrevivieron. También hubo varios casos de denuncias de violaciones en comisarías, en situación de custodia policial. Tras las denuncias, sus nombres se difundieron en los medios de comunicación. Pero las denuncias no tuvieron recorrido judicial. Una de ellas fue declarada incluso en un juicio en 1988 que tuvo lugar tras una detención . En el litigio, en el que la acusada fue imputada por ser militante de ETA, la fiscal Carmen Tagle, ejerció de juez y testigo a la vez, afirmando, por toda prueba, que el aspecto de Begoña no era el de una mujer violada. Hubo también situaciones que sugirieron haber sido preparadas en un despacho de expertos en contrainsurgencia. También en 1988, durante un largo secuestro por ETA de un empresario madrileño, los medios y la Policía cargaron las tintas sobre un miembro del comando que retenía al industrial. Y con la intención aparente de que el clandestino abandonara su escondite, dando pistas de donde se hallaba retenido el secuestrado, el hijo del militante sufrió un intento de violación, en su localidad natal, a 500 kilómetros de Madrid.

Estos casos ya fueron amparados explícitamente por el informe del Gobierno Vasco de 2008 "Víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política", bajo el epígrafe de violaciones sexuales de mujeres "con reivindicación política". En dicho informe, asimismo, se recogieron casos de detenidas en dependencias policiales que denunciaron haber sido violadas o agredidas sexualmente en el transcurso de su arresto. Y algunas de esas denuncias no estaban alejadas en el tiempo tanto como las de Ana Tere o Mari José, sino que pertenecían al siglo XXI. También impunidad, esta vez judicial, porque otra institución, como en este caso el Gobierno de Gasteiz ya las había señalado.

Las fuentes de todas esta crónicas son varias. Las diligencias judiciales, a las que no tenemos acceso, y cuando lo haya, la ley de protección de datos que obliga a que la petición deba ser realizada por la víctima. Muchas no quieren revivir el terror y otras, bilógicamente, no están entre nosotros. También los archivos históricos en los que están alojados los informes diarios de Guardia Civil, Policía y gobernadores. Pero en ellos nos encontramos con tres problemas. El primero, que en caso de resolución, únicamente aparecería el nombre de la víctima y el resto de nombres estaría tapado con tachones para encubrir generalmente a los victimarios. El segundo, los 50 años que deben haber transcurrido, por ley, entre el hecho y la petición de información. Y el tercero y más doloroso, que las cuestiones relacionadas con violaciones de derechos humanos (torturas, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales…) no aparecen en los informes que los propios policías confeccionan. Lo digo con experiencia, revisando legajos anteriores a 1974. Y en supuesto caso de posibilidad de acceso a información relevante que desvele alguno de estos acontecimientos, la franquista y a pesar en vigor, el muro de la Ley de Secretos Oficiales.

En la investigación popular, al margen de la hemerotecas, fue el exhaustivo trabajo del abogado Miguel Castells -todavía en activo a sus 93 años- que recogió las transgresiones de derechos humanos del Estado español en Euskal Herria, incluidas las violaciones, que le llevaron a una conclusión compartida por gran parte de nuestra sociedad: la actividad paramilitar estaba diseñada desde el Estado. Fue condenado por este trabajo por los tribunales españoles y el de Estrasburgo le dio la razón en 1991, lanzando una nueva andanada contra la estrategia negacionista de los Gobiernos españoles.

Más recientemente, Argituz presentó un nuevo informe “Mujeres violadas con reivindicación política por grupos parapoliciales”, que refiere el periodo que fue de 1977 a 1980 y recoge casos particulares, en los que destacan que antes de ser violadas, algunas víctimas sufrieron un interrogatorio sobre miembros de ETA. Sin embargo, las instituciones y los estudios académicos han pasado de puntillas sobre este tema, al margen de los trabajos y esfuerzos citados. Si la lectura debe se integral, aún tenemos un debe enorme.

Gracias a estas fuentes, hoy conocemos que hubo varios localidades que concentraron la mayoría de las agresiones sexuales: las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y otros puntos menores como Bermeo, Orereta o Irun. Las violaciones tuvieron lugar en escenarios donde también se produjeron otro tipo de represiones tanto asumidas por el Estado (torturas, secuestros) como negadas (acciones paramilitares). El modus operandi de los victimarios fue muy similar a pesar de la distancia entre localidades. En todos los casos, los violadores exhibieron sus armas para coaccionar a las víctimas. Lo más llamativo del tema reside en que casi la totalidad de las manifestaciones por esas agresiones sexuales fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos.

Al hilo de los testimonios, Mai Etxamendi, compuso y cantó una canción junto a su padre Eñaut (el de la mítica pareja Etxamendi eta Larralde), titulada “Zure kontzertu batez (1980)”: “Errenteriritk bost gizon dira heldu/ Bostek ninduten hortxet inguratu/Kristianoz ninduten deshoratu/Joak labanez sarraskitu/Nintzalarik lurreratu/Bostek ninduten biolatu”. 




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sábado, 25 de enero de 2025

El Quid de la Sede

Cuando Jordi Évole se sentó a entrevistar a Josu Urrutikoetxea en lo que después se convertiría en el documental conocido como 'No me llame Ternera', el propagandista catalán se despachó a gusto con la gran mentira del relato españolista; que tras la muerte de Franco la democracia había llegado al estado español, claro, con la intención de dar a entender que con la muerte de Franco y la supuesta llegada de la democracia dejaba de existir la razón de ser de ETA.

Pues bien, para desmayo de Évole, el PP a nivel estatal ha decidido no concederle la razón pues insiste en que un edificio comprado por vascos en París, mismo que fue incautado por el franquismo, pertenece a Madrid.

Desde Naiz, aquí lo más reciente con respecto al edificio en París que fuese la sede del gobierno vasco en el exilio:


Sede de París: para el PP es de España; para el PP vasco, de Lakua; y para el PNV, suya

El PP ha conseguido instalar un debate a nivel estatal sobre de quién es la sede que ocupó el Gobierno Agirre en París, no sin contradecirse, porque afirma una cosa en el Congreso y otra en Euskal Herria. Mientras, el PNV se reivindica como legítimo dueño afirmando que la pagaron sus militantes.

Ramon Sola

El acuerdo entre el PNV y el Gobierno español para transferir la propiedad de la sede que ocupó en París el Gobierno de José Antonio Agirre en el exilio se ha convertido en motivo de gresca entre este partido y el PP. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo lo está usando cada vez más como argumento principal para justificar el golpe que quiso propinar a Pedro Sánchez tumbando el «decreto omnibús», a sabiendas de que es muy impopular poner el foco en las otras consecuencias de su no: pensiones, desahucios y ayudas al transporte.

En esta ofensiva ha conseguido extender un debate sobre de quién debe ser ese edificio. En el Pleno celebrado el miércoles en el Congreso confluyó totalmente con Vox en la afirmación de que se trata de una propiedad española, obviando que fue incautada a la representación del Gobierno Vasco primero por el nazismo y luego por Franco.

