jueves, 31 de octubre de 2013

Torturan y Tuercen la Justicia

Continúa el contumaz juicio en contra de los jóvenes independentistas vascos, y mientras tanto, altos mandos del régimen borbónico-franquista se mofan de la justicia haciendo declaraciones cínicas que lo único que muestran es que están desesperados pues el tiempo se les acaba.

Aquí una nota al respecto publicada en Gara:


«Se les ve efectivamente a las torturas gravísimas a las que están siendo sometidos. No hace falta más que ver sus caras, con esos globos que hinchaban y sus risas. Es un escarnio lo que dice . Y es mentira». Esta fue la fórmula elegida por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, para negar las denuncias de malos tratos realizadas por los jóvenes acusados en el macrojuicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional desde el 14 de octubre. Lo hizo durante una interpelación defendida por Onitza Enbeita, que aludió a aquellos terribles relatos, y que coincidió, precisamente, con la segunda jornada de declaraciones policiales del proceso contra el movimiento juvenil. Una sesión en la que, nuevamente, policías y guardias civiles testificaron en solitario, sin la presencia de los acusados en la sala, después de que el tribunal accediese a su negativa de presenciar el relato de sus torturadores.

«La Policía española y la Guardia Civil torturan», denunció Enbeita, que recordó casos como el de Mikel Zabaltza, Gurutze Iantzi o Unai Romano, al tiempo que denunciaba la impunidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ha mantenido desde la dictadura franquista hasta la actualidad. «La Policía y la Guardia Civil torturan y el Estado esconde y ampara sus crímenes», recordó. Por ello, instó al Ejecutivo a poner fin a estas prácticas, investigar las demandas, acatar las recomendaciones internacionales y resarcir a las víctimas. No hubo respuesta.

Apoyo a Intxaurrondo

«Lo que es una tortura es escuchar lo que acaba de decir», arrancó Fernández Díaz. Frente a las demandas concretas de la portavoz abertzale, el titular de Interior desplegó un argumentario basado en negarlo todo, reiterar su apoyo a los uniformados (con mención expresa a los cuarteles de Leitza e Intxaurrondo) y aferrarse a la exigencia de condenas. Llegó incluso a subir el tono advirtiendo que la diputada podía pronunciar «injurias y calumnias» porque «le ampara la inmunidad parlamentaria». Para apoyar sus tesis, Fernández Díaz enarboló los datos judiciales de denuncias de torturas y policías condenados. Concretamente, según el ministro, entre 2008 y 2011 supuestamente se investigaron 4.861 denuncias en función de las cuales fueron condenados 46 policías y guardias civiles, lo que representa un 1%. De este modo, Fernández Díaz obviaba, precisamente, la razón por la que el Estado ha sido condenado en instancias internacionales: la falta de diligencia a la hora de desarrollar las pesquisas.

Mientras Interior se enrocaba en el Congreso, los policías hacían lo propio en la Audiencia Nacional. Todos los agentes que testificaron negaron los malos tratos e incluso llegaron a afirmar que los jóvenes se habían mostrado «colaboradores» y «tranquilos». Concretamente un policía habló sobre el traslado de Eñaut Aiartzaguena, afirmando que fue «medio dormido». El joven había relatado haber sido golpeado durante el camino a Madrid. Tras la de ayer, la próxima sesión se celebrará el 25 de noviembre.

DDHH de Donostia rechaza los juicios y convoca un acto por todas las víctimas

La cuestión de los macrojuicios políticos en marcha fue uno de los temas abordados ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia, que continúa trabajando con la única presencia de ediles de Bildu y PNV tras el reciente abandono del PSE, que se unía así al PP.

Los dos grupos presentes acordaron demandar «la suspensión de los juicios penales contra actividades políticas públicas» y concretamente los que se vienen realizando en la Audiencia Nacional contra Batasuna y los jóvenes independentistas.

PNV y Bildu reclaman en paralelo «que se archiven los juicios políticos que todavía no se han llevado a cabo y que se libere a todas las personas que están presas como consecuencia de los mismos». La Comisión de Derechos Humanos donostiarra añade que trasladará este acuerdo a la Audiencia Nacional.

En la misma sesión -con el alcalde Juan Karlos Izagirre en calidad de presidente, Axier Jaka como representante de Bildu y Eneko Goia en nombre del PNV-, se decidió organizar un acto para el 9 de noviembre que recuerde «a todas las víctimas».

Esta celebración dará continuidad a las iniciativas impulsadas ya por el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en años precedentes. En el acto de diciembre de 2012 se consiguió unir a todos los grupos municipales.

La cuestión de las víctimas, sin excepciones, estuvo muy presente también en la reciente conferencia internacional sobre la construcción de la paz desde el ámbito local, auspiciada por Izagirre y celebrada en Aiete y el Kursaal.

Junto a todo ello, en la sesión de la Comisión Especial de Derechos Humanos se aprobó una declaración propuesta por la asociación Demagun y basada en el bicentenario de la quema y el comienzo de la reconstrucción de Donostia. Se toma como base para una declaración institucional de cara al Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), en la que se reivindicará «un mundo común» contra los conflictos bélicos.



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