México se encuentra, desde hace 12 años, sumido en un terrible clima de violencia y terror generado a partir de las aberrantes decisiones tomadas por sus últimos tres presidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
En su insistencia por reprimir a un pueblo en movimiento en contra de sus políticas económicas decididamente neoliberales, los mandatarios mexicanos no titubearon al momento de recurrir a los grupos delictivos del país para controlar y desmovilizar a la población. Las hechuras de un auténtico estado fallido.
Con más de doscientas mil muertes violentas y decenas de miles de víctimas de desaparición forzada, no hay un solo rincón de ese país en el que no existan brotes de la más brutal violencia.
Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Tanhuato, Tlatlaya, Iguala, San Fernando, Nochixtlán... son solo algunos de los nombres de las localidades en donde se han llevado a cabo los más brutales actos de terrorismo tanto paramilitar como estatal.
Ese es el
panorama que enfrentará su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace meses ya ha estado delineando su plan para la implementación de un proyecto de justicia transicional que permita mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Equivocadamente, López Obrador utilizó el término amnistía para referirse a ese proyecto, lo cual facilitó la labor de sabotaje por parte de integrantes tanto de la clase política como de la clase empresarial, quienes no han dudado en acudir a sus voceros a sueldo en los grandes medios de comunicación para desacreditar la medida humanitaria del líder de Morena, quien incluso ha estado sometido a fuego amigo
por parte de sectores de la izquierda sectaria.
No ha importado que estrategias parecidas ya hayan funcionado en Italia, Irlanda del Norte, Colombia y Euskal Herria.
Pues bien, al respecto, les compartimos este análisis dado a conocer en la página ContraLínea:
El análisis de los procesos de pacificación en el mundo podría contribuir a la futura ruta de México para la reconciliación nacional. En el reciente caso de Euskadi, fue ETA la que asumió su propio desarme sin pedir nada a cambio al gobierno español. No obstante, el origen de la lucha permanece intacto: el pueblo vasco aún busca que Euskal Herria sea un Estado soberano e independiente.
Jorge Retana Yarto
Con este análisis iniciamos una serie en la que exploraremos los procesos de pacificación y la posible reconciliación de sociedades y naciones escindidas y confrontadas por la vía armada, en pos de diferentes objetivos estratégicos; un análisis necesariamente sinóptico, en el cual estableceremos los aspectos sustantivos y que dinamizaron la lucha en cuestión y precipitaron algún tipo de desenlace, en donde la derrota para unos y la victoria para otros se volvió parcial, limitada, porque cesó la lucha violenta, armada, mediante un acuerdo concertado o mediante un repliegue unilateral, que resolvió políticamente un enfrentamiento armado, como casi siempre sucede. Al final de nuestra serie, centraremos nuestro análisis en el caso mexicano, en la propuesta hecha para pacificar y reconciliar a nuestro país.
Caso Euskadi
Un poco de historia para comprender mejor la lucha del pueblo vasco. Intentaremos una apretada síntesis no sin antes consignar que, como era de esperarse, existen diversas discrepancias entre historiadores en varios aspectos importantes, desde su origen hasta su inclusión actual en el Estado español, seguiremos por tanto, la narrativa que nos parece más coherente.
Los vascos son el único pueblo de la península ibérica que sobrevivió a dos procesos de conquista: a la más antigua, que en toda esa región fue la indo-europea (2500 años AC), de la cual descienden la mayor parte de los actuales pueblos de Europa; y la romana (siglos III-I AC). Su cultura proviene de la civilización franco-cantábrica, que abarcó aproximadamente un tercio de la región Norte de la península ibérica, y más o menos la mitad del Sur de Francia. El pueblo vasco es, por lo tanto, el que mayor continuidad tiene como tal, desde sus orígenes en Europa. En la historia más reciente es Navarra el territorio de su asiento geográfico, luego llamada por historiadores greco-romanos Vasconia, y a sus habitantes, vascones, de donde deriva la denominación de vascos.
A la caída del Imperio Romano (siglos V-VIII DC), la invasión germana encuentra a los vascones liderando a los demás pueblos vascos en la lucha por la resistencia, episodio del cual emergen como “pueblo unificado” hasta la actualidad. Su territorio nacional pasa entonces de comprender Navarra, la Rioja y el Noroeste de Aragón, a extenderse a amplias zonas de los Pirineos y del Sudeste de Francia. La forma latina de Vasconia se asimiló a Euskal Herria, usada por los vascos para denominar su tierra, y euzkaldunalk, para denominarse a sí mismos y diferenciarse de los demás pueblos.
Durante la expansión del imperio franco-visigótico, una parte de los vascones quedaron bajo su dominio (les llamaban gascones), y otros se mantuvieron independientes, llamados navarros. En este periodo histórico, lo fundamental es la constitución de los vascones como “pueblo unificado”, y su fractura ante la expansión de los imperios, quedando una parte del mismo sometido.
