Ruth Fierro y Antonio Cerezo / Activistas de DDHH en México
Gorka Castillo | Foto: Manolo Finish
En el fondo de una conversación sobre México habita una rara sensación de desconcierto. Es el relato de dos mundos paralelos, de un país dual donde convive un pueblo que sangra a borbotones y un poder fiero que se oculta tras la máscara de una guerra por la legalidad. Ruth Fierro (Chihuahua, 1986) y Antonio Cerezo (México DF, 1977) forman parte del primer grupo. Ambos son activistas de los derechos humanos en un país donde el narcotráfico y el poder político dibujan la misma calavera. Fierro es directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujeres (CEDEHM) y protagoniza una excepcional novela gráfica de no ficción titulada La Lucha, la historia de Lucha Castro y los derechos humanos en México que acaba de ser publicada en España. “Es un proyecto impulsado por la organización internacional Frontline Defenders en 2011, un momento especialmente crítico para las mujeres de Chihuahua”, explica. La historia de Cerezo es aún más descarnada. Ha sufrido cárcel, torturas e injusticia, pero hoy es ejemplo del coraje civil que se extiende por México. Desde el Comité Cerezo que él mismo fundó tras salir de prisión en 2008 está empeñado en amplificar la voz de las incontables víctimas que cada año produce una sociedad descompuesta como la mexicana. “La delincuencia y la política tienen el mismo rostro”, sentencia.
Las violaciones de derechos humanos en México causan alarma internacional. ¿Ha fracasado la estrategia de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto?
A.C.: Para nosotros no ha fracasado. Ha sido un éxito porque su objetivo nunca fue garantizar los derechos humanos de la población sino los intereses económicos de las empresas nacionales y multinacionales. En México se practica una política planificada de despojo en amplias zonas del país, allí donde el poder ejerce el control social a través del terror. Por eso digo que la estrategia del gobierno ha resultado un completo éxito. Sin embargo, el coste en vidas humanas está siendo altísimo. Me refiero a que siendo un país donde no hay una guerra civil contabilizamos 100.000 muertos y 34.000 desaparecidos. Y eso solamente durante el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto. Dentro de este contexto de violencia generalizada, los defensores de los derechos humanos son un objetivo habitual. En el último año han sido ejecutados extrajudicialmente 48 activistas. Asesinados de manera directa por agentes del Estado o a través de particulares mandados por otros. Si a este dato sumamos las desapariciones forzadas, la prisión por motivos políticos o la cárcel por ejercer el derecho a la protesta la cifra asciende 1.442 casos entre 2016 y mediados de 2017. Una barbaridad.
Recuerda a la Colombia descarnada, a la de los años 90 y principios del 2000.
A.C.: Es que tienen una relación directa. El Operativo Conjunto Chihuahua que comenzó a aplicarse en 2008 en Ciudad Juárez es una copia de los planes de seguridad que se desarrollaron en Medellín en 2002 bajo el nombre Operativo Militar Orión. Y no es casual que uno de los asesores del gobernador de Chihuahua durante aquella época fuera un personaje controvertido como Óscar Naranjo, ex general de la Policía Nacional colombiana. Por lo tanto, no hay nada casual. Muchos de los operativos y dinámicas de violación de los derechos humanos en México ya se pusieron en práctica en Colombia. Aquí también ocurren los denominados “falsos positivos”. Hace unas semanas, policías federales asesinaron en Veracruz a dos chicas menores que iban al cine con el argumento de que pertenecían a un grupo de narcotraficantes.
¿Son las mujeres las víctimas principales de esta violencia desmedida?
R.F.: En Ciudad Juárez siempre estuvo presente el drama de las mujeres desaparecidas y asesinadas. Eso nos permitió visibilizar el problema pero también, con el transcurrir del tiempo, ver que no se circunscribe únicamente al estado de Chihuahua sino que está generalizado por todo el país. Porque hay otros lugares, además de Juárez, donde la incidencia es muy alta. Por ejemplo, la desaparición y asesinatos de mujeres en los estados de México y Jalisco son tremendos. Cuando empezamos a investigar estos hechos, la respuesta que obtuvimos fue muy triste porque, aunque encontramos la relación con la trata de personas y el narcotráfico, también detectamos que un número importante tenían su origen en el machismo social imperante y en el patriarcado mexicano tradicional que perpetúa los estereotipos de género. Datos oficiales muestran que el 93% de los feminicidios que se producen en México ocurren dentro del ámbito familiar. Y apuntaré otra cifra esclarecedora: cuando en 1993 se destapó el escándalo por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez se contabilizaban 30 homicidios por año mientras que en 2010 hubo más de 400 y en 2017 casi 150. Esto significa que las políticas de seguridad implementadas por el gobierno para combatir esta lacra no están funcionando. Al contrario. La militarización de la seguridad pública desde 2008 ha coincidido con la exacerbación de la violencia. Estoy hablando de que alcanzamos una tasa de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y, claro, las principales víctimas son las personas en riesgo de vulnerabilidad y ahí estamos las mujeres.
¿Cómo es la vida de una mujer en Chihuahua?
