Pugna por el Autogobierno

El Parlamento de la CAV insiste en su postura con respecto al Estatuto de Gernika y el tema de las transferencias.

Ahora bien, llama la atención que el corresponsal de La Jornada utilice el verbo "amenaza" cuando ha sido Madrid quien ha incumplido el estatuto, pareciera ser que la elección de dicho verbo obedece a la idea que subyace bajo el "todo es ETA" y eso es que el pueblo vasco es violento por naturaleza.

Aquí la información:

Amenaza el gobierno vasco con asumir de hecho la autonomía del Estatuto de Gernika

Califica Batasuna la propuesta como "la mayor aportación de la Cámara en su historia"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Después de que el Parlamento vasco ratificó hoy la ponencia de autogobierno en la que se insta al Estado español a transferir la integridad de las competencias del Estatuto de Gernika, el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) señaló que el "tiempo de la farsa se ha terminado" y advirtió que si no se traspasan esas atribuciones, el gobierno autonómico las asumirá de hecho.

La propuesta, calificada por Batasuna, considerada brazo político de ETA, como "la mayor aportación de la Cámara en su historia", fue duramente criticada por las formaciones españolistas de la región.

Para la coalición que sostiene el gobierno vasco -PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-, el dictamen aprobado se justifica en el "bloqueo e incumplimiento de 23 años" del Estatuto de Gernika.

Los tres partidos sacaron ayer sus tesis adelante gracias a la abstención de Batasuna y lograron allanar el camino para que sean aprobadas definitivamente el viernes en el pleno del Parlamento vasco.

Además, en este plazo de dos meses se instó a la elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico y político que sustituya al actual y que sería sometido a consulta popular "desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco".

Josu Jon Imaz, vocero de la administración vasca, consideró que las críticas surgidas del Ejecutivo español son un "sarcasmo", una vez que el dictamen aprobado en el seno de la Comisión Especial sobre Autogobierno es "un acto de normalidad democrática frente al incumplimiento del estatuto", por lo que instó a Aznar a "abandonar los discursos crispantes y vaya al núcleo de la cuestión, que es negociar el cumplimiento del Estatuto de Gernika con el Parlamento vasco".

Imaz añadió que el Ejecutivo vasco lleva "muchos años ejerciendo competencias que no le han sido transferidas", al añadir que "en todo caso, de haber algo ilegal en esto, sería la actitud del gobierno español, con su política de no transferir la investigación y desarrollo tecnológico a Euskadi".

El vocero vasco explicó además que el tripartito no negociará con la coalición separatista Batasuna mientras ésta "dé cobertura política a la violencia y no tenga una actitud clara de defensa de los principios políticos y democráticos".

Hacia un nuevo pacto político

Joseba Egibar, vocero del PNV, añadió que el dictamen refleja sus reivindicaciones históricas y que "lo único que hemos hecho es reflejarlas por escrito de forma clara", lo que a su juicio viene a confirmar que "el tiempo de la farsa se ha terminado, ya que el PP y el PSOE desearían que durante los próximos ocho años se discutiera sobre si una u otro competencia corresponde al Estado o a las instituciones vascas".

Así, el parlamentario Gorka Knörr, de EA, consideró que ha llegado el momento de comenzar el camino para la creación de un nuevo pacto político en el que se reconozca el derecho de los ciudadanos vascos a decidir "su autogobierno y futuro de una forma libre", y un sistema de garantías que impida vulneraciones unilaterales.

Desde Batasuna se manifestó el diputado Antton Morcillo, quien se mostró satisfecho con el contenido de la ponencia, ya que recoge los "mínimos políticos", que enumeró: "el derecho de autodeterminación, el reconocimiento del conjunto de Euskal Herria como sujeto político y el inicio del proceso hacia un nuevo contexto", y añadió que la ponencia de autogobierno es "la mayor de las aportaciones que podía haber hecho este Parlamento en su historia".

El líder y vocero de la coalición nacionalista, Arnaldo Otegi, también consideró que el documento aprobado cumple con "esos mínimos que aquí estamos planteando, Euskal Herria, siete territorios, contexto democrático nuevo, marco jurídico nuevo y derecho a la libre autodeterminación".

La respuesta del gobierno vino del hasta hoy ministro del Interior, Mariano Rajoy, nombrado nuevo vocero del Ejecutivo, quien apuntó que lo aprobado en el Congreso es "una enorme irresponsabilidad", tras recordar que las transferencias sólo se pueden negociar con el gobierno, por lo que "esto que algunos dicen que se pretende hacer sería una violación contundente y clarísima de la ley y un auténtico despróposito".

El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que si bien "cualquier fuerza política tiene derecho a plantear cualquier propuesta", la del gobierno vasco es "radicalmente inoportuna, porque la prioridad absoluta en el País Vasco es garantizar los derechos y la libertad de la gente y la convivencia entre sensibilidades distintas".

En otro asunto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó hoy en trámite una nueva querella contra Arnaldo Otegi y Jon Salaberria por "enaltecimiento del terrorismo" debido a su asistencia a una concentración de "homenaje" a la militante de ETA Olaia Kastrexana, quien murió cuando manipulaba explosivos en Alicante. Esta denuncia ha sido archivada en dos ocasiones, si bien el tribunal decidió aceptarla en trámite.

