lunes, 22 de diciembre de 2003

Recordemos Acteal

Hace seis años el régimen priísta llevó a cabo uno de los peores actos de terrorismo de estado en la historia reciente de México, y lo hizo en territorio del EZLN en Chiapas. Esta es la Editorial de hoy en La Jornada:

Acteal en la memoria

El 22 de diciembre de 1997, hoy hace seis años, un comando paramilitar financiado, asesorado y armado por el gobierno de Chiapas, por el PRI local y por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinó a 45 indígenas tzotziles -mujeres embarazadas, niños, hombres y ancianos- de la comunidad Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó. La masacre ocurrió en el contexto de la estrategia represiva contrainsurgente que aplicaba entonces el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León contra las comunidades zapatistas de la entidad.

Fue el más resonado, pero no el único acto genocida perpetrado por el poder público en el sexenio pasado. El nombre de Acteal venía precedido por la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, y fue seguido por varias acciones de exterminio, tanto en esa entidad (El Charco) como en otras localidades chiapanecas (El Bosque, La Libertad).

Como se recordará, la tragedia de Acteal generó, en su momento, una fuerte e indignada reacción social y una simple alharaca de la presidencia de Zedillo, la cual destituyó al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al delegado gubernamental para el diálogo, Pedro Joaquín Coldwell, y promovió la remoción del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro. El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, pretendió explicar la masacre como resultado de conflictos "intercomunitarios", se dio caza a algunos responsables materiales de las muertes y se continuó la política de hostigamiento y guerra sucia contra las comunidades rebeldes chiapanecas. Hasta el último día de su mandato, Zedillo y sus colaboradores siguieron viendo a los indígenas mexicanos como enemigos reprimibles y exterminables.

El gobierno de Vicente Fox -quien, como candidato presidencial, ofreció resolver el conflicto de Chiapas en "15 minutos"- modificó en parte la antigua estrategia contrainsurgente y optó, sin retirar de la zona al Ejército o desarmar las bandas paramilitares, por una actitud de soluciones simuladas y de franco engaño sobre la profundidad, la gravedad y la persistencia de la fractura social entre el Estado mexicano y los pueblos indios del país.

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar siguen sin aplicarse; la Legislatura pasada aprobó, con actitud francamente criolla, una versión adulterada y manipulada de la propuesta de la Cocopa para reformas constitucionales y legales en materia de derecho y cultura indígenas; hoy, a seis años de la masacre de Acteal, siguen sin solucionarse la insurrección chiapaneca y la consecución de relaciones justas y dignas para las etnias del país.

Las autoridades federales y estatales llevaron a la justicia a algunos de los culpables menores de la matanza, pero sigue pendiente una investigación seria y confiable sobre las responsabilidades por acción o por omisión del propio Zedillo, de Chuayffet, de Ruiz Ferro y del entonces secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, así como sobre los posibles actos de encubrimiento en que pudieron haber incurrido el siguiente gobernador, Roberto Albores Guillén, y el entonces procurador, Madrazo Cuéllar.

Por la salud moral del país, por la seguridad de sus habitantes, por la vigencia de la ley y de las instituciones, Acteal no debe olvidarse nunca. Ni siquiera cuando la masacre haya sido plenamente esclarecida, ni cuando los pueblos indios de México logren superar la opresión, la marginación, la miseria, la discriminación y la explotación que se abaten sobre ellos por obra y gracia de una clase política insensible, torpe y autocomplaciente que sigue empeñada en darle la espalda.




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