Como recordaba en este reportaje en NAIZ el historiador Iñaki Egaña, «con la invasión alemana de París, la Gestapo y los servicios secretos españoles se hicieron cargo de la delegación vasca. En nombre de la embajada española, los funcionarios Pedro Urraca, Francisco Serrano y Pedro Macías se incautaron de la sede. Y este embargo provocó la confiscación de numerosa documentación que dejó la puerta abierta a una brutal represión en Hego Euskal Herria».

En 1944, recordaba Egaña, la sede de Marceau fue recuperada por un grupo de guerrilleros, cuando los nazis abandonaron París. Xabier Landaburu, vicelehendakari que había permanecido en París, recuperó para el Gobierno Vasco, pero la Embajada franquista protestó airadamente. «Fue en el verano de 1951 cuando el Gobierno francés expulsó sorpresivamente al Gobierno Vasco de su sede parisina. El proceso judicial, que parecía claro a favor del Gobierno Vasco, se decantó a favor del Gobierno falangista, cuando el dictador Francisco Franco anunció que cerraría el instituto y el liceo francés en Madrid si no se desalojaba al Ejecutivo vasco de su sede de la Avenida Marceau».

El chantaje surtió efecto y el lehendakari Agirre declaró: «Salimos de este edificio expulsados por la fuerza pública, en ejecución de una sentencia que califica al Gobierno Vasco de ‘ladrón’, sentencia obtenida durante la ocupación alemana bajo la protección del enemigo».

Desde entonces el edificio ha sido propiedad estatal y en los últimos tiempos sede del Instituto Cervantes. Hasta que ha llegado este acuerdo con el Gobierno español para su «devolución», largamente demandado por el PNV.

Doble discurso del PP

En el pleno del miércoles, y eludiendo todas estas evidencias históricas, el representante del PP Juan Bravo insistió en que el edificio es «patrimonio estatal» y que no cabe traspasar la propiedad para «beneficiar a un partido político».

Un día antes, el portavoz principal en el Congreso, Miguel Tellado, había encendido las iras del PNV afirmando que «todos los españoles vamos a pagarle al PNV una renta mensual para tener en ese edificio que hoy es público y mañana dejará de serlo para ser del PNV: La sede en Francia del Instituto Cervantes. Vaya vergüenza todo. Vergüenza el comportamiento del Gobierno de España y vergüenza la actitud y el comportamiento del PNV». Tildo a la formación jeltzale de «aprovechategi». Desde la tribuna del Congreso, Idoia Sagastizabal le devolvió el insulto: «Lotsagabe».

Este viernes, sin embargo, el presidente del PP en la CAV, Javier de Andrés, ha utilizado otro discurso, según el cual el palacete no es español, pero tampoco jeltzale, sino en su caso del actual Gobierno de Lakua.

Ha afirmado que existen «cuatro sentencias» que así lo acreditan: tres en tribunales franceses, «la última de 1951», y otra del Supremo español. Y ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de no reivindicar la propiedad. «Su libertad e independencia acaban donde empiezan los intereses de su partido», ha dicho.

«Bastaría con que Gobierno Vasco fuera con estas cuatro sentencias y oponerse a que ese registro sea efectivo, pero Pradales prefiere meterse con el PP, porque nosotros estamos defendiendo los intereses de los vascos a través de lo que tendría que ser el Gobierno Vasco», afirma De Andrés.

El PNV se reivindica

Por su parte, el PNV no se echa atrás para reivindicarse como único propietario. Ya el día que se presentó el acuerdo, el Euzkadi Buru Batzar sostuvo que «está plenamente probado y demostrado que, si bien lo utilizó el Gobierno Vasco en el exilio, quien adquirió y pagó el edificio de la Avenida Marceau fue EAJ-PNV. La transferencia previa a su adquisición se formalizó el 12 de septiembre de 1936, cuando el Gobierno Vasco aún no existía. Ni siquiera se había aprobado aún el Estatuto de Autonomía que sustentó legalmente la existencia de aquel primer Gobierno Vasco».

En la misma línea, este viernes el coordinador del archivo de la Fundación Sabino Arana, Eduardo Jauregi, ha aseverado que el palacete pertenece al PNV porque se adquirió con donaciones de sus militantes, en concreto una transferencia económica de miles de dólares desde el Banco Nacional de México a la sucursal del Banco de Bilbao en la capital francesa por parte de la familia Belaustegigoitia a Elidoro de la Torre, primer consejero de Hacienda del recién constituido Gobierno de Lakua.

«Hay prueba documental de esa transferencia –remarca Jauregi–. Se hace el 12 de septiembre de 1936 antes de constituirse el propio gobierno de Euskadi (7 de octubre). Yo no sé de dónde han sacado la información de que el Gobierno de la República dio dinero al Gobierno Vasco. Nosotros desconocemos esos datos, lo que sabemos es que ese dinero vino de gente del PNV para ese asunto».

El coordinador de la fundación añade, en un recordatorio pertinente a PP y Vox, que las dependencias de París acogieron, además de a la Falange Española, a la denominada Comisión de Recuperación de Bienes creada «por el nuevo Gobierno franquista», que intentaba conseguir y recuperar todos los bienes que, según ellos, «los rojos» habían sacado de territorio estatal.

 

 

 

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Angulas a los Cerdos

Una juventud acostumbrada a comer mac hamburguesas, pizza de mostrador, rollos de arroz - llamados incorrectamente sushi - y ramen de microondas... hoy califica negativamente platos sofisticados o con tonos sutiles para el paladar.

Como dicen en México, qué mejor, entre menos burros, más olotes.

Aquí lo que nos informa el Diario Vasco:


Un clásico de la cocina vasca, en el listado de los peores platos del mundo

TasteAtlas, una enciclopedia gastronómica internacional, elabora este ranking anual para destacar las recetas más y menos apreciadas en todo el mundo

I. G.

Un plato tradicional vasco, las angulas a la cazuela, ha sido incluido en el listado de las peores recetas del mundo elaborado por la guía internacional TasteAtlas. Este ranking, que genera polémica cada año, clasifica las recetas menos apreciadas según las votaciones de miles de usuarios alrededor del planeta. En la edición de 2025, las angulas a la cazuela obtuvieron una puntuación de 2,3 sobre 5, situándose en el puesto número 19 del ranking.

La receta, un clásico de la cocina vasca, se prepara con ingredientes como angulas, ajo, pimentón picante, aceite de oliva y sal. El ajo y el pimentón se sofríen en aceite de oliva en una cazuela, a la que se añaden las angulas para cocinarlas hasta que estén calientes y chisporroteen. Tradicionalmente, este plato se sirve directamente en la cazuela y se come con un tenedor de madera.

Pero las angulas no son el único plato español que aparece en esta poco halagadora clasificación. Las faves a la catalana, un guiso originario de Cataluña elaborado con habas, butifarra negra, tocino y especias, han sido calificadas como el 16º peor plato del mundo, también con una puntuación de 2,3. Este plato, con recetas que se remontan al siglo XIX, es un símbolo de la gastronomía catalana, aunque parece no haber conquistado el gusto de los votantes internacionales.