Jone Goirizelaia, parlamentaria de Batasuna, apuntó que esta resolución no es "estrictamente judicial", sino que se fundamenta en un "criterio de oportunidad clarísimo para poder después seguir adelante en el proceso de ilegalización y acoso a todos los niveles contra Batasuna y la izquierda independentista vasca".

Por último, el Consejo General del Poder Judicial acordó hoy amparar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien dice ser víctima de una serie de acusaciones que "inquietan y perturban la independencia judicial".

Sin embargo, el vocero del consejo, Enrique López, apuntó que "hacer valoraciones políticas de una resolución entra en el contexto de las críticas, del derecho de la libertad de expresión, lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar móviles políticos al juez que dicta esta resolución". 

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Reviven el 'Estatuto de Gernika'

Parece ser que la obsesión represiva y conculcadora de derechos por parte de la clase política madrileña en contra de Batasuna les hizo perder de vista al resto de formaciones políticas de la Comunidad Autónoma Vasca, a juzgar por esta jugada llevada a cabo desde su Parlamento.

Adelante con la información que provee La Jornada:

Ultimátum del Parlamento vasco al Estado español para alcanzar el autogobierno

Propone un referéndum sobre libre determinación; Batasuna se abstiene de apoyar la iniciativa

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Parlamento vasco dio hoy dos meses de plazo al Estado español para que se aplique la totalidad de las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika de 1978, con la pretensión de que la región alcance el máximo autogobierno permitido, y sugirió la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Ejecutivo español y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) calificaron la iniciativa de acto de "ruptura" y "una irresponsabilidad que traspasa la legalidad".

Después de ocho meses de debates en la denominada Mesa de Autogobierno, propuesta por el presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe -quien logró su primera releción en los comicios del 3 de mayo de 2001- las bancadas gubernamentales sacaron adelante una ponencia en la que además de exigir todas las competencias del estatuto, advierten que de no cumplirse esta petición la administración vasca las asumirá de hecho.

La ponencia fue aprobada con los votos en favor del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EB), mientras que la coalición nacionalista Batasuna, considerada brazo político de ETA, se abstuvo, y el Partido Popular y el PSOE votaron en contra. En el documento se afirma que ha quedado en "evidencia" en estos 25 años "el incumplimiento" del estatuto, al tiempo que denuncia al Ejecutivo español de "haber propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso transferencial".

En la resolución se insta al Ejecutivo del conservador José María Aznar a que defina "un proyecto operativo y calendario de cumplimiento y desarrollo completo" del Estatuto de Gernika y, de no ser así, la sociedad vasca podrá entender que el consenso estatutario queda "quebrado definitivamente" y la administración vasca asumirá de hecho las transferencias pendientes.

Las formaciones vascas también sostienen que el pueblo tiene derecho a ser consultado para "poder decidir libre y democráticamente su estatus político desde su derecho a la libre determinación", una propuesta a la que no se le pone fecha, si bien advierten que las instituciones vascas elaborarán un nuevo marco "jurídico-político a través de un proceso abierto a agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales".

El texto incluye otra propuesta de resolución en la que insta al Parlamento de Vitoria a reconocer "la existencia de un pueblo vasco o Euskal Herria" con una "identidad propia" perteneciente "por igual" a "los vascos de los siete territorios", en referencia a los de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco-francés.

Entre las competencias que todavía no se han transferido al gobierno del País Vasco destacan las referidas a trabajo y seguridad social -como prestaciones por desempleo, formación ocupacional profesional, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Inspección del Trabajo-; de infraestructuras, responsable de la meteorología, autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte marítimo y fluvial; las relativas a cuestiones económico-financieras, como crédito y banca, seguros y mercado de valores; la regulación de la industria, la educación y otras competencias relacionadas con la seguridad interior, turismo y la impartición de justicia.

El vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, opinó que es "una enorme irresponsabilidad y un auténtico despropósito'' por parte del gobierno vasco "pretender asumir competencias saltándose los procedimientos establecidos en la legislación vigente''.

El propio Aznar se refirió a la ponencia del Parlamento antes de su aprobación, al sostener que esta iniciativa es "un viaje a ninguna parte" pues, señaló, "resulta un poco curioso que haya que convocar mesas sólo para hablar de cómo se protege a los amenazados, pero sin hablar de la primera protección, que es cómo terminar con los que amenazan".

Para los representantes del PP y el PSOE en el País Vasco, la situación es "muy grave" tras la aprobación del dictamen.

Garzón pide "amparo"

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó hoy "amparo" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las reiteradas críticas surgidas desde el gobierno vasco y las formaciones políticas de la región por sus recientes actuaciones judiciales, sobre todo por la decisión del magistrado de embargar todos los bienes de Batasuna.

Las críticas a las que se refiere el juez Garzón surgieron desde el PNV, EA, IU, Batasuna y el propio gobierno vasco, que coincidieron que las medidas tienen un trasfondo político y responden a una estrategia coordinada por el Ejecutivo, con lo que ponen en duda la independencia del magistrado.

Ahora corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, que se reúne mañana, estudiar el escrito de Garzón y elevar, en su caso, una propuesta al pleno del órgano de gobierno de los jueces sobre si procede o no otorgar el amparo solicitado.

