miércoles, 7 de diciembre de 2005

México y Su Guerra

Una vez más Humberto Mussacchio publica un escrito en Reforma que cuestiona la postura de Vicente Fox con respecto a el proceso de extradición de los seis.

Aquí lo tienen:

Humberto Musacchio

México en guerra

Otra vez, sin que mediara juicio, argumento ni el mínimo respeto a losderechos humanos, agentes de la Agencia Federal de Investigación secuestraron -no lo "aprehendieron", porque no contaban con la respectiva orden de un juez- a Javier Gordo, se lo llevaron en un avión a Madrid y ahí lo entregaron el pasado 29 de noviembre a la Guardia Civil de España.

El pretexto para entregar a Javier Gordo a la policía española fue que estaba en México en "forma ilegal", como si los perseguidos políticos decualquier parte pudieran realizar trámites en forma normal. Pero, aun si ése fuera el caso, tenía que permitirse al detenido el auxilio de su abogado.

Nada de eso ocurrió y se produjo la entrega a sus eventuales torturadores, como se ha documentado ampliamente.

En 2004, el relator especial de la ONU para la tortura, Theo van Boven, en su informe presentado ante el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisiónde Derechos Humanos, presentó 13 casos de ciudadanos vascos torturados en España, lo que incluyó a los directivos del periódico vasco Egunkaria. El relator de la ONU, quien ratificó su denuncia ante la Asamblea General de la ONU el 27 de octubre del mismo año, asentó "la negativa de las autoridades a investigar las alegaciones de tortura".

El Informe anual de 2003 de Amnistía Internacional, aparecido en 2004, recoge la denuncia de torturas de "varias personas detenidas en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA". También Amnistía Internacional, en un documento de diciembre de 2004, con base en un estudio de 450 sentencias de tortura, de las que 95 son condenatorias, señala que"en algunos casos los responsables finalmente son absueltos por prescripción, por no haber sido identificados los culpables directos o por haberse absuelto a los responsables por distintos motivos... los condenados se han beneficiado de indultos y muchos agentes condenados o con procesos pendientes han continuado ejerciendo en puestos que exigían protección de los derechos humanos o incluso han sido premiados".

Lo anterior ilustra el inmenso riesgo que corren los vascos deportados, pero además, la detención o el secuestro de Javier Gordo ocurre cuando es inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso del mexicano Asier Arronategui Duralde y de Luis Castañeda Vallejo, Ricardo Ernesto Sáez García, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera y Juan Carlos Artola Díaz, personas de origen vasco que hace más de 10 años residen legalmente en México, donde desempeñaban trabajos lícitos y estaban al corriente en sus obligaciones con el Estado mexicano.

A solicitud de la embajadora de España, los seis y otros tres fueron detenidos en julio de 2003, sin órdenes de aprehensión, curiosamente al otro día de que el juez Baltasar Garzón se entrevistara con Vicente Fox en LosPinos (17 de julio). Las detenciones se produjeron en diversos lugares del país antes de las nueve de la mañana del día 18, pese a que "el auto de detención provisional" lo expidió el juez César Flores después de esa hora.

Para mayor escarnio de nuestras leyes, todos los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal, donde fueron interrogados por policías españoles, un acto de injerencia que permite el gobierno foxista.

Contra los seis hay sólo una acusación general, abstracta, que no especifica las conductas ilícitas de que se acusa a cada uno, lo que se supone indispensable en nuestro sistema jurídico. Un botón de muestra es la acusación de "falsedad documental" que ni siquiera menciona los documentos presuntamente falsificados. Se les acusa también de realizar en favor de ETA "operaciones de efectivo y libramiento de cheques nominativos que se cobran por caja, dificultando o imposibilitando, en la mayoría de los casos, la identificación del beneficiario o beneficiarios de dichos fondos". Dicho de otra manera, no saben quiénes son los beneficiarios de tales operaciones, que por cierto nada tienen de ilegal, pero lo fácil es endilgar a los acusados relaciones con ETA, sin tomarse la molestia de probarlo.

Los delitos de que se acusa a los detenidos son imprecisos, carecen de pruebas, no tienen equivalente tipificado en la legislación mexicana y por lo tanto no hay ley aplicable al hecho o los hechos imputados. Por si fuera poco, los delitos de que se acusa a los detenidos, si es que realmente ocurrieron, hubieran sido cometidos en México y en ese caso deben ser juzgados de acuerdo con las leyes mexicanas, no las de otro país.

Todo esto sucede cuando tres de cada cinco parlamentarios vascos están por la autodeterminación de su pueblo, cuando el Congreso de los Diputados de toda España adoptó una resolución que apoya el diálogo con ETA, cuando una encuesta de El País levantada en mayo dice que 61 por ciento de los españoles aprueba ese diálogo y otra, levantada en julio, señala que 77 por ciento de los vascos apoya que el gobierno negocie con ETA y se opone a la criminalización de las organizaciones que simpatizan con la independencia del país vasco.

En suma, cuando vascos y españoles avanzan hacia el diálogo y la negociación, el gobierno de Fox quiere poner a México en guerra. No es una decisión inteligente ni patriótica.

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