sábado, 4 de enero de 2003

Ley Aznariana, Ley Draconiana

José María Aznar se puede sentir satisfecho. Los leguleyos españoles a su servicio han aprobado su anteproyecto de ley para acrecentar el peso de las condenas por lo que ellos llaman terrorismo.

Hay muchos que pensarán que esto es bueno, positivo.

Siento decir que están terriblemente equivocados. Si esta tendencia a hacer más severos los castigos a aquellos acusados de terrorismo y que los mismos se aplicarán a los miembros de la organización independentista ETA, los activistas de derechos humanos mediatizados podrían verse tentados a pensar que esto es lo correcto.

Lo peligroso es que en España a cualquier vasco que ame a su patria se le puede acusar de pertenecer a ETA, y sus acciones pueden ser tipificadas como actos terroristas o de apoyo a terroristas por el sólo hecho de ser vasco.

Los miembros de ETA saben que el tomar la lucha armada representa la posibilidad de terminar tras las rejas. Ellos están mentalizados para considerar el encierro como parte de la lucha.

Pero para el simple ciudadano vasco que de pronto se encuentra atrapado en la red represiva del estado español, el verse afectado por esta empuje de Aznar hacia el totalitarismo es algo que los organismos defensores de los derechos humanos deben de considerar.

Suman decenas los vascos que al término de su prisión preventiva han sido excarcelados sin que nunca se les llevara a juicio y ni siquiera se afincaran cargos basados en una investigación policíaca.

Lo más importante de todo es que como esta medida se aplicará exclusivamente a los vascos, puede ser considerada como un estado de excepción, algo prohibido en la legislación internacional y en la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Aqui pueden leer de este nuevo ataque contra la sociedad vasca:


El Consejo de Ministros de España aprobó hoy un anteproyecto de ley que reforma el Código Civil, con lo que busca hacer cumplir íntegramente las condenas por terrorismo y otros delitos graves y aumenta las penas máximas de prisión de 30 a 40 años.

El presidente del gobierno español, José María Aznar, había anunciado a principio de semana la intención de reformar el Código Penal para elevar la pena máxima de prisión que deberán cumplir los miembros de la organización separatista vasca ETA.

Ademas, la medida establece un "periodo de seguridad" que los condenados a más de cinco años tendrán que cumplir para acceder a una reducción de penas o condiciones carcelarias menos severas.

Esta iniciativa deberá pasar ahora el trámite en el Parlamento, donde se da por descontada su aprobación, pues además de contar con el respaldo de la mayoritaria bancada del Partido Popular tiene apoyo del opositor Partido Socialista Obrero Español y otras formaciones menores, y sólo es rechazada por Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En conferencia de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Justicia, José María Michavila, señaló que con esta disposición "el Estado democrático tendrá un nuevo instrumento" para luchar contra ETA.

Los terroristas del grupo armado cumplen una media de 40 por ciento de sus condenas, añadió Michavila. "Ni un solo terrorista ha cumplido íntegramente su condena por asesinato", agregó para justificar la iniciativa del Ejecutivo.

Añadió que las condenas se cumplirán de manera "íntegra y efectiva" para los casos de terrorismo y los delitos más graves vincula el patrimonio personal de los acusados a la indemnización de los daños provocados a las víctimas.

Eso quiere decir que los terroristas presos deberán indemnizar directamente a sus víctimas.

Dirigentes del PNV han calificado la iniciativa de electoralista y de intento por desviar la atención de la opinión pública sobre los problemas más importantes de la actualidad.

Algunas organizaciones de juristas han hecho también observaciones a este proyecto de ley; advirtieron, sobre todo, que no aporta novedades a lo que ya establecen los instrumentos jurídicos existentes.

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