Asimismo, el juez Garzón recibió el inventario de los supuestos bienes de Batasuna una vez que pidió una relación a la Unidad Central de Información (UCI), con lo que sería cuestión de días para que el embargo de los bienes de la formación independentista sea firme.

El magistrado exigió a la coalición el pago de una fianza de 24 millones de dólares para evitar esta medida, adoptada al considerar que Batasuna es la "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en las ciudades de la región en los últimos dos años. 

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Financiamiento Popular

Damos continuidad al más reciente asalto en contra de las libertades del pueblo vasco materializado en el congelamiento de cuentas bancarias del partido independentista Batasuna por órdenes del juez estrella Baltasar Garzón, quien se está aprovechando de cualquier resquicio en las leyes del estado español para devolver a Euskal Herria a los años '40 del siglo pasado.

Aquí el seguimiento de La Jornada:

Batasuna seguirá trabajando "contra los intentos de aniquilar a nacionalistas"

Ni España ni Francia nos dirán cómo hacer política: Otegi

La coalición nacionalista vasca Batasuna "va a seguir trabajando" y planteando "medidas concretas para poner diques a la estrategia del Estado", que pretende "aniquilar a la izquierda abertzale", aseguraron los dirigentes Arnaldo Otegi y Joseba Permach.

Otegi, vocero de Batasuna, dijo que en los próximos días harán una "propuesta concreta" destinada a dotar al País Vasco de un marco propio para desarrollar la actividad política y responder a la Ley de Partidos aprobada por el Parlamento español con el fin de proscribir a la organización abertzale, informó el diario vasco en su edición de este domingo.

"Ya sabemos que nos van a declarar en ilegalidad, y sabemos que vamos a seguir haciendo actividad política", aseguró, pero reiteró que "ni el Estado español ni el francés tienen legitimidad para que decirnos cómo tenemos que organizar los vascos nuestra actividad política, porque para nosotros la actividad de esos estados en Euskal Herria es ilegal".

Por su parte, Joseba Permach confirmó que Batasuna no había recibido aún la notificación del embargo decretado por el juez Baltasar Garzón, que dictaminó que la coalición es "deudora solidaria" en los daños ocasionados por la violencia callejera, y ordenó que pagara 24 millones de euros (23.5 millones de dólares). "En otras ocasiones nos detienen a cualquier hora y en cualquier lugar, y ahora parece que son incapaces de localizarnos", señaló.

En alusión a la reciente denuncia de la revista Kale Gorria sobre una trama de guerra sucia, en la que tres comandos paramilitares estarían a punto de realizar atentados contra militantes abertzales, Otegi dijo: "Para nuestra sorpresa, este hecho ha pasado en cierta medida inadvertido en este país, en el que una pintada es capaz de generar un debate mediático durante cuatro días... es evidente que los franquistas, que sostuvieron la dictadura, siguen pensando lo mismo que en 1936".

Al exponer el análisis que la Mesa Nacional de Batasuna hizo este fin de semana sobre la situación en Euskadi, Otegi agregó que "no sorprende en absoluto"que "el Estado español, como ha demostrado históricamente, está dispuesto a hacer todo para que este país no alcance un escenario de paz estable y un marco nacional sustentando en la legitimidad democrática del pueblo vasco".

Expuso que el Estado español impulsa una "ofensiva político-judicial" contra la izquierda abertzale "no desde la fortaleza, sino desde la debilidad. Y por eso incluso, probablemente, estén pensando en reactivar la guerra sucia".

Por último, señaló que el gobierno español cree que acabará con la actividad política de la izquierda abertzale por medio del "ahogo económico", en alusión al bloqueo de las cuentas. "Se equivocan y, desgraciadamente, no aprenden", insistió al recordar que "cerraron un periódico y este pueblo fue capaz de financiar otro con mil millones de pesetas", en referencia al cierre de Egin y la posterior creación de Gara.

A su vez, el secretario general del conservador y gobernante Partido Popular, Javier Arenas, fustigó el llamado hecho ayer por Batasuna a los partidos que firmaron el Pacto de Lizarra para obtener ayuda económica, mientras el líder de la bancada conservadora en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró que el gobierno vasco y el moderado Partido Nacionalista Vasco (en el poder) "harán lo indecible" para que no se aplique el fallo del juez Garzón para que se embarguen los bienes de Batasuna. 

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Congelan Cuentas de Batasuna

Ha iniciado el congelamiento de cuentas bancarias del partido político vasco Batasuna, la medida draconiana más reciente en contra de las libertades del pueblo vasco emprendida por el juez estrella Baltasar Garzón, siempre en consonancia con la estrategia represiva y conculcadora de derechos desplegada por José María Aznar.

Por medio de esta nota de La Jornada traemos a ustedes lo que Arnaldo Otegi tiene para decir a este respecto:

Comenzaron instituciones bancarias a congelar las cuentas de Batasuna

El pueblo sabrá financiar a independentistas: Otegi

El vocero de la coalición independentista vasca Batasuna, Arnaldo Otegi, confirmó este sábado que las instituciones bancarias comenzaron congelar las cuentas de dicha formación, como ordenó el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón.

El dirigente agregó, en rueda de prensa realizada en San Sebastián, que "este pueblo sabrá financiar las actividades del sector independentista".