Un clásico de la cocina vasca, en el listado de los peores platos del mundo

Por su parte, un plato valenciano también figura en la lista: el bocadillo de carne de caballo, habitual en el 'esmorzar' típico de la región. Este bocadillo, que combina carne de caballo con ingredientes como ajos tiernos, queso o tocino frito, ocupa el puesto 18º, igualmente con una puntuación de 2,3.

TasteAtlas, una enciclopedia gastronómica internacional, elabora este ranking anual para destacar las recetas más y menos apreciadas en todo el mundo. En la edición de este año participaron casi 600.000 personas, de las cuales unas 400.000 fueron reconocidas como votantes legítimos tras un riguroso proceso para evitar fraudes y votaciones sesgadas.

 

 

 

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sábado, 18 de enero de 2025

Egaña | La Agenda del Medio Centenario

Nuestra publicación de 2015 titulada 'Paca la Culona' ha tenido muchas visitas durante las semanas recientes y no podemos negar que esto nos había picado la curiosidad.

Pues bien, agradecemos a nuestro amigo el que haya publicado este texto que nos ayuda a esclarecer el misterio, mismo que traemos a ustedes desde Facebook:


La agenda del medio centenario

Iñaki Egaña

A poco de comenzar el año, nos llegó la turrada de la que va ser tendencia durante 2025. El medio siglo de la muerte del dictador, al que no le salvó ni siquiera aquella mano incorrupta de Teresa Sánchez de Cepeda, una religiosa que canonizaron como Santa Teresa y cuya reliquia trasladaron desde la iglesia de la Merced de la ciudad andaluza de Málaga. Las referencias a Franco nos han inundado como una Dana. Unos para reforzar su narrativa de cuánto enfrentaron a la dictadura, cuando la realidad fue que con la excepción del PCE, ETA y algunos sindicatos, su postura fue la de la espera. Otros para aprovechar la ola neofascista y reivindicar su “buen hacer”. Y un tercer grupo para mostrar supuestas equidistancias y desinterés, con el argumento de que no merece la pena rasgar ese pasado tan lejano, cuando la juventud actual ni siquiera conoce quienes fueron Eddy Merckx, Gorbachov o Rodríguez Galindo.

Así que la agenda está servida. Pero como sucede con otros aniversarios redondos, la potencia de los medios extraños, la viralidad de las redes y la universalidad de la idiotez, nos enfangan en una agenda ajena. Es cierto que el suceso, la muerte del dictador y su trayectoria, tuvieron un impacto bestial en la sociedad de Hego Euskal Herria. Pero también es notorio que en nuestro territorio, tanto al norte como al sur de la muga, este medio centenario debería tener otros recuerdos más pujantes que la loa o el despreció del llamado entonces generalísimo.
Las exequias de Franco estuvieron precedidas de las ejecuciones de dos militantes de ETA y tres del FRAP. Jon Paredes, Txiki, y Ángel Otaegi, fueron condenados a muerte en juicios que apenas duraron unas horas y sus penas fueron refrendadas por una corte de dirigentes franquistas que dos años más tarde se despertarían, como por arte de magia, siendo tan demócratas que hoy aún, sus apellidos nominan avenidas, escuelas y aeropuertos. De aquella fecha, 27 de setiembre, la izquierda abertzale situó el Gudari Eguna y con aquellos mimbres y los de los gudaris de la guerra del 36, edificó un robledal, un camposanto metafórico, que fue dilapidado por las “fuerzas del orden” hace poco más de una década.

Las movilizaciones por Txiki y Otaegi fueron parte de un contexto que nos presentó como un pueblo unido como cantaba Quilapayún. Con un coste enorme que este medio centenario debería reconocer. Huelgas generales, protestas, encierros, sabotajes… La repuesta del Estado franquista fue la del estado de excepción, la promulgación de una Ley Antiterrorista y la escenificación de una guerra sucia que comenzó con el BVE (Batallón Vasco español) y se alargó con los GAL, en tiempos de quienes en 1975 decían ser oposición clandestina, activada para derrocar al dictador (PSOE). Habilitaron la plaza de toros de Vista Alegre, en Bilbo, para albergar a tantos detenidos que no entraban en comisaría. Tal y como había hecho Pinochet con el Estadio Nacional de Chile, exactamente dos años antes.

Para evitar las ejecuciones, la Policía mató a quienes intentaban su liberación, militantes como ellos: Andoni Campillo, Josu Mugika, Montxo Martínez Antía y al gallego Moncho Reboiras. En las protestas mataron en Donostia al estudiante Jesús García Ripalda, en controles de carretera a la alemana Alexandra Leckett, Emilio Pérez y a Kepa Etxandi. Al joven Bonifacio Martínez, de apenas 18 años, lo mató la Guardia Civil en Bilbo y en Mungia a Alfredo San Sebastián. En Gernika, mataron al militante Jesús Mari Markiegi y horas más tarde, al matrimonio que le había albergado en su vivienda, Blanca Salegi e Iñaki Garai. Francisca Saizar murió de un infarto cuando los de charol derribaron la puerta de su casa en Ondarroa, a la búsqueda de su nieto. También en Ondarroa, los mismos halcones mataron a Koldo Arriola, también con 18 años, cuando celebraba el fin de curso. Alfredo Valcárcel fallecía a consecuencia de las torturas. Mikel Gardoki y Koldo López de Guereñu murieron en emboscadas y a Bittor Pérez Elexpe le acribillaron cuando repartía unos pasquines en Sestao. Jacques Andreu, imitando a los bonzos que protestaban por la ocupación yankee de su país Vietnam, se inmoló en Pau, en solidaridad con la causa vasca. A Carlos Sanchiz le dieron el tiro de gracia y sobrevivió de milagro.
La llamada guerra sucia, el terrorismo de Estado, saltó a Ipar Euskal Herria con una innovación, las bombas-lapa. Y si los objetivos habían sido librerías como Nafarroa u organizaciones asistenciales como Anai Artea, los refugiados y sus familias se convirtieron en prioridad. La primera familia fue la de Josu Urrutikoetxea. El mercenario murió en la tentativa. Luego atentaron contra las familias de Txomin Iturbe y Tomás Pérez Revilla y el intento de secuestro de la compañera de Garratz Zabarte. A Iñaki Etxabe y Germán Agirre los mataron en Arrasate, sin reivindicación. No se atrevieron. A José Martín Zubillaga, le tirotearon en el término municipal de Sara y le trasladaron detenido al sur de la muga.