El desarrollo histórico dio un vuelco con la constitución del Reino de Pamplona-Nájera, entre los siglos XI-XIII, pero a su lado se desarrollaba el expansionismo militar castellano que lo superaba, viéndose obligado a pactar su renuncia a los territorios denominados Viscaya (anexado por el rey de Aragón) y La Rioja (que era el territorio más poblado por vascos y capital de su reino). Nájera es anexionada por Castilla, regresando la capital del reino al territorio de Pamplona. Entonces Vizcaya como señorío será posteriormente anexada formalmente al reino de Castilla, y La Rioja, al igual que Nájera, lo serían durante el proceso de unificación de los reinos de Castilla y Aragón, quedando, incorporados como súbditos del mismo (se les llamaba vizcaínos) igual que los demás pueblos no españoles.
Consideramos esta parte histórica esencial para entender a cabalidad la consigna histórica de los patriotas y luchadores sociales del País Vasco en la organización ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad). No son los únicos protagonistas, pero visto el objeto de estudio nuestro de analizar el proceso de pacificación y conciliación, son los principales, ya que escenificaron, de 1959 a 2018, acciones y enfrentamientos que ocasionaron 829 muertos. El objetivo es conseguir la independencia política para los territorios que considera parte de Euskal Herria: las tres provincias del País Vasco y Navarra en España (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, llamada “Comunidad Autónoma de Euskadi”, con más de 2 millones de habitantes y 7 mil 250 km2 de superficie) y las tres vasco-francesas (Iparralde): Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (sin organización estatal), constituyó el objetivo nacional de su lucha armada.
El punto fundamental del conflicto político y armado es, entonces, el nacionalismo vasco, la reivindicación de una “Patria Vasca y Libertad”. Se trata de un movimiento separatista del Estado español que reivindicó la independencia desde una ideología de izquierda, socialista y revolucionaria con una visión armada de la lucha por dicha causa. La reivindicación de una izquierda nacionalista, aberztale (como le llaman en España) complicó la situación. Pronto dicha organización se dividió en quienes mantenían la idea de una derrota militar del ejército español por la vía insurreccional, y quienes entendían que sería necesario un proceso negociador con apoyo internacional, además de la presión de un “terrorismo revolucionario”. Unos se llamaron “ETA militar” y los otros “ETA político-militar”. La independencia de Euskadi Herria de España y Francia es buscada sin ser territorios que tuvieran un pasado como Estados. Se trata de Viscaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra (en conjunto se les denomina “País Vasco” o “Vascongadas”), los cuales sufrieron un cambio socio-económico y cultural con el proceso de industrialización español, articulándose de manera más compleja a la estructura económica y social del Estado español durante el franquismo, plurinacional, no reconocido como tal. Había también, menos visible, un nacionalismo vasco más conservador, tradicionalista, defensor de “Dios y las Leyes Viejas”, pre-industrial, coexistiendo con una vertiente marxista-leninista. El tema era entonces enormemente complicado. Mucha sangre corrió.
Un aspecto probablemente de los menos evaluados es el costo económico de la guerra de ETA: desarrollar una confrontación armada –no a base de una guerra de posiciones o de batallas territoriales, sino de actos terroristas con alto contenido político, en la mayoría de los casos– tiene un costo bajo para sus actores-ejecutores (explosivos, casas de seguridad, traslados, logística, entrenamiento), pero para el gobierno nacional, en términos de inestabilidad socioeconómica, retracción de inversiones, presupuesto para policías y grupos especiales, destrucción física de infraestructura, etcétera (sin contar las vidas humanas y el costo en legitimidad política) puede ser extremadamente alto. Mikel Buesa, un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, estimó en 2011 ese costo en 11 mil millones de euros, entre daños materiales, indemnizaciones a víctimas y gastos en seguridad, más los costos indirectos asociados a dicha actividad: éxodo de empresarios vascos, cierre de empresas, pérdida de inversiones: el caso mayor fue el cierre de la Central Nuclear de Lemóniz.
Si se observa desde el ámbito regional, el mismo autor consigna algunos datos relevantes: su impacto indirecto sobre el crecimiento económico resulta devastador. En el caso concreto del País Vasco, el financiamiento anual de las actividades de ETA-Batasuna se limita a una cifra equivalente al 0.05 por ciento del PIB regional; el valor de la pérdida de vidas humanas, las destrucciones físicas y el costo de la seguridad, se eleva cada año hasta el 1.2 por ciento del PIB; y el impacto sobre el crecimiento económico alcanza un promedio del 21.3 por ciento del PIB. Ésta es sin duda la variable más importante por todo lo que trae asociado en desarrollo, empleo, ingresos, nivel de vida, más todo el costo político para el gobierno y el Estado asociado a ello. Su valoración representa un aspecto imprescindible en cualquier análisis serio.