Otegi dijo, sin embargo, que los estados francés y español no lograrán paralizar la actividad política de Batasuna a través de la asfixia económica, y afirmó que su partido podría solicitar el poyo de otras formaciones políticas.

Adelantó que la próxima semana su formación presentará una iniciativa "concreta", "humilde" y "centrada en un ámbito" contra la ley de partidos, que podría plantear recibir ayuda de otros institutos políticos para continuar su labor partidaria.

La víspera el juez Garzón solicitó a las autoridades bancarias españolas y de Francia bloquear las cuentas de Batasuna, al cumplirse el plazo de 24 horas que en la noche del miércoles dio a la coalición independentista para pagar una deuda de 24 millones de euros - unos 23.5 millones de dólares - con el Estado español.

Garzón estipuló esa cifra por concepto de indemnización ante los daños causados por actos de violencia callejera cometidos en el País Vasco entre julio de 2001 y febrero de 2002 por las asociaciones juveniles del independentismo radical.

El juez, por lo pronto, espera que a más tardar el próximo lunes la policía complete el listado que le solicitó sobre los bienes de Batasuna, a fin de proceder al embargo de los bienes muebles e inmuebles y, por último, los sueldos, hasta cubrir los 24 millones de euros exigidos.

Por su parte, el ministro español del Interior, Mariano Rajoy, expresó su satisfacción por el bloqueo de las cuentas bancarias de Batasuna, hecho que calificó de "excelente noticia", durante la inauguración de un centro penitenciario en Alicante.

Otegi calificó de "muy grave" la ofensiva contra Batasuna y aseguró que merece una respuesta contundente, no obstante tachó la medida dictada por el juez de "literatura a la que nos tienen acostumbrados, en el todo vale contra el independentismo vasco".

De otro lado, un hombre sospechoso de estar implicado en el atentado cometido con una bomba de gas el pasado 30 de junio, en Bayona, sureste de Francia, fue encarcelado este día en París tras comparecer ante un juez antiterrorista.

Joel Cistiague, presunto miembro de la organización juvenil radical vasca Segi, es acusado de complicidad de degradación y deterioro de bienes públicos, así como de asociación de malhechores en relación con un proyecto terrorista, de acuerdo con la asociación de apoyo a presos vascos Askatasuna. 

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EA se Posiciona ante "Garzonada"

La Jornada trae a nosotros la postura de Begoña Errazti, líder del partido político Eusko Alkartasuna con respecto a la más reciente andanada represiva llevada a cabo por el juez estrella Baltasar Garzón en contra de Batasuna.

Adelante con la lectura:

Tienen "trasfondo político" las acciones judiciales contra Batasuna: Begoña Errazti

El juez Garzón pretende "crispar todavía más" la frágil situación en el País Vasco, dice

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Begoña Errazti, la presidenta de Eusko Alkartasuna (EA), una de los formaciones políticas más emblemáticas del País Vasco al representar una ideología que defiende sin tapujos la autodeterminación y que al mismo tiempo forma parte del gobierno autonómico vasco, señaló hoy que las acciones judiciales contra Batasuna tienen un "trasfondo político" que lo único que pretenden es "crispar todavía más" la frágil situación de la región.

La dirigente vasca sostiene que el embargo de todos los bienes de la coalición abertzale (independentista) y la aprobación de la nueva ley de partidos políticos son ejemplos fidedignos de que el "aparato judicial español tiene una dependencia evidente del Ejecutivo", y de que la estrategia desde el Estado español es generar más tensión y "crispación" para "justificar la mano dura contra las vascos".

En entrevista con La Jornada, Errazti se asume independentista y republicana, dos ideologías que a su juicio corren el riesgo de ser proscritas por la derecha española, encabezada por el presidente conservador José María Aznar, un dirigente político que a su entender busca llevar el "histórico conflicto vasco" a un "escenario previo al de la democracia", o sea, a un escenario similar al vivido durante la pasada dictadura de Francisco Franco.

Antes de manifestar cualquier opinión de carácter político, Errazti siempre evoca la raíz de su formación, que, grosso modo, pretende la autodeterminación del País Vasco, la creación de un modelo sociopolítico de izquierda, en el que la monarquía no tiene cabida tras la creación de la república y la soberanía de las instituciones locales.

Otras de las bases ideológicas de EA es que para llevar a cabo cualquier proyecto político es necesario que éste se fundamente en la "paz", por eso una de sus principales reivindicaciones es que "ETA no nos representa ni tiene ningún derecho para representar al pueblo vasco, puesto que la violencia sólo nos lleva a un callejón sin salida", y "además el pueblo vasco no se identifica con los asesinatos, los secuestros y las amenazas".

Encuentro sin exclusiones

Errazti sostiene que el histórico conflicto vasco tiene "salidas", pero que para ello es necesario desarrollar un proceso de negociación que al menos permita identificar los "puntos de encuentro" entre la "inmensa diversidad de la sociedad vasca", por lo que "nadie" puede ser excluido, "por lo que es necesario que tanto el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Batasuna y nosotros nos sentemos a dialogar sin imposiciones previas y con vocación de buscar soluciones".

Por eso considera que las decisiones del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, lo único que pretenden es "provocar más crispación y sufrimiento para, en determinado momento, justificar la mano dura en Euskadi, pues yo he escuchado a dirigentes del Partido Popular que esto (la situación política en Euskadi) se resuelve con mano dura y ya está".

