Humberto Musacchio
El 'delito' de ser vasco en México
Para fortuna nuestra, en México contamos con una comunidad de origen vasco formada por gente laboriosa, honrada y leal. Hombres y mujeres de ese grupo son dignos herederos del guerrillero navarro Francisco Javier Mina Larrea, prócer de nuestra independencia que combatió la opresión en España y aquí, donde entregó su vida por la libertad de los mexicanos. Llevan apellidos vascos muchos de nuestros más respetables artistas y escritores, lo llevan científicos y deportistas notables, filántropos y capitanes de industria. Son gente que le aporta a México trabajo, inteligencia, capital, tenacidad y valentía. El aporte de la comunidad de origen vasco es varias veces centenario. Está en el diario ejemplo de esfuerzo, pero también en monumentos grandiosos y en nuestra historia. Se trata de un grupo humano que ha engrandecido al país y que nos enriquece a todos con su aptitud para crear empresas, empleos, obras que se defienden por sí mismas.
Lamentablemente, en el ámbito de la procuración e impartición de justicia se considera como ciudadanos de segunda clase a las personas de origen vasco, seres sin más derechos que aquellos que buenamente les quieran reconocer policías, fiscales y jueces. Desde hace varios años, ser vasco en México se ha convertido en un terrible delito, en sinónimo de terrorista.
Gobiernos cobardes como los de Ernesto Zedillo y el presente, en su afán de quedar bien con el capital ibérico, vergonzosamente han cedido a presiones y chantajes como los ejercidos por destacados personajes del neofranquismo, como José María Aznar y su peón de brega, el juez Baltasar Garzón, cuyo vedettismo lo lleva a perseguir casos que le hagan ganar popularidad, aunque pocas veces sus gestiones se vean coronadas por el éxito. Así de buen jurista es.
El entreguismo de nuestras autoridades las ha hecho cometer despropósitos contrarios a la justicia y hasta las propias leyes que están obligados a defender. Desde hace varios años se permite que actúen en México policías de corporaciones extranjeras, en este caso españolas, que en territorio mexicano espían, persiguen, hostilizan y participan en detenciones, intimidación e interrogatorios contra personas de origen vasco.
Desde julio de 2003 se mantiene en prisión al mexicano Asier Arronategui Duralde y a Luis Castañeda Vallejo, Ricardo Ernesto Sáez García, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera y Juan Carlos Artola Díaz, personas de origen vasco quienes desde hace más de 10 años residen legalmente en México, donde desempeñaban trabajos lícitos y estaban al corriente en sus obligaciones con el Estado mexicano.
El 16 de julio de 2003, la embajadora del reino de España presentó una solicitud para que se detuviera a los mencionados y el mismo día, mostrando una diligencia por completo ajena al tortuguismo burocrático que las caracteriza, tanto la Cancillería como la Procuraduría General de la República emitieron los oficios correspondientes en respuesta al pedido de la diplomática.
Para acentuar las tristes coincidencias del asunto, el día 17 el juez Baltasar Garzón ocurrió a Los Pinos a entrevistarse con el presidente Vicente Fox y el mismo día la PGR solicitó al juez segundo de procesos penales federales, el señor César Flores, un auto de detención provisional que el juez obsequió el día 18. No sobra señalar que con una eficiencia desconcertante, el mismo día fueron detenidos los seis vascos mencionados en Oaxaca, Monterrey, Puebla, Cancún y el estado de México. Se trata de una eficacia selectiva, pues en un caso muy sonado, un conocido torturador guatemalteco escapó sin problemas, pese a que las autoridades habían sido advertidas de que se pediría su detención.
La detención en lugares tan distantes, entre las ocho y las diez de la mañana, evidencia que los policías de la Agencia Federal de Investigación que efectuaron los arrestos no contaban con las respectivas órdenes, pues los juzgados abren a las nueve de la mañana. Para hacer más obvio el desprecio de nuestras autoridades por las leyes mexicanas, todos los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la PGR en el DF, donde fueron interrogados por policías españoles, lo que ratifica la vocación de criados que exhiben algunos funcionarios de este gobierno.
Hay que decir que paralelamente fueron detenidos tres mexicanos acusados de colaboración delictiva con los seis. Como tal colaboración nunca pudo probarse, la PGR mantuvo a esos tres mexicanos arraigados durante tres meses, lo que significa que en realidad estaban presos, impedidos de salir del lugar donde los metieron los representantes de la Procuraduría.
Lo más grave es que contra los seis no existe una acusación concreta ni se señalan los delitos en que habría incurrido cada uno de los detenidos. Hay, sí, una acusación general, abstracta, contra todos, que no especifica las conductas ilícitas de que se acusa a cada uno, lo que se supone indispensable en nuestro sistema jurídico. Un buen ejemplo de esta ligereza es la acusación de "falsedad documental" que no menciona siquiera los documentos que presuntamente se falsificaron.
Una joya de la falta de precisión jurídica y de escrúpulos es la acusación contra los seis de realizar en favor de ETA "operaciones de efectivo y libramiento de cheques nominativos que se cobran por caja, dificultando o imposibilitando, en la mayoría de los casos, la identificación del beneficiario o beneficiarios de dichos fondos". ¿Entonces? Si es difícil o imposible identificar a los beneficiarios, lógicamente no se puede inculpar a los detenidos. Pero, además, realizar operaciones en efectivo, librar cheques al portador o nominativos, hacer transferencias bancarias o realizar compras no es algo criminal. Si lo fuera, el juez César Flores o los funcionarios de la PGR serían delincuentes por ese solo hecho.
Pero las aberraciones jurídicas van más lejos, pues se menciona "la participación en la trama financiera (supuestamente de ETA) de personas en situación de jubilación, de contrastada (?) afinidad con la causa terrorista, e, incluso, con vínculos de unión familiares". Lo anterior significa que los acusadores consideran delito ser jubilado y tener afinidad (dejemos eso de "contrastada") con una causa e incluso vínculos familiares. Pero se equivocan. No es delito ser jubilado o pariente de terroristas, si fuera el caso -que no lo es-, ni mucho menos implica la comisión de hechos ilícitos simpatizar con la causa que sea, incluido el terrorismo. La legislación mexicana no sanciona simpatía alguna.
Para dar por buenas las acusaciones del Estado español, las autoridades judiciales mexicanas han aplicado una peregrina "equiparación", pues los delitos de que se acusa a los ahora presos no están tipificados en la legislación mexicana y por lo tanto no hay una ley aplicable exactamente al hecho. Para colmo, los delitos de que se acusa a los detenidos, si es que realmente ocurrieron, hubieran sido cometidos en México y en ese caso deben ser juzgados de acuerdo con las leyes mexicanas. Pero es obvio que las acusaciones no se sostienen y que se persigue a los vascos por ser vascos y por amar el suelo de sus mayores. Lo demás es una farsa siniestra que escupe sobre la historia de México y nuestra tradición de asilo.
