Los Ocho de Udalbiltza

Armando G. Tejeda, corresponsal de La Jornada en el estado español, nos tiene acostumbrados a publicar artículos y entrevistas muy completas acerca de los sucesos que toman lugar en Euskal Herria.

Extrañamente, en el caso de la detención de los ocho integrantes de Udalbiltza en el más reciente acto de agresión por parte de Madrid hacia el pueblo vasco tras el reciente cierre de Egunkaria, Tejeda opta por mencionar a la asamblea de municipios Udalbiltza casi por casualidad.

Aquí el artículo de marras:

Detienen a ocho dirigentes de la izquierda independentista vasca

Se les acusa de "dar continuidad" al proyecto de ETA, dice el ministro del Interior

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, ordenó hoy la detención de ocho destacados dirigentes de la izquierda independentista vasca, entre ellos seis concejales con supuestos vínculos con Batasuna, la coalición abertzale (nacionalista) recientemente proscrita, considerada el brazo político del grupo armado ETA.

Las detenciones suceden a menos de un mes de las elecciones municipales en Euskadi, con la supuesta intención de que los representantes políticos de los independentistas vivan los comicios desde los calabozos policiales o desde los tribunales de justicia, lo que provocó la indignación de organizaciones y formaciones políticas del País Vasco, que criticaron la "intención" del presidente del gobierno español, José María Aznar, de "desestabilizar a la sociedad vasca" antes de los comicios.

La situación jurídica de los candidatos de Batasuna a las próximas elecciones municipales se ha convertido en un caos legal: por un lado, la fiscalía general del Estado pretende disolver, vía Tribunal Supremo y como sucedió con Batasuna, a la coalición que supuestamente le sucede, Socialistak Abertzales (Nacionalistas por la Autodeterminación) o AuB.

Pero ante la lentitud de la justicia ordinaria y la proximidad de los comicios, Garzón decidió ordenar hoy la detención de algunos de los candidatos y dirigentes de la regenerada izquierda nacionalista, al menos de los que están relacionados con la Asamblea de Municipios Vascos (Udalbiltzia), una plataforma civil formada en 1999 de cara a un infructuoso proceso de paz que, según el magistrado, "ha venido a dar continuidad al proyecto de ETA de mantener su frente político institucional".

El operativo policial se llevó a cabo en Bilbao, Astigarraga, Oiartzun y Villava, y los detenidos son: Lander Extebarria, ex vocero de Batasuna en el ayuntamiento de Bilbao; Eider Casanova Alonso, concejala de Barakaldo y ex miembro de la Mesa Nacional de la coalición abertzale; Miriam Campos, responsable de las relaciones internacionales de la Asamblea de Municipios Vascos en Bilbao; Leire Irogaya Altamira, responsable de la contabilidad de la citada organización; Karmele Urbistondo Aramburu, concejal de la localidad de Urnieta y candidata a presidenta municipal en los próximos comicios; Larraitz Sanzberro Arakama, concejal de Oiartzun; así como los concejales de la localidad navarra de Villava y Vera de Bidasoa, José Manuel Jurado Torvisco y Oscar Goñi Petrirena, respectivamente.

El ministro del Interior español, Angel Acebes, justificó las detenciones porque según los informes de los servicios de espionaje de la Guardia Civil, estas personas "han venido contribuyendo a dar continuidad al proyecto de ETA de mantener su frente político institucional", al tiempo que "en el último mes y medio han llevado a la práctica el control y formación de agrupaciones de electos y la proyección pública de AuB". Según este funcionario, la Asamblea de Municipios Vascos se ha "definido como la piedra de bóveda de ETA".

A estas acusaciones, el Consejo de Dirección de Udalbiltza dio a conocer una declaración institucional por medio de sus voceros, Ramuntxo Camblongo (vinculado al Partido Nacionalista Vasco) y Jesús María Agirrezabala, en la que sostienen la "falsedad clamorosa" del argumento que motivó las aprehensiones.

Expusieron que la operación judicial y policial constituye "un ataque directo a la libertad ideológica, al poner límites a la defensa y difusión de proyectos políticos, y supone una nueva agresión" que "forma parte de una estrategia diseñada para desestabilizar, crispar y provocar un enfrentamiento todavía más agudo en el seno de nuestro pueblo". Esto sería parte de la política de Aznar de intentar debilitar a Euskadi "atacando a lo vasco, al euskera y a todo proyecto que tome como base legítima el enfoque de una Euskal Herria integrada, abierta, plural y menos dependiente de poderes ajenos a la volundad de los ciudadanos".

A estas críticas se sumó el vocero del gobierno vasco, el nacionalista moderado Josu Jon Imaz, quien afirmó que la operación policial es "únicamente un síntoma de una voluntad del señor Aznar y de su gobierno de desestabilizar a la sociedad vasca antes del 25 de mayo", con el "objetivo concreto de utilizar a la sociedad vasca para tapar la catástrofe del Prestige, el decretazo (que propició la huelga general del pasado 20 de junio) y la guerra contra Irak".

El movimiento pacifista Elkarri también manifestó su rechazo a las detenciones, al apuntar que la sociedad vasca se encuentra en una "situación de criminalización, acoso y persecución" por parte del presidente español, ya que a su entender Udalbiltza sólo pretendía impulsar una "reglamentación necesaria" para "regular la actividad política en Euskal Herria".

Por otra parte, el ministro Acebes advirtió que es inminente que la organización armada vasca ETA perpetrará un atentado "de la mayor gravedad" antes de las elecciones municipales y regionales, y que el grupo está llevando a cabo un proceso interno de reorganización de su estructura. 

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