La dirigente sostuvo que el auto de Garzón para embargar todos los bienes de Batasuna es "ilegal" y "anticonstitucional", un escenario que según su punto de vista no es nuevo en las acciones judiciales del magistrado español, ya que ha ordenado incluso la ilegalización de asociaciones civiles vascas responsables de la difusión del euskera, el idioma oficial en el Estado español desde hace sólo 20 años y que, de acuerdo con la dirigente vasca, sigue su-friendo el acoso permanente del "centralismo" español.

Errazti, que a raíz de las elecciones del 13 de mayo del 2001 se erigió como una de las voces más emblemáticas del nacionalismo vasco, también se refirió a la situación creada una vez aprobada la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc por el PP y el PSOE para ilegalizar a Batasuna, al sostener que esta medida lo "único que pretende es ilegalizar las ideas" y, según su punto de vista, se enmarca en una "estrategia del Estado español para criminalizar al nacionalismo vasco en general", ya que - afirma - "desde que el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso ésta sólo se ha utilizado para atacar las regiones y en concreto al nacionalismo y al separatismo vasco".

La dirigente de EA apeló a la responsabilidad de los dirigentes políticos, sean vascos o españoles, para ver "con objetividad" las situaciones "lamentables" que se cometen día a día en la región.

Entre ellas citó las torturas sistemáticas que, según denuncias de organizaciones internacionales, sufren militantes o presuntos miembros de ETA y, por supuesto, la amenaza continua con la que viven los concejales y representantes políticos del PP y el PSOE, amenazados por ETA de "forma constante". 

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Sanfermines

Hoy dieron comienzo en Iruñea (Pamplona) los famosos Sanfermines que diera a conocer al mundo el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Las fiestas inician con el "Txupinazo" y se caracterizan por las Zezenketak (Corridas con los toros). Esta vez las Ikurriñas se hicieron más evidentes.

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"Garzonada" Bancaria contra Batasuna

El régimen borbónico franquista no se deja maniatar por principios democráticos como la división de poderes o la independencia de acción del poder judicial con respecto al poder ejecutivo; el fantasma de Francisco Franco hace mucho que subyugó al Espíritu de Montesquieu.

Esto lo aprovecha muy bien Baltasar Garzón para dar rienda suelta a su más violento españolismo.

El juez estrella, sabedor de la temporalidad de la permanencia de su mellizo ideológico José María Aznar en La Moncloa y que el escenario de completo desdén por los derechos humanos creado por George W. Bush tras los eventos del 11 de septiembre, ha metido el pie al acelerador en su asalto a las libertades del pueblo vasco.

Lean lo que nos informa La Jornada con respecto al embargo a los bienes de Batasuna:

Ordena el juez Garzón inmovilizar las cuentas bancarias de la coalición vasca Batasuna

La demanda, dirigida a entidades financieras estatales, regionales e incluso de Francia

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, giró hoy una orden a las entidades financieras estatales, regionales e incluso francesas para la inmovilización de todas las cuentas bancarias de Batasuna, la coalición de la izquierda separatista vasca que según el magistrado es un apéndice de la estructura de la organización armada ETA.

La medida tomada por Garzón se produjo horas antes de que ETA asumiera la responsabilidad de los atentados con carros bomba y de otro artefacto explosivo perpetrados durante la cumbre de la Unión Europea, que se realizó en Sevilla los pasados 21 y 22 de junio, y que si bien no dejaron víctimas mortales provocaron lesiones a 10 personas, entre ellas tres turistas británicos.

En un comunicado publicado en el diario vasco Gara, ETA dijo que con las explosiones en Fuengirola, Marbella, y Málaga, en la Costa del Sol, así como en Zaragoza y Santander, en el norte del país, su intención era atacar los intereses turístico y económicos de España.

Asimismo, ETA reivindicó la explosión de cuatro coches bomba entre el 22 de abril y el 23 de mayo en Madrid, Bilbao y Pamplona, en "acciones contra los ricos y los políticos que oprimen al País Vasco".

La medida del magistrado español fue tomada al vencer el plazo de 24 horas para el pago de una fianza de 24 millones de euros (unos 23.5 millones de dólares) para evitar el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles, subvenciones públicas y créditos de Batasuna, algo que a juicio de sus dirigentes significaría la "ilegalización de hecho" de su formación política.

Dicha cantidad es reclamada a manera de indemnización por el magistrado a Batasuna, al que atribuye la "responsabilidad civil solidaria" de los daños provocados por la violencia callejera protagonizada los últimos dos años por las asociaciones juveniles del independentismo radical.

Las exigencias de Garzón se suman a una serie de iniciativas llevadas a cabo recientemente por el gobierno y por el poder judicial español para propiciar la disolución de la coalición abertzale (independentista), que son fundamentalmente tres.

Estas son la aprobación de la nueva ley de partidos políticos que busca la ilegalización de Batasuna, la conclusión del sumario 18/98, instruido por Garzón, con el que se procesará a más de 70 dirigentes de la izquierda radical vasca por su presunta pertenencia a ETA y el auto con el que se ordena el embargo de todos los bienes de la formación separatista.