R.F.: Pues una termina naturalizando la violencia como mecanismo de supervivencia porque de lo contrario no saldríamos de casa. Casi toda la gente que conozco ha sufrido episodios de este tipo. Algo de lo que no se habla habitualmente es que con el incremento de las balaceras experimentado en Chihuahua ha surgido un fenómeno asociado a la criminalidad no asociada a los grupos ilegales organizados. El motivo es la sensación de impunidad que existe. En ese contexto puedo asegurar que vivimos en un estado de estrés permanente que ha obligado a la gente a cambiar completamente de estilo de vida.
También denuncian las detenciones arbitrarias de miembros de organizaciones sociales practicadas por la policía. Y las torturas.
A.C.: Yo fui torturado en 2001 bajo la acusación de haber colocado unas bombas en entidades bancarias, algo que nunca comprendí. Mi activismo estaba entonces más centrado en las comunidades indígenas, en la creación de cooperativas de café y esas cosas. Fui detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad donde estuve siete años y medio. Igual que mis dos hermanos. Durante ese tiempo se produjo la toma del control interno de las prisiones por parte de la policía federal, lo que trajo un endurecimiento de las condiciones de vida para los reclusos. Suprimieron actividades, talleres, trabajo y estudios para implantar un modelo de hostigamiento basado en el encierro con la luz encendida todo el día. Los malos tratos son una práctica habitual pero sufrirlos hoy en día es casi una suerte porque también pueden ejecutarte o hacerte desaparecer. Hemos documentado decenas de casos de detenidos que han aparecido muertos o simplemente están en paradero desconocido.
El caso más conocido es el de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. ¿En qué situación se encuentra ese proceso?
A.C.: En nuevas comisiones y nuevas recomendaciones que no han servido para aclararlo. Aquello fue un mensaje nítido enviado a las organizaciones políticas y sociales de México.
R.F.: Que el caso de Ayotzinapa no se haya resuelto pese al impacto internacional que tuvo y las peticiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja en evidencia que cualquier otro caso de menor trascendencia no será esclarecido. La crisis que sufre México por las desapariciones forzadas es gravísima.
¿Cómo es posible que existan estos delitos en un país que abrió sus puertas a miles de exiliados, muchos de ellos españoles?
A.C.: México alimenta una imagen dual desde hace décadas. Por un lado, acogía a exiliados, no sólo españoles sino también chilenos y argentinos, mientras practicaba una política de aniquilamiento interior de la disidencia armada. Así se hizo hasta las presidencias de Luis Echevarría y José López Portillo en los años 70. Es decir, represión en el interior y participación activa en todos los protocolos sobre derechos humanos que se promulgaban en el exterior. Esa percepción de México ha perdurado hasta que el pasado año se negó a reconocer la competencia del Comité para la desaparición forzada de la ONU. Ahí cambió la cosa.
R.F.: Creo que para el mundo es innegable cuál es la situación de los derechos humanos en mi país. El hecho de que hayamos recibido la visita continua de organizaciones internacionales alertadas por lo que sucede es un mensaje de indudable calado. La preocupación por la situación de los derechos humanos es total.
¿Es México un estado fallido?
R.F.: Hay muchos lugares en los que sí es un estado fallido. Aunque no es igual en las comunidades más aisladas y rurales del país, como la Sierra Tarahumara, donde se conoce perfectamente la conjunción que existe entre la policía y el crimen organizado, y la situación que se vive en las zonas urbanas.
A.C.: Aunque el concepto no me gusta porque es un invento muy estadounidense, podríamos considerar que México es un estado fallido en materia de protección de derechos humanos, pero muy efectivo en la militarización de la seguridad o para realizar 11 reformas laborales. Es fallido para garantizar el acceso al agua potable en la capital pero es muy eficaz para reprimir las protestas. Hasta tienen perspectiva de género porque envían mujeres policías para pegar a mujeres manifestantes.
El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador aparece en cabeza de todas las encuestas de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Si gana, ¿puede ser un punto de inflexión?
R.F.: No lo tengo muy claro porque me genera incertidumbre. Uno de los aspectos más sospechosos de AMLO es la estrecha relación que mantiene con procesos anteriores de los que formó parte y el interés que muestra por sumar a su proyecto a expriistas y expanistas que no gozan de buena reputación. Esto me hace cuestionarme si es posible sostener unos principios progresistas como los suyos con estos actores tan conservadores. Otro factor contradictorio es la coalición que ha forjado con Alianza Social, un partido que tiene un origen muy cristiano y extremadamente conservador.
A.C.: Lo que pedimos es que el candidato que gane desarrolle una agenda pendiente en materia de derechos humanos. La realidad de México le exige una solución justa. López Obrador y su partido, Morena, plantea su oposición a cierta política neoliberal pero no aspira a cambiar el estado. Gobernó seis años en la Ciudad de México y conocemos sus formas de hacer política porque benefició a algunas empresas y a determinadas familias.
¿Tienen miedo?
R.F.: No sé si quiero ser consciente de ello. Hay algo absurdo en todo esto y es que a veces pienso que hasta tengo miedo de reconocer en público que lo tengo.
A.C.: No conozco a nadie que no tenga miedo cuando se vive una situación que escapa a su control. Pero lo asumimos mediante mecanismos internos que normalizan todo lo que es anormal en mi país. Es un proceso personal que desarrollamos para que el miedo no termine devorándote, porque eso sería la perdición, pero con el añadido de que todos somos conscientes de que la realidad de México no va a cambiar a corto plazo.