Aquel año estuvo teñido de rojo, pero también con alcances y anclajes del mismo tono. La huelga de Potasas marcó a una generación. Los encuentros para el acuerdo tuvieron sus hitos, los proyectos del BAT y del Herrikoi Batasuna, la primera iniciativa de unidad popular. El nacimiento de KAS y de EHAS, que serviría décadas más tarde al juez Garzón para construir una narrativa conspiranoica. El Aberri Eguna de Gernika y la detención de los diputados flamencos Walter Luyten y Willy Kuipers, así como el periodista inglés Stephen Elliot. Aquella reunión de octubre en Biarritz, en la que se sentaron en una mesa ETA, PNV y PSOE, repetida en otras ocasiones, incluso ya en el siglo XXI.
Medio siglo de la muerte del dictador. Con un tono repetitivo que me resulta si no lejano, al menos cansino. Nada nuevo. En cambio, entre el Aturri y el Ebro, aún estamos construyendo nuestra propia narrativa. A la que, a modo de empujón, debería ser también nuestra agenda de evocaciones para el futuro.

 

 

 

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Europol Violó Pacto Internacional

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976.

En el mismo, se consagran en el mismísimo Artículo 1, los siguientes derechos:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.


Leído lo anterior, nos podrían explicar ¿cómo es que Europol consideraba a los movimientos de autodeterminación vasco y catalán como terroristas y extremistas?

¿No debiera iniciarse un proceso en contra de Europol por violentar de forma tan excesiva el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

Más aún ¿a quienes desde Madrid solicitaron el ingreso de esos movimientos de autodeterminación en esa categoría de Europol?

Porque tanto en Europol como en los diferentes gobiernos españoles bajo el mandato de Juan Carlos y Felipe Borbón existen personas con nombre y apellido.

Así que, establecido lo anterior, les presentamos esto que nos informa Noticias de Gipuzkoa:


Los movimientos independentistas vasco y catalán salen del informe sobre terrorismo y extremismos de Europol

El escrito se basa en "datos cualitativos y cuantitativos proporcionados por los Estados miembros" de la Unión Europea

El Informe sobre la Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea, elaborado anualmente por Europol, no incluye en su edición de 2024 al movimiento independentista catalán, que en su versión anterior aparecía primero bajo el apartado de "Terrorismo separatista" y luego de "Extremismos", causando polémica en la política catalana.

Fuentes de la agencia europea aseguraron hoy a EFE que el TE-SAT, las siglas que recibe este informe, "se basa en datos cualitativos y cuantitativos proporcionados por los Estados miembros", por lo que no es decisión de Europol incluir o retirar a grupos y movimientos de este informe, sino de cada país, que es quien proporciona los datos y la información incluida entre sus páginas.

No incluye los movimientos independentistas vasco y catalán

"Europol únicamente recopila la información recibida y realiza evaluaciones sobre los desarrollos fuera de la UE que afectan la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos", agregó la misma fuente.

El TE-SAT 2024 no hace mención a los movimientos independentistas catalán y vasco, que en 2023 se incluían como "los más activos y violentos dentro del escenario separatista español".

Además, el informe agregaba que "sus narrativas combinan el separatismo con puntos de vista de extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios como el capitalismo".

En un principio, ambos movimientos estaban bajo el apartado "Terrorismo separatista", pero, después de generarse la polémica general y las exigencias desde el independentismo catalán de una rectificación, el informe fue actualizado y pasaron a estar bajo un nuevo epígrafe titulado "Extremismo".

Ese cambio se produjo después de que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) de España pidiera por carta a Europol "la rectificación de los epígrafes", dijo el Citco, para que "las alusiones al independentismo catalán se eliminen del apartado de terrorismo y se mantenga en un epígrafe independiente como independentismo".

"Extremismo"

Según explicó entonces a EFE una portavoz de Europol, "se agregó un nuevo capítulo sobre Extremismo" al que se movió exactamente el mismo epígrafe, que mantenía su advertencia sobre los movimientos independentistas catalán y vasco.

España había solicitado, explicó, que los "dos párrafos de la contribución española al informe se trasladaran bajo un título diferente. Europol evaluó la solicitud oficial española y actualizó en consecuencia el TE-SAT 2023".

El pasado marzo, la directora de la agencia, Catherine de Bolle, anunció en una entrevista con EFE que Europol iba a cambiar la "metodología" de elaboración de este informe anual sobre la situación del terrorismo e involucrar a unidades antiterroristas y académicos para que revisen "la situación en su país", tras la polémica sobre el independentismo catalán.

"Antes de publicar el TE-SAT, invitaremos a los jefes de las unidades antiterroristas a que lo revisen bien desde su perspectiva y vean la situación en su país, para saber que estamos en el camino correcto con los mensajes recibidos de diferentes Estados miembros. E involucraremos a más académicos para mirar el TE-SAT y asegurarnos de que estamos en el camino correcto en cómo tenemos que definir y clasificar la información que recibimos", explicó. 




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viernes, 17 de enero de 2025

Una Flor Vasco-Venezolana

La plataforma Netflix ha agregado a su lita la película noruega 'Nr. 24' que nos describe las andanzas de Gunnar Sønsteby como líder de la resistencia en contra de la ocupación nazi. El filme contiene escenas que muestran la brutalidad y crudeza de la tortura a la que someten a quienes caen en las manos de los alemanes y sus cómplices noruegos. En respuesta, la resistencia noruega, según nos muestra la cinta, elimina a varios nazis así como a colaboradores y soplones en acciones que van de 1943 a 1945.

Ahora imaginen que de visita en la tierra de tus padres terminas en los calabozos de tortura de un régimen afín en su momento a los nazis, pero es 1961 y dicho régimen ha sido admitido en la ONU por presión de Washington. Mueres antes de enterarte que quien dirigía ese centro de tortura es hoy considerado mártir y héroe por Madrid, personaje que por cierto entre 1939 y 1945 estuvo vinculado a la Gestapo, hablamos de Melitón Manzanas.

Sirva pues este preámbulo para presentarles esto que ha publicado Naiz:


«Flor de Araguaney» o el intento de sobrevivir al infierno de la tortura

Ataramiñe ha presentado este jueves en Gasteiz “Flor de Araguaney”, versión en castellano de la novela “Araguaney lorea”, escrita bajo el seudónimo Martin de Aranezio «en homenaje a María Mercedes Antxeta». Una historia basada en innumerables testimonios y denuncias reales de personas torturadas.

Xabier Izaga

«Este no es el libro que al autor le hubiera gustado escribir», avisa la introducción de “Flor de Araguaney”. «No lo es porque en un principio el objetivo era realizar una crónica donde se relatara con el mayor lujo de detalles lo que sucedió en Donostia con la vasco-venezolana Maria Mercedes Antxeta en el verano de 1961». Podría decirse que el libro consiste en una investigación cuya crónica, ante el contundente silencio con que el autor se ha topado a cada paso que daba, hubo de convertirse en novela. Una novela cuya ficción se desarrolla sobre la base de testimonios y denuncias de torturas reales.