La orden de embargo preventivo del magistrado de la Audiencia Nacional, dirigida a las entidades reguladoras españolas y francesas, pretende congelar los fondos de las 118 cuentas bancarias de Batasuna que al parecer tienen relación con las llamadas herriko tabernas, sedes sociales relacionados con esta formación y en las que se recaudan fondos de "solidaridad" con los presos de la organización armada.

El requerimiento se dirige también a un banco francés, el Bankoa Crédit Agricole, después de que el juez recibió información de que en la sucursal de esta entidad en San Sebastián hay una cuenta abierta a nombre de Batasuna. Además, el juez solicitó al presidente del Parlamento Europeo, a través de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, que remita "certificación sobre las cantidades que percibe la formación EH-HB-Batasuna con cargo a los presupuestos de la institución".

Todas estas medidas fueron acordadas por Garzón después de comprobar que los intentos de los juzgados de Pamplona de notificar el auto a los representantes legales de Batasuna resultaron infructuosos, y tras la postura de insatisfacción de los dirigentes de la formación política, que aseguraron que "no tienen ni deben" pagar el dinero exigido por el magistrado.

Asimismo, pidió informes sobre las subvenciones que tendría que recibir Batasuna por parte del Estado español, una petición llamativa una vez que el gobierno nacional se ha negado, desde la llegada al poder del conservador José María Aznar, a pagar las subvenciones públicas que por ley corresponden a la formación y cuya controversia se dirime en los tribunales.

Responsabilidades civiles solidarias

Garzón está también a la espera de que a más tardar el próximo lunes la policía complete el listado que le solicitó sobre los bienes de la coalición vasca, a fin de proceder al embargo de los bienes muebles e inmuebles y, por último, los sueldos, hasta cubrir los más de 24 millones de dólares exigidos.

El magistrado español inició ya los trámites para que recaigan en Batasuna las "responsabilidades civiles solidarias" de los actos de violencia callejera llevados a cabo por Haika y Jarrai, las organizaciones juveniles que precedieron a Segi y cuyas supuestas actuaciones se remontan a los años 80, con lo que el monto de la supuesta responsabilidad podría ser muy superior a los 24 millones de euros, una cantidad que en todo caso no puede asumir la formación, según expresaron sus dirigentes.

Fuentes cercanas a Batasuna señalaron, a través de la jurista y parlamentaria Jone Goirizelaia, que la coalición vasca presentará un recurso de apelación a esta orden, que calificó de "bodrio jurídico".

La diputada apuntó que "tal como aparecen los argumentos y la estructura del auto, las actuaciones del magistrado podrían rayar en un delito de prevaricación", al tiempo que consideró estas iniciativas judiciales como una nueva "agresión" desde el Estado español a la vida política de Euskadi.

El gobierno español manifestó, a través de su vocero Pío Cabanillas que éstas son medidas necesarias para la "lucha contra el terrorismo", luego de acusar al gobierno vasco - que el jueves consideró que el auto de Garzón tiene motivaciones políticas - de "intolerable" y que le ubican "fuera del sistema democrático" español.

El gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español acusaron a los nacionalistas de estar "más preocupados" por el futuro de la coalición abertzale que por la defensa de las víctimas del terrorismo, y denunciaron la incongruencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por defender hace unas semanas, en el Congreso, la vía del Código Penal contra Batasuna y criticar ahora el auto del juez.

El secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al PNV que "esté a fondo" en la defensa de la libertad y se preocupe "cada día por cada concejal amenazado e insultado", y "no por lo que le pase a Batasuna". 

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EA Contra el Embargo a Batasuna

Eusko Alkartasuna - EA - expresa su solidaridad con Batasuna ante el más reciente embate por parte del Inquisidor y facilitador de la tortura Baltasar Garzón.

La Jornada nos habla de ello:

Ilegal, la apropiación de los bienes de la coalición vasca: Eusko Alkartasuna

Socialistas y populares apoyan el fallo del juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La decisión adoptada ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de ordenar el embargo de todos los bienes de Batasuna al considerarla "responsable civil solidaria" de las acciones de violencia callejera llevadas a cabo los dos años anteriores en el País Vasco, provocó críticas desde las formaciones que sustentan el gobierno en Euskadi.

De otro lado, los partidos Popular y Socialista de Euskadi apoyaron sin restricciones la medida judicial, que condena a la "ilegalización de hecho" a esta formación política, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

El consejero de justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, dijo que el auto ejemplifica la "utilización política de la justicia", y puso en entredicho su constitucionalidad.

El presidente del Parlamento vasco y diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Juan María Atutxa, dijo que no cree posible que la petición del embargo se pueda sostener ante un tribunal, "a menos de que se demuestre que todo está unido entre sí: Batasuna, Jarrai, Gestoras y un amplio etcétera, en mi humilde opinión va a ser muy complicado mantener en un juicio el contenido de ese auto y el embargo cautelar, yo creo que va a ser imposible".

La presidenta de Eusko Alkartasuna (EA, socio del PNV en el gobierno regional), Begoña Errazti, señaló que el auto "es absolutamente ilegal, no es conforme a la ley, pues no aporta argumentos concluyentes".

Añadió que Garzón "tiene dependencia del Poder Ejecutivo" y su auto "tiene mucho que ver con la ley de partidos y el intento de crear confrontación en esta sociedad, y crear la imagen de enfrentamiento civil para que la mano dura sea necesaria. Lo que se empezó a preparar eran unas condiciones de confrontación en este país, de ilegalización de las ideas, que van justificadas con este auto y con lo que sea". 