La ruta del conflicto y la pacificación
-En ese contexto, la transición a la democracia en España trajo como consecuencia una solución intermedia, incompleta que en nada satisfizo las expectativas del ala radical independentista (ETA): el Consejo General Vasco fue un órgano preautonómico que existió entre enero de 1978 y abril de 1980, cuando una vez aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco y, realizadas las elecciones autonómicas, se formó el Primer Gobierno Vasco consignado en la nueva Constitución que estableció “el Estatuto de las Autonomías Nacionales”. En 1979 se firmó “el Estatuto de Guernica”, que fue el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Gernikako Estatutua). Del lado del Estado español, la política central fue por décadas la confrontación policial-militar con ETA, mediante grupos especiales de represión anti-terrorismo, particularmente, los “Comandos Anti-Terroristas” que aumentaron la violencia de los enfrentamientos armados y no armados, y crearon una devastación social en el País Vasco, con la violación masiva de los ordenamientos legales y los derechos humanos, lucha en la que participaron diferentes gobiernos franceses en distinto grado. ETA establecía su demanda de diálogo con tregua armada sobre la base de discutir lo que llamaron “Alternativa KAS”, que era el programa político del ala radical del independentismo vasco (no sólo ETA). La política antiterrorista se consideró en España por décadas una “política de Estado” no sujeta a discusiones entre las fuerzas políticas.
El accidentado (como todos) proceso pacificador fue el siguiente:
1. Una serie de treguas armadas de ETA –unas solicitadas por los diferentes gobiernos españoles, otras unilaterales, acompañadas de demandas de diálogo político– empezó a desbrozar el camino, con “puntos álgidos”: tregua unilateral de ETA del 29 de enero 1988, que un mes después produce diálogo con el gobierno de Felipe González; nueva tregua unilateral el enero de 1989, que abre diálogo y concluye sin acuerdos el 29 de junio del mismo año; Otras, en diciembre de 1991, julio de 1992, junio de 1996, septiembre de 1998, mayo de 1999, 21 de enero de 2000. Para el 18 de febrero de 2004 (desde el 30 de mayo de 2003 estaba inactiva la organización), ETA anunció la “suspensión unilateral de todas las acciones en Cataluña ante el impulso de la ola independentista”. No obstante, su actividad con explosivos continuó.
2. ETA flexibilizó su línea de acción en un doble sentido: desarrolló un diálogo político con “el nacionalismo conservador” (en Euzkadi y en Catalunya), y luego aceptó participar en elecciones legislativas con candidatos propios (no con registro propio). Un punto de inflexión se dio con la expresión en el Parlamento de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno español, de “terminar con ETA mediante un final dialogado” (en mayo de 2005) y, luego, con el envío de una ley al Congreso para ofrecer diálogo a cambio de dejar las armas. En febrero de 2006, el jefe del gobierno anunció que el final de la confrontación armada con ETA podía estar cerca, y el 22 de marzo del mismo año ETA anunció “un alto al fuego permanente”. El 29 de junio se abrió formalmente el diálogo para buscar concluir el conflicto.
3. Con excepción del Partido Popular, prácticamente todo el espectro político e ideológico español y los sindicatos apoyaron el proceso pacificador, dentro y fuera del Congreso, con una convocatoria a ETA para que se integrara al proceso democrático sin violencia. En octubre de 2006, en una votación muy dividida, el Parlamento Europeo apoyó el proceso; en varios casos, con matices de las fuerzas políticas. El proceso también contó con el apoyo de la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.
4. Representantes de ETA tuvieron reuniones fuera de España (Ginebra y Oslo) entre septiembre y diciembre de 2005, y junio-julio de 2006. Hubo varios pactos políticos desde 1987 en adelante, en los cuales, el proceso pacificador fue ampliando su base de apoyo: Pacto de Madrid en 1987, Pacto de Juria Enea en 1988, Pacto de Navarra en 1988, Pacto de Estella en 1998 para la tregua indefinida, Plan Ardanza en 1998, los Acuerdos de Loyola de 2006. Un aspecto sustantivo dentro del proceso fue el “reconocimiento a las víctimas”: el 8 de octubre de 1999 se aprobó en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo (para el pago de indemnizaciones), luego llegó el Real Decreto que reforzó dicha ley y sus términos.