Este jueves, en la librería gasteiztarra Eva Forest Liburutopia ha tenido lugar la presentación de la versión en castellano de la mencionada novela, originalmente “Araguaney lorea”, publicada por Ataramiñe, editorial que desde 2002 se dedica a promover y publicar trabajos creativos de presos, exiliados y deportados políticos vascos. Los responsables de la editorial Jokin Urain y Oier Gonzalez, y la autora de la portada, Arantza Eziolaza Galan, han explicado los pormenores de la gestación del trabajo, «muy duro y crudo pero necesario», escrito por Martin de Aranezio, seudónimo empleado por el autor, «en homenaje a María Mercedes Antxeta. En homenaje a todas las flores de araguaney destruidas».  

La novela saca a la luz el caso de torturas de Maria Mercedes Antxeta, silenciado durante décadas. Venezolana descendiente de refugiados y refugiadas vascas de la guerra del 36, en julio de 1961 vino a Donostia con intención de conocer la tierra de su padre y su madre, y se vio envuelta en los incidentes que hubo en la capital guipuzcoana con motivo del 18 de Julio. Hubo varias detenciones, entre ellas la de la propia Antxeta. Seis días duró su detención, al cabo de los cuales regresó a Venezuela. Sin embargo, 40 días después murió a causa de las torturas padecidas en las dependencias de la Brigada Político Social que comandaba el tristemente conocido Melitón Manzanas.

Ficción basada en hechos reales

En el libro se evoca aquella época, en la que surgió ETA, así como el oscuro mundo policial de Donostia o el panorama sociopolítico de Venezuela, si bien el elemento central de la narración es la tortura, resumida en el crudo relato del infierno padecido por Antxeta, y su enorme esfuerzo por sobrevivir, en ocasiones recurriendo a sus recuerdos de infancia.

En los archivos oficiales de Venezuela y del Estado español no ha sido posible encontrar información al respecto; tampoco hay rastro alguno de descendientes o familiares de la joven, y en su día hubo muy escasas denuncias y noticias al respecto. El único medio de comunicación que denunció las torturas sufridas por María Mercedes Antxeta en 1961 fue el diario “El Nacional” de Caracas, en un editorial rescatado con el fin de «ceñirse lo más posible a los hechos, sobre todo en relación con los tormentos a los que se sometió a Antxeta». Afirma el autor que los métodos de tortura más duros que utilizaron con ella se han reflejado en la historia «tal y como los dio a conocer el diario “El Nacional” en el editorial publicado».

Haciendo de la necesidad virtud, Martin de Aranezio ha suplido la falta de información sobre el caso con la ficción, para ofrecer una mirada integral sobre una lacra que sigue azotando al mundo. Cuenta una historia real, novelada pero basada en numerosos testimonios y denuncias reales de personas torturadas de un pequeño país, Euskal Herria, donde la tortura ha sido habitual hasta hace poco. Precisamente, ayer mismo se hizo pública la convocatoria de la asamblea nacional constituyente de la red de torturados y torturadas de Euskal Herria, que tendrá lugar el 15 de febrero en Donostia, con el fin de exigir su «reconocimiento público, social y oficial».

Jokin Urain, quien se ha encargado de las labores de edición del libro, ha recordado en la presentación esa necesidad de reconocimiento: «En Euskal Herria ha habido miles de personas torturadas, pero no es suficiente cuantificar esos casos, es preciso dotarles de una consistencia, sacándolos a la luz y denunciándolos una y otra vez hasta lograr su reconocimiento. Como afirma el autor, la tortura no es algo de un pasado lejano, sino algo que han practicado con enorme impunidad y con la silenciosa ayuda de muchos».  

Antxeta, Lasa y Zabala...    

La ilustradora gasteiztarra Arantza Eziolaza Galan es la autora de la imagen de portada, y para hacerla intentó ponerse en la piel de Antxeta. El resultado es el rostro de una mujer sufriendo y, debajo, sus manos sosteniendo varias flores de araguaney, el árbol emblemático de Venezuela, que acude a los recuerdos de Antxeta durante su calvario.  

Una denuncia demoledora de la tortura en cualquier época y bajo cualquier tipo de régimen, esa práctica que «no ha sido sino la defensa de los intereses de las clases dominantes en el Estado en cada momento». Martin de Aranezio cita al investigador de la tortura Darius Rejali para referirse a la relación de los Estados llamados democráticos con la tortura: «Según Rejali, todas las peores innovaciones en el ámbito de la tortura se han realizado en el seno de las llamadas sociedades democráticas; denuncia por ello la hipocresía de esos Estados que nos quieren hacer creer que la práctica del tormento es algo del pasado, propio de sociedades no democráticas. En su obra “Torture and Democracy”, denuncia que los Estados democráticos han perfeccionado los métodos de la tortura con el único fin de encubrirla, de que no deje huella en los que la padecen».

Y reflexiona en torno a ese extremo: «¿Podemos creer que existe alguna diferencia entre los tormentos a los que fue sometida María Mercedes Antxeta y otros miles de detenidos de esa época a manos de Melitón Manzanas y sus agentes de la BPS en 1961, y los tormentos a los que fueron sometidos Joxean Lasa y Joxi Zabala en 1983 a manos de la Guardia Civil de Galindo y sus tropas? No existe ninguna diferencia excepto que la primera los sufrió en una época en la que podemos considerar que era 'normal' que ocurrieran, en pleno franquismo, y que Joxi y Joxean sufrieron el tormento con la 'democracia' ya establecida. Los dos casos nos demuestran que, sea en la época que sea, el Estado recurre a la tortura como una de sus principales herramientas para someter a los disidentes o, en el caso de Antxeta, a quien pensaban que lo era».

Por el mero hecho de desear conocer la tierra de sus ancestros, donde encontró la tortura, la misma tortura de cientos de años antes, actualizada. Y la impunidad y todos los aparatos que la hacen posible. Después, la muerte y el silencio. Un silencio que ha roto este libro y que ha de romper quien haya pasado por el infierno de la tortura con un poco más de suerte que Maria Mercedes.

 

 

 

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lunes, 13 de enero de 2025

Cinco Espacios

Ramon Sola nos proporciona este detallado análisis en la estela de la multitudinaria manifestación en favor de los derechos de los presos políticos vascos y de sus familiares, estos últimos víctimas del aparato carcelario español sin haber sido procesados, juzgados y/o condenados.

Adelante con la lectura: 


Cinco frentes (o puertas) abiertos en 2025 contra la obcecación carcelaria

Tras el fin de los atentados de ETA hicieron falta dos años para anular la «doctrina Parot»,   siete para empezar a desmontar el alejamiento y nueve para iniciar el fin del aislamiento. La apuesta de EPPK por la vía legal desde 2017 ha acelerado los avances. ¿Qué cabe esperar de este 2025?

Ramon Sola

La gran manifestación por los derechos de los presos que se celebra hace décadas cada primer o segundo sábado de enero tenía antes inevitablemente un sentido solo balsámico, tanto para los encarcelados como para sus familias. Poco más se le podía pedir dado el bloqueo existente, que entre otras cosas mantuvo la dispersión casi intacta durante 33 años.