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Entrevista a Arnaldo Otegi

Les invitamos esta entrevista que Arnaldo Otegi, vocero de Batasuna, ha concedido a La Jornada.

En la misma, Otegi aclara muchos aspectos del embate antidemocrático al que Madrid recurre en contra de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

Adelante con la lectura:

Batasuna no pagará los 24 millones de euros que reclama Garzón para evitar el embargo: Otegi

"Como independentistas no le reconocemos legitimidad al Estado español", afirma

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Arnaldo Otegi, líder y vocero de la coalición de la izquierda nacionalista vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA, advirtió hoy que su formación no pagará los 24 millones de euros que les reclama el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para evitar el embargo de todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y futuras subvenciones públicas, ya que, dijo, "negamos legitimidad" al magistrado y a la Audiencia Nacional de España.

En entrevista con La Jornada, el dirigente vasco afirmó que a pesar de las condiciones existentes a raíz de la aprobación de la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para la disolución de su formación, y de los múltiples procesos judiciales abiertos en su contra continuarán con sus actividades y reivindicaciones.

Otegi dijo que "Batasuna no pagará el dinero que exige Garzón, por lo tanto el embargo de bienes es inminente... Primero, porque no disponemos de 24 millones de euros, y en segundo lugar por una decisión política, pues si los tuviéramos nosotros le negamos legitimidad a Baltasar Garzón y a la Audiencia Nacional para adoptar medidas de bloque económico contra una formación política en nuestro país".

Agregó que "eso supondrá posiblemente el embargo de nuestros bienes muebles e inmuebles, lo cual demuestra una intencionalidad clara de bloqueo económico para impedir que Batasuna siga ejerciendo sus actividades políticas en Euskal Herria".

-¿Ya recibió su partido la notificación oficial de la Audiencia Nacional?

-No hemos recibido todavía nada oficial, pero no nos encontramos con un problema de índole jurídica, sino que es de actitud política y en este caso la Audiencia Nacional no es más que un instrumento del gobierno del Partido Popular y de la estrategia que éste comparte con el Partido Socialista Obrero Español para impedir el ejercicio a la libre autodeterminación por parte del pueblo vasco, algo que para ellos es escandaloso y para nosotros es simplemente un acto de naturaleza democrática.

"Aquí todo se hace en nombre de la libertad y la democracia, hasta que una formación política legal no pueda desarrollar su actividad política con normalidad. A modo de ejemplo, se está haciendo lo mismo que hace Estados Unidos a Cuba".

Coyunturas que fortalecen

-Ante este panorama, ¿cómo mantendrá su actividad Batasuna, sin dinero y sin bienes, pues ustedes afirman que seguirán funcionando como organización?

-Desgraciadamente los vascos ya hemos vivido coyunturas que nos han golpeado muy duramente, pero que en definitiva también nos han fortalecido. Tenemos un largo recorrido y por eso manifestamos que por responsabilidad política no se puede plantear la resolución del conflicto que vive el país ni un proyecto de liberación nacional sin contar con Batasuna. Por eso muchas veces decimos que Batasuna no es un sigla sino un proyecto político sustentado por miles de hombres y mujeres en el sindicalismo, en la educación, en la recuperación de la lengua y eso no se puede destruir.

"Esta es nuestra vocación y en eso vamos a seguir, pues hemos pasado por circunstancias históricas muy diferentes en las que se nos aplicaron legislaciones de auténtica excepción, ahora se intenta por todos los medios bloquear las aspiraciones y las organizaciones políticas que planteamos con claridad un modelo radicalmente distinto al que plantean hoy los neofascistas en el Estado español".

-¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas del embargo de bienes y cuentas? ¿Tendrán que cerrar oficinas y suspender sus actividades?

-Se supone que al no tener Batasuna financiación no podrá disponer de la infraestructura necesaria para su actividad política. Insistimos en que por encima de todas las dificultades nosotros no somos un partido político al estilo convencional, porque nos seguimos considerando militantes políticos y esa militancia se podrá desarrollar, con mayor o menor precariedad".

-¿A qué se refiere al advertir que estas decisiones tendrán una "respuesta contundente" por parte de la izquierda abertzale (nacionalista)?

-Esta expresión siempre es utilizada por algunos medios del Estado español para hacerla coincidir con lo que es la actividad armada de ETA, pero nosotros no nos referimos nunca a eso cuando hablamos de respuesta contundente. El camino es el de las manifestaciones como las celebradas contra la ley de partidos o la jornada de huelga general contra el gobierno español, pero el pueblo vasco le va a demostrar al Estado español, como lo ha hecho históricamente, que no se va a doblegar, y no porque mantenga una actitud obcecada sino porque es urgente construir un marco de garantías y seguridad jurídica para poder ejercer sus derechos. Eso se llama soberanía para el pueblo vasco.

-¿Esta decisión, sumada a la conclusión del sumario 18/98, es el comienzo de la disolución de Batasuna por la vía judicial?