5. El Partido Popular atacó el proceso e incluso se alió o creó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT); ésta protestó en algunas ocasiones mostrando fuerza de masas (como la marcha del 10 de junio de 2006), pero fue incapaz de revertir el proceso. Condenado por todos, el atentado terrorista del 30 de diciembre de ese mismo año en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, casi termina con el proceso. La ETA lo reivindicó tras decir que no era su intención causar víctimas (murieron dos ciudadanos de Ecuador). Ese atentado se atribuyó a un grupo pequeño de disidentes etarras y a éste le siguió una etapa de inestabilidad en el proceso, con brotes espontáneos y reiterados de violencia callejera. Este periodo concluye con la declaración de ETA de suspender el “alto al fuego permanente” (el 5 de junio de 2007). Este punto es muy importante, porque estamos ante una situación inédita en la cual ETA ofrecía en firme la posibilidad del desarme, y todo indicaba que el gobierno popular maniobraba para proseguir la persecución y el exterminio de sus miembros.
Los contactos y diálogos en diferentes escenarios continuaron, y finalmente ETA anuncia el 20 de octubre de 2011 “el cese definitivo de su actividad armada” y su integración al proceso político institucional. Luego vendría el acuerdo del 17 de marzo de 2017. Y un mes después, ETA anunció el acuerdo definitivo, unilateral y sin condiciones, con un acto de entrega de las armas y el anuncio final de disolución de la organización.
En este punto resulta también de relevancia conocer la apreciación de uno de los miembros destacados de ETA, Enekoitz Esnaola, de profesión periodista, quien escribió un libro para recoger los pormenores del proceso final que llevaron al desarme. Ese libro abarca desde la conferencia de paz del 17 de octubre de 2011, a la que le siguió el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, hasta la ceremonia con la que se selló la entrega de armas y que tuvo lugar el 8 de abril de 2017, en Bayona, en el Suroeste de Francia. También recoge detalles hasta entonces desconocidos, así como entrevistas a los ciudadanos que tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el desarme, políticos y representantes del gobierno vasco, y un portavoz de ETA.
“Éste ha sido el único caso en todo el mundo en el que una organización armada ha estado dispuesta a dar pasos para el desarme sin pedir nada a cambio, y el Estado se ha opuesto”, dice Esnaola. Y es que así lo manifestó el gobierno de Mariano Rajoy (del derechista Partido Popular) en numerosas ocasiones: para marzo de 2017, cuando se conoció la fecha para la entrega del arsenal, el jefe del Ejecutivo lo volvió a recalcar: “ETA ha decidido, así lo ha dicho, desarmarse unilateralmente. Que lo haga, y de paso que se disuelva”.
El manejo que el ministro Rajoy dio al tema y al hecho anunciado significó un trato de “rendición incondicional”. El combate, los golpes a ETA y las capturas fuera del territorio español fueron para muchos gobiernos, o para el mismo gobierno durante varios años, una fuente de popularidad, legitimidad y negociación política con las fuerzas regionales del país vasco, reforzando el conservadurismo español. Aunque también hubo pérdidas importantes, no era fácil soltar la fuente misma.
6. El 2 de mayo de 2018 se dio a conocer una carta de ETA remitida a diversas organizaciones y agentes vascos, fechada el 16 de abril del mismo año, en la que comunicaba su decisión de disolver “completamente todas sus estructuras y daba por terminada su iniciativa política”. En la misiva, manifestaba que daba por terminado su ciclo histórico y que había disuelto completamente todas sus estructuras. La carta precede al acto organizado el 4 de mayo en la ciudad francesa de Cambo, con presencia de representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales, así como expertos internacionales, para escenificar el fin de la organización. Unos días antes, ETA había hecho público un comunicado en el que pedía “perdón” a las víctimas. En la carta del 18 de abril, manifestaba que “el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia” sigue abierto y asumía su parte de responsabilidad por no haber sido capaz de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos; a la vez, reconocía el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha. La guerra del gobierno español contra ETA ha sido considerada una etapa de “guerra sucia”. Hablamos de un ciclo de 40 años, desde 1978 hasta 2018.
Realmente, el final de este conflicto es similar a una declinación de la lucha armada ante la imposibilidad completa de extenderla y reforzarla para lograr avances importantes, y forzar por esa vía una derrota del adversario y un reconocimiento triunfante de la causa nacional del País Vasco, que no se logró. Fue el final de un ciclo que declinó progresivamente hasta volverse infecundo, visualizando las perspectivas de avance mucho mayor en la lucha pacífica al seno de las regiones vascas y del propio Estado español. Los etarras no renunciaron a su objetivo independentista; cambiaron radicalmente su estrategia. Puede esperarse en el futuro un replanteamiento de la lucha para lograr el objetivo estratégico, el cual no podemos pensar que se haya declinado. Sólo se pospuso para ir a un nuevo proceso de reorganización de las fuerzas, para preparar un nuevo ciclo de acumulación de energías político-sociales, replanteando la vía para su consecución.
El logro por parte de Cataluña de su independencia habría reposicionado directamente la causa de los vascos; por ello, había que ir con todo en contra de aquella. Y así fue. Pero tampoco consideramos que se haya declinado en forma definitiva el objetivo estratégico en Cataluña: un Estado soberano e independiente.
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