En los últimos años, por contra, ha cobrado un valor más práctico, capaz de catalizar cambios. Son estas enormes movilizaciones las que han mantenido en la agenda política y ciudadana la demanda insistente de solucionar la cuestión carcelaria, empezando por eliminar la excepcionalidad legal y la crueldad como clave de actuación, frente a quienes intentaban extender la impresión de que «los presos son solo el problema de la izquierda abertzale». Su primer logro fue doblegar ese «a quién le importa». El segundo, empujar para generar soluciones.

Con la apuesta de EPPK por la vía legal, decidida en 2017 todavía con un gobierno del PP en el Estado español, el camino se ha allanado en la medida en que han desaparecido las excusas para mantener el bloqueo. Así, en un contexto político también más propicio por el relevo en La Moncloa, han llegado en cuatro años el fin del aislamiento (2021) y luego del primer grado, el del alejamiento (2023) y la reforma del «doble cómputo» destinado a prorrogar artificialmente los encarcelamientos (2024). Sin olvidar la transferencia de la gestión carcelaria a la CAV, que permite otros modelos de cumplimiento aunque la última palabra en estos casos la siga teniendo la Audiencia Nacional.

La superación del bloqueo es evidente pero aún queda mucho camino por recorrer. Los frentes de batalla legal –así se planteó EPPK el camino– en 2025 pueden resumirse en estos bloques. Cinco espacios que pueden abrir más puertas a la solución definitiva o mantenerlas cerradas.

Doble cómputo, doble frente judicial

La reforma de la ley 7/2014 corrige sobre el papel diez años de desacato al criterio europeo de acumular cumplimiento de condena realizados en diferentes estados. Según se ha publicado, ya hay al menos tres solicitudes de aplicación presentadas en diversas salas de lo Penal de la Audiencia Nacional, que son las encargadas de revisar esas materializaciones de condena. La respuesta no debería demorarse para evitar perjuicios mayores, pero hay que insistir en ello: el partido se juega de momento en el tribunal especial español.

Otro obstáculo a la vista: Aunque en el periodo navideño haya pasado desapercibido, el 30 de diciembre se publicó que el Senado controlado por el PP ha llevado finalmente al Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso por la aprobación de esta reforma. Es sabido que el Senado trató in extremis de frenarla, pese a que legalmente ya no era posible. Finalmente ha recurrido al máximo tribunal español, que se espera que dicte alguna primera resolución en dos o tres meses. El Senado no dio publicidad alguna a este recurso, presentado el 19 de diciembre, lo que suena a indicio de que no las tiene todas consigo.

Si la reforma se despliega como debería, 52 presos y presas podrán acogerse a ella, según detalló Sare. Al menos siete de ellas habrán cumplido condena totalmente con ello. El resto tendrá cruzado el umbral preciso para la libertad condicional, el tercer grado o al menos empezar a conseguir permisos de salida. Para otras quince llegará tarde: ya están libres tras haber purgado años de más.

7/2003, sin argumentos pero vigente

Por sus efectos la anulación del doble cómputo debe asemejarse a la anulación de la «doctrina Parot», pero en el origen hay una diferencia remarcable. Esta segunda fue invalidada por Estrasburgo, mientras que la primera ha sido corregida por el propio Congreso español, consciente de la trampa hecha en su día (las diferentes instancias comunitarias, de la Comisión Europea al Tribunal de Derechos Humanos, habían declinado actuar para enmendarlo).

¿Significa eso que hay agua en la piscina para intentar derogar o modificar también la 7/2003 de Aznar, clave de bóveda de toda la excepcionalidad carcelaria? Parece complicado en la actual legislatura, por la precariedad de la mayoría en torno a Pedro Sánchez y sobre todo la furibunda reacción final de PP y Vox en favor del doble cómputo. Tras haber votado que sí hasta en cinco trámites anteriores, el PP se sometió finalmente a las asociaciones de víctimas erigidas en lobby.

Algunas voces expertas como el catedrático de la UPV/EHU Jon Mirena Landa apuntan a que cabría otro tipo de aplicación jurisprudencial de esta 7/2003 sin necesidad de derogarla. Lo que está claro es que cuando se abra el debate, sea en ámbito legislativo o judicial, no habrá un solo argumento para defender una norma también del PP pero mucho más antigua que la Mordaza en vías de anulación; absolutamente anacrónica por contexto (se justificó contra la ofensiva de ETA post-Lizarra-Garazi); y completamente indefendible en estándares europeos (40 años de cárcel total, 35 para libertad condicional y 32 para tercer grado, un disparate).

Nuevo Gobierno de Lakua y Fiscalía

Bajando a la realidad diaria, las decisiones sobre progresiones de grado y libertades condicionales competen en primera instancia al Gobierno de Lakua. El trasvase inexplicado de la cartera al PSE en el nuevo Gobierno de Pradales introducía incógnitas, más aún tras las intervenciones de la nueva consejera, María Jesús San José, poniendo énfasis en la intangible cuestión del «arrepentimiento», que contradijo incluso el hasta ahora asesor del departamento controlado por el PNV, Jaime Tapia, en NAIZ Irratia.

Tras medio año, la botella puede verse medio vacía o medio llena. Lakua ha aprobado once progresiones de grado, muchas menos de las posibles, lo que vendría a ser la cruz de la moneda. La cara estriba en que ninguna de ellas ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal. Es difícil no pensar en que ahora ambas instituciones están regidas por el mismo partido: el PSOE. Anteriormente la Fiscalía rebatió numerosas progresiones aprobadas por el Departamento de Nerea Melgosa (en torno al 75% en 2023) e incluso hizo volver a prisión a media docena de presos.

Las personas encarceladas siguen la ruta legal en términos que generalmente validan las Juntas de Tratamiento de las prisiones y presentan escritos que reflejan su compromiso con vías políticas y democráticas. Más aún que esta formulación debería pesar un dato: no hay ningún caso de «reincidencia» y eso lo sabe hasta la AN que contrargumenta hablando de este riesgo inexistente.

La vía la recorre hoy día en torno al 85% de este colectivo humano, una cota muy similar a de la votación en que EPPK aprobó esta vía legal, aunque la vía está más asentada que entonces. Hay quien lo declina por razones como no necesitarla al estar muy avanzada la condena. El resultante de esta voluntad y de la potencialidad legal es que en torno a un centenar de presos y presas tengan derecho a progresión, bastante por encima de los realmente aprobados por Lakua (32 casos entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024).

Juicios, pero solo en un lado

Aunque hayan pasado quince años desde el último atentado mortal de ETA, la agenda judicial española y francesa no acaba ni para. Por citar tres casos significativos de la situación, para octubre de este 2025 se anuncia que se volverá a sentar en el banquillo a Josu Urrutikoetxea en París, mientras Madrid espera turno para intentar juzgarlo también. Hace apenas dos meses Itxaso Zaldua ha recibido una condena de 110 años de cárcel por parte de la AN tras haber pasado ya 15 años presa. Y antes el empecinamiento con Jaione Jauregi llevó a imponerle una entrega desde Bélgica y tres años de prisión preventiva para intentar juzgarla por hechos de hace 45 años, para acabar admitiéndose que no había pruebas ni para llevarla al banquillo.

