Egaña | Los Códigos de la Venganza

Desde Facebook traemos para ustedes este texto de la autoría de Iñaki Egaña.

Para reflexionar con respecto a los mecanismos espurios que utilizan Madrid y París para mantener a los presos políticos vascos en prisión.

Adelante con la lectura:

Los códigos de la venganza

Iñaki Egaña

En breve se conocerá la decisión del Tribunal de Apelación de París sobre la excarcelación de Jakes Esnal y Jon Parot, presos vascos que llevan en prisión más de 32 años. Este tribunal ya había ofrecido su opinión a favor de la salida en condicional, pero un recurso de la Fiscalía la abortó, siguiendo los dictados de ese estado profundo, también en Francia, que aplica el código penal, no como castigo o redención, sino como venganza.

La extensión en el tiempo de las condenas son decisiones exclusivamente políticas. En 2002 llegó la involución con Aznar presidente de Gobierno hispano y Michavila ministro de Justicia con la Ley de Partidos y las ilegalizaciones consiguientes. Y un año más tarde con la modificación del artículo 76 del Código Penal para ampliar las penas por terrorismo de 30 a 40 años y el recorte de los “beneficios penitenciarios”. Un eufemismo, la ampliación a las cuatro décadas de presidio, para integrar en el código penal la cadena perpetua, cuestión que en el Estado francés se manifiesta en su legislación, con un “periodo de seguridad” antes de salir en condicional que habitualmente suele ser de 22 años.

Filip Bidart, miembro de Iparretarrak detenido en 1988, fue condenado a dos cadenas perpetuas, entre otras penas, y cumplió casi 19 años de prisión antes de abandonar el confinamiento. Marc Rouillan, militante de Acción Directa, detenido en febrero de 1987, fue condenado a perpetua. Salió de prisión, en régimen de semilibertad, en 2007, aunque un año más tarde retornó a presidió por haber infringido, según la fiscalía, la condicional. Volvió a la calle en febrero de 2011.

De sobra es sabido que la ley no es igual para todos, en especial en los momentos donde los conflictos han sido enconados. Los ejemplos de las condenas, indultos e impunidades por torturas o crímenes de Estado sirven para ilustrar la desviación de la balanza. Los escenarios también importan, y no es lo mismo ser ciudadanos de metrópolis coloniales (París y Madrid) donde la aplicación de la pena de muerte era masiva en tiempos de revueltas, que ser ciudadanos de países históricamente sojuzgados. La desaparición constitucional de la pena de muerte trajo las cadenas perpetuas.

Sorprende, en este caso, que los códigos de la venganza sean de mayor extensión en espacios de sociedades avanzadas. En Hego Euskal Herria tenemos un ejemplo cercano, el de la dictadura franquista. En los primeros años, el tirano ejecutó a opositores, sindicalistas y republicanos. Hasta la caída del fascismo en Europa, cuando los Aliados entraron en Berlín.

El código penal español vigente fue precisamente de 1944, con pena de muerte incluida, revisado en 1963 y reformado en 1967 y 1971. En 1973 el franquismo alumbró un nuevo código penal con el que aún hay presos vascos en prisión, porque fueron juzgados por hechos anteriores a 1995. En 1959 se promulgó la Ley de Orden Público y en 1960 el Decreto de Bandidaje y Terrorismo. El Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, primero, y el Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, después, se convirtieron en los instrumentos.

Fueron decenas de miles los presos en España al finalizar la guerra civil. Pero, probablemente por razones de índole laboral, necesidad de mano de obra, las libertades provisionales se convirtieron en habituales. Un memorando del Gobierno de la República en el exilio señalaba que eran cerca de 300.000 los presos españoles en libertad provisional. Las condenas a muerte fueron extraordinariamente numerosas, pero a partir de las fechas señaladas la casi totalidad fueron conmutadas por cadenas perpetuas que para muchos presos no pasaron de los seis años. Eso sí, en unas condiciones infrahumanas.

Hubo excepciones. En los medios hispanos habrán leído que Fernando Macarro (conocido como Marcos Ana, fallecido en 2016) fue el preso político que más tiempo pasó en prisión, 22 años, cerca de 9.000 días. Encarcelado en prisión con 18 años, en 1939, salió con 41, en 1961. Con todo lo que esa carga supone, la realidad es que fue un vasco quien más tiempo estuvo en prisión. Jacinto Ochoa Marticorena, natural de Uxue: 28 años, de los que 20 lo fueron en la cárcel de Burgos. Marcelo Usabiaga, maquis y militante del PCE, pasó 21 años en prisión.

La tónica, sin embargo, fue la de, por ejemplo, Juan Ajuriagerra, el líder del PNV que negoció el Pacto de Santoña para concluir la guerra una vez que las tropas fascistas se hicieron con el control del territorio de Bizkaia. Ajuriagerra, que fue el hombre que manejó el partido jeltzale en la clandestinidad, fue detenido en 1937, condenado a muerte, conmutado, alejado en 1942 a la prisión de Las Palmas y en libertad provisional en junio de 1943. El bando franquista había ganado la contienda, tuvo aliados sólidos en la Guerra Fría y se sabía imperecedero. La cárcel no era escenario de campaña, al menos para el fascismo.

Desde octubre de 1945 hasta 1977, el régimen franquista aplicó hasta 13 indultos, al margen de la Ley de Amnistía que vació las cárceles de presos políticos vascos, con alguna excepción, y deportó a una veintena a países europeos. Fueron indultos por razones incluso frívolas (año jacobeo, toma posesión nuevo dirigente de El Vaticano, proclamación de un rey como sucesor del dictador…). Pero que supusieron la salida de prisión de centenares de presos vascos, incluidos decenas de internos acusados de pertenecer a ETA.

En 2010, el fiscal de la Audiencia Nacional pidió 33 años a cada uno de los cuatro jóvenes de Barakaldo juzgados bajo la acusación de quemar un cajero, en un acto de los denominados de kale borroka. Una prueba más de esa justicia punitiva ligada a la venganza. Es evidente que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Pero es notorio, asimismo, que la venganza se ha ido refinando con el paso del tiempo. Los códigos penales son una buena muestra de ello. Y el que está en vigor es más punitivo, retributivo en años y vengativo que el último del franquismo.

 

 

 

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