Condenan a Promotores de la Paz

Durante décadas la cobertura noticiosa mundial acerca de Euskal Herria se redujo a las acciones armadas de ETA.

En ese periodo se llegó al ridículo de introducir con calzador un párrafo que leía "la banda terrorista ETA ha asesinado a más de 800 personas" en cualquier nota o artículo acerca de Euskal Herria, ya fuera la receta del Bacalao a la Vizcaína, el resultado de un encuentro de futbol del Athletic de Bilbao o una crónica acerca de los Sanfermines en Iruñea.

Pero cuando llegó el anuncio del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de ETA allá en el 2011, todo mundo se puso de perfil, empezando por los dos estados directamente involucrados en el éxito de dicho proceso.

Así, París y Madrid lejos de involucrarse de lleno en la oportunidad de cerrar ese capítulo decidieron obstaculizarlo en abierto, ante la mirada atónita de quienes habían participado en procesos de paz en otras latitudes.

Llegaron al punto del esperpento cuando amenazaron con procesar judicialmente a los integrantes del Grupo Internacional de Contacto (GIC) y a los de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) por "colaboración con grupo terrorista".

Pues bien, hemos llegado a un hito más en esta serie de eventos desafortunados con la condena dictada en contra de Nathalie Chasseriaux y Enrike Lopez, quienes en su momento participaron en el proceso de inventariado de armas, necesario para llevar a cabo el proceso del desarme.

O sea, Chasseriaux y Lopez han sido encontrados culpables de participar activamente en un proceso de paz, reconciliación y convivencia. Tal cual. Jacobinismo puro y duro.

Lean lo que nos informa Naiz:

De Ortzaize a Biarritz, cuando el castigo no encaja en el hilo argumental

Tras dos días de juicio en París el Tribunal Correccional condenó ayer pero no encarceló a dos personas encausadas por guardar armas de una organización implicada en la neutralización de sus arsenales. Persisten los tics pero titubea el mazo. Análisis de un ligero movimiento de líneas.

Maite Ubiria

El 19 de diciembre de 2019 el Tribunal Correccional de París dió a conocer su decisión en relación a las seis personas detenidas en la operación de obstaculización del desarme de ETA llevada a cabo por la Policía francesa en la localidad bajonavarra de Ortzaize.

Para Grazi Etxebehere pidió 18 meses de prisión, 12 de ellos exentos de cumplimiento; Para Jeff Mateo y Terexa Lekunberri, 12 meses, exentos de cumplimiento; para Xabier Goienetxea, 9 años de cárcel y 8 años para Iñaki Reta, en ambos caso con 2/3 de cumplimiento.

Fueron finalmente los dos militantes de ETA, Iñaki Reta y Xabier Goienetxea, que realizaban labores ligadas al desarme, los que se vieron condenados a siete años de prisión.

En Ortzaize se juzgó a quienes albergaron a los que hacían labores cara al desarme, en una operacion en la que los estados se reivindicaron como saboteadores de un proceso hacia el final de ETA que no les encajaba del todo bien en sus planes.

En el juicio celebrado el jueves y viernes en París, salvadas las distancias, se ha vuelto a juzgar el periodo más complejo de ese proceso que, como hoy recoge en su editorial GARA, fue un éxito.

Porque sacó las armas de la ecuación vasca y dibujó una oportunidad, ni la mejor ni la más infalible, pero una oportunidad para construir un escenario de paz y convivencia.

Y en esas está, once años después, el país que atesora la vía vasca a la paz.

El fiscal puso en duda que existiera certeza sobre las intenciones de ETA en el periodo 2011 y 2015. No le convenció, a lo que se ve, toda una Conferencia Internacional de Aiete, ni el consiguiente anuncio de abandono de las armas por ETA, ni los informes de una Comisión Internacional de Verificación (CIV)... Cuando la razón se topa con el mero acto de fe, se apaga la luz.

Pero avancemos, que de eso se trata.

En el juicio de Ortzaize, la Fiscalía se despegó con unas peticiones que fueron más elevadas que las que luego retendría el juez, que tomó la decisión clara de no encarcelar a los vecinos.

En 2019 el Ministerio Fiscal no se cuestionó a si mismo ni se explayó en explicaciones. En 2022, un 2 de septiembre en París, en el mismo Tribunal Correccional, el fiscal precisó, sin embargo, de hora y media de oratoria para mantener un equilibrio titubeante.

Pidió al juez que condenara, pero con mesura, a Nathalie Chasseriaux y Enrike López, porque, dijo, «la voluntad perceptible de los autores era la de llegar, finalmente, a la reconciliación».

El fiscal desactivó la vía de la prisión, al calcular sus penas de modo que los dos encausados no debieran regresar a la cárcel, y el juez le secundó. Impuso tres años, dos exentos de cumplimiento a Lopez -que al haber pasado ya un año encarcelado no volverá a prisión- diecicho meses, todos exentos de cumplimiento, a Chasseriaux.

Decaen dos de las cuatro acusaciones

Para ello, de las cuatro acusaciones en la sentencia se retuvieron dos, renunciándose expresamente a la ligada al transporte y depósito de un arsenal. Se guardó como percha la acusación de «pertenencia a organización terrorista», insostenible, y el encubrimiento de delito.

A fuerza de nadar en aguas revueltas, y de querer persistir en un relato que no deja precisamente al Estado francés, y a su tradición en materia de diplomacia de la paz, en un buen lugar, el fiscal se reivindicó en el error pero sin poder -o querer- ya asumir el costo.

Esa linea fina fue la que trazó en su informe de conclusiones, claro está insuficiente y hasta decepcionante para una defensa que se dejó la piel en exponer, dato a dato, y pericial a pericial, los pasos dados para completar el objetivo de inutilizar el arsenal de ETA.

Y sobre ese lenguaje ambivalente se apoyó el juez para condenar sin sumar un castigo más.

Y en su alegato, de justicia es reseñarlo, reconoció la altura del reto que asumía el tribunal que no era otro, verbalizó, que «dar una respuesta judicial a hechos calificados como delitos graves pero también tener en cuenta y quizás sumar al clima de paz actual en el País Vasco».

Así de ligero es el movimiento, y tan suave el matiz a que alcanza un tribunal en un Estado que rehuye la introspección sobre lo actuado y cuyos dirigentes no terminan de asumir la responsabilidad que comporta el tránsito, sea por bellas avenidas o por angostos caminos, hacia la paz.

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