Esta ofensiva perenne se intenta sostener en que hay más de 300 atentados de ETA sin resolver, una cifra inflada y tergiversada con trucos como afirmar que había más autores que los condenados, aunque fuera a nivel de «autoría intelectual». Lo realmente cierto, y lo que no se dice, es que es la violencia estatal la que quedó impune, como muestran las apenas 20 sentencias firmes para más de 5.000 casos de tortura certificados oficialmente, o los muy escasos juicios a los GAL, o la existencia aún de desaparecidos como «Naparra», «Pertur» o Popo Larre.

Exiliados y deportados, por cerrar

A la cuestión de los presos se suma la más invisible de los exiliados y deportados. Desde el compromiso de Biarritz de 2013 en torno al 90% ha podido volver, en general tras muchos años de espera e intentos infructuosos, aunque también decenas han fallecido en tierra extraña sin lograrlo.

Hoy día quedan, según datos de Etxerat, 16 personas en el exilio y 3 en el limbo alegal de la deportación (Cuba, Cabo Verde y Venezuela). Un asunto que debería ser sencillo cerrar si no fuera por el afán de la AN en tratar de forzar nuevos encarcelamientos para personas que, con sus destierros, ya llevan realmente una larguísima condena a sus espaldas.

 

 

 

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sábado, 11 de enero de 2025

Lugares de Memoria

Trago amargo para el españolismo tener que reconocer como lugares de memoria a los sitios en los cuales han dado rienda suelta a su violencia terrorista en contra de los derechos humanos, políticos, civiles y laborales del pueblo vasco.

Lean ustedes esto que nos informa Naiz:


Gasteiz, Eibar, la prisión de Saturraran y el fuerte de Ezkaba, lugares de memoria en 2025

El Gobierno español tramitará en 2025 el reconocimiento de una treintena de lugares de memoria en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco. Gasteiz, Eibar, la cárcel de Saturraran y el fuerte Ezkaba contarán con una catalogación como la que ya tiene el casco urbano de Gernika.

Gasteiz, por los sucesos del 3 de marzo cuando murieron cinco obreros; Eibar, la primera localidad donde se proclamó la República española; la prisión de Saturraran, cárcel franquista de mujeres de 1938 a 1944, o el fuerte de Ezkaba, uno de los penales más duros del régimen franquista, serán reconocidos este año como lugares de memoria.

El Gobierno español ha puesto en marcha un programa de actividades a lo largo de 2025 enmarcado en el 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco. Aprovechando esta ocasión, el Ejecutivo ha comenzado a tramitar el reconocimiento de más de treinta lugares de memoria, una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que se ha aplicado ya a una veintena de casos, como el casco urbano de Gernika o el Valle de Cuelgamuros.

Así, impulsará como lugar de memoria otros momentos históricos relevantes, como la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, las grandes manifestaciones a favor de la democracia tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o los sucesos de Gasteiz de 1976, cuando murieron cinco obreros al desalojar la Policía una asamblea de trabajadores del metal en una iglesia de la capital alavesa.

El objetivo es identificar y proteger aquellos lugares o acontecimientos históricos vinculados a hechos «de singular relevancia para la memoria democrática» del Estado español, según explica el Gobierno en la página web espanaenlibertad.gob.es, que recoge la programación prevista por los 50 años de la muerte de Franco, así como la propuesta de nuevos lugares de memoria democrática.

En el resto del Estado, el Congreso de los Diputados y la comisaría de Via Laietana en Barcelona son algunos de los lugares de memoria que el Gobierno prevé reconocer en 2025, con motivo de los 50 años de la muerte de Franco, a los que se suman momentos históricos relevantes, como la matanza de los abogados de Atocha por pistoleros de extrema derecha de 1977 o los juegos olímpicos de Barcelona de 1992.

Enclaves físicos

La propuesta de lugares de memoria por parte del Gobierno para 2025 incluye principalmente enclaves físicos, algunos de ellos muy genéricos y todavía por definir. La mayoría de enclaves son lugares muy concretos y cargados de significado, como el Congreso de los Diputados, la comisaría de Via Laietana, la tumba del poeta Antonio Machado en Cotlliure (Catalunya Nord), Eibar o el campo de concentración de Djelfa, en Argelia.

A todos ellos se suman otros enclaves vinculados a la memoria democrática española como la prisión de mujeres de Saturraran, la mina de la Camocha en Asturias, el fuerte de Ezkaba, el pazo de Meirás en A Coruña o la colonia agrícola penitenciaria de Tefía en Fuerteventura.




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67 Mil en la Manifestación 'Behin Betiko'

Más de 67 mil personas han acudido al llamado de Sare este sábado para participar en la manifestación de enero en favor de presas y presos políticos vascos bajo el lema Behin Betiko.

Aquí la relatoría por parte de Naiz:


Una multitud evidencia en Bilbo el deseo de un futuro sin presos y en convivencia

Sare ha logrado reunir en Bilbo a miles y miles de personas bajo un lema que apunta al horizonte final para las consecuencias del conflicto: «Behin betiko». Una calle Autonomía abarrotada muestra el anhelo de pasar esta página para las personas aún presas.

Agustin Goikoetxea

La pancarta de Sare con el lema ‘Behin betiko’, portada por personas de muy diferentes trayectorias e ideologías, avanza a duras penas por el recorrido de la movilización de este sábado en Bilbo. La calle Autonomía se ha vuelto a llenar, esta vez para expresar la reivindicación de que ya es hora de sellar las consecuencias del conflicto, con tres claves: «Resolución, paz y convivencia».

Desde primera hora de la mañana, a pesar de la adversa climatología, las calles de la capital vizcaina se han ido llenado de gente que acudía desde todos los puntos de Euskal Herria para sumar su grano de arena en esta movilización anual.

Portan la pancarta de cabeza un grupo de personas representativo de la amplitud que ha tomado esta demanda: el histórico alcalde de Bergara José Luis Elkoro, Emilie Martin (Bake Bidea), el periodista Martxelo Otamendi, la activista vasca-saharaui Garazi Hach Embarek, la profesora de la UPV/EHU Arantza Aldezabal, la abogada Amaia Izko, el actor Patxi Bisquert, Eba Ferreira (Harrera)...

Donde más se plasma esta pluralidad es en el terreno sindical, puesto que en Bilbo están los principales sindicatos vascos con sus máximos representantes al frente. Antes de la marcha han hecho declaraciones Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo (LAB).

Arroyo ha reclamado que «termine toda medida de excepcionalidad» contra los presos y ha reclamado a patronal e instituciones públicas que posibiliten su «incorporación al mundo laboral». Por su parte, Lakuntza ha indicado que  «no hay en nuestra opinión ningún tipo de razón jurídica, política o social para mantener hoy una política de excepción penitenciaria». Además ha destacado «a necesidad de reconocer al conjunto de las víctimas del conflicto. Falta todavía por reconocer a muchas víctimas, sobre todo las víctimas que han sido causadas por el Estado y sus aparatos policiales».