-Esta ley de partidos de momento es de difícil aplicación, pues se han puesto encima de la mesa una serie de factores que hacen que su puesta en marcha se retrase. El fundamental es que han comprobado que tanto en el terreno internacional como en el de la movilización popular en el País Vasco esa aplicación tiene consecuencias no deseables para el gobierno español. Por eso hay cierta dilación en ese proceso, que puede durar semanas o meses.

-En todo caso la nueva ley contempla algunas actividades como delictivas. ¿De qué manera van a acotar, en caso de que lo vayan a hacer, su funcionamiento habitual?

-Nosotros como independentistas y gente de izquierda siempre hemos manifestado que no reconocemos legitimidad al Estado español para que plantee niveles de injerencia en nuestra vida social, política y asociativa, por lo tanto no vamos a variar nuestro rumbo político ni los contenidos de nuestra propuesta, puesto que desde esa coherencia hemos logrado formar una izquierda independentista con niveles de adhesión social importantes.

-Con la nueva ley de partidos políticos, la asistencia a actos como los homenajes a los cuatro miembros de ETA que murieron en 2000 al estallar su coche en Bilbao podrían ser considerados delictivos...

-Habrá que estudiar con detenimiento la ley, pero el problema es que el Estado español lo que quiere hacer ver en el exterior es que al imposibilitar que una formación política legal pueda acudir a un acto de homenaje es un acto de reconocimiento a la dinámica desarrollada por un militante concreto, sin que esto quiera decir que se está de acuerdo o no con las cosas que ha hecho. Es un acto al reconocimiento, a la memoria de una persona que ha sido capaz de dar la vida por unos principios políticos. En el fondo lo que pretende hacer ver el Estado español es que no existe un conflicto político en el País Vasco sino que se circunscribe exclusivamente a la presencia de una actividad armada ilegal.

-Con la nueva ley parece quedar claro que Batasuna tendrá que hacer una condena explícita de los atentados de ETA, sobre todo en las instituciones parlamentarias.

-Algunos dicen que nosotros callamos ante las actividades armadas de ETA, pero eso es absolutamente incierto, pues lo que hacemos es una lectura propia de por qué existe la actividad armada de ETA y aportamos una propuesta para la resolución del conflicto. Esa es nuestra posición, que evidentemente no gusta al Estado ni a ciertos políticos. Pero nosotros no vamos a jugar al gato y al ratón y no vamos a hacer debates semánticos sobre nuestra posición en cuanto al conflicto armado del país.

-¿En qué condiciones está Batasuna para propiciar una nueva tregua de ETA?

-Mucha gente piensa que Batasuna tiene capacidad para influir sobre ETA, y hay gente que no. El problema no es si se piden o no treguas sino crear condiciones que puedan permitir maniobrar políticamente a ETA, pero de lo que no nos cabe duda es que ETA tiene absoluta voluntad para crear escenarios democráticos de ese tipo, y por eso nosotros debemos trabajar para generar las condiciones que permitan el desarrollo de un proceso democrático en Euskal Herria y un ejercicio práctico del derecho a la libre autodeterminación. 

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Resurge Paramilitarismo Españolista

Justo cuando Baltasar Garzón le sube la temperatura a la represión en contra del independentismo vasco, se da a conocer que Madrid está dispuesta a recurrir al paramilitarismo de grupos como los GAL o el BVE.

Atención a lo que se ha denunciado desde Iparralde, la información la ha publicado La Jornada:

Abertzales, en la mira de paramilitares

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Tres comandos formados por una treintena de ultraderechistas, "con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado", realizan entrenamientos militares con el objetivo de, en un plazo de dos o tres años, dar muerte a 35 ciudadanos abertzales (nacionalistas), informó el diario vasco Gara, al citar la publicación Kale Gorria.

Están involucrados un agente del Servicio de Información de la Guardia Civil que se hace llamar Manu, y el secretario de Organización de la Falange Vasca, Gonzalo de la Peña Gumuzio. La publicación, en el número correspondiente a junio que presentaron en Bayona Xarlo Etxezaharreta, Igor Eguren y Ahoztar Zelaieta, da cuenta de los preparativos de las "nuevas acciones de guerra sucia". Zelaieta indicó que el martes interpusieron una denuncia en el juzgado de instrucción tres de San Sebastián y que hicieron pública esta información ante "la inmediatez del inicio de las acciones violentas". La investigación realizada por el equipo de periodistas encontró que los tres comandos operan en tres zonas: "la centro", en referencia a Madrid, "la sur", del Estado español, y "la norte", que sería el País Vasco. Asimismo, la Guardia Civil está en condiciones de facilitar "cobertura logística".

Zelaieta también advirtió que han podido comprobar los intentos de infiltración de "elementos ultraderechistas en la izquierda abertzale, en algunos casos se trata de menores".

Los responsables de la revista presentaron diversa documentación, tanto escrita como en imágenes, que pusieron a disposición del juzgado en San Sebastián.

La información detallada por Kale Gorria está basada en las declaraciones de un militante de la Falange Española en Madrid. "¿Que por qué se prestó a realizar esas declaraciones? A nosotros no nos interesan las razones de las fuentes, sino la veracidad de las informaciones. Y en ese sentido hemos contrastado sus declaraciones con documentación interna de la Guardia Civil y hemos comprobado que son veraces. Además, las fuentes consultadas son diversas", señaló Zelaieta, cuyo equipo realizó su investigación durante más de diez meses.

 

 

 

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