En el espacio político las ausencias resultan más evidentes. Han enviado representación EH Bildu (con Arnaldo Otegi a la cabeza y el senador Gorka Elejabarrieta como portavoz ante los medios), EH Bai y Sortu. Antes de comenzar el recorrido, Elejabarrieta ha remarcado que «ha llegado el día de poner fin a todas las excepcionalidades» y solucionar «de forma integral y definitiva la cuestión de los presos Euskal Herria se merece un escenario sin presos», algo que «sería una gran aportación para la convivencia».

Los familiares de las personas presas (122 en el listado de Etxerat) caminan entre aplausos y gritos de ánimo, entre los que sobresale el de ‘Euskal presoak etxera’. En la pancarta están representados además por Rafael Larretxea. No ha podido asistir por enfermedad Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, muerto por disparos de ETA.

Sobresale en la marcha la implicación de dirigentes políticos y sociales catalanes. Así, destaca la presencia del expresident de la Generalitat Quim Torra. También la de Lluís Llach, ahora máximo responsable de ANC. También está Xavier Antich, su homólogo de Òmnium Cultural. Las fuerzas políticas independentistas han traído a Bilbo delegaciones potentes: el diputado Josep Pagès por Junts, Diana Riba y Joan Ignasi Elena por ERC, Berta Ramis y Su Moreno por la CUP. También han querido arropar esta reivindicación con su presencia BNG y Més per Mallorca (está en la capital vizcaina su diputado Vicenç Vidal).

La marcha, encabezada por un grupo de zanpantzar, se ha puesto en marcha pasadas las 17.10 con miles de personas aguardando en las aceras la ocasión de incorporarse, y avanza hacia el Ayuntamiento, donde se realizará el acto final.

Como es costumbre, se he hecho una parada al llegar a la plaza Zabalburu para que los portavoces de los convocantes, Begoña Atxa y Joseba Azkarraga, hicieran declaraciones a los medios. Han descatado que «decenas de miles de personas se han vuelto a dar cita en Bilbo para reclamar que se respeten los derechos de los presos vascos, el fin de las vulneraciónes».

Ambos se han dirigido a la Audiencia Nacional española para recordar que «hace dos meses se aprobó la ley sobre el cómputo de penas, la AN no puede seguir retrasando su aplicación, se ha hecho mucho daño durante los últimos años, cumpliendo penas de más. Ya es la hora de aplicar la legislación, sin trucos».

También han instado al Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua a agilizar las concesiones de tercer grado, en las que acumulan «un retraso considerable. Hay medio centenar de presas y presos que legalmente podrían estar en tercer gardo y no están».

Los representantes de Sare han advertido que «si no se cumplen estos derechos violveremos a convocar a la gente las veces que haga falta. Esto no está reñido con el necesario respaldo a todas las vícitimas».

La movilización ha vuelto a retomar su ritmo, y pasada la hora de caminata la cabecera ha llegado a las escalinatas del Ayuntamiento. Tocaba esperar a que fueran llegando a los alrededores del edificio consistorial las miles y miles de personas que caminaban por detrás, antes de dar inicio a la lectura del comunicado final.

Como preludio, los cantautores Gorka Knörr y Lluís Llach se han colgado sus guitarras para interpretar el ‘Txoria txori’ de Mikel Laboa.

Al término del recorrido, Azkarraga en castellano y Atxa en euskara han dado lectura al manifiesto final, en el que han agradecido su presencia a todas las personas que han acudido y a quienes «dicen alto y claro que sin resolver la situación de las personas presas, no hay ni habrá normalidad posible. Porque la resolución es la base de la convivencia. Solo eso nos acercará a una paz justa».

«Entre todos y todas desactivaremos las políticas vulneradoras de los derechos de las personas presas. Entre todos y todas, las traeremos a casa, junto con los exiliados y deportados. Vamos avanzando. Vamos cubriendo etapas. Sin duda, más lentamente de lo que quisiéramos, pero vamos bien: hace tiempo que dejamos atrás las vulneraciones de derechos a los presos y presas vascos que supusieron las políticas de alejamiento; las celdas de aislamiento; la permanencia en primer grado hasta el final de las condenas. Y la última victoria arrancada a quienes se empeñan en mantenerse en el bloqueo y la crispación, el fin del no computo de penas, que ha representado una de las mayores aberraciones jurídicas a las que se ha sometido a estas presas y presos», han enumerado.

«Nos toca continuar empujando»

No obstante, faltan etapas que superar, y los representantes de Sare han destacado que para ello «nos toca continuar empujando, y esto solo podemos hacerlo si caminamos juntos, si nos conjuramos para hacer frente a todos los obstáculos que nos pongan por delante».

Han remarcado que existen «excepcionalidades que aún se mantienen, y no solo las derivadas de legislaciones que se aprobaron hace más de 20 años, en épocas que nada tienen que ver con las que hoy vive la sociedad vasca, sino las practicadas en el día a día de la gestión penitenciaria. En lo concerniente a progresiones de grado, permisos penitenciarios u otros modelos de cumplimiento, el tratamiento aplicado a los presos y presas de motivación política es discriminatorio respecto a otras personas presas».

«Ya basta que ciertos ámbitos políticos, judiciales o algunos medios de comunicación se erijan en evaluadores de las conciencias de las de los presos y presas de motivación política. ¿Quiénes son ellos para dudar de la veracidad, sinceridad y alcance de las voluntades que de manera individual vienen haciendo personas con muchos años de prisión a sus espaldas?», se han preguntado.

«Decimos con rotundidad que los presos y presas vascos han dado, desde el año 2011, más pasos en favor de la paz y la convivencia que la derecha política y judicial española juntas», han certificado Azkarraga y Atxa.

«Tenemos que volver a recordar que ETA ya no existe. Que ETA tomo sus decisiones hace tiempo y que ya es hora de avanzar. De romper muros y desatar nudos. Es hora de la paz. De una paz que es mucho más que la ausencia de violencia. Que es una paz con derechos. El derecho a no olvidar nada de lo ocurrido en este País, pero, también, el derecho a poder construir la convivencia entre todos. Sin odios, ni revanchas», han añadido.

«Desde Sare tenemos muy claro que es necesario fortalecer el respaldo y apoyo a las víctimas de las violencias. De todas las violencias. Porque siendo las víctimas iguales en sufrimiento, son desiguales para las varas de medir políticas y judiciales. Exigimos el mismo reconocimiento a las miles de personas torturadas, asesinadas por las fuerzas de seguridad, el terrorismo de estado y los fascistas. E igualmente para las abusadas por el poder o la Guardia Civil y que no tienen el beneficio del reconocimiento, pero sí la garantía de ocultación e impunidad de sus perpetradores», han reclamado.

 




 

 

 

 

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